FinCEN Files: una visión sin precedentes del secreto mundo del sistema bancario internacional, clientes anónimos y, en muchos casos, el crimen financiero

Fincen Files expone por primera vez, desde que comenzó a publicarse ayer, cómo bancos de todo el mundo mueven millonarios flujos de dinero amparados por una regulación del sistema financiero que, frecuentemente emite alertas, pero hace poco para frenar el flujo de dinero ilícito o el lavado de dinero.

Basándose en informes secretos de inteligencia financiera, esta investigación global realizada por más de 400 periodistas de casi 90 países revela que el interés de las entidades financieras por aumentar sus ganancias, se impone en muchos casos sobre sus obligaciones legales para prevenir el blanqueo y la circulación de fondos vinculados a los cárteles de la droga, políticos y empresarios corruptos, y otros delincuentes internacionales.

FinCEn Files está basada en el análisis de más de 2.100 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS o SAR, en inglés, por Suspicious Activity Report), informes secretos enviados por los bancos con sede en Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano (conocida como FinCEN, acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros). El proyecto fue liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a partir de una filtración de estos documentos secretos obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con 108 medios asociados, entre ellos Infobae, La Nación y Perfil, de Argentina. Ofrece una visión sin precedentes del secreto mundo del sistema bancario internacional, clientes anónimos y, en muchos casos, los delitos financieros.

A continuación, una explicación de cómo opera el sistema de alertas bancarios y la FinCEN en Estados Unidos, y qué sucede en la práctica.

¿Qué es un SAR y cuándo se emiten?

Son informes confidenciales que se emiten cuando un banco observa una transacción que parece sospechosa, por ejemplo, si se cree que podría involucrar una operación de lavado de dinero o corrupción. Un SAR no es una acusación, es una forma de alertar a los autoridades y a las fuerzas de seguridad sobre actividades presuntamente irregulares y posibles delitos.

Por ejemplo, las alertas se activan cuando se transfieren grandes cantidades de dinero, o en números redondos, o en numerosas transacciones. También cuando el dinero pasa por varias jurisdicciones. Asimismo, cuando los fondos son derivados hacia otros destinatarios no identificados, sin un propósito justificado o sin vinculación comercial, así como a jurisdicciones consideradas de alto riesgo, como paraísos fiscales, o Suiza, por ejemplo. También por notas negativas en los medios que se refieran a sospechas de comisión de algún delito por parte de alguna de las partes involucradas.

Los bancos deben llevar adelante un proceso de “conozca a su cliente” (conocido como “KYC” por know your client, en inglés) para la prevención del lavado del dinero, que exige confirmar su identidad y actividad desarrollada, así como el origen del dinero que se transfiere.

En FinCEN Files, el principal detonante de los SAR fue la sospecha de lavado de dinero. Este delito busca ocultar la fuente del dinero obtenido ilegalmente, y hacer que parezca legítimo. Cuando los delincuentes lavan su dinero sucio, la “lavadora” que utilizan es el sistema financiero mundial. Otras razones fueron la sospecha de fraude y una categoría denominada “instrumentos financieros" (o contratos monetarios).

¿Quiénes deben confeccionar un SAR?

Bajo la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos, los bancos globales - aquellos que tienen acceso a la Reserva Federal de Estados Unidos para compensar el flujos de dólares entre ellos-, o los que actúan como sus "bancos corresponsales”, están obligadas a ayudar a las agencias gubernamentales de ese país a detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero, así como también informar a la FinCEN sobre movimientos que puedan estar originados en la evasión fiscal, el fraude o el financiamiento del narcotráfico y el terrorismo.

Dentro de cada entidad, los confeccionan los “oficiales de cumplimiento” de las instituciones financieras cuando detectan inconsistencias en transacciones financieras. Estos documentos son estrictamente confidenciales, tan secretos que los bancos no pueden confirmar públicamente su existencia.

Los SAR se deben presentar dentro de los 30 días posteriores a la detección de una actividad potencialmente sospechosa. Si se necesitara más tiempo para identificar a un sujeto, el plazo puede ampliarse a 60 días. Sin embargo, el tiempo promedio de notificación de los SAR en los documentos FinCEN Files fue de 174 días (casi medio año) desde que comenzó la actividad sospechosa.

