Vicentin: Transacciones millonarias con Glencore activaron las alarmas en Estados Unidos

Mucho antes de que el gobierno de Alberto Fernández iniciara su batalla retórica y legal contra Vicentin, esta agroexportadora con base en la Provincia de Santa Fe había activado alarmas de la autoridades de Estados Unidos por sus operaciones con Glencore Grain, líder en el comercio de granos a nivel global. La firma de la familia Nardelli fue denunciada este año ante la Justicia por las actuales autoridades del Banco Nación, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP por presunto lavado de dinero, evasión, fraude y facturación apócrifa.

En 2014 y 2015, el Deutsche Bank de Nueva York emitió dos reportes de operaciones sospechosas -conocidos como ROS o SAR por su sigla en inglés- referidos a Glencore Grain, por las acusaciones alrededor de esta gigante del comercio agrícola con sede en Rotterdam (Países Bajos) de haber pagados sobornos a funcionarios en el extranjero. En uno de esos reportes, se menciona una nota de Reuters que señala que en junio de 2012, "un tribunal belga condenó a una filial de un comerciante de materias primas Glencore (GLEN.L) y otros, por sobornar a un funcionario de la Unión Europea a cambio de información sensible al mercado. Glencore Grain Rotterdam, parte del mayor comerciante de materias primas diversificadas del mundo, fue declarado culpable de pagar al funcionario grandes facturas de teléfonos móviles y vacaciones en Francia para obtener información sobre los subsidios a los cereales ".

Los reportes de operaciones sospechosas del Deutsche Bank ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN por su acrónimo en inglés) se originaron también porque “el propósito comercial de las transacciones no pudo ser confirmado” y “la relación entre las partes no pudo ser determinada”.

Las documentos forman parte de FinCEN Files, la investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de transacciones sospechosas reportadas por bancos norteamericanos ante la unidad antilavado de los Estados Unidos, para ayudar a detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero u otros delitos económicos. Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, y 400 periodistas socios de 109 medios de todo el mundo. Entre ellos, Infobae, La Nación y Perfil, de Argentina.

Los SARs reflejan las preocupaciones de los organismos de control dentro de los bancos y las instituciones financieras y no son necesariamente indicativos de una conducta delictiva o una evidencia de irregularidad. Pero sí pueden potencialmente implicar delitos financieros, que involucran a clientes con perfiles considerados de “alto riesgo” o que estuvieron bajo investigación judicial, o con comentarios “negativos” en los medios por las sospechas alrededor de sus actividades. Funcionan como una forma de alertar a los reguladores gubernamentales y a las fuerzas de seguridad sobre actividades presuntamente irregulares y posibles delitos.

Sin embargo, un análisis de ICIJ encontró que los bancos que aparecen en FinCEN Files procesaban regularmente transacciones con compañías registradas en paraísos fiscales, sin conocer al dueño final de la cuenta. Al menos el 20% de los informes contenían un cliente con una dirección en uno de los principales paraísos financieros del mundo, las Islas Vírgenes Británicas, mientras que muchos otros proporcionaron direcciones en el Reino Unido, los Estados Unidos, Chipre, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Suiza. En la mitad de los reportes, los bancos no habían completado el proceso de identificar a las partes intervinientes en una operación, y no tenían información sobre una o más entidades detrás de las transacciones.

Los montos involucrados

El primero de estos informes secretos de la FinCEN fue emitido el 8 de mayo de 2014 e identificó 773 transacciones por casi USD 567 millones realizadas por Glencore Grain entre noviembre de 2013 y abril de 2014. Vicentin Paraguay figuró como una de las seis “contrapartes” reportadas en estos giros de la subsidiaria agrícola de Glencore Internacional. Sin embargo, las autoridades norteamericanas no especificaron en el reporte el monto de las operaciones entre ambas empresas en ese período.

En el segundo de los informes confidenciales, emitido el 14 de julio de 2015, la FinCEN reportó 310 transacciones por más de USD 259 millones en un mes, entre mayo y junio del 2015. De ese monto, USD 12,6 millones fueron destinados a Vicentin Paraguay.

