Con Estela Carlotto, la comisión de juristas de Alberto Fernández finalizará la ronda de consultas y avanzará hacia el debate por la Corte

La comisión que armó el presidente Alberto Fernández para pensar en una reforma a la Corte Suprema cerrará este martes el desfile de expositores a los que convocó para que aporte opiniones y sugerencias. Estarán representantes de la Cámara de Casación y del Consejo de la Magistratura, pero lo que llamó la atención es que, además de distintas voces que tienen que ver con el mundo de la Justicia, allí estarán Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

“La Corte no es confiable”, había dicho Estela Carlotto apenas Alberto Fernández anunció su intención de modificar el alto tribunal. Fue así que apoyó la idea de una ampliación de sus integrantes y afirmó que “no se puede esperar milagros de gente que nos falló”. En diálogo con Infobae frente a su participación en esta comisión, Carlotto ratificó sus críticas y su convicción de que se necesita una reforma sobre el máximo tribunal.

Explicó que, aun sin ser una voz específica del mundo del derecho, su participación está justificada en su rol como referente de derechos humanos. “También estoy incorporada a la Mesa del Hambre y no soy un empresario que puede aportar y no producimos alimentos”, bromeó. “Vamos a dar nuestra visión sobre el rol de la Corte en las causas de lesa humanidad, cuál ha sido la conducta con los organismos de derechos humanos y cuál ha sido el resultado”, dijo a este medio. Este fin de semana se iba a reunir con los abogados de Abuelas para repasar datos para llevar a su presentación.

Carlotto y Taty Almeyda serán las últimas de una larga lista de invitados que desfilarán este martes. Allí también se escuchará al titular del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones. Precisamente, el consejo de juristas también tiene la misión de plantear reformas sobre el organismo que encabeza para apurar concursos y exponer la efectividad de su funcionamiento a la hora de avanzar en las denuncias a los jueces.

También fueron invitados la presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Ángela Ledesma y su par en el tribunal de Casación Nacional Daniel Morín. No hay un temario para ellos, ni para ninguno. Se les dice todos los ítems sobre los que está previsto que tenga que analizar la comisión y tienen 10 ó 15 minutos para dar su aporte, más allá de que pueden hacer llegar por escrito lo que no llegó a decirse.

El martes también se espera que dé su opinión Alejandro Gallo Tagle, por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Ariel Ariza, por la Federación Argentina de Magistrados, y Ariel Coll, por la Junta Federal de Cortes. Se sumará, además, Vanesa Siley, del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), la rama sindical filokircherista. Ya había estado exponiendo el líder de la Unión de Empleados Julio Piumato, quien defendió la integración actual de la Corte Suprema y criticó que se busque llevar adelante el traspaso de jueces nacionales a la órbita porteña.

Por último, estaba invitado Jorge Rizzo, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pero avisó que no lo iba. “Consideramos que somos colegas y que el Colegio es la entidad más importante del país, que ha jugado como nadie en defensa de la república y las instituciones -dijo Rizzo a Infobae-. Nos dan diez minutos para exponer. Si quieren hablar en serio de mejorar la administración de justicia no puede quedar limitado por tiempos ni a relaciones de subordinación. Las propuestas y los diagnósticos no pueden explicarse en diez minutos”. El Colegio será representado por el asesor de legales Juan Pablo Echeverría, quien -de todas maneras- repetirá el mensaje.

Con los participantes del próximo martes, quedará cerrada la rueda de casi 30 expositores que se abrió con el titular de la Procuración General Eduardo Casal, blanco de los dardos kirchneristas por su rol interino desde hace más de tres años como jefe de los fiscales. Es que, entre otros puntos, la comisión está convocada a repensar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, pero entre los puntos a considerar figura la posibilidad de poner plazos a la titularidad de cargo, por ahora vitalicio por el tiempo que dure su buena conducta, sus ganas de retirarse o que cumpla los 75 años y no puede conseguir el aval de los dos tercios del Senado.

“Y después nos quedan los cinco”, dijo una fuente consultada por Infobae. El Presidente invitará por estas horas a la Corte Suprema de Justicia a opinar en la comisión que él organizó para pensar su reforma. Será una convocatoria al cuerpo en sí, pero también a cada uno de sus miembros. No quiere que nadie sienta que se queda afuera. Pero nadie sabe si aceptaran el convite.

El 29 de julio, a la presentación en la Casa Rosada, la única que apareció fue Elena Highton de Nolasco. En el Gobierno se interpretó con claridad la ausencia de los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Era la respuesta al desplante que hicieron saber que habían sentido por la creación de esta comisión, sin aviso previo, y después de declaraciones públicas del propio presidente que defendía la labor de la Corte Suprema frente a otros sectores de la Justicia, como Comodoro Py.

A eso se agregaron los rumores de una ampliación en el número de miembros del máximo tribunal que el Gobierno demoró en desmentir, y el hecho de que el grupo fuese integrado por el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner y crítico del rol que tuvo el cuarto piso del Palacio con las causas sobre la vicepresidenta.

La comisión comenzó a funcionar oficialmente el 18 de agosto. Además de Beraldi, allí están los abogados León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera y los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), junto al ex juez de España Enrique Bacigalupo, coordinados por el director del BICE Fabián Musso.

Tiene plazo hasta el 18 de noviembre para elevar a Alberto Fernández propuestas concretas sobre cinco temas. Ya se habló sobre el Ministerio Público y el traspaso de la justicia penal nacional al ámbito porteño -se analizará por última vez en la reunión de hoy, sábado-. Quedan entonces el debate por el juicio por jurados y el análisis sobre el Consejo de la Magistratura. Y el 13 de octubre será el momento del tema más esperado: cuando arranquen hablar sobre la Corte Suprema.

Mientras se debaten sus reformas, la Corte, como cabeza del Poder Judicial, se ha convertido en el centro de las miradas políticas. No sólo porque por allí está la última palabra de las causas judiciales sino porque hasta ahí promete escalar el conflicto de una eventual judicialización de la reforma judicial cuando se convierta en ley. Cristina Kirchner ya tiene experiencia con la democratización de la Justicia. Ella misma aseguró días atrás que el proyecto que envió Alberto Fernández no era verdadera reforma. Que las únicas que hubo fue la de ella, que -según afirmó- “fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios”; y otra de facto que hizo Mauricio Macri desde 2015, con una mesa judicial, servicios de inteligencia, prisiones preventivas y traslados.

Precisamente, la Corte tiene en sus manos la posibilidad de resolver los pedidos de per saltum presentados por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal porteña; y por Germán Castelli, del tribunal oral que recibió el ‘caso cuadernos’ que involucra a la vicepresidenta. Allí los tres pidieron impedir ser devueltos a sus tribunales de origen, como pretende el kirchnerismo, porque afirman que sus traslados respetaban los criterios que fijó la propia Corte en esa materia. Si el máximo tribunal no aceptara el recurso de per saltum, igual sus recursos llegarían por vía de apelación cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo se pronuncie sobre sus planteos, aunque con otros tiempos.

A eso se le sumó ahora la demanda de alto voltaje político: la de la quita de la coparticipación que decidió el gobierno de Alberto Fernández, en perjuicio del territorio porteño y en favor del bonaerense, y que Horacio Rodríguez Larreta impugnará en la Corte Suprema. “Todos los caminos conducen a Roma”, comentan en tribunales.

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