El atentado a la AMIA, la masacre de Avellaneda y un largo listado de casos que comprometieron a la Policía Bonaerense

La situación inestable de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se puede medir por algunos datos inapelables. Desde el restablecimiento de la democracia, en 1983, hace hace 37 años y cuando el gobernador era el radical Alejandro Armendariz, al día de hoy con Axel Kicillof al frente del poder ejecutivo bonaerense, la conducción de la mayor fuerza de seguridad del país estuvo a cargo de 25 comisarios generales o civiles. Es decir, un jefe cada 16 meses. En ese mismo período, la Policía Federal cambio su conducción 14 veces. En promedio, una vez cada 30 meses.

Gatillo Fácil. Atentado a la AMIA. Kosteki y Santillán. Represión. Alfredo Yabrán. Corrupción. Purga. Masacre de Ramallo. Enriquecimiento ilícito. Miguel Bru. Zona liberada. José Luis Cabezas. Robo al Banco Río. Recaudación ilegal. Desaparición forzada. Son palabras, nombres, situaciones, que evocan de inmediato a los escándalos de su historia reciente, la misma que la llevó en los años ’90 a que se la conociera como “la maldita policía”.

Los gobernadores aseguran que han intentado de todo para encauzarla.

Llamaron superintendente al jefe de policía al que trataron de quitarle poder dividiendo la fuerza en una Coordinación Operativa de Seguridad en reemplazo de la Superintendencia General de Policía. Se establecieron ocho Superintendencias de Seguridad regional, que contienen 32 jefaturas departamentales. Amagaron con acotar el poder que los intendentes tenían sobre las comisarías distritales. Se realizaron purgas solo por portación de galones. Pusieron en disponibilidad a los 47 mil agentes de entonces -hoy son el doble-. La intervinieron, designaron al frente a civiles. Todo fracasó. O duró un suspiro.

Con los secretarios y ministros de Seguridad sucedió lo mismo.

Se pasó de la denominada “mano blanda” a la “mano dura” y del “garantismo” al “meta bala”.

La esquizofrenia no es remedio para una estructura vertical enferma en la cual sobran las prácticas corruptas, la recaudación ilegal, y la violencia institucional enraizada desde la última dictadura cívico-militar, donde su jefe más oscuro, Ramón Camps, llegó a ser un general de ejército y fue condenado a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

El problema de la Bonaerense no es policial sino político. Durante décadas las campañas electorales se financiaron con “la caja” de la policía. Cientos de causas judiciales que nunca llegaron a nada contaban la forma en que el dinero negro de “las mordidas” subía por el escalafón uniformado hasta el despacho del ministro y de ahí a la gobernación.

La frase anterior se debe leer en potencial porque los jueces nunca hallaron pruebas suficientes para procesar a un funcionario.

“La corrupción en la Bonaerense tiene tres patas, la policial, la política, y la judicial de otra manera no podrían funcionar”, dijo Roberto Pascolo un ex oficial de la fuerza que solicitó la baja asqueado y se fue a trabajar de taxista, durante una entrevista para el libro Asuntos internos, las mafias policiales contadas desde adentro.

No fue el único en denunciar ese entramado mafioso. El 13 de agosto de 2002, Marcelo Sain, el subsecretario de Planificación y Logística de Seguridad, produjo un cimbronazo dentro del peronismo gobernante al sostener: “Tradicionalmente, en la provincia de Buenos Aires el sistema policial sirvió para financiar la política. Desde el ministerio, ni Cafiero ni yo estamos dispuestos a avalar ningún tipo de financiamiento de la policía a la política. La sensación que tenemos es que esto molesta a algunos dirigentes. No hay posibilidad de que esto funcione sin amparo político”.

Y por si quedaba alguna duda, vinculó a los barones del Conurbano con la recaudación ilegal de la policía.

El Cafiero que nombra es Juan Pablo Cafiero, el ministro de Seguridad de entonces, hijo de Antonio Cafiero, el ex gobernador bonaerense y padre de Santiago Cafiero, actual jefe de Gabinete del presidente Alberto Fernández.

Por entonces los secuestros extorsivos estaban a la orden del día. Una de las víctimas fue un canillita que resultó ser el padre del actor Pablo Echarri. Entre los integrantes de algunas bandas habían uniformados en actividad. El gobernador era Felipe Solá, actual canciller. El presidente de la Nación era Eduardo Duhalde, y el responsable de administrar la provincia durante los mayores escándalos protagonizados por esa fuerza armada.

