Arabela Carreras: “El Gobierno debe entender que en Villa Mascardi hay un grupo violento y que no deben existir ambigüedades”

Dos advertencias o dos mensajes bien claros hacia la Casa Rosada reiteró la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en su análisis de la toma de tierras en Villa Mascardi: “El gobierno nacional debe entender que aquí se trata de un grupo violento que hasta hace poco no se identificaba con la comunidad mapuche”, dijo. Y alertó: “Preocupa mucho el sostén económico que se ofrece a este grupo desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) planteando una ambigüedad desde el Estado nacional”.

La gobernadora Carreras viajó esta semana para tomar contacto con varios ministros del gobierno nacional y plantearles la problemática del lugar pero también para fijar su postura. “Lo importante es que haya firmeza y no ambigüedades frente a este grupo de encapuchados que son violentos”, dijo la gobernadora de Río Negro en diálogo con Infobae. Cuando habla de “firmeza”, la gobernadora Carreras se refiere abiertamente a “no tener ambigüedades” y “no seguir sosteniendo económicamente a estos grupos”.

Carreras está tan preocupada con el avance del COVID-19 en buena parte de su provincia como por el nivel de conflictividad social que se desató en Villa Mascardi en los últimos tiempos y en cierta actitud del gobierno nacional ante esto.

“Yo dije que no voy a aceptar dialogar con estos grupos encapuchados porque creo que en democracia debemos poder dialogar a rostro descubierto y la ley tiene que estar regulando estos diálogos”, dijo Carreras desde Viedma para diferenciarse de otros actores. Aunque la gobernadora viaja todo el tiempo y recorre su extensa provincia para seguir de cerca el conflicto de Villa Mascardi y otros problemas pero se hace un alto en el camino para dialogar con este medio.

-Gobernadora, ¿qué evaluación hizo de su ronda de diálogo con funcionarios del gobierno nacional por la toma de tierras en Villa Mascardi?

-Evalúo muy positivamente las gestiones que se han hecho esta semana que pasó. Tuve reuniones con tres ministros nacionales. Estuve con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Con ellos fue muy positivo porque profundizamos en el conflicto con una mirada más compleja de un tema más complejo. Es que si se toman posiciones que no contemplan la complejidad de los hechos es muy difícil proponer soluciones relevantes. Esta charla sirve para eso. En mi caso para representar a los vecinos y vecinas de la región tanto de Bariloche como de Villa Mascardi. Y toda la zona que viene sufriendo situaciones de violencia unilaterales por parte de este grupo que se ha instalado en tierras de Parques Nacionales y que actúa cubriendo sus rostros con reclamos amplios y variados que exceden absolutamente a una capacidad de respuesta del gobierno provincial y mucho menos de los vecinos.

Esto complejiza mucho el abordaje. La Nación tiene interlocutores con esta gente. Ha establecido una agenda de diálogo y nosotros le manifestamos la urgencia de avanzar con ese diálogo para saber si es el camino que aceptarán. Queremos ver el resultado de estas gestiones. Nosotros sabemos que la Nación desde el comienzo ha puesto en agenda este tema. De hecho, en diciembre y enero llevamos estos temas al gobierno nacional. Aquí como respuesta positiva fuimos poniendo plazos para evaluar el resultado del dialogo y hay más presencia de Gendarmería. Hay dos puestos de control antes y después de Mascardi, lo cual mejora la seguridad y los movimientos de la zona. Creo que eso es positivo en cuanto al compromiso de la Nación.

-Pero usted dijo que no está dispuesta a dialogar con encapuchados y por otra parte el gobierno nacional dialoga con ellos. ¿No ve cierta ambigüedad en esto por parte del gobierno nacional? ¿No cree que sea contradictorio denunciar a los vecinos que hacen reclamos en contra de la toma de tierras como hizo la ministra Frederic?

