La Cámara Electoral objetó los gastos de la campaña del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio para las PASO

Una auditoría de la Cámara Nacional Electoral (CNE) detectó un cúmulo de irregularidades en los informes de financiamiento de la campaña para las últimas PASO presidenciales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Por este motivo, en sendos dictámenes que ya están en la Justicia Federal, los auditores del máximo tribunal electoral del país le recomendaron a la jueza María Servini no aprobar la rendición de cuentas presentadas por estas agrupaciones en el orden nacional, hasta que las observaciones no sean subsanadas. La titular del Juzgado Federal Nº1 de la Capital Federal es la que deberá analizar las auditorías, ya que se trata de la rendición de campaña de las primarias presidenciales.

Entre las distintas cuestiones a aclarar, justificar o corregir por las dos principales agrupaciones que compitieron en las últimas primarias, los auditores identificaron una cantidad de donantes cuya capacidad económica o financiera declarada ante la AFIP, en principio, no les permitiría donaciones del monto realizado, por lo que sugirieron a Servini corroborar la “razonabilidad” de sus contribuciones.

También le recomendaron a la magistrada evaluar si la donación de determinados aportantes privados -tanto particulares como empresas - podría implicar una violación de la nueva ley de Financiamiento Político, sancionada en 2019. Por un lado, porque estarían impedidos de contribuir a la campaña por ser concesionarios o contratistas de servicios u obras públicas, o proveedores del Estado. Por el otro, porque varias empresas de un mismo grupo y/o sus directivos aparecen como donantes por separado, pero forman parte de un mismo holding empresario, y la suma de sus contribuciones supera el tope fijado para la campaña para personas físicas y jurídicas.

Entre las tareas que los auditores de la Cámara Electoral le sugirieron a Servini para evaluar la aprobación o no de los informes, figura la citación a un listado de aportantes, para verificar si efectivamente donaron el dinero consignado por propia voluntad y confirmar que no están alcanzados por las prohibiciones previstas en la ley.

La selección de nombres sugeridos se basó en el porcentaje -el 74% en el caso de Juntos por el Cambio y el 36% en el del Frente de Todos- que no presentó la declaración jurada del aporte en la plataforma web de aportes de la Cámara Electoral, o por existir inconsistencias sobre su situación financiera ante la AFIP, o lo elevado del monto donado.

En cuanto a los egresos de fondos para la campaña, la auditoría observó la existencia de numerosos gastos efectuados y no declarados en el informe, o no detallados debidamente. En especial, la Cámara Electoral puso la lupa en los referidos a la publicidad electoral, tanto en medios y redes sociales, como en vía pública, y detectó que ese rubro fue sub-declarado o no se precisó qué medios fueron contratados para el proselitismo político.

Llegó a esta conclusión a partir de haber contratado a distintas consultoras para relevar las apariciones de los candidatos y publicidades de las agrupaciones en las distintas plataformas, y le pidió a los canales de televisión, las radios, portales, diarios y los demás medios que informaran si le habían facturado a las agrupaciones y cuánto habían cobrado.

Ambas agrupaciones políticas presentarán sus respuestas a las observaciones en los próximas dos semanas. También pueden aportar ante el Juzgado Electoral documentación respaldatoria. Ahora será la jueza quien determine cuáles de las observaciones fueron debidamente explicadas, o no, por ambas agrupaciones y, también, puede también mandar de vuelta esas aclaraciones a la Cámara Electoral para que los auditores digan si se subsanó o no lo que habían observado.

“Una auditoría no puede basarse en notas periodísticos o suposiciones, tiene que basarse en hechos comprobables. El plazo vence a fines de septiembre, vamos a responder y adjuntar nuestros informes de Nosis”, sostuvo Santiago Alberdi, uno de los responsables financieros de Juntos por el Cambio, ante la consulta de Infobae, que se quejó del nivel de las observaciones del análisis.

En tanto, Carlos Castagneto, responsable financiero de la campaña del Frente de Todos, afirmó que “son todas observaciones contestables que vamos a responder, y algunas son recomendaciones a la Justicia Electoral”.