Sain (luego fundador de la Policía de Seguridad Aeropotuaria y actual ministro de Seguridad de Santa Fe) creía conocer el terreno en el que se movía. Hijo de un sargento de la Policía Federal, fue uno de los colaboradores de la “intervención civil” ordenada por Duhalde, que a cargo del ex diputado Luis Lugones y del abogado Alberto Binder se hizo cargo de la Bonaerense luego de que se descubriera que integrantes de esa fuerza estaban vinculados -entre otros hechos aberrantes- con el homicidio del José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias.

Los “mecanismos mafiosos” denunciados por Sain entre comisarios y políticos nunca de dejaron de existir.

Repasar el oscuro entramado de la “maldita policía” que se fagocitó a ministros, condicionó a gobernadores y hasta le cortó las aspiraciones presienciales a otro, ayuda a comprender la urgente movilización que los últimos días realizaron el gobernador Axel Kicillof y el presidente Fernández, quien se puso a la cabeza de la resolución del conflicto salarial, y mucho más cuando unos cientos de efectivos llegaron armados y en patrulleros hasta la Quinta Presidencial de Olivos.

Antes de que Sain denunciara desde adentro a las mafias policiales y sus vínculos corruptos con los principales dirigentes del justicialismo bonaerense, en diciembre de 1987, durante la gobernación de Antonio Cafiero, su ministro de Gobierno (que por entonces estaba a cargo de la policía ya que no existía la cartera de Seguridad), Luis Brunatti, confió que al término de una cena con la plana mayor de la Policía, un abogado al que nunca nombró, sino que apenas caracterizó como “vinculado al Partido Justicialista”, le propuso:

-Luis, los muchachos te dejaron unos regalos: una Itaka y un ovejero alemán bien adiestrado. Los vas a necesitar para tu seguridad. También te dejan un aporte mensual, porque saben que los recursos en política siempre son pocos -agregó, mientras extendía un sobre.

-¿De qué me habla?, quiso saber el flamante funcionario.

-De la plata que la policía deja todos los meses para los ministros de área, respondió el abogado.

-Se ve que esta gente no me conoce, comentó Brunatti. y rechazó el sobre con un gesto.

-Vamos, Luis... Si no aceptas, los muchachos lo van a tomar a mal...

Por entonces, la jefatura policial estaba a cargo del comisario general Alberto Miranda.

Brunatti, cineasta y militante por los derechos humanos, intentó hacer la primera purga policial después de la dictadura cívico-militar, pero no lo consiguió. Después de presentarle al gobernador Cafiero un proyecto de reestructuración y desplazar a 48 jefes y oficiales, una revuelta policial con “autoacuartelamiento” incluido lo decidió a renunciar, máxime después de que su casa fuese ametrallada y que su esposa e hijos decidieran dormir en los colchones tirados en el piso “por cuestiones de seguridad”.

Estuvo menos de un año en el cargo.

Primer desaparecido en democracia

El 17 de agosto de 1993 marca un antes y un después en la historia del gatillo fácil en la Argentina.

Ese día desapareció Miguel Bru, estudiante de periodismo en la Universidad de La Plata. Tenía 23 años y hasta ahora su cuerpo no fue encontrado. El gobernador era Duhalde y su jefe policial, el comisario general Pedro Klodczyk.

A Miguel Bru lo secuestraron, se supone, camino a Magdalena. Lo ingresaron en la comisaría 9° de la ciudad de La Plata. Días antes, el joven los había denunciado por un allanamiento ilegal en su casa. En la oficina del servicio de calle lo torturaron. Varias personas detenidas esa noche vieron a los policías haciéndolo y, en el juicio, dieron sus testimonios. Eso permitió reconstruir los hechos.

El juicio oral y público se llevó a cabo seis años después, en mayo de 1999. Se condenó a prisión perpetua al sargento Justo José López y al subcomisario Walter Abrigo, acusados de tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El de Bru fue el primer juicio por una desaparición forzada en democracia, que obtuvo sentencia firme en 2003 por la Suprema Corte Bonaerense.

Hasta el momento, con esa misma calificación, se investiga la muerte de Facundo Astudillo Castro, el 30 de abril pasado, en una localidad cercana a Bahía Blanca, después de ser detenido en dos controles policiales por violar la cuarentena. El joven, de 21 años viajaba a dedo a la casa de su ex novia. Su cuerpo esqueletizado apareció en un cangrejal en la localidad de Villarino Viejo.

Si bien hasta ahora la Justicia no imputó a ningún policía, la querella que representa a la madre del joven muerto, Cristina Castro, pidió la detención de varios de ellos: Mario Gabriel Sosa, Jana Curuhinca, Alberto González y Siomara Flores. La sombra de Miguel Bru rodea el caso. El ministro de Seguridad del gobernador Kicillof, el coronel médico Sergio Berni, tampoco encontró indicios suficientemente fuertes para sancionar a los efectivos. Por ahora solo los trasladó para evitar “suspicacias” y anunció que si la Justicia encuentra pruebas contra los oficiales actuará en consecuencia.

