En la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en el área del Conurbano, fueron tomadas unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas. Se usurparon predios donde se iban a construir barrios cerrados –como en Guernica y en Presidente Perón– y hasta complejos de viviendas sociales que estaban por ser entregadas o paralizadas, como el denominado barrio ACUMAR, en González Catán. Esa área corresponde a 43 kilómetros cuadrados de extensión. Es decir, una superficie mayor, por ejemplo, que el municipio de Hurlingham, que tiene 35 kilómetros cuadrados o Ituzaingó, con 38 kilómetros cuadrados, distritos donde también hay usurpaciones, y se aproxima a la superficie de San Isidro que es de 51 kilómetros cuadrados.
La preocupación en la administración de Axel Kicillof fue expresada públicamente por su ministro de Seguridad, Sergio Berni quien sostuvo que “irá preso” el que ocupe terrenos en la provincia. ”Es un delito que está organizado. Detrás de la necesidad habitacional aparecen vivos que se organizan para ver cómo sacan provecho. En la provincia de Buenos Aires el derecho a la vida y a la propiedad privada son dos cosas que no se discuten”, enfatizó.
Esas palabras marcan diferencia con su par de la Nación, Sabina Frederic, quien sobre el mismo tema opinó: “Ese no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional”.
Los datos volcados en esta nota corresponden a las causas abiertas, algunas ya resueltas y otras en curso, y a los partes diarios elaborados por la Policía Bonaerense cada vez que interviene por disposición judicial o por actos de flagrancia, es decir, porque llegan cuando se produce el delito.
Según esa documentación, que está en los archivos del Ministerio de Seguridad que atesora Berni, desde julio pasado hasta el 1 de agosto se registraron 71 usurpaciones judicializadas a través de las cuales se aprehendió a 258 personas. La mayoría fueron liberadas porque la pena es de tres meses a tres años de prisión.
Sin embargo, la policía tiene registrado que en ese mismo período se registraron 315 intervenciones policiales ¿Cual es la diferencia? Muchas de las tomas que se realizan de tierras fiscales no son denunciadas, por ejemplo, por los intendentes que, como en los casos de Mario Ishii en José C. Paz, o Fernando Espinoza, en La Matanza, deciden actuar de manera personal para mediar en el conflicto con apoyo policial.
Estos hechos suelen resolverse de manera pacífica. Los usurpadores suelen terminar quedándose con parte de los terrenos que tomaron o se asientan en otros cedidos por la municipalidad.
Desde comienzo de año lo números son peores. Ya se realizaron 1.801 denuncias judiciales por usurpaciones. La policía realizó 868 procedimientos y se aprehendió a 524 personas.
Según la documentación a la que accedió Infobae de fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, los distritos donde se registraron la mayor cantidad de tomas son: La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón, Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín, San Fernando, entre otros.
Intendentes como Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, Héctor Gay, de Bahía Blanca, Javier Martínez, de Pergamino o Jorge Macri, de Vicente López, declararon su repudio a las usurpaciones, criticaron las palabras de Sabina Frederic y denunciaron que detrás de muchas tomas están las organizaciones sociales vinculadas al gobierno nacional, como el Movimiento Evita.
De hecho, Valenzuela le solicitó al gobernador Axel Kicillof “ocuparse” de la toma de tierras mientras presenciaba cómo las topadoras derribaban en Fuerte Apache una construcción ilegal que se estaba levantando en un sector de una plaza usurpada en el barrio Ejército de los Andes. Los equipos de la municipalidad trabajaron en combinación con la Policía Bonaerense bajo las ordenes de la Justicia. “Las tomas se han multiplicado. Tenemos esa preocupación y estamos transmitiendo con respeto pero con contundencia. Se necesita una decisión y una acción del más alto nivel”, le dijo el intendente de Juntos por el Cambio a Radio Mitre y sugirió que no en ese caso concreto, pero que en otras usurpaciones hay integrantes de movimientos sociales detrás de esos hechos delictivos.
“Le solicito al gobernador Kicillof que nos exprese su visión política sobre las tomas de tierras que se multiplican en nuestra ciudad y toda la provincia, que ante la situación crítica que atravesamos generan más miedo, angustia e incertidumbre en todos los vecinos”, publicó en sus redes sociales el intendente de Bahía Blanca, y agregó: “La necesidad de algunos no puede generar el caos en todos. Esta problemática hoy se agrava frente al silencio y la inacción. Es importante tener un Estado presente que proteja lo que cada uno de los argentinos se ganó con su trabajo”.
“Hay muchos vecinos pasándola mal por la situación económica derivada de la pandemia y sufren ante la injusticia del accionar de otros que adoptan esta metodología ilegal. Creemos que la posición del Gobierno es urgente para tener un lineamiento claro ante las crecientes tomas. Es importante tener un Estado presente que proteja lo que cada uno de los argentinos se ganó con su trabajo y lo que el Estado posee que es de todos”, coincidió el alcalde de Pergamino.