Pero no solo los bancos están obligados a presentarlos. También las casas de cambio, agentes de bolsa, casinos y otras instituciones financieras. No informar puede dar lugar a multas y sanciones.

En los FinCen Files, los reportes fueron presentados principalmente por un grupo de los grandes bancos: Deutsche Bank (982), Bank of New York Mellon (325), Standard Chartered Bank (232), JP Morgan Chase (107), Barclays (104) y HSBC. Banco (73). Juntos representan más del 85% de todos los SAR en la filtración.

¿Cuántos SAR se presentan cada año ante la FinCEN?

La FinCEN recibió más de 12 millones de SAR entre 2011 y 2017, y más de dos millones solo en 2019.

La investigación incluye 2.100 de estos reportes, lo que representa el 0,02% de los SAR presentados entre 1999 a 2017, aunque el 98% de los reportes fueron entregados a la FinCEN entre 2011 y 2017. Si bien son un universo acotado, constituyen un conjunto valioso por cómo se generó esta muestra. En total, las transacciones reportadas en la filtración superan los USD 2 billones.

¿Qué sucede después de que un banco presenta un SAR?

Al recibir los reportes de las entidades financieras, la FinCEN se los envía al Departamento de Justicia, al Tesoro de Estados Unidos, y a las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, incluido el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país. En este sentido, la FinCEN funciona como una gran base de datos que reúne en un mismo lugar la mayor cantidad de información financiera disponible. Pero no la analiza, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, la Unidades de Información Financiera (UIF) de Argentina.

Una vez que recibe un SAR, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos también puede decidir compartir esa información con el Grupo Egmont, que está conformado por las UIFs de 164 países. Esta red internacional permite intercambiar información de inteligencia, en una plataforma segura, que es estrictamente confidencial, para poder combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, a nivel global.

Si la información sobre un argentino reportado en un SAR por una operación en Estados Unidos es relevante, le puede pedir a su para la UIF de Argentina más información.

Si bien los reportes se utilizan para detectar delitos, no se pueden utilizar como prueba directa en causas judiciales. Ni en Estados Unidos, no en ningún otro país al que la FinCEN le envíe un SAR en el marco de la política de colaboración internacional para prevenir el lavado, o para una investigación judicial. Incluso si, por ejemplo, la UIF de Argentina quisiera aportarlo a la Justicia, le debe pedir antes autorización a la FinEN y avisarle el motivo. El quiebre de la confidencialidad de los reportes de operaciones sospechosas y la filtración de su información puede implicar la interrupción de la colaboración de la FinCEN con el país involucrado.

¿Qué pasa en la práctica?

Para asegurarse de que sus clientes no están moviendo dinero ilícito en el circuito financiero, se supone que los grandes bancos deben vigilar el flujo de dinero en sus cuentas, especialmente, si los montos son altos, o no coinciden con su perfil.

Pero los documentos de FinCen Files muestran a los bancos movieron dinero a través de sus cuentas en favor de personas que no pueden identificar, fallando a la hora de informar de transacciones con las características habituales del lavado de dinero hasta años más tarde del hecho, e incluso haciendo negocios con clientes involucrados en fraudes financieros y en escándalos públicos de corrupción.

En la mitad de los reportes analizados por ICIJ, los bancos no habían completado el proceso de identificar a las partes intervinientes en una operación, y no tenían información sobre una o más entidades detrás de las transacciones. En más de 680 informes de FinCEN Files, las instituciones financieras solicitaron más información sobre las entidades y en más de 160 ocasiones los bancos no respondieron. Algunos bancos o sucursales en países como Suiza citaron las leyes de secreto local en sus jurisdicciones para negar la información.

Los SAR analizados son de diversa calidad: algunos son muy detallados y describen transacciones que, según los bancos, tienen todas las características de lavado de dinero. A otros les falta información vital y reflejan una falta de conocimiento por parte de las propias entidades sobre los miles de millones de dólares que están moviendo para clientes de alto riesgo y para otras instituciones financieras.

