La ministra de Seguridad Sabina Frederic fue denunciada este lunes en los tribunales de Comodoro Py 2002 por “encubrimiento”, “incumplimiento de deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos”. Es por la denuncia penal que la ministra radicó el viernes contra vecinos de Bariloche que participaron del “banderazo patriótico” por el conflicto en Villa Mascardi, en donde crece la toma de tierras y la tensión con la comunidad mapuche.
“Puede verse que existe un plan sistemático para garantizar la impunidad de los usurpadores y delincuentes de zona de Villa Mascardi y alrededores, que apela a la persecución penal de las personas afectadas que no hicieron más que reclamar por sus derechos y por la inacción y/o incompetencia de la Sra. Frederic”, sostuvo la presentación del abogado Alejandro Alberto Sarubbi Benítez, al que accedió Infobae, y que recayó hoy ante la jueza María Servini.
La presentación, que ahora será analizada por el fiscal Eduardo Taiano, afirmó que la ministra buscó “amedrentar a la ciudadanía” que iba a manifestarse el sábado. Pero, al mismo tiempo, “no presentó ninguna denuncia formal por la toma de las tierras públicas, ni tampoco pidió intervención de la justicia federal para proteger la propiedad privada y la vida de los vecinos, e incluso omite selectivamente hacer referencia a lo que en realidad ocurre: usurpaciones masivas”.
A criterio del denunciante, con este accionar, Frederic no está interesada “en perseguir al delito, posee un interés personal y particular en criminalizar las protestas de los afectados por su ausencia y/o incompetencia como Ministro de Seguridad” y hace “evidente y manifiesto el abuso de poder”. Fue por eso que pidió no sólo que se avance en la denuncia en su contra sino que se crucen los teléfonos de la ministra y sus funcionarios para saber si actuaron en complicidad con la comunidad mapuche.
La denuncia en Comodoro Py 2002 se suma al cruce de denuncias judiciales en medio de la tensión política que desató la ocupación mapuche a raíz del conflicto desatado en Villa Mascardi. El conflicto no es nuevo. Comenzó en 2017 cuando miembros del grupo autodenominado Lafken Winkul Mapu se instaló en diferentes terrenos de Villa Mascardi, a cargo de la a Administración de Parques Nacionales (APN).
Sin embargo, el problema tomó impulso hace unos días luego de una serie de hechos vandálicos que provocó que los vecinos decidieran, en medio de la cuarentena, protestar y reclamar respuestas a las autoridades políticas. El tema tiene impacto político. Sobre todo por la repercusión que tuvo durante el gobierno de Mauricio Macri el conflicto mapuche, con la figura de Facundo Jones Huala a la cabeza, y la muerte de Santiago Maldonado.
El gobierno de Nación y provincia de Río Negro vienen teniendo roces sobre cómo actuar frente a este escenario. La gestión de Alberto Fernández había abierto una mesa de diálogo conformada por integrantes de los ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y Ambiente y Desarrollo Sostenible y los representantes de la comunidad mapuche. Pero la administración de Río Negro es la que recibe los reclamos de los vecinos que se sienten desprotegidos. Hoy la gobernadora Arabella Carreras se reunía con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Seguridad.
Mientras tanto, la fiscal subrogante de Bariloche Sylvia Little se encuentra trabajando en las presentaciones que se llevaron adelante en una causa que conduce el juez subrogante Gustavo Javier Zapata. En el medio, nuevos hechos de agresión activaron las presentaciones judiciales. Aquí un escenario de algunas de las causas que se están sustanciando en Bariloche.
En mayo, se recrudecieron los conflictos. Muchas viviendas fueron saqueadas. Hasta el machimbre de las paredes de las viviendas se llevaron en algunos casos. Pero el tema empeoró cuando un policía, cuidador de una cabaña, fue amenazado y la casa que cuidaba fue incendiada tras ser apedreada. Los vecinos comenzaron a denunciar que Villa Mascardi se había convertido en “zona de nadie”. Por otro lado, integrantes de los pueblos originarios denunciaron públicamente haber sido amedrentados por la policía.
Cuando la fiscal Paolini y los adjuntos Facundo D’ Apice y Clara Moldes llegaron al lugar a hacer un procedimiento por el incendio en esa casa, fueron agredidos por un grupo de unas quince personas que llegaron con las caras totalmente cubiertas y arrojaron piedras al vehículo de la Fiscalía, a los agentes fiscales y a los diversos integrantes de la Policía de Río Negro. Como consecuencia del ataque, terminó herido un policía. Uno de los atacantes tenía boleadoras y arengaba al resto subido a la parte delantera del vehículo oficial. Hasta la Asociación de Fiscales manifestó su repudio y manifestó su preocupación por el incidente.
Pero la semana pasada hubo más denuncias en la comisaría 42 que tiene a su cargo el destacamento de Villa Mascardi. Se aseguraba distintos vehículos fueron atacados con piedras por grupos de tres o cuatro personas que se encontraban al costado de la ruta, en el sector de la toma que lleva adelante la comunidad mapuche Lof Winkul Mapu. Eso generó que vecinos decidieron convocarse para manifestarse el sábado en “defensa de los vecinos de Villa Mascardi”.
El viernes, la ministra Frederic presentó una denuncia penal contra los organizadores de la protesta. Pidió que se investigue la posible instigación a cometer delitos, asociación ilícita y apología del crimen. La presentación aseguró que en la marcha los vecinos “podrían estar excediéndose del legítimo ejercicio constitucional a manifestarse y expresar ideas u opiniones y podrían configurar la comisión de algunos de los delitos”.
La movilización se llevó adelante de todas maneras. Pero ahora, el abogado y dirigente del Pro de General Roca, Nicolás Suárez Colman, radicó una denuncia penal en Bariloche contra Frederic y la responsable de Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda. Suárez Colman habló de hechos de violencia en la zona de Villa Mascardi desde el año 2017 cuando se instaló la lof mapuche Lafken Winkul Mapu en tierras de Parques Nacionales y habló de la “connivencia” entre las autoridades nacionales y “un grupo que opera desde la ilegalidad”.
Ahora se suma la denuncia que radicó en Comodoro Py. A “los vecinos y propietarios de la zona les queman las casas, les toman los terrenos y el Ministerio de Seguridad, lejos de estar haciendo lo que tiene que hacer sobre las usurpaciones y todos los delitos derivados que son cometidos por estos delincuentes, lo que hace es denunciar a quienes se manifiestan para defender su propiedad; propio de un grotesco criollo y de un país que hoy se encuentra viviendo en el mundo del revés”, sostuvo la presentación que se radicó en el edificio porteño.