Ante la consulta de Infobae sobre el motivo de las transacciones detalladas en el primer SAR, fuentes de la agroexportadora señalaron: “A partir del 12 marzo de 2014, le vendimos 16.500 toneladas de soja a Glencore por USD 8 millones”. Según precisaron, durante ese año, Vicentin Paraguay le exportó a esa firma 207.000 toneladas de soja paraguaya. “Fueron seis barcos, por USD105 millones en todo el año, para que Glencore la vendiera a su vez en la Unión Europea y otros destinos”.

Respecto de la transacción por USD 12,6 millones que Vicentin Paraguay recibió de Glencore el 12 de mayo de 2015, señalaron que obedeció a un contrato firmado el 22 de octubre del 2014 con esa multinacional, por 33.000 toneladas de soja cultivada en ese país. “Fue embarcado el 3 de mayo en el navío NV Ocean Rider y el cobro fue en la cuenta del Banque Cantonale Vaudoise (BCV) que financiaba en ese momento nuestra operación en Paraguay. La operatoria no pasó por Argentina porque en ese momento no había admisión temporaria”, precisaron.

Oficina en Paraguay

La empresa se refirió así al sistema de “admisión temporaria para el perfeccionamiento industrial”, que estuvo vigente desde 2005 a 2009, y permitía importar sin aranceles ni tributos con el fin de agregar valor en el país y exportar en un plazo determinado. El kirchnerismo lo suspendió como parte de su “guerra contra el campo” y recién se restableció en 2016 con la llegada de Mauricio Macri al Gobierno.

“Vicentin es un crusher en el río Paraná con puerto propio. En 2005 decide instalarse en Paraguay para aprovisionarse de materia prima. En ese momento, Paraguay producía 8 millones de toneladas y molía 1,5 millones de toneladas. O sea, 6,5 millones de toneladas iban con destino a la exportación. La paraguaya es una soja de muy buena calidad por condición climática y mayor contenido de proteína que la argentina. Entonces la intención de Vicentín era comprar soja en Paraguay e industrializarla en Argentina, para exportar aceite y harina”, explicaron desde el grupo agroexportador. En 2009, al derogarse el régimen de la admisión temporaria, “la Argentina se quedó sin una fuente de aprovisionamiento muy importante. La industria no pudo importar soja paraguaya e industrializarla acá”, agregaron.

A partir de esa prohibición, Vicentin Paraguay pasó a comerciar directamente con los grandes traders multinacionales sin pasar por su casa matriz en Argentina. Según un duro informe del Banco Nación, en ese período, la subsidiaria paraguaya trianguló muchas de sus operaciones a través de su filial Vicentin Uruguay, que concentró entre el 70 y el 78% de la facturación de las exportaciones de Vicentin Paraguay.

Esta operatoria, descripta en el documento de 120 páginas al que accedió Infobae, fue la que llevó al banco estatal a denunciar en la Justicia el supuesto “vaciamiento” de la agroexportadora. “A partir de 2013 el grupo Vicentin llevó adelante un desdoblamiento e internacionalización de su estructura empresarial. Como parte de ese proceso, se crearon empresas holding en Uruguay a las cuales se transfirió activos. El desdoblamiento de la estructura corporativa les permitió a los accionistas vender las participaciones de algunas de las principales empresas (como por ejemplo Friar) luego de que Vicentin SAIC entrara en concurso de acreedores”, se señala en el informe del Banco Nación presentado en la causa judicial a principios de este mes.

Vicentín negó las acusaciones ante Infobae. Explicó que, en Paraguay, la empresa funciona como un broker, que compra a productores, acopiadores y pequeñas cooperativas, y terceriza el alquiler de puertos y barcazas. “Por eso solo tenemos oficina", justificaron. Respecto de la operatoria en Uruguay, afirmaron que opera como “una sucursal de Vicentin Argentina”.

