El Instituto de Asuntos Indígenas defendió su rol en Villa Mascardi: “Vamos a demostrar que la represión no es el camino”

Villa Mascardi sigue en tensión por la ocupación de terrenos por parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Los intereses y las estrategias difieren, y el nerviosismo empieza a jugar su propio partido entre los funcionarios a cargo de resolver el conflicto. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, le puso un nombre y apellido a la falta de avances: Magdalena Odarda, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

“En Villa Mascardi veo una participación del INAI que no es constructiva. Debería poder distinguir a las comunidades mapuches de un grupo violento que no reconoce al Estado nacional”, apuntó Carreras a la encargada del organismo.

El fuego cruzado sorprendió en las oficinas de la ex senadora de Río Negro mientras encabezaba una actividad por la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena. “No vamos a responder a los agravios. Seguiremos trabajando denodadamente en una salida que tenga que ver con la reivindicación de derechos de todas las personas”, señaló Magdalena Odarda a Infobae. “Vamos a demostrar que el camino de la represión y de las balas no es el camino correcto en un Estado de derecho, no no vamos a mover ni un ápice de esa posición pacífica”.

Odarda forma parte de la mesa de diálogo impulsada por el Gobierno nacional para resolver el conflicto en Villa Mascardi, y que integran también las ministras Sabina Frederic (Seguridad) y Marcela Losardo (Justicia), entre otros funcionarios. La llave de la disputa entre propietarios y ocupantes no depende de una sola jurisdicción, pero el INAI tiene una tarea específica: es la autoridad de aplicación de la Ley 26.160, que establece un registro territorial de los pueblos originarios. Se trata de un relevamiento técnico que permite indicar si las tierras ocupadas –entre ellas, el paraje turístico ubicado a 34 kilómetros de Bariloche– tienen un fundamento antropológico e histórico desde el punto de vista indígena. En buena parte de esos terrenos hay parques nacionales o tierras fiscales.

El malestar de los propietarios de Villa Mascardi es un foco de preocupación para Carreras. En un contexto de creciente tensión, la gobernadora se mostró disconforme con que el INAI no se haya pronunciado categóricamente por “la condena de la violencia, provenga de quien provenga”, en alusión a la Lafken Winkul Mapu, el grupo denunciado por llevar adelante incendios y ataques en la zona. De esa manera, la mandataria sembró dudas al indicar la existencia de “intereses políticos” en las ocupaciones.

“Desde ningún punto de vista nosotros incentivamos ninguna toma. Esta situación que se da en Villa Mascardi data de 2017, cuando no habíamos asumido. Si tienen algún elemento de prueba de que el INAI tiene algún tipo de participación como una reivindicación indígena, que lo aporten, no lo van a encontrar”, desafió Odarda, quien además aclaró que su área “no tiene nada que ver con resolver actos de vandalismo”.

Tras la muerte violenta del joven Rafael Nahuel en un operativo del grupo Albatros de Prefectura Naval, la complejidad del conflicto en Villa Mascardi se agravó. El gobierno de Mauricio Macri intentó resolverlo a partir del método del desalojo, pero esa opción trajo aparejados mayores enfrentamientos. Con el recambio presidencial, el abordaje de la problemática giró 180 grados. Tanto, que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, llegó a decir que las tomas de tierras no eran un problema de seguridad y que los desalojos estaban prohibidos durante la cuarentena, en una interpretación laxa de un decreto del Poder Ejecutivo que los suspende en los casos en los que media un contrato de alquiler legal que no puede cumplirse durante la pandemia.

Tras rectificarse, Frederic quedó de todos modos como una de las encargadas de implementar la nueva directriz. Desde hace meses, la ministra de Seguridad lleva adelante un protocolo de negociación para la resolución alternativa de los conflictos con los pueblos originarios. La primera experiencia de laboratorio de este dispositivo fue en mayo, en la comunidad Buenuleo ubicada en el Cerro Ventana.

En el marco de esa dinámica, el INAI es uno de los interlocutores clave de las comunidades, ya que es la órbita encargada de supervisar si aplica el derecho de los pueblos originarios a acceder a sus tierras ancestrales. Sin embargo, la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus puso en pausa este registro catastral. No así las ocupaciones y la espiral de violencia en la zona.

En esa dirección, Odarda mantuvo ayer una reunión virtual con colectivos indígenas de Río Negro para avanzar en la implementación de la Ley 26.160. En el encuentro, estuvieron representantes del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche y funcionarios del Instituto. Son todos actores reconocidos por el gobierno rionegrino. Hoy, algunas de estas organizaciones mapuches se movilizaron con una olla popular para reclamar “el acceso igualitario a la tierra” y “contra la demonización de los sectores populares”.

La puesta a punto de este plan de relevamiento tomó nuevo impulso en los últimos días de agosto, en paralelo al recrudecimiento de la tensión política y social en la comarca andina. En esa discusión, intervienen además los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Defensa. La puja es presupuestaria, pero también depende del “criterio político del INAI, a fin de jerarquizar los relevamientos” territoriales pendientes, según advirtieron. La tarea involucra la participación de los pueblos originarios que no están exentos de cortocircuitos entre sí. Uno de los casos es la Lof Wiritray, que reniega de los “encapuchados” de Winkul Mapu. Según referentes mapuches, existen varios grupos a los que tampoco les interesa ser reconocidos por el Estado, aunque en el INAI aclararon que van a trabajar “con todas y cada una de las comunidades del país”. La gobernadora de Río Negro, en cambio, reclama diferenciar a quienes ejercen violencia como método.

Lo cierto es que la disputa en la belleza natural de la Patagonia escaló al centro de la escena y, tras la fallida gestión de Cambiemos, ahora son los funcionarios del gabinete de Alberto Fernández los que deberán resolver la ocupación en Villa Mascardi. Mientras tanto, las protestas en Río Negro contra los hechos de violencia crecen y presionan a las autoridades. Este sábado hubo nuevas marchas en la región.

“Los dirigentes políticos de todos los partidos deberían estar convocando a la paz y a la serenidad y a buscar una solución pacífica del conflicto”, se quejó Odarda. La gobernadora Carreras reclama a su vez que no existan ambigüedades en la condena de la violencia.

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