Los camaristas que investigaron la corrupción K y fueron desplazados le pidieron una licencia extraordinaria a la Corte hasta que defina sus destinos

Los jueces federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi le pidieron este jueves a la Corte Suprema de Justicia de la Nación licencia extraordinaria hasta que el máximo tribunal resuelva la causa judicial que iniciaron para continuar en sus cargos. Lo hicieron tras la publicación en el Boletín Oficial de los decretos por los cuales se dejó sin efecto la designación en sus actuales cargos.

Lo mismo hizo Germán Castelli, el tercer juez cuyo traslado el Gobierno dejó sin efecto.

“Dada la crítica situación de inestabilidad descripta, solicitamos asimismo que se contemple la posibilidad de concedernos una licencia de carácter extraordinario”, plantearon Bruglia y Bertuzzi en la nota que enviaron hoy a la Corte.

“El Poder Ejecutivo de la Nación acaba de consumar un acto ilegal y de suma gravedad institucional que en su momento deberá ser cuidadosamente analizado desde distintas aristas jurídicas, al igual que todos los actos de procedimiento y maniobras previas a su dictado”, sostuvieron los camaristas, que le pidieron al máximo tribunal que les dé certeza sobre su “actividad jurisdiccional”. Esto es, sobre dónde deben cumplir funciones. Los magistrados explicaron que el decreto los quita de la Cámara Federal pero que en los tribunales orales a los que deben volver hay jueces subrogantes y hablaron de una “incierta situación laboral”. Bruglia debe regresar al Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py y Bertuzzi al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

“Por ello, sin renunciar al ejercicio de nuestros derechos gravemente lesionados, solicitamos al señor presidente y a los señores ministros que, en atención a las facultades constitucionales que reviste la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluida la de superintendencia, disponga en relación a los suscriptos aquellas medidas necesarias y apropiadas con respecto a nuestros destinos funcionales, hasta tanto esa Corte resuelva de manera definitiva los reclamos judiciales en torno a la cuestión de la validez de los traslados”, plantearon en la Corte.

Por último, Bruglia y Bertuzzi agregaron que acatarán lo que resuelva la Corte. “Afirmamos con vehemencia al señor presidente y por su intermedio a los señores ministros que nosotros, sí, acataremos de inmediato lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva en uso de sus facultades de superintendencia y oportunamente jurisdiccionales, ya que así lo dispone la ley y el respeto por el Estado de Derecho, cuyo obediencia irrestricta sostenemos desde nuestro ingreso al Poder Judicial de la Nación hace ya varias décadas”, explicaron.

Por su parte, Castelli hizo una presentación similar. Explicó que debe regresar a un tribunal que tiene un juez suplente y que en el que se encuentra actualmente tiene causas en trámite. Puso como ejemplo que mañana debe firmar los fundamentos de una sentencia. “En función de ello, solicito se sirva establecer en qué lugar el suscripto debe prestar funciones jurisdiccionales en su carácter de juez federal”, le preguntó a la Corte.

En una segunda presentación ante el máximo tribunal, el juez le informó de la publicación del decreto y le pidió la “urgente” resolución de su causa judicial.

Los tres jueces fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri a sus actuales cargos: Bruglia y Bertuzzi a la Cámara Federal y Castelli al Tribunal Oral Federal 7. La administración de Alberto Fernández objetó esas decisiones por una serie de irregularidades, entre ellas que no pasaron por el Senado, que la Constitución Nacional fija que les da acuerdo a los jueces.

Sus nombres fueron enviados al Senado pero Bruglia, Bertuzzi y Castelli no fueron a la audiencia. Con esa ausencia, el Senado rechazó sus pliegos. Fue con los votos del bloque oficialista. La oposición no estuvo presente. El gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial los decretos que dejaron sin efecto sus traslados.

El trámite que revisa sus traslados fue objetado por los jueces que iniciaron causas judiciales. Los expedientes, mediante el mecanismo de per saltum, están en la Corte Suprema. Será el máximo tribunal el que tenga la última decisión.