Ley de víctimas: el senador kirchnerista Francisco Durañona aseguró que no incluirán normas en favor de los imputados

Tres comisiones del Senado bonaerense debían debatir la adecuación del Código Procesal Penal de la provincia a la Ley nacional de Víctimas. El debate derivó en escándalo cuando en la comisión de Legislación General el abogado César Mayer, en nombre de la asociación civil Usina de Justicia, denunció que el despacho de minoría promovido por el kirchnerista Frente de Todos introducía, bajo el título de Ley de Víctimas, una serie de medidas para facilitar la liberación anticipada de presos y ninguna norma en favor de las víctimas.

El presidente de la comisión de Legislación Penal, Francisco Durañona, del Frente de Todos, se comunicó con Infobae para negar que eso fuese así, e incluso afirmó que no existía ese dictamen con normas favorables a los delincuentes. Los senadores de Juntos por el Cambio, fuerza que en el Senado bonaerense es mayoría, reafirmaron que sí, que existió ese despacho de la minoría, aunque aclararon que no salió de la comisión que preside Durañona, sino del plenario general de las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos, con la firma de los senadores del Frente de Todos, y fue remitido a Legislación general.

Los detalles de la polémica

“Desde que se empezó a discutir la Ley de Víctimas, desde un sector de la política se quiso instalar esa cuestión binaria, típica de la grieta, de que de un lado se pretendía defender a las víctimas y del otro a los victimarios”, se quejó el senador Francisco Durañona, en diálogo con este medio.

Y agregó: “La realidad es que en la comisión de Legislación General, que me toca presidir, cuando tomé conocimiento del tema, expresé la voluntad de trabajar un dictamen conjunto sobre la Ley de Víctimas y no sobre otro tema y escuchamos a expositores de asociaciones de víctimas, Madres del Dolor, el Observatorio de Víctimas de Nación….”

— Si es así, ¿por qué el dictamen de minoría no habla sobre las víctimas?

— Es que no hay ningún dictamen de minoría. El dictamen todavía no fue votado.

— Y ese documento que circula que tiene un número de registro, ¿qué es? ¿un invento?

— No lo sé.

— En el documento que ustedes van a sacar, sea borrador o lo que sea, ¿aparecen temas referidos a la situación de los imputados?

— No, no, no, nada.

— Y en la sesión, cuando el abogado César Mayer, de Usina de Justicia, dedicó su intervención a criticar tan duramente ese proyecto, ¿por qué nadie lo interrumpió y le dijo que estaba hablando de algo que no existía?

— Yo lo interrumpí, lo interrumpí al final. Lo dejé que termine y cuando terminó, siendo la única voz que se manifestó en ese sentido, porque todos los demás se dedicaron a hacer aportes al boceto de ley presentado, le dije: señor, lo que usted está diciendo está fuera de lugar, acá no estamos discutiendo ningún dictamen de minoría, ni ninguna cuestión vinculada con las preventivas, acá estamos trabajando para lograr una ley de víctimas consensuada que tenga fuerza para que sea aprobada por mayoría en el Senado y por ende también en la cámara de Diputados. Así terminó la exposición del doctor. Yo, como presidente de la comisión, señalé una vez más el espíritu que nosotros teníamos y seguimos teniendo. De hecho, está citada la reunión de comisión para el próximo miércoles, donde toda la intención es que lleguemos a votar un dictamen consensuado.

— ¿Un único dictamen?

— Sí, si no llegáramos a eso, habrá un dictamen de mayoría y uno de minoría, estrictamente sobre víctimas, que son prácticamente iguales salvo alguna cuestión pequeñita. Y de acá a la sesión del 10 de septiembre, se terminará de discutir. Pero acá está expresada la voluntad de ambas partes de que sea así justamente porque es un reclamo de las asociaciones de víctimas. Estamos en la misma sintonía, con algunos agregados.

— ¿Existe algún proyecto para reformar el Código Procesal Penal?