La impunidad del poder

El crimen del fotógrafo José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997 en una cava de las afueras de la ciudad bonaerense de General Madariaga, luego de ser secuestrado en Pinamar, adonde había sido enviado por la revista Noticias para cubrir la temporada de verano, generó un verdadero sismo político y el comienzo de una larga y poco efectiva purga policial.

Según se estableció en la investigación de la causa, el reportero gráfico Cabezas fue asesinado por orden del empresario telepostal Alfredo Yabrán, a quien le molestaban las guardias periodísticas frente a su casa de Pinamar y quien se suicidó en uno de sus campos de Entre Ríos cuando una comisión policial se acercó para detenerlo.

En el juicio oral realizado en el año 2000 fueron condenados a prisión perpetua los miembros de la banda de delincuentes de Los Hornos Horacio Braga, José Luis Auge, Sergio González y Héctor Retana (murió en la cárcel) y a reclusión perpetua el ex jefe de seguridad de Yabrán, Gregorio Ríos, y los policías bonaerenses Gustavo Prellezo, Aníbal Luna y Sergio Camaratta.

“El poder es impunidad”, respondió el empresario acusado de haber instigado el aberrante crimen -Cabezas fue ejecutado de un balazo y quemado dentro de su coche- cuando el abogado y periodista Mariano Grondona le preguntó qué significaba para él el poder.

El homicidio generó un sismo en el centro del poder del país. “Yo no le puedo estar dando consejos al gobernador, es una tarea que debe realizar él”, respondió el presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, cuando se lo consultó sobre que debía realizar su ex vicepresidente con “la maldita policía”. El jefe de la policía en ese entonces era Adolfo Vitelli, y el secretario de Seguridad, un intachable hombre de la justicia, Eduardo De Lazzari, hoy uno de los jueces de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aire

Vitelli había reemplazado a Pedro Klodczyk, cuestionado por los casos de “gatillo fácil” protagonizados por efectivos de la fuerza, por la detención de 11 policías supuestamente vinculados con la voladura de la AMIA, otros por extorsión a empresarios del Mercado Central, por la represión estudiantil en La Plata el 22 de febrero de 1996, y también por comercializar droga y por el presunto encubrimiento a narcotraficantes. La Justicia nunca encontró ninguna razón para procesar al ex jefe policial fallecido.

La gran purga

Como consecuencia lógica del crimen de Cabezas, el secretario de Seguridad De Lazzari fue reemplazado en abril de 1997 por el ex camarista Carlos León Arslanian, quien fue nombrado ministro de Justicia y Seguridad y ensayó una reforma policial y judicial integral.

Arslanian removió a importantes jefes policiales, pero se encuentró, según sus palabras, "con una extraordinaria resistencia por parte de algunos intendentes que, por su vehemencia, hacía presumir que tenían un interés que iba más allá de lo funcional”. Durante la gestión del ex juez, más de 3.000 policías fueron retirados de la fuerza y se iniciaron cientos de causas por presunto enriquecimiento ilícito, aunque la mayoría de ellas no prosperaron.

Después le siguió la intervención civil en la fuerza con la designación del ex diputado Luis Lugones, quien continuó con las reformas en “la maldita policía”. Esto duró hasta que Carlos Ruckauf, el 10 de diciembre de 1999, asumió como gobernador. Ganó las elecciones pidiendo “meter bala” a los delincuentes y nombra como ministro de Seguridad a Aldo Rico, un ex teniente coronel carapintada que se había rebelado en Semana Santa de 1987 contra el gobierno de Raúl Alfonsín para poner fin a los juicios contra los militares que habían cometidos violaciones a los derechos humanos.

Masacre de Avellaneda

En la política argentina, los apellidos se repiten una y otra vez. Los nombres, además, parecen estar acompañados por los escándalos pasados que de alguna manera se repiten. El 26 de junio de 2002, en las inmediaciones de la estación Avellaneda, en pleno corazón del conurbano bonaerense, se produjo la represión de una manifestación de grupos de movimientos sociales que le reclamaba al gobierno de Duhalde “mejoras laborales”.

En la persecución fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense dos los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. pertenecían al Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Guernica y el MTD Lanús, respectivamente, nucleados en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Esas organizaciones estaban bajo la vigilancia ilegal de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado. El presidente de la Nación era Eduardo Duhalde, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, y la jefatura de policía estaba al mando del comisario general Ricardo Degastaldi.

El entonces comisario y jefe del operativo represivo, Alfredo Fanchiotti y el oficial Alejandro Gabriel Acosta fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio agravado con alevosía de los dos militantes sociales que fueron prácticamente “cazados”, por sus asesinos.

