La alianza de sindicatos y movimientos sociales criticará la demora oficial en terminar 25.000 viviendas sociales

Los cinco sindicatos y los movimientos sociales que lanzaron el Plan de Desarrollo Humano Integral (PDHI) avanzarán un paso más en su alianza y se meterán en un terreno espinoso: en las próximas horas difundirán un documento con críticas a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, por ejecutar sólo un 20% del presupuesto del área y mantener sin terminar 25.000 viviendas sociales en todo el país.

Como un preámbulo de esa decisión, Juan Grabois, uno de los líderes de la coalición que motoriza el PDHI, publicó este jueves en su cuenta de Twitter un cuestionamiento a Sergio Berni por haber acusado a las organizaciones sociales de fomentar la toma de tierras y, de paso, también criticó a Bielsa: “Debe responder a la crisis habitacional sin excusas burocráticas y nuestro gobierno, cumplir su contrato electoral”.

El Frente Patria Grande, agrupación política que encabeza Grabois, también publicó hace 24 horas en las redes una declaración en la que, tras afirmar que las tomas de tierras que se producen “son consecuencia del hacinamiento y de las condiciones precarias de vivienda”, destacó que “el déficit habitacional se resuelve con políticas públicas de acceso a la vivienda, de integración urbana y de acceso a lotes con servicios” y consideró que el ministerio de Bielsa “ha mostrado una enorme incapacidad para concretar estas políticas”.

Los impulsores del PDHI se quejan de que Bielsa no les atiende el teléfono para hablar del eventual apoyo de su ministerio al plan y aseguran que la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat será decisiva para el desarrollo de la propuesta, que contempla crear 4 millones de puestos de trabajo, “repoblar la Argentina” y conectarla con transporte multimodal y entregar tierras a las comunidades agrarias, entre otras medidas.

En el documento fundacional, que lanzaron el 10 de agosto pasado, los sindicatos y movimientos sociales sostuvieron que “la construcción es un sector clave para un plan de reactivación económica nacional” porque “permite atender al mismo tiempo el problema del desempleo y del déficit habitacional”.

“Consideramos que deben priorizarse como líneas de acción la provisión de servicios básicos a los barrios populares, la construcción de nuevas urbanizaciones y el desarrollo de viviendas sociales. Vemos, sin embargo, que sin un plan general y unidad ejecutora claramente establecido se perderá esta oportunidad”, advirtieron los sindicalistas y dirigentes de los movimientos sociales en su propuesta conjunta.

En otra parte del documento se menciona entre los “módulos vertebradores” del PDHI el objetivo por el cual sus responsables también quieren hablar con Bielsa: “Finalización de viviendas sociales abandonadas”.

Las críticas a Bielsa, curiosamente, provendrán de una alianza en la que figuran dirigentes gremiales alineados con el Gobierno como Gerardo Martínez, de la UOCRA; Pablo Moyano, de Camioneros; Ricardo Pignanelli, de SMATA, y Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria (el quinto sindicalista, Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento, se mantiene en una posición autónoma de la Casa Rosada). Y entre los miembros de los movimientos sociales están Grabois, que apoya al oficialismo pero mantiene su independencia, y Daniel Menéndez, integrante de Barrios de Pie y funcionario: es subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social.

A esta altura, la alianza de estos dos sectores ya funciona como una especie de central obrera paralela, con una agenda propia, un perfil político definido e incluso la incorporación de dos nuevas organizaciones gremiales: se acaban de sumar los dirigentes Oscar Mangone (Federación del Gas) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), quienes representan actividades cruciales para una propuesta que incluye “la urbanización de los 4425 barrios populares existentes” y la “creación de nuevas urbanizaciones populares”.

Tal como les prometió Sergio Massa cuando se reunieron, los equipos técnicos del PDHI ya tienen una oficina en la Cámara de Diputados para trabajar en los detalles de la propuesta: están dedicados a la letra chica del financiamiento propuesto para poner en marcha el plan, con un gran protagonismo del economista Agustín D’Attellis, que asesora a la Unión Ferroviaria, uno de los sindicatos que participan de la iniciativa.

El presidente de la Cámara de Diputados, además, les aportó a los impulsores de la propuesta un equipo de su confianza para que se sume a trabajar con los técnicos que elaboraron el plan y así lograr que las medidas vinculadas con la generación de empleo y de transporte se conviertan en proyectos de ley, cuya sanción podría impulsar el Frente de Todos: se trata del economista Diego Bossio, el secretario general de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Cheppi, y el diputado oficialista Federico Fagioli.

Por otra parte, se está avanzando en la firma de convenios con distintas universidades para que también hagan su aporte técnico a las distintas etapas del PDHI con el fin de darle más sustento al plan (se está perfeccionando, sobre todo, el capítulo relacionado con el financiamiento de la propuesta). Y la idea es mantener un encuentro final con Alberto Fernández para presentarle el proyecto y, en caso de que lo apruebe, conseguir el compromiso de todas las áreas del Gobierno para facilitar su instrumentación.

La alianza que impulsa el PDHI originó malestar entre algunos dirigentes de la CGT que miran con recelo el acercamiento sindical a los movimientos sociales, sus viejos rivales en el control de la calle, y, en particular, la participación de un integrante de la mesa chica cegetista como Gerardo Martínez al lado de Pablo Moyano, un enemigo declarado de la cúpula de la central obrera (y, sobre todo, de su cotitular Héctor Daer).

Por eso la CGT no quiso quedarse atrás y convocó a los mismos movimientos sociales para hablar de un plan postpandemia con eje en la reactivación económica, aunque previamente la mesa chica cegetista había fijado sus límites: mantendrían el encuentro cara a cara, pero les seguirán bloqueando su ingreso a la central obrera.

Esa postura motivó que Grabois y Menéndez no concurrieran a la reunión, que se hizo la semana pasada en la sede de la UOCRA: es que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el sindicato creado por los movimientos sociales, fue presentado en sociedad en diciembre pasado y ya pidió formalmente la incorporación a la central obrera. Pasaron nueve meses, pero, hasta ahora, nadie de la CGT les respondió.

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