Germán Garavano: “Si quiere recrear el diálogo, el Gobierno tiene que terminar con los ataques al procurador interino y cancelar la audiencia contra los jueces“

“Todavía el Presidente está a tiempo de dar un golpe de timón”, asegura Germán Garavano, el ministro de Justicia durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, sobre el intento del Gobierno de reformar la Justicia con un proyecto que ya tiene media sanción del Senado y una comisión de expertos que ya está deliberando. Muchas veces con críticas dentro de Juntos por el Cambio por no ir lo suficientemente rápido en las transformaciones, no tuvo una gestión fácil en un área cargada de viejas demandas y un déficit estructural en tecnología y consensos políticos para reparar un servicio que tanto impacta en la vida cotidiana de la población. A meses de llegar al Gobierno lanzó el programa Justicia 2020, quizás el proceso participativo más elogiado de la Argentina por su transparencia, premiado por OCDE entre otras 100 propuestas. Leyes como la de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos o la de Ciberdelitos nacieron de esos consensos, que impulsaron el sistema acusatorio en muchas provincias y dejaron redactados en el Senado un código penal y un código procesal civil y comercial, además de una ley penal juvenil cuyo texto está en la Cámara de Diputados. Infobae quiso recordar cómo fue ese proceso, para compararlo con las urgencias de este tiempo, que más bien parecen motivadas por la búsqueda de la impunidad.

-Esta semana el Gobierno le dio media sanción a un proyecto curioso, porque hasta la misma presidenta del Senado dijo que no es un proyecto de reforma de justicia. Y usted, justamente, lideró como ministro de Justicia un complejo proceso de reforma integral que se llamó Justicia 2020, de carácter participativo, donde los ciudadanos pudieron involucrarse, hubo cantidad de debates presenciales y virtuales, hubo muchísimos profesionales involucrados. Es lo que uno podría esperar como reforma de la Justicia, algo a mediano y largo plazo. ¿Por qué ahora se busca reformar la Justicia con un proyecto y una comisión de unos pocos miembros?

-Sí, la verdad es que una pena la estrategia que eligió el Gobierno para hacer este intento de reforma parcial. Nosotros habilitamos un programa que se llamó Justicia 2020, una planificación de cinco años de trabajo que culminó con una agenda de trabajo de Justicia 2030 alineada con la agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo. En ese proceso nosotros entendíamos que la reforma de la Justicia era algo que tenía que involucrar a todos los argentinos por la relevancia del tema en la vida cotidiana de cada uno y por la proyección a futuro como sociedad.

-¿Por qué no nos recuerda de qué se trataba?

-Era un programa de tipo participativo, que incluso fue premiado por la OCDE como la iniciativa más valiosa en términos de gobierno abierto para reformar el sistema de Justicia del mundo, donde se analizaron más de 100 participantes. En Justicia 2020 hubo más de 60 mil personas en 20 grupos de trabajo, más expertos, más ONGs, más colegios profesionales. Además, tomó a la Justicia integralmente, no solo el Poder Judicial. Era una reforma que incluía el servicio penitenciario federal y la construcción de cárceles, el uso de tobilleras electrónicas y otros dispositivos de monitoreo, incluía la perspectiva de derechos humanos hacia el futuro, no solo hacia el pasado, también la temática de los pueblos originarios, de hecho formaba parte el INAI, donde trabajamos mucho con Félix Díaz de los QOM en varias iniciativas de reconocimiento de tierras. Incluía la reforma de todos los registros que tiene el Poder Ejecutivo que a partir de ese momento se empezaron a hacer todos los trámites en línea del registro de propiedad automotor, de propiedad inmueble, el mismo registro de reincidencia, que es el de antecedentes criminales y que ahora puede sacar por Internet. Además, incluía la posibilidad de apoyar a las justicias provinciales, que son las que están en el día a día de las preocupaciones de la sociedad. Se apoyaron 23 de las 25 jurisdicciones que hay en materia de justicia con más de 2000 millones de pesos para realizar los sistemas de oralidad civil para agilizar los procesos, en materia de tecnología, expediente electrónico, en videograbación de audiencias en procesos penales, en implementación del sistema acusatorio. Es decir, era un proyecto que buscaba ser holístico, integral y -sobre todo- el eje era centrado en la gente. Cuáles son los problemas de la gente en relación a la justicia, la inseguridad, cómo mejorar la justicia penal, temas laborales, cómo agilizar la justicia laboral, temas civiles, comerciales y de familia, que generan mucha preocupación. Ese era el eje, el acceso a la justicia con más de 90 centros en todo el país que atendían a casi 400 mil personas por año, con oficinas en la Puna, en la Ciudad de Buenos Aires, en los lugares más vulnerables. Eso es lo que yo entiendo que es un programa de reforma de la Justicia.

-¿Y qué resultados en concreto logró el programa Justicia 2020? ¿Qué nuevas leyes se aprobaron a partir de estos consensos?

