Obras sociales: se frena el aumento de los aportes y la CGT discutirá cómo superar la crisis del sistema

Aún no se descarta, pero está frenado. Esa sería la síntesis de cómo está hoy el proyecto para aumentar los aportes de trabajadores y empleadores a las obras sociales, según admiten en la CGT. Las negociaciones entre el Gobierno y la cúpula de la central obrera avanzaban a paso firme, pero la resistencia que despertó la iniciativa luego de que fue revelada por el ministro de Salud, Ginés González García, obligó a ponerla en un freezer hasta nuevo aviso.

Hace diez días, en una charla virtual con el portal especializado Consenso Salud, el titular de la cartera de Salud afirmó sorpresivamente que “la CGT está proponiendo, al entender que el sistema está en grave riesgo, y de hecho lo estamos conversando, un incremento en los aportes (para las obras sociales) por parte de los trabajadores”.

La revelación de González García causó malestar en la central obrera: las negociaciones eran secretas y el aumento de los aportes estaba en estudio, pero su difusión antes de tiempo, y de manera inconsulta, podía poner en peligro esa iniciativa. Fue lo que sucedió. Resulta difícil plantear sacarles más plata a los trabajadores en medio de esta crisis.

Según lo proyectado, los aportes de cada trabajador para las obras sociales iban a aumentar del 3% al 4% del salario y los del empleador subirían del 6% al 7%, con lo cual las contribuciones al sistema ascenderían en total del 9% al 11%. Con una recaudación mensual de 29.000 millones de pesos, se estima que los dos puntos de suba de aportes representarían unos 6.000 millones mensuales adicionales que ayudarían a financiar el sistema de salud.

Como era previsible, los empresarios rechazaron esa alternativa: el vicepresidente Asuntos Laborales e Internacionales de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, dijo a Infobae: “No estamos de acuerdo con más impuestos al trabajo que generan más informalidad, menos empleo y menos competitividad”.

Hay sindicalistas que se enteraron por los diarios de esa polémica propuesta y llenaron de mensajes el celular de Héctor Daer, uno de los cotitulares de la central obrera, para pedirle explicaciones y precisiones. Por eso la conducción de la CGT convocó para el martes próximo a una reunión virtual del consejo directivo, en la que se hará un pantallazo de todos los temas que preocupan al sindicalismo y también se dará un nuevo informe sobre la situación de las obras sociales. Allí se brindarán detalles de la ley complementaria que los dirigentes cegetistas buscan que se sancione para mejorar la eficiencia del sistema sindical de salud y evitar que se siga desfinanciando.

El primer (y único) sindicalista que se animó a cuestionar públicamente el aumento de los aportes de los trabajadores fue Omar Maturano, titular del sindicato ferroviario La Fraternidad: “¿Vamos a poner otro 1% y la plata la va a manejar el Estado Nacional, que después se la lleva para otro lado y no cubre las necesidades de las obras sociales? No quiero eso. Si tenemos que poner más plata, quiero que la administremos nosotros”, advirtió en una entrevista con Infobae.

Pero, de paso, el ferroviario puso el foco en otro de los problemas endémicos del sindicalismo: el manejo discrecional de los fondos de las obras sociales por parte del poder político. “Los gobiernos de turno pasaron a manejar los fondos intentando ‘disciplinar’ al movimiento obrero con la distribución arbitraria de fondos, reteniendo fondos e incorporando prestaciones obligatorias sin especificar el origen de los fondos asignados para cubrir el aumento del gasto”, dijo el líder de los conductores de locomotoras.

Como si fuera poco, Maturano también exigió que los dirigentes gremiales ocupen cargos en los organismos de seguridad social (Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI, ANSES) y volvió a pedir la eliminación del Impuesto a las Ganancias, dos viejos reclamos de la CGT que seguramente quedaron sepultados porque hay problemas más graves de los que ocuparse, como los estragos que produce la cuarentena obligatoria en los salarios y el empleo.

Para afrontar la crítica situación financiera de las obras sociales, que se agravó con la cuarentena obligatoria porque provocó una caída de la recaudación la CGT logró que desde mayo el Gobierno pagara mensualmente a las obras sociales una “ayuda excepcional” que proviene del Fondo de Emergencia y Asistencia, creado durante el gobierno macrista y que nunca había sido utilizado. Hasta ahora, en cinco meses el Estado les giró 4.007 millones de pesos.

La central obrera, en realidad, no quería que dinero para cubrir el rojo saliera de ese fondo, que proviene del propio sistema de seguridad social, sino del Tesoro Nacional. El ministro de Salud apoyó ese pedido y prometió un DNU para efectivizarlo, pero nunca fue firmado y la plata provino hasta el momento del Fondo de Emergencia y Asistencia.

Cuando los integrantes del consejo directivo se vuelvan a ver las caras también se hablará sobre el contenido de la ley complementaria que están elaborando los técnicos de la CGT, que ya fueron analizados con el titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, del Frente de Todos, y con el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, de extracción sindical.

Los sindicalistas le están insistiendo a Ginés González García que designe a gente de su equipo para trabajar en la definición de los lineamientos de la reforma a las obras sociales y en la redacción de la ley complementaria.

La iniciativa con la que sueña la conducción de la CGT contiene puntos que fueron discutidos con las autoridades de Salud: por ejemplo, cambios en el régimen de opción de traspaso de obra social (se mantendrá la libre elección, pero habrá un ingreso por la obra social de la actividad y un cupo obligatorio del 20% por cada obra social).

Otra modificación que figuraría en la ley será el aporte del 15% de los planes superadores o complementarios que perciben las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, con destino al Fondo Solidario de Redistribución.

También se está estudiando una adecuación y actualización de la reglamentación para la inscripción de nuevas obras sociales y la creación de una nueva canasta de prestaciones médicas que reemplazará al actual Programa Médico Obligatorio (PMO), que establece las coberturas mínimas que se debe brindar y al que se fueron incorporando nuevas patologías y medicamentos que terminaron asfixiando financieramente al sistema de salud.

La ley que promueve la CGT, además, contempla la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud para evaluar la aparición de nuevas drogas y determinar si se justifica su utilización. De esta forma, como algunas drogas nuevas son muy costosas y su eficacia no está garantizada, lo que disponga aquel organismo ayudará, en la práctica, a bloquear las cautelares judiciales que obligan a las obras sociales a pagar igual ciertos tratamientos.

En la iniciativa se contemplará el aumento de la cápita mensual que pagan los monotributistas y la obligatoriedad del pago de todo el grupo familiar, que hoy es optativo. Actualmente, quienes están en ese régimen pagan entre 1.900 y 2.000 pesos por mes y las obras sociales están obligadas a brindarles las mismas prestaciones del Programa Médico Obligatorio por las que los trabajadores en relación de dependencia, que aportan más al sistema.

La provisión de medicamentos, uno de los rubros más costosos para las obras sociales, estará en el texto que quiere sancionar la CGT: para abaratar precios habrá un esquema con protagonismo del Estado o compras comunitarias.

¿Podrán corregirse las asimetrías y distorsiones en el sistema de obras sociales que ocasionan ineficiencia en la utilización de los recursos que provienen de los trabajadores? Las semanas que vienen serán clave para saberlo.

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