Los donantes de JxC objetados

En el informe final de Juntos por el Cambio para las PASO - firmado por María Luz Alegría Landívar como responsable económica de la campaña- se informaron ingresos totales por casi $181 millones, exactamente la misma cifra declarada en gastos. De ese monto, un poco más de $137 millones fueron contribuciones privadas, el 81% de empresas y el 19% de particulares. El resto fueron fondos públicos del Ministerio del Interior para la campaña, incluido el dinero para la impresión de boletas.

Las auditoras del informe de la agrupación -Verónica Lugones y Ana María Barbaró- le recomendaron a la jueza electoral verificar la “razonabilidad del aporte” de un listado de nueve donantes ya que “por su situación tributaria o financiera, no podrían justificar el aporte realizado”.

“El aporte se hizo bancarizado, no se discute el origen del dinero. Pero puede que la persona esté sub-calificada ante la AFIP. Los auditores lo señalan para ver qué quiere hacer el jueza o jueza con esa observación”, explicó una fuente de la Cámara Electoral a Infobae.

De ese listado, dos nombres que aparecen entre los principales aportantes llaman la atención, justamente porque no estaría en duda su capacidad contributiva. Una es Inés Bárbara Bengolea, que donó $4.500.000, el mayor aporte de una persona física a la campaña de Mauricio Macri-Miguel Pichetto, y justo por debajo del tope máximo permitido. De la nieta de Amalia Lacroze de Fortabat, las auditoras advirtieron que “no se encuentra en relación de dependencia” y está registrada como autónoma en la “Categoría T1 Cat. III Ingresos Hasta $15.000”.

El otro es Wenceslao Casares, que aportó $4.371.941, y es el creador del banco on line Patagon y de Xapo, la primera billetera de Bitcoins del mundo. La cifra consignada con centavos llama la atención ya que usualmente las donaciones son en números redondos, aunque desde Juntos por el Cambio le explicaron a Infobae que era el equivalente a USD 100.000 al cambio de ese momento. De Casares, las auditoras señalaron que “no aparece inscripto en autónomos, bienes personales, o impuesto a las ganancias” y, a la fecha de la elaboración de la auditoría, su constancia de AFIP se encuentra bloqueada”, “no posee registros en el ANSSES, ni tampoco se ha podido detectar cobertura por obra social”. También que de “la consulta en la Central de Deudores del Banco Central, no se informa que posea cuenta bancaria”. Juntos por el Cambio no adjuntó el comprobante de la transferencia de su aporte.

Respecto de otras dos empresas que aportaron $4,5 millones, J5 Argentina SRL y SICMA, señalaron que “de la información obrante en esta sede, la facturación estimada anual resulta inferior al aporte”. J5 Argentina SRL tiene sede en Palm Beach (EEUU) y es dueña del equipo Valiente Polo Team donde juega Adolfo Cambiasso. SICMA es una sociedad de inversión de Pérez Companc. En la auditoría se cita una nota de Infobae que informa que la familia Pérez Companc es dueña de la empresa Molinos Río de la Plata, a la que a través de un decreto del Ministerio de Agricultura, en 2018, el Gobierno nacional le condonó una deuda de USD 70 millones con la AFIP por gravámenes a las exportaciones.

En la auditoría también se enumeran aportantes con “un alto endeudamiento en el sistema financiero y compromisos mensuales por encima del aporte realizado”, aunque se aclara que “no obstante mantienen una calificación crediticia normal”. Y se detalla su nivel de deuda con bancos oficiales. Entre ellos figuran Aceitera General Deheza (AGD), que aportó $4 millones y tiene una deuda de más de $575 millones con el Banco Ciudad de Buenos Aires y de más $441 millones con el Provincia de Buenos Aires. Su dueño, el empresario cordobés ex senador justicialista Roberto Urquía es, a su vez, dueño de Nuevo Central Argentino (NCA), concesionaria de los servicios de carga del ex Ferrocarril Mitre.