Socios en Renova

La agroexportadora hizo, asimismo, una defensa de su operatoria con Glencore. “Es uno de los traders más importantes del mundo en este negocio. No solo nosotros tenemos relaciones con Glencore, todo el mercado la tiene. Además somos socios en Renova”.

Ambas montaron la planta de biodiésel de esa firma en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, en 2006. “La fundamos para incursionar en ese negocio, cuando aún no se hablaba de biocombustibles, y Glencore ya tenía una planta más chica en Ucrania. Hoy es una de las más grandes del mundo. A ellos les sirvió asociarse Con Vicentin, uno de los principales crusher de soja nacional”, señalaron.

En 2010 incorporaron un tercer socio, Molinos de Río de la Plata. Pero cuatro años más tarde, le compraron su 33% a esta empresa de la familia Perez Companc. A partir de ese momento, Vicentin SAIC se quedó con el 33,33% de Renova, y Vicentin Paraguay con el 16,67%, la mitad del porcentaje que tenía Molinos. El otro 16,67% lo compró Glencore a través de una de sus empresas. Así, el grupo Vicentin y la multinacional de venta de granos pasaron a ser dueñas de Renova en un 50% cada una.

En diciembre del año pasado, cuando la situación financiera del holding se agravó por la deuda en dólares acumulada con acreedores extranjeros y nacionales, Vicentin Paraguay decidió venderle el 16,67% de las acciones que tenía en Renova a Oleaginosa Moreno, controlada por Glencore, a través de una empresa vinculada, Renaisco BV. La venta se concretó en USD 122,7 millones.

En la denuncia del gobierno nacional contra Vicentin, la acusan de haberse valido de la red de sociedades offshore de Glencore para sacar divisas al exterior y lavar dinero. La sospecha es compartida por abogados que representan a los acreedores de Vicentin. Desde la empresa negaron enfáticamente la acusación: “Eso es ridículo”, replicaron.

“Vicentin Paraguay había comprado el porcentaje de Molinos Río de la Plata en Renova con un préstamo obtenido por Vicentin Uruguay del Rabo Bank, con garantía prendaria de esas acciones. En noviembre, Vicentin Paraguay le vende a Vicentin Uruguay las acciones con la prenda, y en diciembre, Vicentin Uruguay le vende, a su vez, ese 16,67% a Renaisco. El comprador (por Glencore) retuvo USD 26,3 millones para pagar el préstamo de Rabo Bank y los USD 96,4 millones restantes fueron pagados a Vicentin Uruguay y posteriormente, ingresados a Argentina”, detallaron desde la agroexportadora. Y recordaron el comunicado que emitieron el 17 de junio. “Ahí detallamos como se consumieron esos 90 millones, y los pagos a productores. Han dicho cualquier cosa los interventores”.

Demandas en la Justicia

Luego del revés judicial en la Justicia comercial de Santa Fe para intervenir la empresa y el repudio de un sector importante de la sociedad a la expropiación, el Ejecutivo nacional dio marcha atrás en su intención de avanzar contra la empresa. El concurso de acreedores por una deuda de casi $1.000 millones sigue su trámite en manos del juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini. El magistrado dispuso realizar una auditoría sobre la situación financiera, contable, comercial y productiva de la sociedad concursada.

Gustavo Feldman, abogado de uno de los acreedores de Vicentin, recusó al magistrado por cómo está llevando el concurso. “Cometió al menos una media docena de anomalías en el proceso. Por ejemplo, habilitó la apertura del concurso sin que la empresa presentara los balances de los tres años anteriores. Y aún no presentó en el expediente el balance del 2019. La empresa de auditoría KPMG que debía fiscalizarlos, se retiró y no quiso suscribir el balance 2019 ni el del 2018”, le dijo a Infobae.

Además de una presunta evasión, lavado y fuga de capitales, las denuncias del Banco Nación y la UIF contra Vicentin hacen referencia a maniobras de fraude y vaciamiento empresario. Se basan en que la firma pasó de ser la sexta empresa con mayor facturación del país en 2018 a declararse en cesación de pagos a finales de 2019, y pedir el concurso de acreedores en febrero de 2020.

