El diputado del Frente de Todos que vive en un terreno tomado: “Era esto o quedarme en la calle”

Barrio Pueblo Unido, Glew. Es un asentamiento ubicado en el municipio de Almirante Brown que se formó en 2014 cuando 115 familias ocuparon un predio abandonado en medio de Almafuerte, otro barrio popular que está desde hace más de 40 años y en el que nunca hubo acceso a servicios básicos como la luz y el agua.

Gran parte de esas más de 100 familias que ocuparon Pueblo Unido se trasladaron desde Almafuerte para descomprimir el hacinamiento que los apremiaba. Otros vinieron de diferentes lugares donde no les alcanzaba el dinero para pagar el alquiler. Uno de los que participó de la toma seis años atrás es Federico Fagioli, quien desde diciembre es diputado nacional por el Frente de Todos. Partidariamente dentro de la coalición oficialista responde al Frente Patria Grande liderado por Juan Grabois.

“Fue una necesidad de vecinos que no teníamos donde vivir. Cuando ibas a pedir al Estado que nos faciliten lotes con servicios para pagarlos en cuotas, nunca estaba esa propuesta; entonces los vecinos tomamos por nuestra cuenta un terreno baldío que también se quería adueñar una inmobiliaria, no para hacer su casita, como nosotros, sino para venderlo a una fortuna a precio dólar”, contó el ahora diputado en diálogo con Infobae quien anunció que ya se firmaron las primeras obras para la integración sociourbana de Pueblo Unido.

Fagioli explicó que la gente de la zona “venía reclamando que se haga una plaza, una canchita de fútbol, cuestiones sociales”, también para dar respuesta a la inseguridad que generaba este baldío luego de cada puesta del sol. “Con la gente con problemas habitacionales decidimos recuperar el terreno para hacer viviendas y hoy los vecinos de alrededor están contentos porque pueden caminar por ahí”, agregó el militante social.

Tras haberse asentado en la zona, Fagioli dijo que “nunca hubo una orden de desalojo” porque “nadie pudo acreditar ser el dueño”.

En 2014 la realidad lo encontraba a Fagioli viviendo en Lanús. Como cooperativista, cobrando una insuficiente asistencia del Estado, no pudo seguir pagando el alquiler. “Empecé a deber, a pedir que me ayuden, era esto o quedarme en la calle”, reveló sobre la decisión de participar en la toma.

Hoy, a seis años, asegura que “nunca” lo volvería a hacer: “No se la pasa bien en una toma”. Pese a entender la situación por haberla vivido en carne propia, niega rotundamente que las organizaciones sociales estén detrás de las usurpaciones de los últimos meses. Desde su experiencia, dice: “Nunca en mi vida fogonearía que alguien haga una toma”.

Antes de ser electo legislador, como militante del Movimiento Popular la Dignidad y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Fagioli participó en la realización del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) mediante el cual se logró censar a más de 5 millones y medio de personas que viven en situación de vulnerabilidad en 4.416 barrios populares. Villas y asentamientos de todo el país donde la mitad de la población no tiene título de propiedad del suelo que habita, ni acceso regular a dos o más servicios básicos (agua corriente, electricidad, cloacas).

En octubre de 2018 el Congreso sancionó la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana de Barrios Populares para mejorar la infraestructura de los terrenos registrados en el Renabap y permitir que su población acceda a la propiedad de sus viviendas.

A partir de esta ley, el Estado a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado debe expropiar los más de 4 mil terrenos que figuran en el Renabap para que pasen a su patrimonio. Para luego poder entregar el dominio de cada vivienda a los habitantes de los barrios populares.

En el texto de la norma también se especificó que al menos el 25% de las obras de urbanización deben ser adjudicadas a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular que estén formadas por los propios habitantes de los respectivos asentamientos. En dicha ley también se reglamentó que los desalojos quedan suspendidos hasta octubre de 2022.

Pese a la sanción en octubre de 2018, Mauricio Macri dejó el Gobierno sin destinar los fondos para su implementación. Y en diez meses de Gobierno de Alberto Fernández la situación no ha cambiado. “A principio de año pusimos el Impuesto País, que parte de eso fue al fideicomiso del Renabap para hacer obras de integración sociourbanas, pero también para hacer una propuesta de lotes con servicios y todavía no lo pudimos ejecutar porque falta dinamismo de la ministra”, advirtió Fagioli contra María Eugenia Bielsa, titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En medio del avance de la ocupación de tierras en distintos puntos del país, pero principalmente en el conurbano bonaerense, Fagioli respondió al ministro de Seguridad, Sergio Berni, y a los intendentes que acusan a las organizaciones sociales de estar detrás de las usurpaciones.

