La “venganza” de Cristina Kirchner y el ultimátum judicial de Juntos por el Cambio en el Senado

La bipolaridad del Congreso agota hasta a sus propios protagonistas. “Hace falta más diálogo y menos confrontación”, decía un diputado radical a los propios en un intento por encontrar una posición intermedia entre el rechazo y el apoyo al impuesto a la riqueza. Perdió y finalmente habrá un dictamen de rechazo de todo el interbloque opositor, aunque con fundamentos que conformen a una heterogénea oposición. Incluso su correligionario Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, propuso dilatar la judicialización de las sesiones remotas, aún después de pronunciar el miércoles un duro discurso dirigido a Cristina Fernández de Kirchner. Ella escuchó con atención y esa gestualidad confundió al senador que creyó que sus palabras habían sido comprendidas y avizoró una vía de diálogo futuro.

Veinticuatro horas después de esa sesión en la que el kirchnerismo desplazó a tres jueces a cargo de causas contra la ex Presidenta y de la “desconexión” opositora que reprochó la votación de un protocolo de funcionamiento sin una charla y acuerdo previos, fue el mismo Naidenoff quien anunció que la oposición acudiría a la Justicia para impugnar el protocolo de funcionamiento remoto. Apuró el cambio de opinión el envío al Congreso del convenio para completar el traspaso policial de Nación a la Ciudad que contempla otro recorte de partidas para Horacio Rodríguez Larreta. Y terminó de romper cualquier viso de armonía el allanamiento a Los Abrojos. Para colmo el PJ bonaerense acusó a Mauricio Macri de un “autoallanamiento” a su quinta y de complicidad con el juez, palabras que hizo suyas la Vicepresidenta de la Nación a pesar de que la denuncia original la realizó un funcionario del municipio kirchnerista de Malvinas Argentinas.

Encontrar un punto de entendimiento es una condena al fracaso. El kirchnerismo repite que Macri es “mentiroso”, que fue millonaria la fuga de divisas tras la toma de deuda y que gobernó para “sus amigos”. La oposición reprocha a Cristina Kirchner que “usa su cargo en beneficio personal”. “Va por la venganza y no puede parar”, agregó Elisa Carrió en una esporádica reaparición esta semana en coincidencia con la mayoría de los senadores de Juntos por el Cambio.

Sobre quienes nadan aguas intermedias pesa el reproche y la sospecha de ‘traición’. Incluso se escucharon dudas sobre el compromiso de Alberto Fernández con el movimiento “nacional y popular”. “Estos días decían si Alberto es o no peronista y con todo lo que dijiste queda claro que Alberto es más peronista que nunca”, exclamó satisfecho el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, en un Zoom partidario en el que expuso el ministro Eduardo ‘Wado’ de Pedro. Mussi pidió además mantener la unidad “para que nunca vuelva un gobierno neoliberal”. De Pedro mencionó varias veces al Presidente como “el compañero Alberto” y describió parte de sus propuestas y todas las gestiones que le encomendó para avanzar en una salida consensuada con la Ciudad de Buenos Aires.

En esa “unidad básica virtual” que armó otro kirchnerista de peso, el diputado Eduardo Valdés, el ministro del Interior fundamentó la decisión presidencial de recortar fondos a la Capital. Dijo que el macrismo “gobernó para la Ciudad más rica” y entre las muchas cifras que dio recordó que “el Paseo del Bajo costó 700 millones de dólares para resolverle el tema a los que viven en Puerto Madero”. El barrio, que tiene el metro cuadrado más caro de la Ciudad y donde vivía en un departamento prestado el Presidente de la Nación, parece una obsesión para el universo K.

Ante unos casi 300 militantes, y varios intendentes bonaerenses que pisan el conurbano más pobre y más profundo (como Juan Zabaleta de Hurlingham, Mariano Cascallares de Almirante Brown; Marisa Fassi de Cañuelas y quien ofició de anfitrión esta vez, Mussi), el ministro del Interior aseguró que el Presidente “tiene palabra y tiene coraje” y que por eso cumplió con una promesa de campaña aunque antes agotó la instancia del diálogo y la búsqueda de consenso durante seis meses de negociaciones con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. “Pero es muy difícil llegar al consenso cuando quien tiene el privilegio no lo quiere soltar”, subrayó y habló de una visión “centralista, individualista y poco solidaria" en Juntos por el Cambio.

