La antropóloga Sabina Frederic investigó durante ocho años cómo actuaban y pensaban los miembros de la Gendarmería. El fruto de su estudio etnográfico se publicó esta semana, bajo el título La Gendarmería desde adentro (Editorial Siglo XXI).
Parte de lo que aprendió durante el trabajo de campo fue aplicado en el diseño del nuevo plan de seguridad para el AMBA que el gobierno anunció esta semana y busca duplicar la presencia de gendarmes en las zonas calientes del conurbano.
En medio de tensiones con sectores de su propio gobierno a raíz de las tomas de tierras, la ministra asegura que es un fenómeno “muy difícil de evitar” y señala que la Justicia “muchas veces no ordena los desalojos”.
En diálogo con Infobae, la Ministra de Seguridad de Alberto Fernández critica los protocolos de Patricia Bullrich, asegura que el gobierno macrista dejó fuerzas de seguridad “desmanteladas” y revela que nunca creyó en la hipótesis de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
-En el libro plantea que Cristina Kirchner desplegó a la Gendarmería pero “no la hizo suya”, que mantuvo distancia. Lo contrario a lo que luego harían Mauricio Macri y su ministra Patricia Bullrich. Ahora ustedes anuncian que van a duplicar los efectivos federales en el AMBA. ¿Cómo será la actitud del gobierno de Alberto Fernández?
-En nuestra gestión entendemos que tenemos que hacer fuerzas propias a la Gendarmería, a la Prefectura, a la Policía Federal y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Son parte del Estado y son demandadas. Aunque es cierto que cuando se piden fuerzas federales, generalmente se piden gendarmes porque alcanzaron legitimidad. Pero nosotros entendemos que las otras fuerzas también pueden hacer un buen trabajo de seguridad ciudadana. Es una manera también de repartir el esfuerzo de una manera un poco más equitativa.
-En el libro reseña el malestar que generó en la fuerza este giro desde la frontera hacia la seguridad interna. ¿Qué tomó de su investigación para que no se generen los mismos conflictos?
-Bueno, en principio la Gendarmería no siguió creciendo, desde 2016 que dejó de incrementarse su número. Desde las protestas de 2012 había un reclamo interno de la Gendarmería para ir disminuyendo la cantidad de efectivos que se van incorporando. Porque la institución no daba abasto.
-Por la falta de mandos medios de la que habla en el libro.
-Claro, porque se incrementaron mucho las generaciones jóvenes, se amplió la base, y no había suficientes suboficiales y oficiales para poder contener a las nuevas generaciones en los escuadrones y a las unidades, donde se completa la formación. Hubo una desproporción muy grande que generó un conflicto generacional con muchas dificultades para ser tramitado por las generaciones más antiguas. Y además tuvieron otro problema: no había cupos en las escuelas en las que se terminaba la formación del suboficial. La decisión ahora es mantener a la Gendarmería con un crecimiento normal.
-¿A qué atribuye la mayor legitimidad de la Gendarmería? ¿La ciudadanía la considera menos corrupta?
-Yo creo que es menos corrupta.
-¿Por qué?
-Creo que hay un elemento que es positivo, aunque en la Argentina normalmente se lo ve como negativo por la historia que tenemos, que es el régimen militar. Es una fuerza intermedia que tiene funciones tanto de defensa como de seguridad pero se forma y sostiene el ejercicio cotidiano de su labor bajo una estricta disciplina militar. Le rige el Código de Disciplina Militar. Eso es un componente. El otro componente que ellos mismos resaltan es su carácter “pueblerino”, entre comillas. Muchos provienen de pueblos chicos y hay maneras de conectarse con la gente que están muy asociadas a las raíces que tienen. En muchos de los gendarmes es una identidad asociada con la vida en la Mesopotamia, en el Noroeste argentino, que conecta con las poblaciones de las villas de Buenos Aires a partir de esa historia común. Otro elemento es que en la Argentina, aunque nos pese, subyace la idea de que el orden lo garantiza una institución que tiene una disciplina férrea. Hay una apelación al orden y a la autoridad en donde lo militar sigue teniendo un valor positivo. También hay otro elemento, que yo creo que también pesa en el caso de la Gendarmería, que es que no tiene la dinámica de la comisaría y atiende básicamente delitos federales. Eso también le da otra relación con la comunidad. Hay una exposición menor en algún sentido.
