Rodríguez Larreta realizará hoy la presentación ante la Corte Suprema por la quita de coparticipación

A una semana del conflicto con la Policía Bonaerense que Alberto Fernández desactivó quitándole fondos de la coparticipación a la Ciudad para redirigirlos a la Provincia de Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta ultima detalles para la presentación ante la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar la medida del Gobierno Nacional.

Rodríguez Larreta fue avisado de la quita de más de 30 mil millones de pesos, minutos antes de que el Presidente anunciara la medida secundado por intendentes peronistas y de Juntos por el Cambio. Desde ese mismo miércoles por la noche, el jefe de Gobierno porteño se encuentra diagramando su estrategia para intentar contrarrestar la decisión de Alberto Fernández.

Esa misma noche decidió recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde entonces sus asesores jurídicos se encuentran trabajando en la presentación que hará el Gobierno porteño hoy por la mañana.

El equipo legal de Larreta ya lleva escritas más de 100 páginas para argumentar su posición. Infobae averiguó que la presentación ante el máximo tribunal de Justicia se hará este jueves a primera hora. El Gobierno porteño busca capitalizar la estrategia judicial y que no se “pegue” a los anuncios vinculados a la extensión de la cuarentena que también deberá coordinar con Nación y Provincia en medio de la polémica por la coparticipación.

Gabriel Astarloa, el procurador General de la Ciudad; el secretario de Justicia, Marcelo D’Alessandro, y el subsecretario, Jorge Djivaris, tres de los funcionarios a cargo de la presentación ante la Corte, pasaron buena parte de la tarde del martes en las oficinas del tercer piso del jefe de Gobierno.

“Tenemos un caso sólido”, aseguran en el Ejecutivo porteño. Saben que las posibilidades de que la Corte Suprema se haga eco de la medida cautelar con la que la Ciudad intentará frenar el descuento diario de los fondos que recibe por coparticipación del Estado nacional son bajas. Pero aún así había renovadas esperanzas: “Había un presupuesto armado y la decisión del Gobierno se dio de manera intempestiva, de un día para el otro, y en medio de una pandemia”.

Larreta apunta a plantear la supuesta inconstitucionalidad del decreto presidencial a través del cual se recortó 1,18% de la coparticipación que la Ciudad recibe del Estado Nacional, para crear un fondo financiero para la provincia de Buenos Aires, y que Axel Kicillof utilizó para concluir el conflicto salarial con la Policía Bonaerense.

La Ciudad busca fortalecer su posición y debilitar el decreto que la Casa Rosada utilizó para recortar el presupuesto que envía a diario a la administración porteña, y que a principios de 2016 Mauricio Macri aumentó, también por decreto, por el traspaso de la Policía Federal. Pasó en su momento de 1,4% a 3,75%. Un año más tarde, con la firma del pacto fiscal entre el Estado y las provincias, quedó en 3,5%.

En la reunión del martes, los funcionarios porteños todavía analizaban si la presentación en la Corte encabezada en los papeles por Astarloa estaría acompaña por un constitucionalista bajo la figura de amirus curiae.

Las consultas que el equipo jurídico que asesora al jefe de Gobierno había empezado a realizar en el verano, en plena discusión con la Casa Rosada, volvieron a ser desempolvadas en estos últimos días, una vez que el Gobierno decidió avanzar en el recorte de fondos que recibe la Ciudad. La demora en la presentación, que en estas horas terminaban de ultimar, se explicaban ayer por la complejidad del trámite: “Tenemos un solo tiro en la escopeta”.

En el Ejecutivo porteño argumentarán la inconstitucionalidad de la decisión presidencial con una explicación detallada de cómo usaron el 2,1% de los fondos que recibió hasta la semana pasada por coparticipación para financiar el funcionamiento de la Policía de la Ciudad.

En Casa Rosada insisten en que el aumento de fondos por parte de Macri en el 2016 fue excesivo y arbitrario, y que el funcionamiento de la policía insume solo el 0,92% de los recursos. Y no el 2,1%. Y que el decreto utilizado por el ex presidente también fue inconstitucional.

Desde el jueves pasado, con la publicación en el Boletín Oficial, la Ciudad empezó a recibir un promedio de $150 millones menos diarios en la cuenta que posee en el Banco Nación: pasó de $450 a $300 millones.

Hoy la polémica por la coparticipación caerá en manos de la Corte. Mientras tanto las tres administraciones deben volver a definir cómo continúa la cuarentena a partir del próximo lunes.

Este miércoles se reunieron los jefes de Gabinete de Nación, Provincia y Ciudad para diagramar la estrategia epidemiológica a implementar en el AMBA. Pasadas las 19 de la tarde, Santiago Cafiero recibió en la Quinta de Olivos a Carlos Bianco y Felipe Miguel. No se trató la quita de la coparticipación.

De los 11.674 casos de COVID-19 informados por el Ministerio de Salud en el último parte, 6.078 son de la provincia de Buenos Aires, 813 de la Ciudad de Buenos Aires. Para las administraciones de de Kicillof y Larreta la curva de contagios está alta pero “estable”.

Este jueves volverán a reunirse para avanzar a definir las medidas a implementar a partir de la semana próxima. Al igual que en las anteriores oportunidades, en la Ciudad plantean más aperturas y en Provincia insisten en mantenerse en el nivel actual de flexibilización.

Miguel puso sobre la mesa la propuesta de abrir más espacios gastronómicos al aire libre, y el plan elaborado por el Ministerio de Educación porteño para el retorno a la presencialidad de los estudiantes de la Ciudad que perdieron el vínculo con las escuelas. El programa educativo prevé clases de apoyo escolar y talleres de lectura al aire libre, en plazas y calles.

Al término de la reunión, Bianco destacó en sus redes sociales que "coincidimos en que hoy más que nunca tenemos que seguir cuidándonos y evitando contagios y fallecimientos”.

Una fuente del Gobierno bonaerense explicó a Télam que la idea para la próxima etapa del aislamiento “es mantener lo más parecido el esquema actual” aunque se planea comenzar a recorrer un camino hacia la “nueva normalidad” en los próximos 15 o 20 días, con mayores flexibilizaciones y aperturas de actividades.

No obstante, en esa etapa podrían habilitar la construcción en las obras privadas y la visita a los cementerios.

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