En el ámbito parlamentario repercute ese clima y rebotan esas decisiones. De hecho será el Congreso el que termine de resolver, salvo que lo haga la Justicia, cuánto costará y cómo se pagará el servicio de seguridad de la Ciudad. Funcionarios de Interior, con la economista y secretaria de Relaciones con las Provincias Silvina Batakis al frente, fueron los que prepararon los fundamentos técnicos de la quita que defenderán mañana en el Senado, en un plenario de comisiones.

Es en ese contexto que la principal oposición buscó un atajo para cerrar los caminos en el Senado donde el Frente de Todos tiene quórum y mayoría simple y no necesita negociar salvo para cuestiones que requieran mayorías calificadas. El objetivo jurídico de Juntos por el Cambio es invalidar el protocolo remoto de funcionamiento y obligar a rediscutirlo. O poner en duda todo lo que se vote a partir de este lunes 21 luego de que venza el último protocolo votado por unanimidad dos meses atrás.

El objetivo político, tal como ocurrió en Diputados, será exigir mayor presencialidad en el recinto. Incluso los senadores pedirán sesionar en el recinto de la Cámara de Diputados. En Diputados hay 257 bancas, los senadores son sólo 72 y la mitad podría estar exceptuada de participar físicamente en el lugar. El segundo objetivo político es polarizar con CFK y así quedó explicitado en una carta donde enumeraron cada vez que denunciaron el manejo discrecional del uso de la palabra. Siempre la responsabilizan a ella de digitar las decisiones más polémicas que toma el Presidente de la Nación.

También del otro lado del Palacio le apuntan a la Vicepresidenta. El jefe del bloque de diputados nacionales de la CC ARI y presidente del partido de Elisa Carrió, el porteño Maximiliano Ferraro, anunció que irá a la Justicia en contra del desplazamiento de los jueces de las causas en las que se investiga al kirchnerismo. “En este momento de tanta debilidad institucional, es importante sostener pisos de gobernabilidad en la Argentina, no hay que entrar en el juego de la vicepresidenta de enfrentamiento”, subrayó seguro de que hasta la quita de fondos a Horacio Rodríguez Larreta es de su autoría. “Estamos en momentos de una inusitada violencia y atropello institucional que quedó demostrado en el Senado con la Vicepresidenta que llevó adelante un atropello contra tres jueces de la Nación. También ayer con el disparate de querer allanar el domicilio del ex presidente Mauricio Macri”, afirmó y para contrarrestar reivindicó el acuerdo alcanzado en Diputados donde finalmente se coincidió en un protocolo que permitirá mayor presencialidad para los bloques que así lo pidan en temas como Presupuesto o la posible reforma judicial.

Dos son los juristas que ya trabajan en el amparo que llevará la firma de todos los senadores de Juntos por el Cambio. El texto tiene mucho en común con el de los diputados que está para resolver en el despacho del juez Antonio Pico Lavié. La tarea fue encomendada a Antonio María Hernández, un radical cordobés que fue convencional constituyente en 1994 junto con Cristina Fernández, y al ex juez Ricardo Gil Lavedra, contra quien apuntó días atrás el kirchnerista Oscar Parrilli en un intento por responsabilizarlo de las presiones denunciadas por el juez Eduardo Farah.

La impugnación deja a la Cámara alta bajo una situación “confusa”, según admitía ante Infobae un senador del PRO. Juntos por el Cambio enfrenta una encrucijada: si el protocolo no está vigente (sostienen que debió aprobarse con dos tercios de los votos y no con simple mayoría) participar de sesiones o comisiones ¿sería convalidar esa modalidad?

A diferencia de lo que ocurrió en otras reuniones de comisión o sesiones los senadores de JxC resolvieron este viernes que no dejarán los Zoom vacíos: “Participaremos con la reserva de la acción judicial”, respondió Humberto Schiavoni a Infobae desde Misiones como jefe del bloque del PRO. Lo mismo harán cuando se convoque a sesión, o hasta podrían viajar como hicieron sus colegas diputados y reclamar el derecho a sentarse en sus bancas.

Los proyectos pendientes en el Senado que interesan al Ejecutivo y al kirchnerismo no son tantos. Ya impusieron el desplazamiento de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli y ya pasó el rápido tratamiento de la reforma judicial, además de algunos DNU macristas como el que compensó a las distribuidoras energéticas por la devaluación. Lo que queda es la ley convenio que quita automaticidad a las partidas para la policía porteña y próximamente, tras su paso por la Cámara de Diputados, el impuesto a la riqueza, una iniciativa ideada por Máximo Kirchner junto a Carlos Heller. Si esta semana hay sesión, podría ser uno de los temas que tengan media sanción y su giro será inmediato al Senado. También el Senado deberá darle al Presidente la ley de leyes que demanda su gestión: el Presupuesto que recién arranca el trámite en la Cámara de Diputados.