“Es un error plantear que estamos detrás de las tomas de tierra. Las organizaciones sociales asisten a los vecinos que la están pasando mal, que necesitan ayuda alimentaria y demás, pero no significa que las organizaciones estén fogoneando y poniendo recursos para que las tomas sucedan”, declaró. Y agregó: “Claro que tenemos una postura diferente a Berni, creemos que no es un tema de seguridad que se resuelve con represión y desalojo, sino es un problema de falta de un derecho, de acceso a la vivienda digna y de la especulación inmobiliaria que genera que la gente no pueda tener un pedacito de tierra. La única forma de resolverlo es con una política habitacional pública clara”.

-¿Niega que detrás de las tomas de tierras haya una intencionalidad política?

-El fenómeno no necesariamente está fogoneado por alguien. Hay un problema estructural en la Argentina que es el acceso a la vivienda: 4.400 barrios populares, más 5 millones y medio de personas que viven hacinadas, sin luz, sin agua, sin cloacas y a eso se le agrega que están mal económicamente porque no tienen laburo y una pandemia que complejiza todo. No hay facilidades para acceder a la vivienda. Como el Estado no venía generando, y no genera, políticas necesarias para decirle a la gente “no tomen tierras porque nosotros vamos a generar lotes con servicios para que ustedes puedan entrar y lo paguen en cuotas según su capacidad adquisitiva”, la gente trata de resolver sus problemas por su propia voluntad y termina generando la toma de tierras. Son vecinos con problemas habitaciones que buscan resolver su situación. Que haya alguna intención política en algún caso particular yo no te lo puedo decir.

Nadie hace una toma de tierra si no hay necesidad. Si vos le ofrecés un lote con servicio y la posibilidad de acceder a un terreno legal con papeles, con servicios, luz, gas, agua y baño, bajo ningún punto de vista lo duda.

-Dirigentes como Santiago Cúneo identificaron con nombre y apellido a dirigentes sociales como los responsables de “financiar” las tomas en la Patagonia incluso. Entre ellos, mencionó a Juan Grabois.

-Es la intención de buscar un chivo expiatorio, es no seguir reconociendo el problema que hay en las tierras. Hablan de las tomas de tierra por parte de los Mapuches que se podría discutir la historia, cuáles eran sus tierras, puede haber fundamentos. Pero quién habla de la apropiación de Joe Lewis del lago. De lo que hizo Joe con el lago y para qué quiere el lago. La gente quiere tierra para una casita, Joe quiere tener tierra para seguir acumulando riquezas, y nadie dice “che, devolvé el lago a los argentinos”.

Es no querer reconocer el problema estructural. La falta de viviendas solo la resolvemos diseñando políticas de viviendas necesarias, como planteamos nosotros en el plan de desarrollo humano integral que necesitamos generar un millón de lotes con servicios, cuatro millones de puestos de trabajo para la economía popular porque esa gente a la que vos le das un lote con servicio que te lo va a pagar en cuotas según su capacidad adquisitiva, es decir le va a devolver al Estado esa inversión, también tiene que tener trabajo porque tiene que ahorrar el ladrillo.

Antes de hablar y empezar a señalar con el dedo hay que saber lo que le está pasando a la gente. Cuando nos demos cuenta, nadie se va a poner a discutir otra cosa que no sea cómo resolvemos esto para que la gente pueda vivir con dignidad.

-¿Sabe que hay intendentes de la provincia que cuando identifican a las personas que toman tierras descubren su pertenencia a organizaciones sociales?

-Una cosa es aguantar una toma de tierras y decir que se utiliza para fogonear y otra decir que hay una toma de tierras por un déficit estructural porque la gente no tiene donde vivir y se genera un asentamiento de un montón de familias que tienen necesidades, no tienen para comer, pasan frío, hambre, no tienen para darle de comer a sus hijos, son pobres y recurren a una organización para que los ayude con comedores, merenderos.

Hay una diferencia grande. Las organizaciones sociales no fogoneamos las tomas, pero alguien se tiene que hacer cargo del problema estructural. Si hay un asentamiento con 700 niños que no pueden tomar un vaso de leche y una organización va y pone un merendero, ¿cuál es el delito? ¿Está mal?

Me preocupa que estigmaticen y marquen a los vecinos de las tomas de tierras y no quieran terminar de reconocer que hay un problema real estructural de pobreza, hacinamiento, de falta de acceso a la vivienda. Los vecinos terminan estallando.

Me encantaría que no haya problemas, pero yo siendo diputado desde hace pocos meses, con el sueldo que tengo no me puedo comprar un terreno. Imaginate una persona que cobra 8.500 pesos de un salario social complementario o una AUH (Asignación Universal por Hijo).

Imaginate una persona que cobra el IFE en medio de un barrio popular con una pandemia. Vive con diez personas más: con su mamá, su papá, su hermano con la pareja y el hijo, en una casa que es un rancho.

Si generamos 1 millón de lotes con servicios, 4 millones de puestos de trabajo de la economía popular, la gente te lo va a pagar de acuerdo a su capacidad adquisitiva, y al hacer su casita ponemos en marcha todo, también la construcción. Hay que hacerse cargo. No se resuelve desalojando ni metiendo presa a la gente.

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