-¿Cuál es su postura con respecto al derecho de sindicalización de las fuerzas de seguridad?
-La Gendarmería es una fuerza militar. En el orden internacional no hay ejemplos de sindicalización excepto en Holanda donde las fuerzas armadas están sindicalizadas; pero bueno, es Holanda. No obstante, nosotros creemos que hay que atender y reforzar todo lo que hace al cuidado de las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad y de las policías. Por eso creamos una Subsecretaría de Bienestar.
-Pero en el plano teórico usted estaría de acuerdo.
-En el plano práctico, más que teórico. Por la experiencia internacional, la única región de Occidente que no tiene a sus policías sindicalizadas es América Latina. Sacando Uruguay. Aunque en ningún caso hay derecho a huelga. Ahora, primero hay que debatirlo porque si no es muy difícil que esto sea posible de implementarse. Yo creo que hay un debate para dar pero es algo que no está en nuestra agenda hoy.
-En el libro dice que los gendarmes reconocían como positivos para sus condiciones de trabajo los “protocolos” de Patricia Bullrich. Por ejemplo, hacían más rápidos los despejes de los cortes de ruta, entonces no estaban tantas horas formados, recibiendo insultos o sufriendo el calor.
-Sí, estos protocolos nunca se aprobaron pero se usaron, y de hecho tenían una desventaja. Incluso se usaron en el operativo que terminó con la vida de Maldonado. Hay dos niveles: por un lado el personal que tenía que prestar servicio en un corte. Y por otro los jefes de los móviles antidisturbios que tenían conflictos y contradicciones entre la orden política y la orden judicial. Eso se ve también con el caso Maldonado. Entonces si bien ese protocolo era mejor para el personal, para quienes daban las ordenes era muy complicado porque entraban en contradicción con la Justicia.
-El nudo del conflicto es si se considera a un corte de ruta como un delito en flagrancia. Un debate que también se aplica a las tomas de tierras. Sergio Berni, por ejemplo, dijo que son en flagrancia y que las fuerzas de seguridad debían actuar sin necesidad de una orden de la Justicia. ¿Lo que plantea Berni es inaplicable?
—Me parece que hay que diferenciar entre un Ministerio de Seguridad de una provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación. A veces en la trifulca termina todo mezclado y confundido. Para un ministro de Seguridad provincial que maneja una policía provincial, que es la que tiene jurisdicción sobre todo el territorio provincial, la posibilidad de evitar la toma es mucho más posible que la que tenemos nosotros. Porque nosotros estamos desplegados hoy en operativos muy puntuales en algunos lugares donde nos indica la provincia. La policía de la provincia tiene mayor capacidad para evitar las tomas. Pero tampoco tiene tanta, porque es mucha la tierra que está desocupada y mucha la presión. Entonces Berni pudo evitar algunas tomas, de hecho creo que hizo un spot donde cuenta la cantidad de tomas que pudo evitar. Pero también hay un montón que no pudo frenar, como el caso de Guernica, que es una toma del año pasado pero que se va llenando de más y más familias. Y es muy difícil evitarlo. La Justicia muchas veces no ordena el desalojo.
-Ordena la custodia.
-Claro, ordena la custodia.
-¿Sin orden de desalojo de la Justicia entiende que la policía provincial sí podría desalojar?
-La policía provincial lo puede evitar. Evitar la toma.
-¿A qué se refiere exactamente con evitar?