En las operaciones reportadas intervienen numerosas veces “bancos corresponsales” (o intermediarios) de los grandes bancos, que al ser entidades más pequeñas y estar ubicadas en otras jurisdicciones, tienen controles más laxos respecto de sus clientes. Esta situación exige extremar el proceso de “debida diligencia” sobre las partes intervinientes en una operación, algo que muchas veces no sucede. Los reportes de actividad sospechosa contenidos en la filtración muestran que este examen es a la vez azaroso e inefectivo, ya que a menudo los “bancos corresponsales” son incapaces de determinar si el dinero que mueven proviene de actividades delictivas o de la corrupción. Muchas veces, reportan transacciones años después de que ocurrieron en un intento por “cubrirse” ante las autoridades.

Los bancos en Estados Unidos están autorizados a tomar medidas para detener operaciones sospechosas detectadas por sus sistemas. Sin embargo suelen optar por enviar un reporte sospechoso o SAR a la FinCEN en el Departamento del Tesoro, una vez realizada la operación. Así, buscan cumplir con la normativa y evitar sanciones, a la vez que no interfieren en el movimiento global de dinero sucio.

Otra de las conclusiones del análisis realizado para la investigación es que los bancos que aparecen en FinCEN Files procesaban regularmente transacciones con compañías registradas en paraísos fiscales, sin conocer al dueño final de la cuenta. Al menos el 20% de los informes contenían un cliente con una dirección en uno de los principales paraísos financieros del mundo, las Islas Vírgenes Británicas, mientras que muchos otros proporcionaron direcciones en el Reino Unido, los Estados Unidos, Chipre, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Suiza.

Pero los flujos ilícitos de dinero no solo circulan a través de los bancos suizos y los centros financieros offshore. Muchos transitan por dos capitales financieras: Nueva York y Londres. Cinco de los bancos que aparecen más habitualmente en los FinCEN Files –Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan y HSBC- violaron en repetidas ocasiones sus promesas oficiales de buen comportamiento, según evidenciaron los archivos secretos.

“Los bancos saben que operan en un sistema en gran parte sin dientes”, le dijo a ICIJ Paul Pelletier, un ex alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscal de delitos financieros. "Al fallar por completo en prevenir transacciones corruptas a gran escala, las instituciones financieras han abandonado su papel como defensas en primera línea contra el lavado de dinero”, agregó.

Wall Street, en particular, juega un papel esencial. La Reserva Federal otorga a los bancos más importantes un poder especial, el de convertir distintas monedas en dólares, la moneda de reserva mundial, y enviarlas a otros bancos o compañías. Este servicio discreto, que se realiza a cambio de una comisión para bancos más pequeños o regionales, mantiene en movimiento el sistema financiero global.

La decisión de la FinCEN de enviar un SAR sobre una persona o empresa de un determinado país a la UIF de esa jurisdicción es una decisión exclusiva del organismo antilavado norteamericano. Ni siquiera está obligado a informar a la UIF de ese otro país sobre la existencia de un SAR sobre un ciudadano de esa nacionalidad o entidad radicada ahí. De hecho, según pudo corroborar el equipo argentino de ICIJ, en la mayoría de los casos en que aparecieron argentinos involucrados en alguna causa judicial, la Justicia argentina no estaba al tanto de esos reportes.

El análisis encontró algunos casos en los que los bancos presentaron informes en respuesta a publicaciones periodísticas (incluida la investigación de Panama Papers de 2016 del ICIJ) o presentaciones legales judiciales que involucran a clientes mucho después del hecho de las transacciones. En promedio, la demora fue de 166 días, casi medio año, en los reportes de la filtración de FinCen Files.

El ICIJ también encontró transacciones sospechosas vinculadas a más de 20 empresas e individuos señalados por los bancos que estaban vinculados a casos de corrupción, fraude, malversación o evasión de sanciones (y produjo un interactivo para presentar detalles clave sobre estos clientes).

Las entidades bancarias podrían servir como un cuello de botella, cortando el flujo de dinero ilícito en todo el mundo, o al menos, los giros a empresas pantalla anónimas. Pero los archivos de FinCEN sirven para mostrar cómo los bancos encargados de detener la actividad sospechosa, se benefician enormemente de ella.

Y si bien las autoridades de Estados Unidos exigen a los grandes bancos a reformar sus prácticas, y los multan con cientos e incluso miles de millones de dólares, terminan aprobando acuerdos laxos que difieren el enjuiciamiento de los bancos y no avanzan en la acusación de los ejecutivos responsables. Así perpetúan el status quo al imponer multas por no prevenir acabadamente lavado de dinero, que terminan siendo una fracción de las ganancias obtenidas.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

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