-Se lograron aprobar más de 20 leyes, pese a que nosotros teníamos minoría en ambas Cámaras, entre ellas la ley de víctimas, que permitió que las víctimas tuvieran un rol en el proceso penal y equipararlas al victimario en términos de derechos y garantías, una ley contra el cibercrimen, que es la convención de Budapest, una norma que se usa en toda la Unión Europea para este tipo de delitos, permitió que 17 provincias estén trabajando con oralidad civil junto con la justicia nacional, la ley de flagrancia que permite juicios rápidos cuando la persona es detenida cometiendo el delito. Se pusieron en marcha tribunales orales que permitieron reducir la cantidad de demoras que había en los juicios y y facilitar los llamados juicios unipersonales porque para algunos casos no hace falta que estén los tres jueces, lo que redujo un 60% la demora en esa etapa tan crucial. También ayudamos a la implementación de juicios por jurados en varias provincias. La verdad que tuvo resultados enormes en todos los ámbitos, que sería muy largo enumerar. Pero, además, dejó productos concretos. Hoy en el Senado de la Nación hay un anteproyecto de código penal por primera vez desde 1921 con una comisión que lideraron Mariano Borinsky y otros expertos que generaron después de decenas de sesiones un código penal para tratar de que la gente tenga un respaldo en ese código, porque está adaptado a los delitos ambientales, al terrorismo, al delito común. Y un código procesal civil y comercial que también está en el Senado, que permitiría agilizar las demoras en los procesos civiles y comerciales. En la Cámara de Diputados, por otro lado, hay un proyecto de ley penal juvenil, un tema que se ha discutido mucho: qué hacer con los jóvenes y el delito. La verdad que se generó como nunca antes una cantidad de iniciativas legislativas. Algunas fueron aprobadas, otras quedaron en tratamiento.

-Me parece que el secreto de ese trabajo que se hizo fue la creación de un ámbito propicio para el debate, incluso con herramientas tecnológicas que facilitaron la discusión amplia, por eso no entiendo por qué la Vicepresidenta dice que durante la gestión de Mauricio Macri se intentó una reforma de facto.

-En realidad, en algunos casos intentaron seguir, como por ejemplo el Observatorio de Víctimas que sigue en la Cámara de Diputados y Sergio Massa es uno de sus impulsares, los centros de acceso a justicia siguen funcionando, lo mismo que muchos de los trámites que siguen haciéndose por Internet o las obras penitenciarias. Lo que intentan instalar (al hablar de una reforma de facto) es parte de un relato delirante que intenta justificar las causas de corrupción que tienen y que tenían antes de que nosotros llegáramos al Gobierno. En lugar de explicar de dónde surgieron esos millones de dólares que nosotros vimos por televisión, esos bolsos llenos de plata, las transferencias a cuentas del extranjero, el enriquecimiento de algunos empresarios, las propiedades de los secretarios, en vez de explicar esas cosas, intentan generar un relato. Son expertos en eso y tratan de generar una especie de confabulación que no existió, que tampoco pueden precisar, lo que anula cualquier posibilidad de debatir cuál es la justicia que queremos. Esa lógica, lamentablemente, la que guía este proyecto de reforma y la que también en algún modo tiñe la labor de la llamada Comisión Beraldi, porque uno siempre sospecha que detrás de estas dos iniciativas hay un intento de cooptar el Poder Judicial, como ya se lo intentó. En paralelo, se intenta avanzar sobre el procurador general interino, Eduardo Casal, en vez de lograr los consensos para lograr un nuevo procurador efectivo, se intenta desplazar a jueces que estaban ejerciendo su función hace años de un modo pacífico y seriamente. Hay una serie de avances sobre el sistema de justicia que claramente marcan esta finalidad que no es la de generar una Justicia mejor para la gente, no es para resolverle los problemas al ciudadano, al habitante, que tiene un montón de problemas, más en este momento, sino tratar de solucionar sus propios problemas. Es algo que da tristeza, da bronca, da sensación de impunidad que es una pena.

-¿Los sectores más vinculados al kirchnerismo, por ponerle un nombre, Justicia Legítima, participaron de Justicia 2020?

-Sí, fue una de las primeras organizaciones que invité, participaron, estuve reunido en ese momento con María Laura Garrigós de Rébori, actual interventora del Servicio Penitenciario Federal y ex jueza de la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de ellos, individualmente, participaron de las distintas comisiones, hicieron sus aportes, sus críticas. Y, de hecho, si uno analiza las pocas y breves audiencias que se hicieron en el Senado para discutir este proyecto que tuvo media sanción, muchos integrantes de esa agrupación, como la propia defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, con quien también trabajamos en Justicia 2020 fuertemente, fueron muy críticos de esta reforma. Ellos mismos dicen que es una reforma que atrasa, que no apunta a los problemas estructurales que tiene la justicia. Por qué razón creando más juzgados vamos a solucionar una cuestión que funciona mal con los juzgados que hay. Tenemos que cambiar la lógica de esos juzgados, no crear más. Si yo necesito puntualmente más juzgados tienen que estar pensados con esa nueva lógica de organización y de distribución del trabajo, lo que permitirá que funcionen mejor.

