Lázaro Báez logró ayer el beneficio de la prisión domiciliaria (suspendido hasta que consiga un nuevo domicilio), pero sus problemas judiciales están lejos de terminar. Además de enfrentar el tramo final del debate por la “ruta del dinero K”, donde podría ser condenado, en los próximos días sumará otro juicio oral. Esta vez lo acusan de evadir IVA y ganancias entre 2011 y 2014. También están procesados ex directivos de Austral Construcciones y tres de sus hijos. Con el requerimiento fiscal, solo resta que se expida la defensa del empresario y luego el juez en lo penal económico Javier López Biscayart podrá elevar el expediente a juicio.
Báez está acusado de evadir el impuesto al valor agregado (IVA) por los ejercicios 2011 ($99.964.224,80), 2012 ($113.190.286,40), 2013 ($8.753.187,63) y 2014 ($59.954.725,77). Según figura en el expediente, la maniobra habría sido “mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas en tanto reflejaron el cómputo de créditos fiscales inexistentes provenientes de la registración de facturas supuestamente apócrifas emitidas por Constructora Patagónica Argentina SA, Grupo Penta & Cia SA, Calvento SA, Terrafari SA, Valle Mitre SA, Austral Agro SA, Conde Marketing SA, Víctor Masson Trasportes Cruz del Sur SRL, José Luis Espinosa, Vialtec SA, Consultarq SRL, Dionicio Miranda Orosco, Héctor René Jesús Garro, Humberto Víctor Navarro, Strella Construcciones SA y AC SRL”.
Báez también está procesado por evadir el impuesto a las Ganancias correspondiente a Austral Construcciones de los ejercicios 2011 ($90.014.381,68), 2012 ($178.037.143,27), 2013 ($8.495.232,54), 2014 ($22.860.611,42). La misma acusación pesa sobre su hijo mayor, Martín, que todavía sigue preso en la cárcel de Ezeiza, y el ex presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza.
Para los abogados, la causa es conocida como la “1559”, un desprendimiento de otro expediente de evasión que ya fue elevado a juicio (la 536). En realidad, son tres causas que están vinculadas entre sí y que podrían terminar unificadas.
Además de Báez, en esa causa están procesados sus hijos Martín, Leandro y Luciana, Hugo Uribe, Julio Mendoza, César Andrés, Claudio Bustos, Emilio Martín, María Cristina Gonzalez, Tomás Garzón, Eduardo Larrea y Eduardo Arrejin.
Las acusaciones varían según los ejercicios apuntados. A Bustos y a Luciana Báez se les imputó su participación con relación a los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013. En cambio, a Leandro Báez, Emilio Carlos Martín, Eduardo Arrejín y Hugo Uribe por el ejercicio fiscal 2011. Y la lista continúa.
“Son causas tributarias que se usan como delito precedente en la ruta del dinero K. Avanzaron con el delito posterior antes de tener una sentencia en el precedente. Son tres causas, más la de Bahía Blanca, que tiene prácticamente el mismo objeto procesal”, se quejó una fuente de la defensa de Báez ante una consulta de Infobae. Y agregó: “No pueden existir, al mismo tiempo, la causa de Vialidad y una causa por evasión tributaria. Tienen que elegir una de dos”.
En abril del año pasado, López Biscayart procesó a Lázaro Báez por “evasión fiscal agravada” y lo embargó por una cifra récord de 2 mil millones de pesos. Los procesamientos fueron confirmados por la Cámara en lo Penal Económico.
En agosto, el juez le corrió vista a la AFIP, como parte querellante, y al fiscal Claudio Navas Rial. “Sin perjuicio de lo descargado por la defensa de Lázaro Antonio Báez, no fue arrimado al sumario ningún elemento de prueba que contradiga los producidos en la causa, por lo que la hipótesis fiscal se encuentra corroborada y es contundente para afirmar que era el administrador de hecho de AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A., quien impartía directivas económicas, administrativas y financieras”, sostuvo el fiscal en su requerimiento de elevación a juicio al que tuvo acceso este medio.
En los últimos días, el juez le corrió vista a la defensa de Báez, que ya pidió una prórroga ante el juzgado en lo penal económico 9.
El empresario está siendo juzgado por “la ruta del dinero K” y la causa de Vialidad. En el primer juicio, su defensa terminó hace una semana su alegato y buscó despegar a los cuatro hijos del empresario diciendo que eran “víctimas de una persecución”. Este miércoles es el turno de la defensa de Daniel Pérez Gadín y el jueves podría arrancar el alegato los abogados del arrepentido Leonardo Fariña.
El juicio podría tener sentencia antes de fin de año. La Fiscalía pidió que sea condenado a 12 años de cárcel y que pague una multa de $2.121 millones. También habrá decenas de bienes decomisados, siempre que haya condena. El empresario también acumula tres pedidos de penas de entre 8 y 9 años de cárcel de las tres querellas.
Además del escándalo de anoche en el barrio Ayres del Pilar, donde los vecinos impidieron el ingreso de la camioneta que trasladaba al empresario K, en los últimos días ocurrieron una serie de hechos confusos alrededor del caso Báez. Primero uno de los abogados de Leandro Báez denunció un robo y el viernes a la noche una persona baleó el frente de la casa del menor de los Báez. El sábado a la noche, tal como reveló Infobae, el empresario se comunicó con su hijo para saber detalles del misterioso episodio.
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