También Aluar, la única empresa productora de aluminio primario en Argentina y una de las mayores en Sudamérica, que aportó $4,5 millones y tiene una deuda de más de $1.000 millones con el Banco Provincia de Buenos Aires y de más de $500 millones con Banco Ciudad.

El frigorífico Arrebeef SA aportó a su vez $4,5 millones, a la vez que tiene un endeudamiento con el Banco Nación de más de $136 millones. No es el único. También el Frigorifico Rioplatense aportó el mismo monto y le debe al Banco Ciudad $56,5 millones.

En el listado, a su vez, aparece Cheek SA, dedicada a la confección de ropa de bebés y niños, que también está entre las que donaron $4,5 millones para la continuidad del Gobierno de Macri. La firma propiedad de Daniel Awada, el hermano de la ex primera dama, Juliana Awada mantiene una deuda de más de $68 millones con el Banco Provincia y de casi $5 millones con el Ciudad.

En el listado también aparecen dos firmas que integran el Grupo Vicentin, en concurso preventivo desde principios de este año y con una deuda acumulada de más $18.000 millones con el Banco Nación, lo que le valió la apertura de una investigación en la justicia penal con el cambio de Gobierno. Pese a esa situación financiera, este holding santafesino fue uno de los principales financistas de las campaña electoral de Macri. En las PASO presidenciales, Algodonera Avellaneda, que tiene una deuda de $60 millones con el Nación, y Friar SA frigorífico que le debe $75 millones al Banco Ciudad, contribuyeron con $4,5 millones cada una.

Respecto de Vicentin, Alberdi advirtió que en la auditoría se señala que recibió el último préstamo del Banco Nación por $5.700 millones en noviembre de 2019, pos posterioridad a las PASO. “No podemos hacer futurología”, afirmó.

Los “grises” de la ley

La nueva ley de Financiamiento de Partidos Políticos prohíbe las contribuciones de “permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores” de la Nación o las provincias. La sanción no recae sobre el aportante sino sobre la agrupación política que recibió el aporte.

Respecto de los que estarían impedidos de hacer aportes para la campaña por este motivo, la auditoría menciona a Control Unión Argentina, que aportó $3 millones y a Naldo Lombardi SA que hizo lo propio con $500.000, ya que ambas “están inscriptas en el sistema de la Dirección General de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos”. También le advierte a Servini que estaría incumpliendo la ley Arrebeef SA, “adjudicada por la Secretaría de Energía a través del Programa RenovAr Ronda 2 de noviembre de 2017, como proveedor de energías renovables –tecnología biogás- con un compromiso de suministro por 20 años”.

La norma no explicita si esta limitación alcanza a las relaciones “indirectas”. Por eso la auditoría advierte sobre las vinculaciones entre aportes de particulares que son directivos de empresas con negocios con el Estado, así como aportes de firmas que si bien no son concesionarias o contratistas de obras o servicios públicos, integran un mismo grupo empresario, que sí tiene negocios con el Estado.

En este sentido, la auditoría le recomienda a la jueza electoral evaluar si violan la ley o no una serie de aportes. Entre ellos figura el aporte de $3 millones hecho por Héctor Alfredo Poli, director de Pluspetrol, empresa que opera en la explotación del yacimiento Vaca Muerta, y resultó autorizada en marzo de 2019 por la Secretaría de Energía a exportar gas a Chile, desde el yacimiento Centenario Centro ubicado en la Cuenca Neuquina.

“La ley dice que el aportante no tiene que ser proveedor o concesionario del Estado. La consulta a las páginas web de sitios oficiales arroja si alguna vez tuvo alguna contratación. Pero en la auditoría no se especifica si es proveedor o concesionario al momento del aporte. Si hubo una concesión, se debe marcar cuándo fue y por cuánto tiempo”, afirmó Alberdi ante Infobae.