Sobre las presuntas responsabilidades políticas la Justicia no avanzó, tal como reclama la familia de las víctimas.

Duhalde, que por mandato del Parlamento debía terminar el gobierno que había dejado vacante Fernando de la Rúa que había abandonado el poder casi dos años antes por una fabulosa crisis económica, debió llamar a elecciones seis meses antes y él quedó tan golpeado políticamente por la masacre de Avellaneda que no se presentó a los comicios en que fue electo Néstor Kirchner.

El Caso Pomar

El 14 de noviembre de 2009 la familia Pomar-Viagrán salió de su casa de José Mármol en dirección a Pergamino. Sus familiares perdieron contacto con ellos ese mismo día, motivo por el que comenzó una incansable búsqueda que mantuvo en vilo al país entero. Se sospechó absolutamente de todo. Por ejemplo, que un presunto problema económico había motivado la huida de los cuatro integrantes de la familia.

El gobernador Daniel Scioli, actual embajador en Brasil, ordenó una y otra vez que su policía busque por aire y tierra al auto que parecía se lo había tragado la tierra. Cientos de uniformados rastrillaron el tramo de la ruta en que se los había visto por última vez. No estaban. Se llegó a sospechar que el padre de familia hasta había asesinado a su mujer y sus dos hijas, de 3 y 6 años.

El 8 de diciembre, tres semanas después de la partida de la familia de su vivienda, los cuerpos sin vida de Fernando Pomar, Gabriela Viagrán, Pilar y Candelaria fueron encontrados por un vecino. El mal estado de la calzada y una mala maniobra fueron los responsables de la tragedia. El informe precisó que la mujer había logrado arrastrarse hasta donde estaba su pareja y allí dio su último suspiro.

Más tarde se supo que los policías falsificaron actas de rastrillajes. Es decir, nunca habían pasado por el lugar donde se los encontró.

Fue uno de los misterios más absurdos de la historia policial argentina. No faltaron psíquicos, astrólogos, especialistas en cuestiones paranormales que ofrecían diferentes explicaciones para el misterioso caso que de misterioso, en verdad, no tenía nada. La demora en encontrar el vehículo siniestrado se debió a una notable impericia policial y posible displicencia judicial.

Once años después, a fines de agosto pasado, la Justicia de San Martín -específicamente, la Cámara de Apelación- emitió un fallo sobre el caso. El Estado bonaerense debe indemnizar a dos herederos de la familia Pomar por su responsabilidad en el accidente, a raíz del mal estado de la ruta 31, en cercanías de la ciudad de Salto. Sin embargo, sólo deberá pagar el 70% de lo reclamado originalmente, ya que el 30% de culpa le correspondió al conductor.

Para dar respuestas a las demandas de mayor seguridad en los barrios, Scioli, que era candidato a presidente por el peronismo -finalmente perdió contra Mauricio Macri- sacó a la calle a casi diez mil nuevos policías, con escasa formación y vocación de servicio. Fueron volcados a las cuestionadas policías locales que hoy son un foco de atención de las nuevas autoridades.

37 años después la corrupción continúa

Los años pasaron. También los funcionarios y los comisarios. Sin embargo, dentro de la fuerza que ahora conduce el ministro Sergio Berni, las mañas continúan, aunque este nuevo escándalo es anterior a su gestión, pero estalló ahora. Cuarenta efectivos de la Policía Bonaerense y tres abogados quedaron imputados como presuntos integrantes de una banda liderada por un fiscal dedicada al armado de falsos expedientes vinculados al narcotráfico.

La corrupción devora a sus jefes y desgasta a un poder político que parece no encontrar solución al problema. Y no es una exageranción Durante el gobierno provincial anterior, cuando la gobernadora era María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, fueron abiertos en la Dirección General de Asuntos Internos casi 36.000 sumarios. Se apartaron de la fuerza a caso 5.000 efectivos y se detuvieron a casi 1.000.

La cifra impacta. La mitad de los procesos fueron por corrupción y un 15% por violencia de género. Unos 900 agentes están investigados por enriquecimiento ilícito y 81 ya enfrentan procesos penales. El comisario general y jefe de la fuerza, Pablo Bressi, renunció en medio de estos escándalos y denuncias de la entonces diputada Elisa Carrió, una aliada al gobierno de entonces.

Por entonces Vidal entendió que el origen del problema es claro: “Tiene que ver con un sistema que avaló que convivieran determinadas mafias, que crecieran y se creyeran impunes”. Sin embargo, los casos continuaron. Lejos de tomar como algo positivo que una administración sancione a un tercio de sus policías, quizás se debería pensar que se hizo mal, o que se esta haciendo mal porque el problema siempre, siempre es de la política. Por dejar hacer, o por no hacer.

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