“Este grupo está inspirado en los que son los movimientos extremos de la araucanía chilena, que no reconocen al Estado, a la propiedad pública y privada, a la Constitución, a las autoridades; no debe ser tratado como una toma de terrenos tradicional”. En las últimas horas, el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se sumó al conflicto que escaló en temperatura luego de la denuncia penal de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, contra las personas que organizaron una protesta en repudio a las agresiones de la comunidad Lafken Winkul Mapu, a cargo de las tomas de tierras en Villa Mascardi.
Para el mandatario provincial, al igual que para la actual gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, la diputada radical Lorena Matzen (que compitió por la gobernación en 2019), la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente de la UCR Alfredo Cornejo, los trabajadores del Parque Nacional Nahuel Huapi y las personas que sufrieron intimidaciones, amenazas y ataques, Lafken Winkul Mapu es un grupo radicalizado de la comunidad mapuche que ocupó seis hectáreas de tierras en 2017.
“No es una usurpación tradicional de jóvenes desesperados por tierras, en ese lugar nunca hubo un asentamiento mapuche, no hay antecedentes”, agregó Weretilneck en diálogo con Radio Mitre.
En efecto, según los damnificados de los hechos de violencia en esa zona de la Ruta 40, no son mapuches. “Quien dice ser la machi (chamana) de ellos es una chica que a los 17 años llegó de Bariloche y dijo que había visto que esas eran tierras sagradas”, aseguró en mayo de este año a Infobae Florencia Constantino, de la cabaña Hueche Ruca, destrozada por un ataque de Lafken Winkul Mapu.
La ocupación tuvo lugar en septiembre de 2017. La chica hoy tiene 19 años, se llama Betiana Colhuan, es la prima de Rafael Nahuel, asesinado en un enfrentamiento con efectivos de Prefectura en 2017, y mantiene una relación con Matías Santana, el testigo que aseguró ver cómo agentes de Gendarmería trasladaron a Santiago Maldonado.
“Este es un grupo violento que está perfectamente identificado, que es una familia, la familia Colhuan Nahuel, encabezado por Cristian Colhuan y María Nahuel, los padres de esta chica que la han llamado ’machi’, Betiana Colhuan. Es todo una maniobra de un grupo delictivo cuyo único propósito es ocupar la tierra que no le pertenece bajo ningún concepto”, añadió hoy Luis Dates, propietario de cabañas en Mascardi, en declaraciones a la radio Cadena 3.
Según denunciaron los vecinos de la zona, esta familia vivía en una villa de Bariloche llamada Virgen Misionera antes de ocupar el predio del Parque Nacional Nahuel Huapi. Desde entonces, señalaron, intrusaron y quemaron la cabaña La Escondida, entre otros ataques a las viviendas del lugar.
“Nunca existió en el citado lugar, hasta noviembre de 2017, ninguna otra comunidad mapuche, ni asentamiento, ni reinvidicaciones territoriales ajenas a nuestro propio reclamo histórico, legítimo y documentado”, indicaron miembros de la comunidad mapuche Lof Wiritrai - Relmü Lafken, que históricamente ocupa las tierras de la cabecera norte del lago Mascardi, en Radio Mitre.
“Legalmente los miembros de la familia Colhuan conforman la comunidad mapuche urbana del barrio Virgen Misionera, ocupando dos lotes, una plaza de uso público y las respectivas calles adyacentes a la misma”, agregaron.
Sólo durante el 2020, la familia Colhuan Nahuel fue acusada por amenazas por los miembros de la mencionada comunidad Lof Wiritay. La huerquen Clarisa Montenegro radicó una denuncia en la Comisaría 42 y en la Fiscalía de la doctora Silvia Paolini por varios hechos: “En el 2017 nos dijeron que nos iban a matar uno a uno, que nos iban a abrir y a comer el corazón. Nos insultaron. Estaban todos tapados, vestidos de negro, como ahora. Eso no es el pueblo mapuche”.
Tres veces, además, balearon la casa de un hermano guardaparque de Montenegro. “Estos años vivimos en silencio para no generar más conflicto. Sostenemos la paz social en el lugar porque no queremos que se manche con sangre. Miedo no tenemos, pero no queremos otro muerto, que corra más sangre. Somos gente de trabajo que nunca tuvimos problemas con nadie”, señaló.
El 11 de febrero atacaron a un grupo de turistas que acampaban en la zona del muelle. Le arrojaron aceite hirviendo a la carpa que ocupaban y amenazaron con prenderla fuego. El 23 de febrero, encapuchados, agredieron a policías en el ACA de Villa Mascardi. El 6 de marzo –ya en cuarentena, aprovechando la ausencia de ocupantes– entraron a robar en Los Radales, una cabaña vecina a Huechu Ruca. El 11 de mayo la incendiaron.
El 2 de mayo cortaron la Ruta 40 y agredieron a un conductor. El 21 de mayo atacaron al cuidador de unas cabañas conocidas como “Gas del Estado”. Las incendiaron y enfrentaron a la Policía y a los bomberos, arrojándoles piedras. Al día siguiente, la fiscal Silvia Paolini y los adjuntos Facundo D’Apice y Clara Moldes –que fueron a Villa Mascardi para peritar el incendio– fueron agredidos por un grupo de unos quince encapuchados. Las pericias, como era previsible, no se llegaron a completar.
MOVILIZACIÓN Y DENUNCIA PENAL
El pasado sábado, Sabina Frederic presentó una denuncia penal ante la Justicia federal por “la posible comisión de delitos” contra los organizadores de una manifestación convocada “en defensa de los vecinos de la localidad de Villa Mascardi”, que se produjeron en rutas de las localidades de Bariloche y El Bolsón.
La denuncia fue formulada por el director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de la cartera de Seguridad de la Nación, que a través de un comunicado pidió que se investigue si los convocantes a un denominado “Banderazo Patriótico” en Villa Mascardi cometieron los delitos de “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”. La fiscal federal de Bariloche Silvia Little está a cargo de la investigación.
“He presentado varios pedidos de informes, pidiendo la actuación del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, y la denuncia me parece una barbaridad”, señaló la diputada nacional Lorena Matzen ante la consulta de Infobae.
“Con otros diputados estamos pensando en plantear una citación de la ministra al Congreso para que dé explicaciones de por qué denuncia a la gente que fue a apoyar a los damnificados de este grupo radicalizado que no representa a la comunidad mapuche, sino que está organizado para hacer este tipo de acciones violentas. Rechazamos la acción de la ministra y pedimos que se intervenga con la Constitución en la mano, no como se viene haciendo hasta ahora”, agregó.
En tanto, Juntos somos Río Negro, el partido que conduce el gobierno de la provincia, también cuestionó al gobierno nacional por la denuncia de Frederic, al señalar que desconocer “la compleja realidad local” lleva “a los funcionarios nacionales a cometer lamentables errores de juicio”. En este sentido, Carreras viajó a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad y con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Durante el fin de semana, además, circuló una carta del Sindicato de Guardaparques Nacionales enviada al presidente de Parques Nacionales, Daniel Somma, a raíz de los hechos de violencia en la zona. “El Cuerpo de Delegados del Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina reclama con gran preocupación por el silencio institucional y la falta de garantías laborales por parte de la Administración de Parques Nacionales para con los compañeros que hoy se desempeñan en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, sobre todo el personal que se destaca en el área de Villa Mascardi y Seccional Maitenes”, dice la misiva.
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