Toma de tierras en Guernica: el gobierno bonaerense realizará un censo para determinar la reubicación de los ocupantes

Con el fallo judicial que ordenó el desalojo pacífico de las tierras tomadas en Guernica para el 23 de septiembre, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof realizará un censo en el predio donde hay más de 2.000 personas ocupando 100 hectáreas para determinar los lugares donde se los reubicará.

El ministro de Desarrollo Social, Andrés “Cuervo” Larroque, instruyó anoche a sus funcionarios para avanzar desde hoy en el censo de la toma de Guernica para determinar, entre otras cosas, las condiciones de vida de los ocupantes, la cantidad de integrantes de núcleos familiares, si se trata de gente que realmente necesita vivienda y los más relevante en este caso la procedencia.

Sucede que el lugar de origen de las personas que están ahora en el predio de Guernica determinará si se los reubica en el municipio de Presidente Perón o si se los envía a otras comunas de la zona.

“Si se determina que la mayor parte de la gente que está ocupando tierras en Guernica son de Presidente Perón a la intendenta no le va a quedar otra alternativa que reubicarlos en tierras de su municipio”, dijo ayer a Infobae un funcionario de la gobernación.

La propuesta de reubicación es una decisión del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. Pero la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, adelantó la semana pasada que la toma de tierras en su distrito está impulsada por “movimientos sociales o partidos políticos de izquierda” y rechazó la idea de buscar terrenos fiscales de su comuna para trasladar a las familias que están asentadas allí y que deben ser desalojadas por la orden judicial.

La jefa comunal está convencida de que gran parte de las familias que están en las tierras de Guernica pertenecen a comunas como La Matanza, Almirante Brown o Quilmes.

En rigor, las dudas respecto de este tema se dirimirán en el censo que se realizará desde hoy y que debe estar definido antes del 23 de septiembre en que la Sala 1 de la Cámara de La Plata estableció que el desalojo de unas 100 hectáreas entre el 23, 24 y 25 de septiembre próximos.

La justicia dispuso que esto se realice “en horario diurno, desde que salga hasta que se ponga el sol y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”. Para la realización de este desalojo participará la policía bonaerense y veedores de la gobernación.

En paralelo a esto, el ministro Larroque aceleró las gestiones para definir un plan de desalojo pacífico que se debatió en la mesa de diálogo con organizaciones sociales, abogados de las familias, intendentes y el Ministerio de Seguridad provincial.

“Hay que dialogar con todas las partes y llegar a una solución. Nosotros evaluamos reubicar a las familias de Guernica en tierras fiscales y encontrar una solución pacífica al tema”, explicaron a Infobae los voceros de Larroque.

Si bien desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial no quisieron adelantar detalles de los lugares, intendentes o actores con los que se está dialogando para evitar inconvenientes, lo concreto es que la intención de la administración Kicillof es reubicar a las familias de Guernica en otros predios de acuerdo al origen de nacimiento o última morada. Y la decisión final de dónde reubicar a los ocupantes se definirá de acuerdo al censo.

A la vez, el Ministerio de Desarrollo Social ya empezó a enviar desde ayer alimentos para las familias que se encuentran en la toma de tierras de Guernica. En el predio hay más de 2.000 personas que se instalaron con carpas y chozas en cerca de 100 hectáreas, dividas en dos terrenos. La gente comenzó a instalarse a partir del 20 de julio y poco a poco la zona se pobló con estructuras muy precarias.

Algunos de estos ocupantes ofrecían por las redes sociales las tierras ocupadas para su venta a montos que iban hasta los 50.000 pesos. Ya hay dos detenidos por este delito y la justicia investiga otros casos.

Actualmente en los terrenos hay casillas construidas con chapas, piedras, bolsas, maderas, ladrillos y palos. Algunos vecinos intentan hacer llegar la luz y ayudan a otros a que esos pequeños refugios se mantengan en pie.

Por otra parte, la fiscalía que lleva adelante la causa, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, ofrecerá no imputar a quienes dejen el terreno de manera pacífica. Aprovechará estos días para darles la posibilidad de retirarse voluntariamente a cambio de evitar enfrentar un proceso judicial. “El fiscal busca llevar al menor número posible la cantidad de gente que tenga que ser desalojada por la fuerza”, explicaron.

La propuesta del fiscal va en línea con las intenciones del Gobierno nacional y de la administración bonaerense de Axel Kicillof, que se encuentran abocados a garantizar que el desalojo se realice en forma pacífica y buscan alternativas para reubicar a las familias en terrenos fiscales.

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