Las auditoras de la Cámara Electoral también pusieron la lupa sobre el aporte del Grupo Emes SA que donó $4,2 millones, y el de Orígenes Seguros de Retiro, de $4,5 millones. Ambas firmas son del empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía que opera en la explotación del yacimiento Vaca Muerta y que controla la firma SACDE, anteriormente llamada IECSA cuando estaba en manos de su anterior dueño, Angelo Calcaterra. Esta constructora construyó un tramo del Paseo del Bajo, además de participar del Soterramiento del tren Sarmiento.

Una situación similar se da con Aceitera General Deheza (AGD) y su aporte de $4 millones, la alimenticia Niza SA con $3,5 millones, y Aceitera Chabás con $2,5 millones. Todas son parte del holding AGD del empresario cordobés y ex senador peronista Roberto Urquía, a su vez, dueño del Nuevo Central Argentino (NCA), concesionaria de los servicios de carga del ex Ferrocarril Mitre.

Otras firmas que quedaron en ese “gris” de la ley que deberá dirimir la Justicia electoral son Compañía Petrolera Refinadora SA, que hizo una contribución de $1,6 millones, y Canteras Cerro Negro SA, vinculadas por las auditoras a CPC Comunicaciones SA. Esta empresa fue contratada por el gobierno porteño, el bonaerense y la ex secretaría de Modernización de Nación, según se señala en la auditoría.

Asimismo, Servini deberá evaluar los aportes de Petromix (por $4 millones), subsidiaria de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y presidida por Martín Fernando Brandi, quien aportó otro $1 millón. PCR es una cementera, productora y distribuidora de hidrocarburos que también tiene desarrollo de energías alternativas. En 2016 fue “adjudicada por la Secretaría de Energía de la Nación, a través del Programa RenovAr Ronda 1.5, como proveedora de energía eólica con un compromiso de suministro a largo plazo”. También se quedó con la licitación del Parque Eólico del Bicentenario en la provincia de Santa Cruz impulsado durante la gestión de Macri, e inaugurado en junio del 2019.

Las auditoras también advirtieron que en las PASO las agrupaciones políticas no podían recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al 2% de los gastos permitidos para esa campaña, establecido por la Cámara Electoral en $4.620.494. Y si bien destacaron que el límite individual de aportes no supera el aporte máximo permitido, enumeran las empresas aportantes que formarían parte de un mismo grupo económico, o con aportes de sus directivos. Entre ellas, Niza y Aceitera Chabás del Grupo AGD; Cobranzas Regionales SA, Tarjeta Naranja, Tarjetas Regionales, Ondara SA y Sudamericana Holding SA, todas del Banco Galicia; Grupo Emes y Orígenes Seguros de Retiro, del Grupo Pampa de Marcelo Mindlin; y de Petromix y su presidente, Martín Fernando Brandi.

Este “gris” sobre si deben sumarse o no los aportes de campaña de empresas o directivos de un mismo holding -que pueden funcionar como un aporte empresario encubierto- es uno de las observaciones respecto de las cuales la Justicia electoral deberá dilucidar si constituye una infracción a la ley o no.

Si las rendiciones de campaña presidencial fueran finalmente desaprobadas por Servini, las agrupaciones pierden un porcentaje de la próxima asignación de fondos del Estado, aunque sea año no electoral, equivalente a lo que percibieron para la campaña desaprobada. “Se lo descuenta de los próximos aportes públicos hasta llegar al monto de la sanción. Como generalmente van en alianza, la sanción se aplica a los partidos que la integraron. Lo único que no le sacan es el aporte para imprimir boletas”, explicaron en la Cámara Electoral. Ademas, pueden inhabilitarse a los responsables financieros de las alianzas o partidos.

Observaciones sobre los gastos de JxC

El principal ítem observado de los gastos electorales se refiere a la publicidad, un rubro que se llevó casi $151 millones de los gastos totales de la campaña declarados por Juntos por el Cambio.