-No estoy tan segura que pueda desalojar sin la orden judicial. Yo creería que necesita de la orden judicial. Lo que sí puede es, en el caso de que se vea “en flagrancia” una avanzada sobre un terreno, impedir que eso ocurra. Ahora, una vez que una familia se metió en un terreno es muy probable que le caiga una demanda judicial a la policía de la provincia si saca a esa familia sin la orden judicial. Y lo que ha estado pasando en estos últimos meses es que la Justicia no está dando órdenes de desalojo.
-¿A qué lo atribuye?
-Hay una ley en la provincia de Buenos Aires de mediados de mayo que suspende los desalojos hasta el 30 de septiembre.
-¿No apunta más a la gente que deja de pagar un alquiler?
-Es la 15.172. No es el decreto que suspende los desalojos de los alquileres. Es una ley exclusivamente de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos custodiando Los Hornos, por ejemplo. Ese predio tuvo previamente una orden de desalojo de la Justicia ordinaria que llevó adelante la policía de la provincia. La policía de la provincia hizo el desalojo, un operativo enorme, a mediados de febrero, con un gran despliegue, y a los pocos días volvió a ocuparse. Y ahí es donde se convoca a la Gendarmería que inicia la custodia, pero ya hay 40 personas adentro.
-¿Por qué entonces se repite este reclamo de los intendentes para que intervengan las fuerzas federales?
-Me parece que lo que ocurre es que hay una percepción de los intendentes, que están en la primera línea, de que para los vecinos la fuerza que más legitimidad tiene es la Gendarmería. Incluso a pesar del golpe que sufrió la institución con el episodio Maldonado. Los intendentes tienen muy claro que hoy el jefe de estación de policía es el que tiene jurisdicción sobre el territorio. Que la policía de la provincia es clave. Pero también saben que quedó desmantelada, que tiene mucho personal con licencias médicas, hoy también con Covid. Pero no son solo los intendentes, es parte de la construcción discursiva que instaló el gobierno de Cambiemos en la Argentina. Hay una negación de la acción judicial. Hay una reivindicación en abstracto de la Justicia. Pero no un reconocimiento del papel central en el orden democrático que tiene la actuación de la Justicia, de que las fuerzas de seguridad, ya sean federales o provinciales, para muchas circunstancias dependemos de la orden judicial. Me parece que hay muchos hechos de la historia reciente que muestran que lo que ha habido es una anulación sistemática del lugar que tiene la Justicia, la actuación de la Justicia en la determinación de un hecho como un hecho delictivo. Si uno revisa uno de los protocolos, que ya derogamos por suerte, que había instalado Bullrich, por ejemplo el de disparar sin dar la voz de alto, ese es un claro ejemplo de anulación de la Justicia.
-Entiendo que es una coalición de gobierno pero, ¿no se generó un ruido innecesariamente entre las diferentes posturas?
-Como parte de la coalición de gobierno creemos que en cada tema de agenda se van acomodando las piezas a medida que se va poniendo el tema en debate. En esa diversidad yo creo que hay también una ganancia. A pesar de que por ahí del lado de afuera se vea como como algo difícil de llevar.
-¿No lo ven como algo contraproducente?
-Hasta ahora no lo vemos como contraproducente. Hoy tenemos un presidente y una vicepresidenta que han acordado que la línea única no ha sido la mejor forma. Y que hoy conviene esa pluralidad de voces a una línea única y uniforme. Después hay otra cuestión: la lógica de la comunicación contemporánea hace que a veces estas argumentaciones que son un poco más largas se intentan condensar en un titular de cuatro palabras. Ahí hay también un costo alto que corremos nosotros, porque nuestras explicaciones o nuestra visión de los temas queda comprimida y de alguna manera queda empobrecida también.
-La gobernadora Carreras criticó mucho al Instituto de Asuntos Indígenas por su rol en la toma de Villa Mascardi. ¿Cree que también desde el Instituto están bajando una línea que genera conflicto?
