Sergio Berni aparece hoy en boca de todos por la crisis en la Policía Bonaerense y por los críticas a su gestión en su actual cargo como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Está habituado a esos avatares como cuando ejerció otra función importante durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como Secretario de Seguridad de la Nación, aunque formalmente era la cara visible y determinante en ese ministerio que comandaron sucesivamente Nilda Garré y luego María Cecilia Rodríguez.
En abril de 2014 el entonces secretario había advertido que en el país había “importantes bandas de delincuentes colombianos que entran” a Argentina para cometer asaltos principalmente en Capital Federal, y no descartaba que algunos de ellos hayan participado del “negocio del narcotráfico” en su país. Además, Berni reiteraba sus críticas al sistema judicial, porque cuando la Policía detenía a estos ladrones, “la Justicia, lejos de hacer profundamente una investigación, automáticamente los deja en libertad”. El funcionario se había manifestado luego de que un joven colombiano, que desde una moto había intentado asaltar a los ocupantes de un auto en el barrio porteño de Villa Luro, muriera al recibir cuatro balazos por parte de un custodio que viajaba en el vehiculo.
Esas aseveraciones de Berni parecen ahora extremadamente alarmantes al examinar los archivos que se hicieron públicos con el hackeo de ciberdelincuentes en la Dirección de Migraciones, que se difundieron ayer. En al menos 15 documentos que se incluyen en la carpeta “Inteligencia criminal” y que abarca hechos que se produjeron en su mayor parte entre 2012 y 2014, se puede visibilizar el accionar de varias bandas integradas por extranjeros que incluye a colombianos, peruanos, chilenos y mexicanos aunque en gran medida por delitos como tentativa de robo en la modalidad “pincharuedas”, hurtos y robos, resistencia a la autoridad y algunas detenciones por posesión de marihuana.
Según pudo confirmar Infobae, los informes de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad eran enviados a Migraciones para que se tuviera en cuenta que había extranjeros con causas penales abiertas. Esa información sobre extranjeros era considerada en el caso de que uno de los investigados en asuntos penales realizara algún trámite migratorio como, por ejemplo, la residencia permanente. Los informes fueron pedidos por la propia Migraciones porque les permitía analizar la situación de extranjeros que, si bien no tenían antecedentes porque no tenían condenas firmes, estaban involucrados en casos penales de gravedad.
Uno de los casos que se revelaron es el de un ciudadano colombiano que fue detenido en ocho ocasiones entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, casi siempre por tentativa de robo o por hurto simple. Había ingresado al país en micro desde Chile por el paso Cristo Redentor en febrero de 2012. Y en enero de este año un juez pidió que se le impidiera abandonar nuestro país.
En otro documento interno del 4 de enero de 2014 se detalla el homicidio del colombiano Michael Alejandro Mendoza, de 29 años, en el barrio de Constitución, en plena vía pública. En un aparente ajuste de cuentas un agresor no identificado se acercó a la víctima, extrajo un arma de fuego y le efectuó un disparo en la cabeza, a la altura de la nuca.
Mendoza había integrado una banda de las denominadas “pincha ruedas” con otras dos personas de su misma nacionalidad que ya habían sido apresadas en octubre de 2013. También el fallecido tenía antecedentes por robo y hurto en tres ocasiones entre mayo y agosto de ese mismo año.
A principios de noviembre de 2014, por ejemplo, otro reporte del Ministerio de Seguridad consigna que frente a la confitería Rond Point, en Figueroa Alcorta y Tagle, en el barrio de Palermo, se detuvo a un hombre de 75 años de nacionalidad chilena y a dos mujeres colombianas que estaban por abordar un auto, a las que se buscaba por un hurto simple en perjuicio de una persona dentro del comercio citado un rato antes. Luego se comprobó que el chileno había realizado 54 viajes entre Chile, Canadá y Argentina, y que su último ingreso en calidad de turista se había producido casi un mes antes. También surgieron algunas inconsistencias, ya que en los archivos de Migraciones sólo había “un Número de Expediente 76514801995 registrado el 7-12-1995 pidiendo la radicación permanente”. Allí se leía que el ciudadano chileno se declaraba como “apátrida”. Ya lo habían detenido por el mismo delito, hurto simple, en 2011 en un restaurante de la Ciudad de Buenos Aires.
Las mujeres detenidas también tenían antecedentes. Ambas poseían residencia permanente en Argentina y estaban procesadas por un juzgado de Bahía Blanca. De los cruces migratorios surgió que en 2010 en Ezeiza a una de ellas se la había detectado con la presunción de un documento falso para salir del país y que en Colombia a las dos se las había condenado por dos causas: hurto agravado y portación ilegal de armas.
En otro hecho de 2014, en el mes de abril, según el Ministerio de Seguridad, se detuvo a otros dos colombianos por atentado y resistencia a la autoridad cuando fueron interceptados en actitud sospechosa mientras circulaban en un auto. Uno de ellos, de 33 años, había sido detenido en Colombia en seis ocasiones, siempre por hurto agravado calificado, siendo la última de ellas el día 30 de junio de 2010, donde el Juzgado Penal Municipal de Bogotá lo condenó a 2 años, 1 mes y siete días de reclusión.
El 20 de abril otras dos personas, un hombre y una mujer colombianos resultaron apresados tras un choque por las mismas causas que los anteriores. La mujer registraba otra detención en enero por posesión de estupefacientes y antecedentes de hurto en su país. Y su acompañante, que había ingresado en septiembre de 2013 a Argentina, tenía una orden de captura vigente en Colombia por tentativa de hurto agravado y pedido de captura de Interpol.
Fue durante ese mes, de acuerdo a estos archivos hackeados a Migraciones, cuando se desactivaron varias bandas delictivas integradas por extranjeros. Esos hechos incentivaron las alarmas en Berni, quien ya en años anteriores había señalado que el aumento de la inseguridad en Argentina se debía en gran parte a la influencia de delincuentes de otros países de Sudamérica.
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