La auditoría advirtió también que no se incluyó un detalle de los medios web a los se destinaron los $11 millones gastados en “Propaganda en Internet”, los $2 millones en “Propaganda en Otros Medios” y los casi $67 en “Propaganda en Redes Sociales”. Estos conceptos fueron facturados por Juntos por el Cambio a la firma Global Mind SA. Lo mismo sucedió con la publicidad en “Medios Digitales” por $5,6 millones, que no tiene el desglose de medios en los que se pautó.

En cuanto a la campaña en la vía pública, rubro en el que la fórmula de Macri-Pichetto informó un gasto de $25,4 millones, la auditoría encargada por la CNE a Alberto Scopesi & Cía reveló que hubo 29 publicidades por $8 millones que no fueron declaradas en el informe final de Juntos por el Cambio. La cifra surge del cálculo realizado sobre la base de valores tarifarios referenciales.

A partir del relevamiento sobre medios gráficos y online sobre las actividades de los precandidatos realizado por la empresa International Media Indarsist Estudio Informático, contratada por la CNE, y el clipping hecho por el propio Tribunal, se detectaron gastos no informados de actos de campaña difundidos en distintos medios de comunicación, que insumieron contratación de lugares, gastos de alojamiento, traslados y contrataciones varias que no fueron incluidos en el informe.

Entre ellos, se destacan el “lanzamiento de una aplicación de prueba para convencer a indecisos”, respecto de la cual “la agrupación no informa gastos en desarrollo y lanzamiento de aplicaciones”; la tarea del consultor Jaime Durán Barba como asesor presidencial cuyos honorarios no figuran en el informe; y el uso del helicóptero presidencial para actividades proselitistas.

En cuanto al relevamiento de la publicidad en medios web, encargado por la CNE a la firma Acelera2.com, la auditoría concluyó que se identificaron “cuantiosas propagandas en medios digitales durante el período de pre-campaña y campaña del año 2019, las cuales no pudieron ser vinculadas con la documentación presentada en autos, debido a que la misma no presenta ningún detalle de los servicios facturados”.

Los donantes del Frente de Todos

La alianza que se impuso en las PASO y luego en las generales declaró ingresos para la campaña por casi $76 millones, menos de la mitad del dinero declarado por Juntos por el Cambio para las primarias. De esa cifra, $36,6 millones fueron fondos de donantes privados, y los casi $40 restantes fueron aportes del Ministerio del Interior, que se dan a todas las agrupaciones para la campaña y la impresión de boletas.

A su vez, el Frente de Todos declaró en el informe, firmado por Ariel Mauricio Saegh, gastos por $73,4 millones, una cifra también muy por debajo de los informados por la coalición hoy opositora. El monto es muy inferior, también, a lo que estiman los expertos para una campaña presidencial, que en total -para la primaria y la general- puede llegar a requerir unos USD 100 millones en total.

Al igual que con los aportantes de JxC, los auditores de la CNE -en este caso fueron Verónica Lugones y Emiliano López Olaizola- identificaron once personas que “por su situación tributaria o financiera, no podrían justificar el aporte realizado”. Entre ellos, hay seis empleados del gobierno de Tucumán.

Se destaca por el monto de su aporte -casi $1,8 millones- Tomás Ise Figueroa. Tal como reveló Infobae, este abogado oriundo de Santiago del Estero es empleado planta permanente del Senado con la categoría más alta. Actualmente se desempeña como asesor de la senadora chaqueña del oficialismo María Inés Pilatti Vergara.

Los auditores advirtieron que “dentro del sistema financiero, presume ingresos anuales no mayores a $137.786 y compromisos mensuales por $43.363” y “en la AFIP aparece registrado como autónomo Tabla I - Categoría III (ingresos anuales hasta $15.000)”. Según los auditores, Figueroa además está vinculado con la empresa Dogana, inscripta en el registro de proveedores del Gobierno porteño y en sistema Comp.Ar de contrataciones públicas, dependiente del gobierno nacional.

En cuanto a las empresas, los auditores posaron la lupa sobre Arroyo Ubajay SA que aportó $1.800.000 millones, ya que “su facturación anual no es mayor de $3.421.291”. Se trata de una inmobiliaria de Walter Grenón, quien a través también de su otra empresa, la financiera Nexfin, fue el mayor benefactor de la campaña presidencial de Alberto Fernández para las PASO, quien contribuyó a su vez con la misma cantidad de dinero para la campaña a título personal.