-Mi decisión de no dialogar con encapuchados no es de Mascardi sino que es histórica. Creo que en democracia debemos poder dialogar a rostro descubierto y la ley tiene que estar regulando estos diálogos. Es difícil tomar en serio o realmente pensar que con una capucha puesta se puede ser interlocutor de la democracia. Lo que pasa es que Nación dialoga a rostro descubierto con estos grupos. Es un diálogo que ellos van estableciendo y construyen un vínculo con los interlocutores. No es lo mismo que ocurre con el gobierno provincial que siempre que ha tenido que interactuar con estos grupos no ha podido hacerlo a rostro descubierto. Ahí marcamos una diferencia. Por otra parte, Nación me indica que las denuncias no fueron al conjunto de los manifestantes sino a algunos que en el marco o bajo el paraguas de esta protesta incitaban a la violencia de manera delictiva y ellos evaluaron hacer la denuncia para proteger a todas las partes.

-¿Pero esas denuncias contra los vecinos no cree que generaron más tensión en la zona de conflicto?

-Sí, pero siempre hay tensiones. Ayer me reuní con un grupo de vecinos y eso también generó tensiones. Cuando hay interlocutores que están desbordados en su ánimo todo desborda en tensiones. Hay tensiones en la sociedad porque hay miradas distintas y hay hartazgo. Esto genera malestar y enojo. Es válido esto. Yo nunca cuestioné la idea de visibilizar un problema. Esto forma parte de la vida democrática. Lo importante es asumir compromisos para solucionarlos.

-¿No cree que el gobierno nacional ve este tema con algo de lejanía?

-Lo interesante aquí es que mas allá de la lejanía o cercanía, hay que marcar que en este caso no existe un reclamo real de pueblos originarios como ocurre en el 99 por ciento de los casos de pueblos originarios en Río Negro. Esta provincia convive con comunidades mapuches. Pero a mí lo que me interesa es que el gobierno nacional y los interlocutores que ponga entiendan que aquí se trata de un grupo violento que tiempo atrás no se identificaba como una comunidad mapuche y de pronto encontró en este origen un marco de actuación. El marco de actuación de una comunidad no le da impunidad diferente a las leyes de la democracia. Esto es lo que queremos remarcar. Que las leyes de la democracia se apliquen para todos.

-¿Quién cree que está detrás de este grupo que tomó las tierras en Villa Mascardi?

-No tengo en claro si responden a un interés particular. Lo que sí nos preocupa es la presencia del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) como organismo nacional que le lleva insumos, víveres y otras cosas. Interactúa en forma permanente apoyando a este grupo violento. Esto sí nos preocupa porque es un apoyo institucional de funcionarios asalariados. Ahí hay un apoyo político institucional a un grupo que estaba asolando en la región. Este planteo lo hemos hecho claramente.

-¿Cómo se da ese apoyo del INAI?

-Constantemente llegan provisiones del INAI al grupo de Villa Mascardi que desconocemos las características. Lo tenemos registrado porque los vecinos lo ven y los controles camineros lo registran. Hay vehículos oficiales que se acercan a la zona e interactúan con ellos. Lo importante aquí es que no distinguen comunidades pacíficas de grupos violentos que violan todo tipo de normativa. Entonces lo que no tenemos en claro cuál es el rol de los funcionarios públicos de este organismo.

-¿Cuál cree que debería ser la propuesta de solución? ¿Darles otras tierras? ¿Desalojaros de inmediato? ¿Qué se debería hacer?

-Nuestra visión es que se trata de una ocupación ilegítima de ese predio. Creemos que no debería estar allí este grupo. Después cómo lleguemos a lograr ese objetivo se verá con todas las herramientas de la democracia en un camino pacífico y de diálogo para evitar la tragedia que ya vivió la región con la muerte de Rafael Nahuel. No se trata de hacer uso de la fuerza irracionalmente. Pero sí tiene que haber mucha firmeza en cuanto a ver la ilegitimidad de este grupo que no tiene reconocimiento tradicional de las tierras. Es decir, está muy pautado cómo se llega a la propiedad comunitaria de la tierra, algo que tampoco este grupo lo ha solicitado. Aquí hay agresión y violencia en una ruta nacional y refugio en un Parque Nacional. Esto no se parece en nada a los reclamos de las comunidades que solicitan la tenencia de sus tierras de manera legítima.

