El Senado aprobó el DNU que declara servicios públicos a la telefonía, internet y la televisión paga

En una extensa sesión de diez horas, con críticas de la oposición a los últimos acontecimientos en la Cámara baja en torno al vencimiento del protocolo de funcionamiento virtual y el tratamiento de la reforma judicial, el Frente de Todos impuso su mayoría en el Senado y le dio media sanción al DNU de Alberto Fernández que declara servicios públicos a la telefonía, internet y la televisión paga. Fue por 46 votos a favor y 26 en contra de la bancada de Juntos por el Cambio, y el decreto deberá ahora ser aprobado definitivamente en Diputados.

Fue el senador Martín Lousteau el que esgrimió algunas de las principales críticas a la medida, anunciada el mes pasado por el Presidente. “Es súbito, no tiene contenido específico, genera incertidumbre y discrecionalidad y atenta contra las inversiones. ¿Con esto incentivamos la inversión de miles de millones que se necesitan para el 5G en Argentina y cerrar una brecha con el resto del mundo? La respuesta es no”, resaltó el radical que, como el resto de sus colegas de bloque, sí se mostró abierto a apoyar un congelamiento de precios: “Es justo y necesario”.

Todos los senadores opositores, que con discursos moderados rechazaron el decreto, se mostraron favorables a la decisión del Gobierno de frenar los aumentos de precios. Pero le dieron la espalda al resto de la iniciativa, por su impacto en los planes de inversiones del sector y la incidencia, por ejemplo, en las cooperativas del interior del país. Y a la forma de impulsarla, a través de un decreto de necesidad y urgencia.

“Cuánta elegancia a veces para decir que no cuando en realidad es sí. Demasiada capacidad para el firulete cuando en realidad estamos debatiendo casi en el marco de una coincidencia”, mechó Alfredo Luenzo, del Frente de Todos, entre las exposiciones de la oposición. “No estamos estatizando absolutamente nada”, agregó.

“La embajada de Finlandia contradijo al propio Presidente cuando dijo que se copiaba al modelo finlandés. Ese es el modelo de improvisación”, machacó Esteban Bullrich.

En la misma sesión, que Juntos por el Cambio cuestionó en el inicio por su convocatoria urgente y el temario de último momento -”Es una sesión a las apuradas que no estaba prevista, hay una agenda de la sociedad de la que también el Senado tiene que hacerse cargo”, señaló Luis Naidenoff, jefe del interbloque-, el kirchnerismo convalidó además otros cinco DNU. Entre ellos, el que publicó el Presidente para derogar uno anterior sobre la intervención y expropiación fallida de Vicentin.

Naidenoff, en el cierre final, adelantó en ese sentido el acompañamiento de Cambiemos a dicha derogación: “No alcanzó con las observaciones de la propia oposición, se movilizó la sociedad, se equivocaron, el Presidente chocó la calesita, es así, listo”. Después, cargó contra la sanción de la reforma judicial, la semana pasada. “Nosotros sinceramente cuando el Presidente tomó la decisión de dar marcha atrás con la expropiación, me parece que fue una bocanada de aire fresco. Pero no aprendieron la lección, y lo vimos la semana pasada. Lo demostraron con la reforma de la reforma de la reforma. Crearon 675 cargos en minutos”, remarcó.

La aprobación de la norma que dejó sin efecto la avanzada sobre la empresa Vicentin tuvo acompañamiento unánime del Frente de Todos y de Cambiemos, con excepción de Lucila Crexell y de Carlos Reutemann, aliados coyunturales de la oposición.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio aprovechó en ese momento para repasar los últimos acontecimientos en la Cámara de Diputados, la sesión del martes por la que todavía buscan un punto de acuerdo el oficialismo y la oposición. “No se trata solo de un simple bochorno o especular en cuanto a un protocolo. Es una vergüenza lo que han hecho en la cámara de Diputados. Ojo que con esta lógica en el 2015 les fue mal, perdieron las elecciones”, dijo.