Si se suma el tercer aporte de igual monto que hizo a través de Nexfin, Grenón donó en total $5.400.000 millones, casi $800.000 más que el monto máximo de aporte permitido a una persona física o jurídica para la campaña presidencial en las PASO, establecido para esta campaña en $4.620.494. Por este motivos, los auditores le sugirieron a la jueza evaluar si estaría violando o no la ley de Financiamiento Político. Aunque Castagneto señaló que “el tope rige para personas físicas y por otro lado, para personas jurídicas por el otro, y se trata de CUITs separados. En nuestro caso, no se supera el tope el monto por persona física o por personas jurídicas”.

Por tener “una facturación anual no mayor de $3.421.291”, los auditores también le sugirieron a la jueza corroborar el aporte de $1,4 millones hecho por Servicios El Tata SRL. En tanto, Textil de los Andes SA, si bien aportó solo $20.000, registra “deuda fiscal y gran cantidad de cheques rechazados”, con una calificación crediticia “irrecuperable”.

En cuanto a aportantes que podrían no estar habilitados para donar dinero con fines proselitistas por ser contratistas de servicios u obras públicas, concesionarios o proveedores de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires, la auditoría señala a la mencionada Nexfin SA, de Grenón. Esta financiera se asoció al Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLYC) de Misiones para comercializar dentro de esa provincia una tarjeta de compra y de crédito destinada los empleados públicos y de empresas privadas. Grenón fue nombrado representante de este consorcio entre el IPLYC y Nexfin. Este financista de origen santafesino expandió sus negocios en la provincia de Entre Ríos y actualmente vive en la Ciudad de Buenos Aires. Es dueño de la Red Mutual, que opera en siete provincias argentinas, y se dedica a préstamos a través de mutuales. Con la anuencia de los gobernadores consiguió el manejo de los códigos de descuento de créditos que se debitan directamente de los recibos de sueldo de los empleados provinciales.

La ley de Financiamiento Político prohíbe las contribuciones de personas humanas o jurídicas que “se encuentren imputadas en un proceso penal en trámite por cualquiera de las conductas previstas en la ley penal tributaria vigente”. Grenón fue denunciado penalmente en 2015 por el entonces fiscal antilavado Carlos Gonella como partícipe de una presunta maniobra de evasión tributaria, a través de la Asociación Mutual Solidaria (AMUS) perpetrada por el Grupo Etchevehere integrado, entre otros, por Luis Miguel Etchevehere, entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de Agroindustria durante la gestión de Macri. La causa sigue abierta en el Juzgado Federal de Paraná.

Otras de las empresas señaladas en la auditoría es Providers SA, que donó $525.000. La auditoría señala que la firma se encuentra inscripta en el sistema COMPR.AR de la Secretaría de Modernización del Gobierno Nacional, y resultó adjudicada en agosto de 2018 para proveer el servicio de internet a la Secretaría de Comunicación Pública de Tucumán. En tanto, Multimedios Regional SA, aportante por $395.000 de la campaña del Frente de Todos, también recibió otro contrato de ese mismo organismo tucumano.

La provincia norteña fue una cantera de recursos para la campaña presidencial de la fórmula Fernández-Cristina Kirchner. Del total de aportes de particulares, 37 son de empleados del gobierno provincial de Tucumán. Otros 47 son empleados de la Municipalidad de Lomas de Zamora, y 22 de la Municipalidad de Almirante Brown, ambas en la Provincia de Buenos Aires. “No hay ningún impedimento de aportar a los que trabajan en el empleo público”, sostuvo Castagneto.

Los auditores también analizan en su informe los aportes de dos firmas vinculadas a asociaciones sindicales, patronales y profesionales”, prohibidos en la ley de Financiamiento. Una es Edificar Seguros, que puso $500.000 y está vinculada al gremio de los encargados de edificios que conduce Víctor Santa María, presidente del PJ porteño. Sin embargo, destacaron que “se verifica la presentación del comprobante de la devolución y consta el debito en la cuenta de la Alianza”.

