La Corte Suprema analizará los amparos de Bruglia y Bertuzzi, pero recién decidirá cuando el Senado los haya expulsado de la Cámara Federal

A través de un Zoom que duró setenta minutos, los cinco integrantes de la Corte Suprema deliberaron este martes para analizar la “inmediata” presentación que hicieron ayer Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi cuando conocieron que la bancada oficialista del Senado intentará mañana ejecutar su expulsión de la Cámara Federal porteña.

Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti sólo resolvieron tener presente el escrito firmado por Bruglia y Bertuzzi para que el alto tribunal se abocara a su amparo vía per saltum, y postergaron el tratamiento de esa medida cautelar y la constitucionalidad –o no– de sus impugnaciones por parte del kirchnerismo, cuando regresen a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

“A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre de 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine”, dice la resolución del alto tribunal a la que accedió Infobae en exclusiva.

Los cinco miembros de la Corte coincidieron en que la vía del amparo no es el per saltum y concluyeron que no tenían otra alternativa que tratar este asunto institucional después de la sesión del Senado que eyectará a Bruglia y Bertuzzi de la Cámara Federal porteña.

Se trata de un hecho material sin connotación política: el recurso extraordinario llegará dentro de diez días al cuarto piso del Palacio de Tribunales. Y la Cámara alta delibera mañana.

De esta manera, la medida cautelar solicitada por Bruglia y Bertuzzi, dos jueces que Cristina Fernández de Kirchner pretende desplazar de la Cámara Federal porteña, se encamina a transformarse en un conflicto de poderes sin antecedentes: la Corte Suprema tratará este complejo asunto institucional cuando los senadores peronistas hayan votado su remoción, y el Poder Ejecutivo haya anulado sus designaciones en la Cámara Federal.

Y si no hay un cambio brusco en la jurisprudencia del alto tribunal, su mayoría dispondrá que Bruglia y Bertuzzi permanezcan en sus cargos hasta discernir la inconstitucionalidad de la ofensiva del Gobierno sobre estos dos magistrados que fueron apuntados por ratificar la prisión preventiva de la actual vicepresidente.

Es decir: el Poder Judicial –la Corte Suprema– ordenará al Poder Ejecutivo –Alberto Fernández– y al Poder Legislativo –CFK a cargo del Senado–, que suspendan su decisión política de remover a Bruglia y Bertuzzi de la Cámara Federal hasta que resuelva si se trata de un acto ajustado a derecho o un complejo movimiento de acoso y derribo para ocupar dos cargos clave en uno de los tribunales más poderosos de la Justicia federal de la Argentina.

La Corte Suprema decidirá los amparos presentados por Bruglia y Bertuzzi cuando la mayoría kirchnerista del Senado complete su faena. Eso ocurrirá en la sesión de mañana, que fue convocada para las 15, y se prevé larga y tormentosa. La bancada de Juntos por el Cambio sostiene que la remoción de los camaristas es un hecho inconstitucional y el bloque oficialista defenderá la decisión que se terminó de cocinar hace un mes en la quinta de Olivos.

La intención política del Gobierno es controlar la Cámara Federal porteña que se integra con seis jueces divididos en dos salas diferentes. En la actualidad, se encuentran Martín Irurzun, Mariano Llorens, Bruglia y Bertuzzi. Un puñado de diputados kirchneristas ya solicitaron el juicio político contra Irurzun, preparan su ofensiva condicionante sobre Llorens y van por los cargos de Bruglia y Bertuzzi.

Si la Corte no frena la remoción de Bruglia y Bertuzzi, CFK tendrá cuatro puestos en la Cámara Federal para ocupar. Y de esta manera, la vicepresidente podría controlar su mayoría y determinar el flujo de las causas a tratar y su resultado en segunda instancia.

La estrategia oficialista consistió en afirmar que las designaciones de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal no han cumplido las disposiciones del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional. Esa normativa establece que el Consejo de la Magistratura elige una terna de candidatos, que el Poder Ejecutivo opta por uno de los nominados y que, finalmente, el Senado por mayoría simple vota al nuevo miembro del Poder Judicial.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner consideran que Bruglia y Bertuzzi violaron el procedimiento legal porque fueron trasladados desde un Tribunal Oral Federal (TOF 4) a la Cámara Federal porteña sin cumplir con las distintas secuencias del artículo 99, inciso 4. Por eso, el Presidente y la vicepresidente exigen que los camaristas abandonen esos cargos y regresen al TOF 4.

Bruglia y Bertuzzi –en amparos presentados en el fuero Contencioso Administrativo Federal– replicaron al Poder Ejecutivo a través de dos acordadas de la Corte Suprema. Para los camaristas apuntados por Olivos y el Senado, las acordadas 7 y 4 del 2018 permiten rechazar las intenciones del Gobierno y preservar su estabilidad institucional en la Cámara Federal.

La Corte Suprema tiene dicho –Acordada 7/2018– que un traslado horizontal no viola el artículo 99 inciso 4 de la Constitución. Bruglia y Bertuzzi pasaron de un tribunal oral federal a una cámara federal, y para Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, ese traslado es horizontal y ajustado al procedimiento de designación de jueces.

“Que, la luz de los precedentes citados, la hipótesis del traslado –consultada por el señor Ministro de Justicia Derechos Humanos de la Nación– de un magistrado nacional de la Capital Federal para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción nacional, con igual o similar competencia material, mediando el consentimiento respectivo, resulta diametralmente diferente de la considerada definida en la acordada 4/2018. De ahí, pues, que en tales situaciones cabe concluir que no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme las exigencias del articulo 99, inc. 4°, de la Constitución Nacional”, sostiene el punto VII de la acordada 7/2018 que firmaron Lorenzetti, Maqueda y Rosatti.

Para esta mayoría de la Corte Suprema, no habría razón institucional que avale la decisión que asumirá el Senado mañana para desplazar de la Cámara Federal a los dos jueces que ratificaron –en su momento– el procesamiento y la prisión preventiva de CFK en la causa Cuadernos.

Bruglia y Bertuzzi llegaron a la Corte presentando un amparo vía per saltum. Se trata de un mecanismo que exige “notoria gravedad institucional” y daño irreparable, dos condiciones que para la mayoría del alto tribunal no se han perfeccionado, ya que el per saltum es una “instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad”.

Desde esta perspectiva, es poco probable que la Corte Suprema revise los amparos presentados vía per saltum, antes que los jueces federales sean desplazados por la Cámara alta.

Los miembros de la Corte –en distintas charlas informales– decidieron aguardar que la bancada kirchnerista del Senado remueva Bruglia y Bertuzzi, que se agoten todas las instancias procesales –falta un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo–, y que finalmente los camaristas impugnados lleguen al alto tribunal a través de un Recurso Extraordinario.

Esa sucesión de hechos políticos y procesales implica que la Corte Suprema recién podría analizar los amparos de Bruglia y Bertuzzi a partir del 22 de septiembre. El preludio antes del choque de poderes.