Oscar Parrilli, que más temprano había arremetido contra el embajador de Estados Unidos por recientes declaraciones sobre la Justicia, con duras críticas al gobierno de aquel país, volvió a ser uno de los más combativos: primero defendió las decisiones oficiales sobre Vicentin, y después siguió por el DNU sobre las telecomunicaciones.

“¿Se sorprenden por un DNU? La verdad, este DNU deroga un DNU. Ellos por DNU derogaron dos leyes. Hoy las tecnologías de las telecomunicaciones son como tener agua potable en una vivienda. Nosotros podemos recordar lo que hicimos en el gobierno, hay otros que no”, provocó, y mencionó detalles con inversiones contempladas en los gobiernos K, por ejemplo, la Televisión Digital Abierta (TDA).

Anabel Fernández Sagasti también defendió la decisión oficial. Y también, como Parrilli, aprovechó para fustigar a la anterior gestión y la derogación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, apenas asumió Mauricio Macri. Para la senadora mendocina, el ex presidente tomó esa decisión porque hubo una devolución: “Infraestructura informativa para la campaña del 2015 y para tapar todas las macanas que hicieron durante el gobierno”.

“Muy bien señora senadora”, dijo Cristina Kirchner, que siguió atenta las palabras de la legisladora. Después de un breve silencio, acotó: “Muy bien discurso”. La vicepresidenta no tiene permitido opinar sobre los discursos en el recinto.

“Este DNU es demagógico, no es sostenible, es confuso. El sector productivo está preocupado, le estamos cambiando las reglas del juego de un día para otro, sin escucharlos, sin tenerlos en cuenta”, subrayó, en tanto, Gladys González, del PRO, autora de un proyecto de ley que declara a internet “servicio humano y público”.

“Por supuesto estamos de acuerdo en congelar tarifas en tiempos de pandemia. Pero esto tiene implicancia sobre la calidad del servicio. Es probable que las grandes corporaciones puedan soportar, pero no las pequeñas y medianas empresas, no las cooperativas, que son las que en nuestras provincias llevan la capilaridad de estos servicios”, abundó.

Humberto Schiavoni, por su parte -también coincidió con el “congelamiento de las tarifas”-, aseguró que había que tomar recaudos “para que este proceso de inversión no se interrumpa y pueda continuar expandiéndose”.

El 21 de agosto, el Presidente anunció cuando caía el día a través de su cuenta de Twitter que se congelaban hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a Internet y la TV paga, y los declaró servicios públicos esenciales. De este modo, las empresas que prestan estos servicios no podrán en el futuro aumentar los precios a sus clientes sin contar con una autorización previa del Estado.

“De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, indicó el jefe de Estado.

El DNU 690/20 establece modificaciones a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) e incorpora un artículo a esa norma a través del cual otorga el “carácter de servicio público en competencia” para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios. Asimismo, determina que la autoridad de aplicación -el Ente Nacional de Comunicaciones- “garantizará su efectiva disponibilidad”.

Apenas se oficializó, la medida generó rechazo en el sector de las telecomunicaciones, que se unió para publicar un texto conjunto en el que acusaron al Gobierno de dictar un decreto innecesario e injustificado. Aseguran que, de esta manera, las autoridades nacionales están interviniendo en el sector.

“Cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente, cuando el Congreso de la Nación se encuentra sesionando, y el sector ha mantenido un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo desde la declaración de emergencia sanitaria. Existe un acuerdo suscripto con el Gobierno, vigente hasta el 31 de agosto, y en un diálogo constante hasta el inesperado anuncio por parte de las autoridades. Un cambio de reglas así hubiese merecido un profundo debate con participación de todo los involucrados”, sostuvieron.

Lo firmaron las principales empresas de telecomunicaciones del país: Claro, Directv, Telecentro, Telecom y Telefónica. Y se sumaron Amcham Argentina (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), Asiet (Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones), ATVC (Asociación Argentina de Televisión por Cable), CACPY (Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet Pymes), CCAC (Cámara de Comercio Argentino Canadiense), Cámara de Comercio Argentino Finlandesa, Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, Cámara Española de Comercio de la República Argentina, Cicomra (Cámara de Informática y Comunicaciones), Huawei, GSMA, Espress, Red Intercable y Sion.

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