La otra es Portland Administradora Fiduciaria SA, que comparte autoridades con la Corporación Inmobiliaria Argentina, y donó $250.000.

La de Edificar Seguros no fue la única devolución de aportes. El Frente de Todos también informó la devolución de otros cuatro aportes, todos de $900.000. Uno fue el de Aluar. “Nos salía como proveedor del Estado, pero luego nos explicó que no le vendían directamente al Estado, así que en realidad estuvo mal devuelto”, explicó Castagneto. Otra, de Coccaro Hnos Construcciones por tener obra pública en Tierra del Fuego; el tercero, de Servicios Privados Postales SA con una licitación con el gobierno de la provincia de Tucumán; y el cuarto, de Logísticas Integrales SA por ser proveedor del Estado, según detalló el actual Director de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.

Los gastos del Frente de Todos

La alianza que se impuso en las elecciones informó haber gastado $49 millones en publicidad para la campaña de las PASO. De ese monto, $10 millones fueron para proselitismo en redes sociales, para las que se contrató a la empresa DIG ADS S.A. Sin embargo “en las facturas presentadas no existe detalle alguno de los espacios contratados, como ser: cuentas que realizaron las contrataciones, duración, período, proveedor, importe, etc.”, advirtieron los auditores de la CNE.

En el relevamiento en medios gráficos, televisivos y online sobre la actividad de las agrupaciones políticas y los precandidatos realizado por la empresa Indarsist Estudio Informático S.R.L. (Global News), se detectó que el Frente habría realizado 13 actos, recorridos y encuentros de campaña en distintas partes del país “cuyos gastos no se encontrarían incluidos o no ha podido ser identificada su inclusión en el informe” presentado.

Los auditores también le recomendaron a Servini requerir el costo total de los gastos por las presentaciones del libro Sinceramente en distintos lugares del país, realizados por Cristina Kirchner, en la medida que estos actos podrían ser considerados como parte de la campaña. Y mencionaron la presentación del 3 de agosto del año pasado, que la entonces precandidata a la vicepresidencia realizó en el estadio de Malvinas Argentinas, con una presencia estimada de 10.000 asistentes, entre los que se encontraban Sergio Massa y Axel Kicillof, integrante de la fuerza política que ganó las elecciones y candidato a gobernador bonaerense, respectivamente.

Los auditores también señalaron que hubo publicidad del Frente y sus candidatos en Internet no incluidas en el informe presentado por la agrupación política, aunque en mucha menor proporción que JxC, según el relevamiento realizado por la empresa Acelera2.com. Lo mismo sucedió con la publicidad en la vía pública, aunque en el caso del Frente de Todos la contratación de espacios no incluidos en el informe de rendición de gastos fueron solo cuatro, en la ciudad de Rosario.

Mientras tanto, el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Electoral -conformado por 14 integrantes- ya está trabajando en el análisis de los informes finales de la rendición de campaña de las elecciones generales de octubre pasado.

Informes del 2015 desaprobados

En julio de 2017, la jueza Servini desaprobó las rendiciones de campaña de la mayoría de las alianzas que participaron en las elecciones presidenciales de 2015, entre ellas las de Cambiemos (que llevó como candidato a presidente a Macri), la del Frente para la Victoria (que tuvo como candidato a Daniel Scioli), la de Unidos por una Nueva Alternativa (Sergio Massa) y la de Compromiso Federal (Adolfo Rodríguez Sáa). Los únicos aprobadas fueron los del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Nicolás Del Caño) y Progresistas (Margarita Stolbizer). La Cámara Nacional Electoral dispuso meses más tarde que estaban para desaprobar pero que había que investigar si no había infracciones que merecieran una sanción especial. Desde entonces, las rendiciones están nuevamente en manos de la jueza electoral, que aún no dio su dictamen final.

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