El presidente Alberto Fernández invitará en los próximos días a la Corte Suprema de Justicia a opinar en la comisión que él organizó para pensar su reforma. La convocatoria estará dirigida al máximo tribunal de Justicia, pero también a cada uno de sus cinco miembros. No es un detalle menor: para el acto de presentación en la Casa Rosada de la reforma, la única que apareció fue Elena Highton de Nolasco, mientras que los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti brillaron por su ausencia.
Según adelantaron a Infobae las fuentes consultadas, la invitación que hará el Presidente será abierta. “Que ellos decidan cuándo y cómo participar”, señalaron esos voceros. Es una forma de pacificar los ánimos después de la irritación inicial que provocó la creación, sin previo aviso, de este comité que integra el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, muy crítico con la actitud que tuvo el máximo tribunal con las causas de su clienta. El malestar se profundizó por los rumores sobre un intento de ampliación de la Corte Suprema, versiones que el oficialismo buscó más tarde minimizar.
Aunque no estaba en la idea original, varios de los miembros de la comisión que comenzó a funcionar oficialmente el 18 de agosto propusieron abrir las reuniones para que distintos académicos y actores judiciales aporten sugerencias y observaciones. Así fueron invitados los encargados de los organismos que están en la mira de la propia comisión para revisar su funcionamiento. La Corte, indicaron, no podía estar ajena. Ya estuvieron Eduardo Casal, el titular de la Procuración General interino, blanco de las críticas del kirchnerismo ; y para hoy estaba invitado, entre otros, Alberto Lugones, el titular del Consejo de la Magistratura, junto a más expositores.
Pero el fallecimiento del abogado Jorge Kirszenbaum, marido de la jueza Hilda Kogan, una de las integrantes del consejo, obligó a suspender la reunión de hoy y posponer todo hasta el próximo martes 15. El sábado, no obstante, seguirá analizándose el traspaso de la justicia nacional penal a la ciudad de Buenos Aires.
Así, la invitación a la Corte se da en el marco de un clima de tensión entre el Gobierno, la oposición y la Justicia. No solo porque el máximo tribunal tiene la llave para dejar o sacar a tres jueces trasladados que intervienen en la causa de los cuadernos, sino porque el oficialismo está buscando votos para conseguir en Diputados convertir en ley la reforma judicial que ya aprobó el Senado, con la unificación del fuero federal y el contencioso administrativo y la creación de cientos de cargos en distintos puntos del país.
La mayoría de los jueces y fiscales que desfilaron en las comisiones de la Cámara Alta para opinar sobre el proyecto lo criticaron por no avanzar hacia el sistema acusatorio. En Juntos por el Cambio, en tanto, ven en esa iniciativa un atropello contra el Poder Judicial y una búsqueda de impunidad para Cristina Kirchner. Alberto Fernández lo niega y asegura que ellos tendrían que apoyarla porque es una garantía para que a Macri no le pase lo mismo que le sucedió a Cristina.
“Toda mi vida he dicho que la Corte debe tener cinco miembros, pero con cinco miembros está funcionando mal y está virtualmente paralizada”, dijo el presidente luego de promover la reforma judicial que se discute en el Congreso y crear el “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación”.
La semana pasada, en una entrevista en TN, el presidente fue consultado por las declaraciones de Cristina Kirchner, cuando dijo que la envidada al Congreso no era una verdadera reforma judicial. Allí aseguró que lo que mandaron al Congreso era “una ley que ordena el funcionamiento de la Justicia” pero no una reforma porque en ese proyecto “no se habla de la Corte, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa o del juicio por jurados”.
Precisamente de todos estos temas están llamados a pensar los integrantes de la comisión y elevar propuestas concretas para el 18 de noviembre. Coordinados por el director del BICE Fabián Musso, allí están los abogados Carlos Alberto Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza), junto al ex juez de España Enrique Bacigalupo.
A este escenario se le suma la revisión del traslados de diez jueces, promovida por el oficialismo y analizada en el Senado. La mira está puesta en los dos integrantes de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; y el juez del Tribunal Oral que interviene en la causa de los cuadernos, Germán Castelli. Como no se presentaron a la audiencia pública del viernes en la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, el kirchnerismo dictaminó por devolverlos a su lugar de origen.
En cambio, los tres jueces esperan un aval de la Corte Suprema -los tres pidieron un per saltum- porque entienden que sus desplazamientos son una “embestida inconstitucional contra las garantías de estabilidad e inamovilidad”. Es más: aseguran que la Corte Suprema ya validó sus traslados, a través de la acordada 7/2018, y por eso no necesitan pasar la audiencia en el Senado a la que ahora el oficialiasmo los había citado.
Mientras tanto, la vicepresidenta elige los tuits para comunicarse: ya había cuestionado a Bruglia y Martín Irurzun por limitar temporalmente el entrecruzamiento de los llamados de Mauricio Macri, a quien considera “el argentino más impune”, y este sábado apuntó sobre Bruglia y Bertuzzi a los que vinculó con el falso abogado Marcelo D’Alessio.
Aunque varias veces se quejó porque desde el máximo tribunal no se frenó el avance del “lawfare” en su contra, la vicepresidenta hasta ahora no dijo nada sobre la Corte Suprema en medio de esta reforma. Pero el 22 de abril escribió: “Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace… independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia”. Dos días después, el máximo tribunal rechazó la acción declarativa de certeza que ella promovía para sesionar de manera virtual diciéndole que la Cámara Alta tenía atribuciones para interpretar su propio reglamento.