Policías bonaerenses retirados y en actividad se manifestaron durante el lunes en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires junto a familiares, vecinos y efectivos de fuerzas federales y de Gendarmería agrupados en distintas organizaciones (Fuerzas Unidas, AFUDDHH, SUPTRA Central). El pedido de mejores condiciones salariales fue el principal reclamo pero a ello se sumaron otros puntos como el de mejor equipamiento y entrenamiento.
Una de las medidas que tomaron fue la de retención de tareas, que consiste en atender sólo las llamadas al 911. No patrullan comercios ni vigilan tierras que pueden ser usurpadas. Tampoco prestan atención a las viviendas. Cada zona queda prácticamente en el desamparo.
La medida fue creciendo y sumando adeptos con el correr de las horas del lunes. La Matanza fue el distrito donde más se sintió la convocatoria pero el lugar más incómodo para Axel Kicillof y Sergio Berni fue la protesta desarrollada frente a la Casa de Gobierno y el Ministerio de Seguridad. Los efectivos hicieron sonar las sirenas de los patrulleros y policías junto a civiles aplaudieron y tocaron algunos bombos.
Al principio, el programa de retención de tareas, que equivale al trabajo a reglamento en la actividad civil, tomó fuerza en los principales partidos del conurbano bonaerense, pero con el correr de las horas ganó a toda la provincia. Pasadas las 22 horas seguían con fuerza en La Plata, La Matanza, Junín, Bahía Blanca, Almirante Brown y Mar del Plata.
Los comisarios en las departamentales intimaron a los subordinados a desistir explicándoles que les iban a iniciar sumarios. Sin embargo, la cantidad de policías adheridos a la protesta transformaba en impracticable la tarea de labrarle las actuaciones.
El conflicto tomó fuerza después de la muerte de la oficial Julia Valles, atropellada en la madrugada del sábado por una moto en uno de los controles urbanos de Lanús en el límite con Berazategui. “Nos mandan a esos controles en nuestros autos o en ómnibus. Nos dan dos conos anaranjados y un Handy que no funciona y nos dejan expuestos a cualquier asesino. Si de un puesto de control nos tienen que avisar que hay un vehículo sospechoso, el mensaje llega por WhatsApp y muchas veces, tarde”, relató uno de los suboficiales en la manifestación.
Las quejas eran interminables. En primer lugar, estaba el tema salarial. Un policía el primer año haciendo adicionales, cobra $61 mil, pero tiene que pagar su uniforme y las balas, entre otros gastos. Esto si trabajan hasta 36 horas corridas y en los francos hacen otras tareas. Después de las 12 horas de la jornada laboral, cobran un adicional de $40 que hace dos años que no se modifica. “Estas horas Cores, equivalen a menos del treinta por ciento de lo que gana por hora una empleada doméstica” explicó un policía.
La otra queja era porque la tropa de móviles se estaba desgastando velozmente. Un vehículo policial a los 12 meses, por el elevado rodamiento y las condiciones extremas en que trabajan tienen un fuerte desgaste. “Hay compañeros que manejan móviles que no tienen frenos o no están en buenas condiciones. En una persecución es fácil perder el control del vehículo. Todo esto sin contar el sueño, que es el peor enemigo, cuando lo ponen al conductor doce horas al volante. De la nafta mejor no hablemos, hay reparticiones donde no hay dinero ni para combustible”, siguieron relatando.
La pandemia también es un inconveniente. Más allá de los policías contagiados, los dejó sin entrenamiento. Antes de marzo entre cien y trescientos policías hacían diariamente su reentrenamiento que lo deben realizar en sus días francos. Ahora, solo lo pueden hacer en grupos de cinco por el riesgo de contagio y con esta proporción la mayoría de la fuerza está sin práctica de tiro.
Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad, recuerda que tuvo un solo episodio con la policía. “Si a estos les estalla uno de esta magnitud a los nueve meses de Gobierno no quiero imaginar que pasará más adelante”, señaló a Infobae. “Yo compre sesenta mil chalecos y ya se están venciendo los primeros diez mil y no los están renovando”, agregó.
Por supuesto, en voz baja, los policías preguntaban “¿Usted oyó hablar ahora del juego ilegal? ¿No? Volvió a como era antes. Se reincorporaron ochocientos policías sumariados y oficiales de alto rango envueltos en causas de corrupción. De los narcotraficantes ni noticias ¿Cuánto hace que no se derrumban bunkers? Y entra algún pesado”, las preguntas eran infinitas y comparaban estos hechos con el discurso del ministro Berni sobre la seguridad y las críticas a su colega en la Nación Sabina Federic.
También criticaron las nuevas medidas de seguridad. Los intendentes están sin recursos y el personal que envían de la Nación está tan mal equipado como el de la bonaerense. “Ahora los delincuentes tiran con fusiles FAL o AK 47 que están llegando a la Argentina de una manera asombrosa. También manejan ametralladoras Uzi y nosotros contamos con simples pistolas y escopetas con postas de goma. De plomo, nos está prohibido. Cuando ellos huyen tiran ráfagas de ametralladora de espaldas y no les importa si matan a inocentes. Nosotros le pegamos un balazo en la espalda, mientras huye y dispara, y nos hacen interminables sumarios que nos dejan sin salario y sin adicionales mientras dura la investigación. Hay fiscales que nos investigan si tiramos más de tres tiros para ver si hubo alevosía”.
El otro temor de los funcionarios es el Servicio Penitenciario Bonaerense. Muchos agentes acompañaron esta protesta y parecen dispuestos a reclamar. El efecto contagio en las fuerzas de seguridad es grande. Cabe recordar la última rebelión policial que nació en Córdoba, durante el mandato de CFK, y se extendió a casi todo el país.
La debilidad de las fuerzas de seguridad se revela en cada protesta.
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