La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, afirmó este sábado que “la toma ilegal de tierras constituye un delito” y se refirió a las usurpaciones de terrenos que hubo en su provincia en las últimas semanas, las cuales “tienen profundas diferencias”.
“Son realidades diferentes, pero en ambos casos las tomas son sobre tierras nacionales y con jurisdicción federal. En El Bolsón, la propiedad es del INTA y sus ocupantes son personas que carecen de vivienda en El Bolsón. Pero han venido de otras provincias también, con sorpresiva coordinación, y eso genera una demanda en materia de seguridad en una localidad que está muy presionada y al límite con su propia población. Se trata de una tierra muy apreciada por la comunidad”, precisó Carreras.
“En Villa Mascardi (la tierra) es del Parque Nacional Nahuel Huapi y muy valiosa desde la perspectiva ambiental y de conservación. Allí hay personas que se identifican con la comunidad mapuche. No podría decir con exactitud quiénes son, porque están encapuchados en forma permanente y reivindican algunas cuestiones que tienen que ver con el origen mapuche pero son muy violentos y tienen un discurso anarquista”, describió la gobernadora.
Para la mandataria rionegrina, las tomas en El Bolsón y Villa Mascardi “son problemas complejos de difícil solución” y remarcó detrás de esas acciones “se cruzan intereses políticos”.
En ese sentido aclaró, apuntando contra el organismo que hoy preside la ex senadora nacional Magdalena Odarda: “En el caso de El Bolsón no lo puedo afirmar pero en Villa Mascardi veo una participación por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que no es constructiva. Debería poder distinguir a las comunidades mapuches de un grupo violento que no reconoce al Estado nacional. No hay que dar lugar a especulaciones y ser claro en la condena de la violencia, provenga de quien provenga”.
En las últimas dos semanas, el Gobierno nacional mantuvo varias reuniones con todos los actores involucrados en la situación de Villa Mascardi, con el objetivo de fijar condiciones para un futuro acuerdo que permita poner fin a este conflicto, que lleva más de tres años.
De las reuniones participaron funcionarios nacionales de los ministerios de Justicia y Seguridad, representantes del gobierno provincial y local, y los abogados de la comunidad mapuche que protagoniza las ocupaciones de tierras.
“Todo lo que se manifiesta es real. Hay un problema habitacional en la Argentina y efectivamente hay muchas personas que no logran acceder a su casa, lo alquileres están por las nubes y los salarios no alcanzan; pero también hay un problema de seguridad e ilegalidad porque la toma irregular de tierras constituye un delito y uno tiene que ser claro porque si no el ciudadano que cumple con las normas se siente desplazado”.
Carreras, que está en permanente diálogo con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, también se refirió a la denuncia que fue presentada contra los vecinos que participaron de una protesta contra las tomas de la cual ella también fue parte: “El hartazgo de la población que vive en Bariloche y Mascardi es en relación a la violencia que venimos sufriendo desde hace 3 años. Eso fue lo que generó esa reacción”.
Aclaró que “no hay una controversia de fondo con el gobierno nacional pero sí tenemos otras urgencias por vivir en este lugar”. La gobernadora entiende que “el diálogo es la forma” y dijo que trabaja para que “no vuelva ocurrir otra tragedia como el asesinato de Rafael Nahuel en el intento de desalojo del lugar”. Y justamente este es uno de los principales motivos por el cual se demoran las tomas de decisiones.
Aunque admitió que aún no pudo hablar del presidente Alberto Fernández sobre este tema, Carreras es consciente de que los integrantes de su gabinete le transmiten sus inquietudes. “Con los funcionarios que hablo coincidimos en ser cautos en el abordaje de la situación para evitar enfrentamientos entre vecinos y que termine alguien lastimado. Recurriré al Presidente si sintiera que el gabinete no tiene el compromiso que tuviera que tener, pero sí lo tiene”, concluyó.
Este jueves, la ministra Frederic tuvo que dar marcha atrás con sus declaraciones al afirmar que “las tomas de terrenos son ilegales” y se mostró preocupada por la situación que se estaba dando en distintos puntos del país. Pero antes, había afirmado que las usurpaciones no eran “un tema de seguridad”.
Las declaraciones de la Ministra fueron brindadas en una conferencia de prensa que encabezó junto a autoridades de YPF y de la AFIP, donde informó sobre un operativo de robo de combustibles. Frederic se refirió a la problemática de la toma de tierras y precisó que “la Justicia interviene y toma la decisión de que las fuerzas federales realicen determinadas acciones de custodia o desalojo”.
“Es la Justicia la que define el temperamento a adoptar y estamos a disposición de la Justicia, que define qué hacer en cada uno de los casos”, reiteró Frederic. Para la funcionaria, la toma de tierras “no es la forma de resolver el problema, y nuestro Gobierno está tratando de resolver muchos problemas en medio de una pandemia y todo se hace más difícil, porque hay muchas áreas del Estado que están comprometidas en asistir la emergencia”.
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