“No va a haber un vacío, no vamos a dejar de estar”, avisaron los senadores opositores que ya se preparan para el inicio del debate del proyecto de ley que reducirá a 1,4% el coeficiente de coparticipación que corresponderá a la Capital y fijará un monto en concepto de gastos para la Policía Federal-Policía de la Ciudad. Según el proyecto de ley cada año se actualizará esa suma de acuerdo a una fórmula integrada por un 80% del índice nominal del salario promedio de la fuerza y en un 20% correspondiente al IPC (Índice de Precios al Consumidor).

El oficialismo, en cambio, insiste en la legalidad de la votación para el funcionamiento remoto (tuvo 41 votos a favor y 28 en contra), defendido por José Mayans. El jefe del bloque del Frente de Todos recordó en la última sesión el tratamiento de 40 DNU del Presidente y la larga lista de iniciativas votadas por unanimidad, como los beneficios al sector del turismo, varias leyes con foco en el sistema sanitario, la conformación de una comisión para delinear políticas de Estado sobre la soberanía de Malvinas, y el aval para la renegociación de la deuda tanto bajo legislación extranjera como bajo ley local, incluso con alguna modificación en la redacción a pedido de la oposición. Uno de los integrantes de su bancada consideró que “tanta es la normalidad del funcionamiento remoto en el Senado que hasta un senador opositor pidió sesionar desde Europa”. Se refería al salteño Juan Carlos Romero, de licencia por un mes y de viaje en España.

En voz baja en el kirchnerismo se muestran inflexibles. “Ellos van a la Justicia sabiendo que van a fracasar. La Corte nos dio la razón y luego las medidas contra Sergio Massa no avanzaron” respondió en off y con absoluta tranquilidad una importante figura del entorno cristinista. Seguro además de que cualquier planteo podrá ser rechazado por la habilidad de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, agregó que “el macrismo tiene que sesionar porque ahora se viene una ley muy importante para las provincias. Salvo que se dejen conducir por Martín Losteau que es porteño y va a pelear por la de los porteños”, consideró sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que la bancada opositora acaba de consensuar en Diputados con el Frente de todos y que también, si hay sesión el miércoles, pasará rápidamente al Senado para su tratamiento. Veintiún gobernadores, incluido Horacio Rodríguez Larreta, esperan esa ley que les permitirá renegociar sus millonarias deudas con Anses.

El FGS es hoy prioridad para el Gobierno y su vínculo con las provincias, al punto que desde el organismo administrador de jubilaciones y pensiones se accedió a las modificaciones pedidas por los diputados macristas y radicales. En cambio la quita de partidas a la Ciudad no parece una iniciativa donde el Gobierno esté dispuesto a dar marcha atrás.

María de los Angeles Sacnun preside Asuntos Constitucionales, la comisión cabecera para del debate, y ya convocó para este lunes las 17 a los senadores nacionales. Promete la misma efectividad que tuvo para la Reforma Judicial. Coincide con ella el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, que la semana anterior pasó por Olivos y tomó un café a solas con Alberto Fernández. Analizar la estrategia en el Senado y la situación del peronismo y el cordobesismo de Juan Schiaretti que sólo a veces acompaña al oficialismo. Aseguran que no hablaron de un tema que Caserio se vio obligado a frenar por decisión del kirchnerismo como es la ley de Economía del Conocimiento que paradójicamente llegó consensuada y con votos peronistas y macristas desde Diputados.

Como con el FGS, el Presidente tiene apoyo de los gobernadores peronistas para avanzar contra la Ciudad, e incluso de dos aliados que no pertenecen a las filas justicialistas como el misionero Oscar Herrera Ahuad y el santiagueño Gerardo Zamora que hasta ahora actuaron siempre en equipo con el Frente de Todos. Los gobernadores, en general, exigen no sólo menos privilegios para la Ciudad sino una compensación y ayuda al resto del país, no solo a la administración de Axel Kicillof en Buenos Aires que fue la verdadera razón por la que el Presidente interrumpió abruptamente la negociaciones con el larretismo.

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