“La toma de tierras no es un tema de Seguridad”, declaró Sabina Frederic asegurando que el recrudecimiento de la conflictividad con las comunidades mapuches en las inmediaciones del Lago Mascardi, en San Carlos de Bariloche, responde a problemáticas habitacionales y que requiere la intervención de otras áreas del Gobierno. Mientras la Ministra de Seguridad quedó en el foco de las críticas además por haber denunciado ante la Justicia Federal a los organizadores de una movilización contra la toma de predios y la violencia engendrada por miembros de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, el Poder Ejecutivo reconoció la ocupación actual de tierras de otros pueblos aborígenes distintos puntos de la Argentina.
A través de las Resoluciones 62/2020, 63/2020, 64/2020, 65/2020, 66/2020, 67/2020, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tras realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral en las provincias de Salta, Jujuy y Santiago del Estero, reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública” de distintas comunidades aborígenes.
“El Estado Nacional en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas cree absolutamente necesario relevar y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional”, justificó el Gobierno amparando la decisión en el Artículo 75 -inciso 17- de la Constitución Nacional.
En Salta, el INAI reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Kaa Puku-Campo Largo, perteneciente al Pueblo Guaraní, respecto de una superficie de 2.015 hectáreas en la localidad Aguaray del departamento de General San Martín. En el mismo departamento, pero en la localidad de General Mosconi, el organismo validó la ocupación territorial de un terreno de 1.228 hectáreas a la Comunidad Aborígen Misión Nueva Esperanza, perteneciente al Pueblo Wichi.
También en Salta se le reconoció la ocupación de un territorio de 46 hectáreas en General Mosconi a la Comunidad Indígena Tres Paraísos perteneciente al Pueblo Wichi.
En Jujuy, el INAI reconoció un “territorio comunitario de ocupación actual, tradicional y pública” de 21.132 hectáreas a la Comunidad Aborigen de Santo Domingo, perteneciente al Pueblo Coya. El lugar en cuestión pertenece a la localidad de Santo Domingo, en el Departamento Rinconada.
En Santiago del Estero, el organismo que preside Magdalena Odarda resolvió el reconocimiento de la ocupación de un territorio de 1.971 hectáreas en la localidad de Tío Pozo, del Departamento Loreto, a la Comunidad Ayllu Cacan Turus Kayku, perteneciente al Pueblo Diaguita Cacano.
A la Comunidad Tonokoté Breáyoj del Pueblo Tonokoté se le reconoció también en Santiago del Estero, pero en la localidad Breayoj del Departamento Avellaneda, un territorio de 8.257 hectáreas.
La decisión fue tomada con el objeto de manifestar “la íntima relación” de las distintas comunidades “con su territorio, en cuanto a su historia, sus aspectos materiales y espirituales, como así también el proceso de defensa a través de los distintos contextos históricos”.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas presidido por Magdalena Odarda es un organismo público dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Su función es la de “coordinar políticas públicas para garantizar el desarrollo comunitario, el derecho a la salud y la educación, el acceso a la tierra y la preservación de las identidades culturales indígenas”.
Las Resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial surgieron luego de que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, manifestara con respecto a las violentas tomas de tierras que se agravaron en Río Negro y la Provincia de Buenos Aires que no es un tema de la cartera que conduce, sino una cuestión a atender por otras áreas del Poder Ejecutivo.
En declaraciones a Radio Con Vos, la funcionaria explicó que “la salida de la cuarentena” provocó situaciones que el Poder Ejecutivo no había previsto. “Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traduce en toma de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires; ahora, ese no es un tema de Seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema”, analizó.
Y justificó: “Si no estamos poniendo la solución del problema solo en los desalojos que si la Justicia los ordenó, habrá que hacerlos, pero la provincia de Buenos Aires tiene una ley que prohíbe los desalojos hasta fines de septiembre y Nación tiene un decreto que los prohíbe hasta mediados de marzo“.
Desde hace tiempo Villa Mascardi se convirtió en la zona caliente de la pulseada por la propiedad de tierras sobre las que grupos violentos identificados como mapuches afirman tener derechos ancestrales. “Siguen saqueando. Están en convivencia con el Estado chileno, tiene que ver con hacer una nueva nación mapuche RAM apoderándose del Parque Nacional Nahuel Huapi del lado argentino”, denuncian los pocos vecinos que viven en la emblemática zona de la patagonia argentina.
Cansados del vandalismo y de las amenazas de los grupos violentos, el sábado pasado un grupo de personas de Bariloche organizó una movilización en las afueras de la ciudad “en apoyo a los vecinos de Villa Mascardi”. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación sumaron tensión al conflicto denunciando penalmente a los manifestantes ya que según argumentó Frederic, tenían indicios de que algunas personas acudirían armadas a la marcha y tenían la intención de disparar contra miembros de la comunidad que está ocupando tierras.
A Frederic y a la titular del INAI, Odarda, se las denunció penalmente por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y abuso de autoridad, así como respecto de la comisión de todo otro delito que pudiera surgir de las probanzas de la investigación.
Ayer al mediodía la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y con Frederic.
Desde Nación se comprometieron con Carreras a sentarse a dialogar cuanto antes con los vecinos afectados de Villa Mascardi para encontrar “una solución pacífica” al conflicto que ya lleva tres años.
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