-Me parece que hay que dejar que la ministra de Justicia (Marcela Losardo) defina si les parece que lo que está haciendo el INAI obedece a la línea del ministerio. Nosotros tenemos un control de Gendarmería que es el que acordamos con la gobernadora para prevenir incidentes que tuviéramos que lamentar. También aprovecho para dejar claro que no hubo denuncia a los manifestantes ni a los vecinos. Fue una puesta en conocimiento de la Justicia de información que nosotros teníamos sobre personas que llamaban a armarse y enfrentar a los mapuches.
-¿Se comunicó mal o hubo tergiversación?
-No, hay mala intención. Estamos muy acostumbrados nosotros a que nos operen la información, que me recorten fragmentos de entrevistas, que pongan solo cuatro palabras de un conjunto de palabras que yo digo. Pero me parece que son operaciones ideológicas. Esto tiene que ver con una discusión ideológica. Hay intereses políticos ideológicos que explican por qué se hace eso. Nosotros evitamos una masacre ese día.
-El nuevo plan de seguridad anuncia la incorporación de 10 mil policías a la Bonaerense. Otros gobiernos, como el de Daniel Scioli, ya han aumentado el número de efectivos sin que esto genere una mejora en la seguridad ¿Cuál sería la diferencia esta vez?
-Bueno, éste es un diagnóstico de la provincia. Ellos entienden que no cuentan con esos 90.000 efectivos, sino con muchos menos. Que hay muchos de esos que no están bien formados y bien capacitados. Por eso lo que se anunció es una incorporación en los próximos 18 meses, con mayor tiempo de formación y de capacitación. También hay que tener en cuenta que la policía que ellos heredaron estaba desmantelada. Parte del plan de fortalecimiento es la refacción de comisarías que están destruidas. Algo similar nos pasó con la Gendarmería. Cuando comenzamos nuestra gestión encontramos más de 400 autos y camionetas imposibilitados de circular por falta de mantenimiento. Ya más de la mitad se encuentra en funcionamiento. Lo mismo con la flota área de la fuerza: sólo un avión y un helicóptero están operativos de un total de 20 aeronaves.
-El Plan de Seguridad también reparte fondos que se van a administrar descentralizadamente por los intendente. ¿Eso no dificulta el control?
-Hay un convenio con la provincia de Buenos Aires que está a la firma que tiene cláusulas que determinan en qué se puede gastar y en qué no, y también tiene un sistema de rendición con un plazo determinado. Además hay un interés claro del gobernador y de los intendentes de que el dinero vaya ahí porque es una necesidad evidente. Yo vivo en el Gran Buenos Aires y la verdad que es difícil cruzarse con un patrullero de la provincia de Buenos Aires que esté completo. Le cuelga un guardabarros, le falta un vidrio. Es terrible. Y eso es dañino para el trabajo de la policía. No es solo para el vecino sino que es muy denigrante tener que trabajar en esas condiciones.
-¿Qué ajustes hicieron para mejorar la coordinación de las fuerzas federales y evitar los roces con el ministro Berni?
-Lo que definimos con el gobernador en primer lugar fue que los puntos en los cuales se hicieran los operativos estuvieran definidos por la provincia. Y también se nos pidió que esos operativos fueran permanentes, no fueran esporádicos sino permanentes en el lugar al que provincia nos envía. Una vez que nosotros alcanzamos ese acuerdo, hace ya casi un mes y medio que estamos coordinando bien con ellos
-En el libro cuenta que nunca estuvo de acuerdo con la hipótesis de la desaparición forzada de Maldonado. Incluso revela que tenía listo un artículo periodístico que al final decidió no publicar.
-Sí. Todavía estaba bajo la carátula de desaparición forzada. Yo ahí me di cuenta que no había nada que yo pudiera decir que no implicara rechazo o mala interpretación del arco en el cual yo me ubicaba. La hipótesis de la desaparición forzada siempre me pareció poco probable, por lo que la conocía y por los que vi a hacer trabajo de campo sobre móviles antidisturbios durante ese período. No podía poner las manos en el fuego por la Gendarmería, pero sí veía que había como una reacción desmedida.
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