— No, no… Sí existe una preocupación por el colapso del sistema penitenciario y ya vimos que hubo decisiones que fueron confusas y eso terminó con un fallo de la Corte de la provincia de Buenos Aires, pero no hay ningún proyecto en ese sentido y además quedó explicado que lo que planteó el doctor Mayer no era así. La vocación es sacar un dictamen con consenso que además es lo que va a suceder. Y yo creo que es una buena noticia porque no es fácil en este momento acordar políticas, pero esta ley no puede ser objeto de posicionamientos políticos, porque es un tema muy serio, muy grave, y las asociaciones de víctimas nos exigen que así sea y así va a ser.

La réplica de Juntos por el Cambio

Infobae se comunicó a continuación con el senador Walter Lanaro (Juntos por el Cambio), que preside la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense, que explicó que hubo un plenario de esa comisión con la de Derechos Humanos, del cual salieron dos dictámenes: uno de mayoría y otro de la minoría del kirchnerismo. “Claro que existió ese dictamen de minoría, y está firmado por los senadores kirchneristas; yo mismo, como presidente de la comisión, giré los dos despachos a la comisión de Legislación que preside Durañona, y ambos dictámenes forman parte del expediente del proyecto de Ley”.

Al pie de esta nota, puede verse el despacho completo -el que fue objeto de las críticas del Dr. Mayer, y en la imagen que sigue la carátula con los números de referencia, que confirman que es el documento que integra el expediente.

¿Qué ocurrió entonces? Es evidente que, frente a las críticas demoledoras que recibió el intento de introducir normas en favor de los imputados, procesados y condenados en vez de brindar protección y asistencia a las víctimas, el Frente de Todos está revisando su posición y tomando distancia de ese dictamen.

El documento cuestionado por Usina de Justicia y otras asociaciones sí existió y fue remitido a Legislación general. Ahora bien, esa comisión, que preside Durañona, está preparando otro, que no incurre en el sinsentido del anterior que, bajo el título de Ley de Víctimas, era un compendio de beneficios para los victimarios.

Otras fuentes del Senado aseguraron a Infobae que el Frente de Todos se mostró reticente desde un principio a trabajar en esta ley. Uno de sus argumentos fue que, para adecuar la Ley de Víctimas a las normas provinciales, era necesario encarar una reforma completa del Código Procesal Penal lo cual, además de generar una gran demora, era una excusa para facilitar el otorgamiento de beneficios y morigeraciones de pena para los detenidos.

La sesión de la comisión de Legislación general de la semana pasada casi fue interrumpida por los legisladores del Frente de Todos que se retiraron sin votar. El vicepresidente de la Comisión, Leandro Blanco, de Juntos por el Cambio, hizo valer el quórum y se votó el dictamen de mayoría.

Luego de ese desencuentro, se ha retomado el diálogo y se intentará consensuar un proyecto común. “Nuestro objetivo es que haya una Ley de Víctimas y esperamos que se terminen las actitudes dilatorias. Reiteramos que las víctimas, que son las destinatarias de esta ley, no pueden seguir esperando”, dijo el senador Blanco a Infobae.

Aunque ha quedado neutralizado el intento de facilitar excarcelaciones, y se ha restablecido el puente y la voluntad de consensuar, existen puntos de la ley que pueden ser conflictivos y sobre los cuales las asociaciones de víctimas estarán especialmente atentas.

Uno es el de la gratuidad del patrocinio letrado que, en el proyecto de mayoría (Juntos por el Cambio), sería para todas las víctimas de delitos contra la vida, contra la integridad sexual y lesiones graves; mientras que desde el Frente de Todos la intención es que ello dependa de la decisión del juez en función de las condiciones de vulnerabilidad de la víctima.

Otro punto es que el proyecto del Frente de Todos no garantiza a la víctima el derecho a participar de todas las etapas del proceso si no se constituye en particular damnificado; lo cual desvirtúa el espíritu de la Ley.

También hay diferencias en cuanto a la conformación del Observatorio de Víctimas y la autoridad de aplicación de la Ley.

El dictamen de la polémica

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