Desde Vicente López, uno de los principales referentes opositores bonaerenses también manifestó la necesidad de que el presidente Alberto Fernández y Kicillof expresen públicamente su opinión con respecto a las usurpaciones. “Las tomas son moneda corriente en el Conurbano. En la medida en que cada municipio tiene más tierra rural o semirrural, estos temas son más dramáticos. En el segundo o tercer cordón del Conurbano esto se agrava. En el primer cordón se da en casas o predios más pequeños y quienes avisan generalmente son los vecinos. Se ha instalado esta lógica de que uno puede usurpar con la excusa de no tener una vivienda”, reflexionó, y denunció: “Hay organizaciones que entran, hacen un pseudoloteo y después venden a alguien que sí tiene la necesidad”.
Si bien no está reflejado en la mayoría de las causas judiciales que cursan en los juzgados de Buenos Aires, vecinos y dirigentes opositores señalan que los instigadores de muchas de estas tomas de tierras están vinculados a organizaciones sociales, como el Movimiento Evita, cuyos referentes más representativos son dos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, como Fernando “Chino” Navarro, que integra la conducción nacional de ese movimiento popular y es secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, un área del organigrama de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero.
El otro es Emilio Pérsico, actual secretario de Economía Social, una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social que es clave para aplicar el Plan Argentina contra el Hambre y que conduce Daniel Arroyo.
En diálogo con Infobae, Navarro negó que integrantes de su organización estén involucrados en las usurpaciones de tierras. “Nosotros no propiciamos las tomas”, sostuvo, y aclaró: “Tampoco creemos que la solución sea policial y el uso de las topadoras como proponen algunos funcionarios –por Berni– y dirigentes de la oposición. El Estado no se puede hacer el fuerte con el débil. Hace 40 años que las políticas habitacionales han fracasado. A la gente hay que darle terrenos pero algo tienen que pagar por ellos, y el Estado debe darle los servicios básicos y trazado de calles. La experiencia nos indica que las usurpaciones que se transforman en asentamientos fracasó, no son la solución. Los chicos no pueden estar viviendo entre ratas y arriba de un basural como ocurre en Lomas de Zamora”.
Desde el oficialismo, también algunos intendentes decidieron hablar y reconocer el tema. Uno de ellos fue Juan Andreotti, el alcalde de San Fernando, lugar donde un grupo de usurpadores tomaron unos 300 metros cuadrados de tierras federales dentro del predio de Trenes Argentinos que está junto a la estación Victoria y que provoca que no funcione la Línea Mitre en sus ramales Retiro-Tigre y Victoria-Capilla del Señor: “Le pido a la Justicia que urgente ordene el desalojo de los terrenos usurpados del ferrocarril”, pidió el intendente del Frente de Todos, y puntualizó: “La Justicia no puede ser pasiva ante este tipo de hechos que son ilegales y alteran el normal funcionamiento de los trenes. Junto a los vecinos del barrio estamos preocupados y reclamando para que se actúe en consecuencia”.
Sucede que desde hace 10 días unas 20 familias ocupan un terreno cercano a las vías del sector de maniobras que utilizan los trabajadores para el traslado de vagones y repuestos hacia los talleres de mantenimiento, poniendo en riesgo no sólo sus vidas sino también la de los empleados. Por tratarse de tierras federales, Trenes Argentinos radicó una denuncia en el Juzgado Federal Número 1 de San Isidro. Desde ese momento, la zona quedó custodiada por Gendarmería y Policía Federal.
Las tomas masivas de predios en el conurbano bonaerense no son nuevas, sucede desde hace años, pero con el aislamiento preventivo y la cuarentena como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus, recrudeció. Si hasta el propio Juan Grabois advirtió que esto iba a suceder.
“Hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar porque la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”, afirmó, y aclaró que la ocupación ilegal de terrenos no solo se produce en el conurbano bonaerense sino también en el interior del país. “Hay tomas de tierra en todos lados. En la provincia de Buenos Aires hay cualquier cantidad. También en Chaco y Corrientes, y se va a profundizar”, precisó, y es lo que ocurre.
La preocupación entre los alcaldes es tan grande que esta tarde, en el municipio de Presidente Perón, se reunieron intendentes de conurbano. Además de la anfitriona, Blanca Cantero, estuvieron presentes, entre otros el jefe comunal de La Matanza, la alcalde de Quilmes, Mayra Mendoza. Sucede que en territorio de Espinoza, pero también en Guernica, se registran las mayores tomas de tierras junto a La Plata donde se intrusaron casi 200 hectáreas.
Los jefes comunales fueron contundentes e el comunicado que emitieron al finalizar el encuentro y está alineado a las declaraciones realizadas por el ministro de Seguridad bonaerense: “Los intendentes e intendentas de la tercera sección electoral ante la situación de la toma de tierras en nuestros distritos expresamos nuestra preocupacion y repudio. No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley”, sostienen.
En otro tramo del documento puntualizan:“No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un limite a quienes hacen de las desigualdades un negocio. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley.
y agregan: “no podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un limite a quienes hacen de las desigualdades un negocio. Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley.
Si se tomasen todas las tierras, terrenos, predios y complejos habitacionales usurpados, se podría fundar el municipio 136 en la provincia de Buenos Aires ya que tendría la nada despreciable superficie 43 kilómetros cuadrados o 4.300 hectáreas.