-¿Qué piensa cuando escucha a la ministra de Seguridad Frederic que dice un día que la toma de tierras no es un tema de seguridad y después se desdice?

-Eso es parte de la complejidad de los temas. No me preocupa tanto eso como cuando temas complejos se usan como consignas político-partidarios. Que ningún gobierno de ningún signo político pudo abordar con soluciones reales. Si esos problemas complejos los limitamos a consignas no vamos a solucionar el fondo de la cuestión. Aquí sí observamos la actuación del gobierno anterior a nivel nacional (el de Mauricio Macri) con respecto a Mascardi fue infructuoso. Entonces la posición de un extremo a otro no nos da respuesta. El gobierno provincial está presente porque entendemos que este problema supera a cualquier otro problema. Estamos poniendo más efectivos. Antes teníamos cuatro policías provinciales y ahora tenemos 12 fijos y dos controles en la ruta nacional. Algo que antes no habíamos hecho. Ahora acordamos con el gobierno nacional de poner presencia de efectivos provinciales en esa ruta nacional.

-El gobierno de Macri no escuchaba a los sectores que ocupaban la tierra pero en la visión de ahora parece que se toma partido por este sector de grupos violentos…

-Hay miradas distintas de la cuestión. Creo que con todas las miradas podemos abordar soluciones concretas. Si vamos a avanzar en soluciones concretas para solucionar la seguridad de nuestros vecinos cada pasito mejora la vida en la región. Aquí lo que interesa es que los vecinos puedan transitar tranquilos por esa ruta y que la Justicia actúe. Hay más de 50 causas.

-¿Cree que la Justicia es muy lenta en este caso?

-Creo que no hubo una real investigación a fondo en todos los datos de las causas. Afortunadamente la justicia provincial unificó todas las causas en un solo fiscal. Esto es un buen paso. Antes teníamos todas las causas dispersas en diferentes fiscales. A partir del trabajo que le pedimos a la justicia rionegrina se está logrando.

-¿Pero por qué cree que la Justicia no se define por avanzar con el desalojo?

-Desconozco por qué. Hay una complejidad de jurisdicciones en donde nadie termina de asumir las responsabilidades. Lo importante es que investiguemos a fondo los delitos. Y que haya firmeza y no ambigüedades. Es decir, que haya firmeza en cuanto a no seguir sosteniendo económicamente a estos grupos. Porque eso hace que esos grupos tomen vuelos que a lo mejor con una gran firmeza de la condena de esto no ocurriría.

-¿Observa un doble discurso desde el gobierno nacional en este sentido?

-Si, creo esto es contradictorio. Más allá de las banderías o miradas ideológicas. Hay que tomar decisiones que no alienten esta situación. Todos los que vivimos en territorio argentino debemos estar bajo la misma ley y las mismas normas. En este marco acompañamos a los vecinos, tolerando enojos que tienen que ver con cansancios.

-¿Qué rol puede tener la Iglesia en todo esto para destrabar el conflicto?

-Podría ayudar. Pero son instituciones que no son reconocidas por estos grupos. Hubo una mesa de diálogo hace un tiempo atrás con la Iglesia. Pero no llegó a buen puerto y no se sostuvo en el tiempo. Igualmente creo que las iglesias siempre tienen un rol positivo.

-¿Piensa que el tiempo apremia ante este conflicto por el cansancio de los vecinos o que puede darse un desborde social?

-Sí, por supuesto. Más que para que no haya un desborde social, para que no haya situación de riesgo permanente entre los vecinos del lugar. Estoy tratando de acercarme a los vecinos para alcanzar una solución y debemos tener firmeza.

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