La policía de la provincia de Buenos Aires, bajo las ordenes de la Justicia, extrema todas las precauciones para el desalojo del predio de 100 hectáreas usurpado en Guernica por más de 2.000 familias, previsto para los días 23, 24 y 25 de septiembre, y busca evitar que sea forzoso y cualquier tipo de enfrentamiento con los ocupantes.
El gobernador Axel Kicillof, y su ministro de Seguridad, Sergio Berni, monitorean día a día las circunstancias que rodean a la mayor toma de tierras en territorio bonaerense. La orden, tanto política como la del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, es no dejar nada librado al azar. Escenas de corridas, de uniformados reprimiendo, podrían generar un altísimo costo político a la administración del ex ministro de Economía que ya se vio sacudida por policías rebeldes protestando en las calles, y hasta frente a la Quinta Presidencial de Olivos, para reclamar una mejora salarial y mejores condiciones de trabajo.
Un segundo tema tampoco pasa desapercibido. En los últimos desalojos, por ejemplo el que tuvo lugar en González Catán, en La Matanza, la policía secuestró armas caseras. Eran facas, lanzas, cuchillos hachas, machetes, entre otros elementos que los usurpadores utilizaron contra las fuerzas de seguridad.
En esa oportunidad, la cuestión no pasó a mayores. Otros usurpadores se pusieron entre los agresores y los agentes de las fuerzas de seguridad para evitar una posible respuesta policial. Algunos de los vecinos que habían improvisado rudimentarias construcciones de chapa, piedras, plástico y madera los acusaban de “infiltrados” y de haber llegado horas antes del desalojo.
Como sea, la jefatura policial esta más alerta y atenta que nunca: teme una réplica si el desalojo es forzoso. Tanta es la tensión que el propio jefe de la fuerza, el comisario general Daniel García, pasó largas horas en La Plata diseñando con Berni y sus asesores el plan a seguir, inclusive en las horas previas y posteriores a la resolución del conflicto por los reclamos salariales.
Los detalles que se están extremando llegan al punto de no fiarse por la información que surge de la propia toma en cuanto a la cantidad de modestas casillas levantadas en las parcelas privadas ocupadas y a la cantidad de personas que permanecen allí. Por ese motivo, y a través de un helicóptero, recorrieron el inmenso predio que esta destinado a la construcción de un barrio cerrado, y que iba a comenzar a ser vendido a los interesados inversionistas cuando irrumpió la toma organizada.
Desde el aire, los especialistas trazaron un mapa, marcaron puntos, calcularon la densidad de la población, la cantidad de estructuras montadas y tomaron fotos. Concluyeron que algunas de las chozas que se observaban fueron levantadas solo para ocupar la fracción de tierra que más tarde sería vendida a otras personas. Tanto es así, que, tal como publicó Infobae, una buena fracción de esos lotes ya se venden a través de las redes sociales entre $30.000 y $50.000.
Por la estafa fueron detenidos dos personas y la justicia investiga si detrás de esa maniobra hay una red mafiosa similar a la desarticulada en tomas similares en la ciudad de La Plata.
La modalidad es sencilla pero ilegal. Un grupo de personas se aprovecha de la necesidad de la gente de tener una vivienda y le ofrece, a cambio de una suma de dinero a pagar en cuotas, una “cesión de derechos de posesión” del supuesto lote, lo cual no implicaba la propiedad del terreno, que fue divido en partes iguales tras el comienzo de la usurpación. Las medidas son 20x20, o sea unos 400 metros cuadrados por familia.
Las tierras, que por orden judicial ahora deberán abandonar, fueron usurpadas a partir del 20 de julio.
Según pudo saber Infobae los detalles extremados para el desalojo tienen como principal horizonte los lineamientos que con extrema claridad -casi nunca ocurre con tanto detalle- dejaron por escrito jueces y fiscales.
Fue la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata quien ordenó el desalojo colectivo en la toma de terrenos en Guernica. El voto unánime de los tres jueces firmantes ratificó “el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”.
En consecuencia, en las últimas horas el juez de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Rizzo, definió las fechas del 23, 24 y 25 de septiembre próximos para llevar adelante el desalojo. También las condiciones: el procedimiento “se efectuará en horario diurno, desde que salga hasta que se ponga el sol y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”.
Por decisión judicial también deberá haber “presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia de coronavirus”.
En su escrito, el juez Rizzo facultó al fiscal de la causa, Condomí Alcorta, titular de la UFI N° 16 de La Plata, para “recurrir al auxilio de la fuerza pública –de ser necesario–, la cual deberá ejecutar el presente con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.
Esa última posibilidad no la quiere nadie. De hecho, los efectivos que intervendrán en el procedimiento fueron y serán advertidos sobre esta situación, como así también la prohibición de actuar si la orden no la imparte el jefe del operativo. Desde la cúpula policial están convencidos que habrá quienes intenten provocar a las autoridades al frente del desalojo para que haya incidentes.
La toma y la decisión de desalojo está cruzado por una interna muy fuerte en Presidente Perón. La intendenta, Blanca Cantero, le dijo a Infobae que la usurpación de las 100 hectáreas fue impulsada por “movimientos sociales o partidos políticos de izquierda”, y rechazó la idea de buscar terrenos fiscales de su comuna para trasladar a las familias que están asentadas allí.
“Los vecinos de aquí no están en esa toma de tierras. Se trata de gente de otros municipios como La Matanza, Quilmes o Almirante Brown por lo que deben volver a sus lugares de origen”, dijo Cantero.
Por esa razón, desde la administración comunal nunca evaluaron un plan de relocalización de los ocupantes de tierras en Presidente Perón. Entre otras razones porque, según Cantero, no hay tierras fiscales disponibles en el municipio y que todos los terrenos ocupados son privados.
Kicillof, el gobernador, opina distinto. Ya evalúa dónde trasladar a las más de dos mil familias. Para eso, una comisión está evaluando a cada grupo familiar en base al censo que ya se realizó.
Así como Berni y García evalúan desde tierra y aire las mejores alternativas para desplazar a los efectivos, y determinarán si van armados o desarmados -es posible que no porten armas de fuego- para llevar adelante el desalojo considerado entre las autoridades provinciales como de “alto voltaje”, el fiscal hace lo propio. Les prometió a los que dejen los terrenos tomados antes de la fecha límite, es decir sin ofrecer resistencia, que no les abrirá una causa por el presunto delito de “usurpación”.
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