La reacción del Gobierno luego de que se confirmara la muerte de Facundo Astudillo Castro

A media mañana, Alberto Fernández fue informado por la Comisión Provincial de la Memoria de que el Equipo Argentino de Antropología Forense había concluido que el cuerpo encontrado en un inhóspito canal cercano a Bahía Blanco era de Facundo Astudillo Castro y pidió que lo comuniquen con Cristina Castro, la mamá del joven de 23 años que la semana pasada mantuvo una reunión con él. El Presidente le expresó su dolor y solidaridad y, como cuando se vieron personalmente en la Residencia de Olivos, le dijo que contara con él para lo que necesitara.

Ella, por su lado, quedó a la espera de la autopsia para conocer la causa de la muerte y esclarecer el caso y encontrar a los responsables. El foco está puesto en la Policía Bonaerense y obliga al involucramiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Alberto hizo de puente entre la familia y Kicillof, así que las desconfianzas mutuas se diluyeron y creemos que está bien claro que no se va a proteger a nadie”, dijeron cerca del Presidente.

No ocultaron su preocupación por el rol que está jugando el fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, “aparentemente más interesado en confundir la investigación para que no se conozcan los responsables”, aunque aclararon que desde el Ejecutivo no buscan interferir de ningún modo. Consultada la fuente acerca de qué va a pasar con el ministro de Seguridad bonaerense, la respuesta fue rápida y contundente: “Berni es un problema de Axel”. Y destacan la empatía que existe entre la mamá del joven y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

El gobierno nacional es reacio a hablar en público de Sergio Berni quien, en definitiva, es quien tiene la mayor responsabilidad en el caso. En paralelo, aseguran que hicieron lo importante: colaborar con la familia para facilitar que la investigación se desarrolle en el ámbito federal, tal como pedían los abogados de la familia, y ponerse a disposición de los requerimientos de la madre.

También cuentan que cuando se reunieron, el Presidente le dio dos consejos puntuales como profesional para que los abogados de la señora Castro monitoreen la investigación judicial que el fiscal Ulpiano pareciera desviar. De todos modos, la mamá de Facundo no deja de pedir la renuncia de Berni, lo que coloca a ambos gobiernos, nacional y provincial, ante un verdadero dilema.

La demanda de seguridad crece exponencialmente en la provincia de Buenos Aires, al punto de que el propio Presidente se pondrá al frente de una política específica en el área, reclamada sobre todo por los intendentes del Frente de Todos en el Conurbano. El perfil de Berni, justamente, encaja con el sentimiento de una población que se siente abandonada por la gestión garantista de Sabina Frederic.

Lo curioso es que ambos, Berni y Frederic, tienen el respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner quien creyó posible que era viable satisfacer a sus propios votantes K y, al mismo tiempo, dar un mensaje a quienes padecen la inseguridad en los sectores más humildes del Gran Buenos Aires. Por lo que se sabe, Fernández cree posible mantener ese equilibrio, y lanzará su propio programa de medidas para garantizarlo.

En esa línea, cuando el Presidente recibió la semana pasada a la mamá de Facundo, con quien mantuvo una reunión cálida, le pidió que se comunicara con él cada vez que lo considere necesario. “Cristina Castro se comunica derecho con Alberto”, explican en Olivos, lo que quiere decir que le dio su propio número de su celular.

El Presidente tiene previsto anunciar un paquete de medidas con una inversión de 10 mil millones de pesos anuales para la refacción de comisarías, compra de patrulleros, instalación de cámaras, distribución de dispositivos antipánico y la continuación del plan de cárceles modulares que ya iniciaron en medio de la pandemia, y espera que sea Berni el que lleve adelante esa tarea.

Aunque no están en condiciones de anticiparlo, esperan que en la medida en que avance la investigación y se conozcan las responsabilidades, si hay efectivos de la Bonaerense involucrados, el ministro de Seguridad los aparte y los entregue a la Justicia. “Nadie va a avalar a quienes actuaron en contra de la ley”, se dejó trascender en Casa Rosada.

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