En momentos en que la Corte Suprema de Justicia está en el foco de las miradas por las decisiones que tomará en los próximos días sobre los tres jueces desplazados por la bancada kirchnerista del Senado, la comisión que armó el presidente Alberto Fernández para que elaboren propuestas concretas de reforma avanza en silencio para entregar sus recomendaciones el 18 de noviembre. Ahora, los juristas expertos se abocarán a estudiar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, una pieza clave de la Constitución Nacional al momento de proponer a los candidatos a ser jueces y elevarlos a la Cámara alta para que los designe el Poder Ejecutivo.
Según revelaron a Infobae fuentes con acceso a las deliberaciones, el quid de la cuestión se basa en decidir si le proponen a Alberto Fernández volver a establecer un Consejo de la Magistratura con 20 miembros: 19 consejeros del mundo político, académico y representativo de jueces y abogados; y el número 20, ocupado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy en día Carlos Rosenkrantz.
Si el consejo asesor se inclinase por esta idea y se le plantease al Presidente para enviar un proyecto de ley que el Congreso votase, el escenario serviría para saldar un problema que está en manos de la Corte Suprema: definir si confirma o rechaza un fallo judicial del fuero contencioso administrativo que ya dijo en 2015 que es inconstitucional la actual integración del órgano que selecciona y sanciona a los jueces.
El Consejo de la Magistratura, que se creó con la reforma de la Constitución en 1994 y comenzó a funcionar en 1998, tenía inicialmente 20 integrantes, pero en 2006 el Congreso convirtió en ley un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner para reducir ese número a 13.
En aquel momento, Néstor Kirchner decía que el Consejo estaba manejado por las corporaciones (jueces y abogados), que era ineficaz y tenía demasiado presupuesto. La hoy vicepresidenta justificaba la reducción de integrantes para “tornar menos burocrático” al organismo y ahorrar dinero al Estado. Alberto Fernández, como jefe de Gabinete, aseguraba que las críticas al proyecto era una “ficción” y que buscaban ocultar "la vocación de mantener en pie un esquema de funcionamiento de lo más corporativo que existe en la Argentina”.
Los dardos iban hacia el mundo de tribunales. De la primera composición había cuatro jueces, cuatro abogados, dos académicos, cuatro senadores y otros cuatro diputados, más el representante del Ejecutivo y el presidente de la Corte. Al reducirse a 13, el Consejo lo integran tres jueces, dos abogados, un académico, seis legisladores entre diputados y senadores y el enviado del Ejecutivo.
Con 13 miembros, tanto el kirchnerismo como el macrismo se las ingeniaron para conseguir los 7 votos necesarios para impulsar las decisiones menos conflictivas. Los traslados, por ejemplo, que hoy están bajo la lupa y rigieron en ambas administraciones, necesitaban 7 votos sobre 13. Después de la polémica que generaron esos pases, hubo un cambio de reglamento para que se necesiten 9 votos (los dos tercios), al igual que enviar a un juez a un jury.
El 29 de julio, el presidente Fernández anunció su proyecto de reforma judicial que ya fue enviado al Congreso y consiguió el aval del Senado, con el impulso oficialista y las críticas de la oposición. Al mismo tiempo, el jefe de Estado creó una comisión para que analice varias reformas en la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones.
La comisión comenzó a funcionar oficialmente el 18 de agosto. Está integrada por los abogados Carlos Beraldi (el defensor de Cristina Kirchner), León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera y los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), junto al ex juez de España Enrique Bacigalupo, coordinados por el director del BICE Fabián Musso.
Ya analizó el capítulo del Ministerio Público, en donde se estudia si el titular de la Procuración debe ser elegido por el voto de las dos terceras partes del Senado y su cargo debe tener un plazo; ahora se apresta a adentrarse en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. También abordó el pase de la Justicia penal ordinaria a la órbita de la Capital Federal y este martes ampliará el análisis sobre la implementación del juicio por jurados a nivel nacional.
A partir del sábado, llegará entonces el debate sobre el Consejo de la Magistratura. Entre la ronda de voces de distintos ámbitos que convocaron, los integrantes de la comisión de juristas ya escucharon al titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, sugiriendo una ampliación. “Yo integré los dos consejos y el de antes me parece que funcionaba mejor”, les dijo Lugones. “La ley no establece un número, sino que habla de equilibrios. Cuando había 20 miembros, había más consenso. No como ahora que es blanco y negro. Uno estaba obligado a negociar, en el buen sentido, buscando soluciones, acercando posiciones”, dijo a Infobae.
Otro de los que se mostraron a favor de esta iniciativa es el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle. “Se debería volver a la anterior ley, en la cual había un equilibrio un poco más aceptable que el actual. Pero necesariamente debe incrementarse el número de jueces y abogados y la presidencia debe estar en manos de un integrante de la Corte Suprema. Hoy la preponderancia de la integración es más política que técnica y la ecuación debería ser la inversa”, afirmó ante los juristas.
Según pudo saber Infobae, varios de los integrantes del consejo podrían inclinarse a avalar esta postura, aunque todavía no entraron directamente a la discusión y el número de integrantes que se sugiera para una eventual ampliación se definirá más adelante. “Todavía no empezaron los ‘ping-poneos’”, dijo una fuente a este medio.
Lo que si se tiene es la foto de cómo funcionaba antes y cómo funcionó después. Según los datos estadísticos recolectados por este medio, en toda su historia, el Consejo de Magistratura llevó adelante 36 juicios políticos: 18 magistrados terminaron destituidos, 5 fueron ratificados en sus puestos tras un jury y 11 renunciaron antes de que se definiera su situación.
Habrá otros puntos de discusión sobre el Consejo de la Magistratura, como el proceso de selección, la preponderancia que se les da, a la hora de los puntajes, a los antecedentes académicos en detrimento del verdadero examen y la necesidad de respetar la perspectiva de género en esa competencia. También la posibilidad de que los integrantes del consejo tengan dedicación exclusiva.
Pero sin duda el tema del número de integrantes es uno de los focos del debate. Alberto Fernández les pidió evaluar “la conveniencia, o no, de modificar la estructura y composición del cuerpo y armonizar su funcionamiento con el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Una eventual vuelta al viejo Consejo de la Magistratura, con 20 miembros, ayudaría a zanjar el conflicto judicial que se abrió en octubre de 2015, a días de las elecciones que terminaría ganando Mauricio Macri, cuando los camaristas José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez dijeron que la Ley 26.080, que en 2006 reformó la composición del Consejo, era inconstitucional. ¿Por qué? Porque no respeta el “equilibrio” entre los estamentos que exige la Constitución Nacional y les da “un claro predominio” a los representantes de la política en detrimento de los jueces, abogados y profesores universitarios. Aquel fallo nunca se cumplió porque el Estado apeló y el caso se encuentra en estudio de la Corte Suprema de Justicia.