La investigación penal se abrió por los préstamos que el Banco Nación le hizo a la agroexportadora durante la gestión de Mauricio Macri, que alcanzaron una deuda acumulada de más de $18.000 millones. En el expediente, se busca determinar “el destino dado a dichos fondos, que podría involucrar a empresas radicadas en el extranjero, mecanismos ilegales de fuga de divisas y operaciones en cuentas offshore”.

Ese tramo de la investigación quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, en tanto otra parte del expediente, vinculada a posibles delitos impositivos y venta de acciones, pasó a la Justicia santafesina.

Acusaciones y réplica

Con la llegada de Alberto Fernández a la Rosada, el economista Claudio Lozano y nuevo director del Banco Nación, elaboró tres informes sobre la situación económica y financiera de Vicentin. Lozano asegura que la empresa utilizó a su subsidiaria en Paraguay porque en ese país las exportaciones están exentas de impuestos. La firma es responsable del 15% de la exportación total de soja paraguaya. Sin embargo, desde la agroexportadora niegan tajantemente la acusación y señalan que, por el contrario, mientras que en Paraguay le pagan a los productores el precio pleno de Chicago, en la Argentina, a ese valor le tienen que deducir al productor local el 30% de las retenciones. “Es lo contrario a un beneficio impositivo”, replicaron.

Lozano también advierte en sus informes que mientras Vicentin SAIC alegaba estado de insolvencia en el país, otras firmas del grupo – como las radicadas en el exterior –habrían visto crecer sus patrimonios y cuentan con fondos suficientes para solventar las deudas.

¿Cómo pasó de ser la sexta empresa con mayor facturación del país a declararse en concurso de acreedores en menos de dos años?, le preguntó Infobae a la empresa. “La nuestra es una actividad con un gran flujo de transacciones y volumen de venta, pero un reducido margen de utilidades en las épocas buenas. En 2018 tuvimos la sequía más grande de los últimos 40 años, y se perdió más de un 40% de la producción de soja, y eso obligó a importar soja americana. Vicentin venía con un plan de inversión. El retiro de Molinos de Río de la Plata en 2014 de Renova le insumió flujo de dinero. La planta de Renova se terminó en 2014 con inversión de USD 450 millones. Se hizo una ampliación que se terminó en 2018, con otra inversión de USD 450 millones. Vicentin es una empresa nacional que no tiene otros recursos que los pasivos. Entró en el 2019 con un alto nivel de endeudamiento, que superaba los USD 1200 millones con entidades de primera línea que veían en Argentina y en el negocio del crushing un negocio viable”, respondieron desde la empresa.

La firma también señaló que perdió margen operativo con la eliminación en agosto 2018 del diferencial arancelario, que fijaba un 3% adicional si se exportaba una tonelada de semilla sin industrializar, respecto de la exportación de aceite o harina. “Eso implicaba un beneficio para la industria que se perdió. Y se sumó que los bancos internacionales empezaron a ver distinto a Argentina. Al principio aumentaron las tasas de interés y después empezaron a querer retirarse. Paralelamente el proceso político hizo que los productores agropecuarios quisieran vender más, a partir de agosto (cuando tuvieron lugar las elecciones internas). Vicentin pagó, de agosto a diciembre, USD 1.800. El año anterior en el mismo período, había pagado USD 750 millones, y en 2018 USD 1000. Eso generó una deuda voluminosa y la cesación de pagos de diciembre de 2019. Y este es un mercado que cuando se pierde la confianza es imposible seguir operando”, concluyeron.

La del Banco Nacion y la UIF no fueron las únicas denuncias de organismos oficiales contra Vicentin. En agosto, la AFIP la denunció penalmente por “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales” al constatar “irregularidades” en las empresas y personas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín para solicitar reintegros por $111 millones entre 2016 y 2019.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

Seguí leyendo