-¿Y qué pasa con esta mención permanente de Cristina a la “mesa judicial” del macrismo? Como acreditada en la Casa Rosada, vi que Mauricio Macri tenía esa particularidad, que armaba mesas de seguimiento para todos los temas, la mesa de carne, la mesa de la leche, la mesa de política exterior, la mesa de seguridad. Entre esas mesas, tenía la mesa judicial, una especie de fantasma que el kirchnerismo menciona habitualmente. Usted participaba de esa mesa. ¿Qué pasaba ahí?

-Sí, había una de pueblos originarios donde nosotros participábamos también, entre varias. Obviamente para la gente que no sabe puede creerse el relato conspirativo. La mesa judicial propiamente se reunía en el despacho de (el secretario Legal y Técnico) Pablo Clusellas, generalmente los martes, cada una o dos semanas, donde tratábamos los pliegos de los jueces, fiscales y defensores que nos elevaba el Consejo de la Magistratura y los ministerios públicos. Participaba también José Torello, jefe de asesores de la Presidencia, Juan Mahiques, Santiago Otamendi, luego se incorporó Bernardo Saravia Frías y cada vez venían, ya en el último año, el senador Luis Naidenoff y el diputado Pablo Tonelli. Estrictamente, se discutían pliegos que eran una gran preocupación, porque durante muchos años se trabajo con jueces interinos, y se buscaba que fueran jueces de la Constitución y queríamos avanzar. El Consejo de la Magistratura había hecho un buen trabajo y no queríamos que en el Ejecutivo quedaran pliegos. De hecho, cuando nos fuimos, había 211 pliegos en el Senado, se habían aprobado 311 pliegos, y creo que quedaron menos de 5 pliegos en el Poder Ejecutivo sin resolver, uno de ellos el de la Cámara Electoral, y algún otro. También había una reunión de coordinación que se hacía con Marcos Peña, que eran más esporádicas y más sobre el final del gobierno, donde más que nada se discutieron proyectos de ley, como el código penal, que tenía un componente de terrorismo muy fuerte, este tema del ciberdelito, el código procesal penal federal en Salta y Jujuy. Me acuerdo que se discutió el tema del registro de entidades y personas vinculadas a actos de terrorismo por pedido de la UIF y de la causa AMIA, donde se generó todo un debate en su momento. Por eso es muy disparatado ese relato. De hecho los 311 pliegos fueron aprobados con el voto de los senadores que están hoy sentados al lado de Cristina, y con muchos se consultó sobre estos pliegos. Eramos minoría y necesitábamos llegar a acuerdos. Lamento que la Justicia tenga abiertas estas denuncias que debería rápidamente desestimar, pero es parte de este proceso cíclico que vivimos en la Argentina.

-Dentro de Juntos por el Cambio, usted fue criticado por ir lento, por no ser drástico en la toma de algunas decisiones. Visto desde hoy, podemos decir que su apuesta gradualista, podríamos decir, ese trabajo de búsqueda de consenso, es lo que está haciendo que estos proyectos del Gobierno actual hayan caído muy pronto en la falta de legitimidad aún entre expertos del Frente de Todos.

-Efectivamente, yo fui criticado dentro de mi propio espacio en varios momentos, incluso cuando hice señalamientos por el uso de la prisión preventiva, un remedio que es excepcional. De hecho, en el código procesal penal federal nuevo hay todo un capítulo que regula con mucha más precisión la prisión preventiva y la comisión bicameral que puso en marcha ese código, presidida en ese momento por el senador Urtubey puso en marcha esos capítulos, incluso antes de que nosotros dejáramos el gobierno. Por lo cual, nosotros avanzamos en el sistema acusatorio y en materia de derechos y garantías como nunca se había hecho. Yo fui secretario de la Mesa del Diálogo Argentino y en un momento me tocó conversar con varios ministros, Gustavo Beliz y Juan José Alvarez por ejemplo, y aprendí que la única forma valiosa en materia de justicia, aunque lleve más tiempo, pasa por la construcción de consensos. Tanto con los actores del sistema, como con la población y la sociedad civil y la oposición política. Sino, las reformas son evaluadas como algo faccioso y eso nos vuelve a empantanar. Por eso lamento que el programa Justicia 2020 que tenía una mira de trabajo de 10 años, que había sido reconocido internacionalmente no solo por la OCDE, sino que liderábamos con el gobierno de Holanda una iniciativa para todo el mundo de acceso a la justicia junto a organizaciones civiles de lo más prestigiosas, que eso haya quedado relegado en esta pelea de sectores y, peor aún, si esto queda opacado por la búsqueda de impunidad de algunos políticos que quieran mejorar su situación procesal en causas penales. Argentina había logrado un lugar de privilegio en la Argentina y el mundo, presidíamos el GAFI, el organismo internacional de lucha contra el lavado de dinero, pasamos de estar en la lista gris y pasamos a presidir el organismo, también presidíamos el organismo internacional de cárceles por las experiencias de reubicación social que estábamos llevando adelante con participación público y privada. A veces me da bronca que se malgaste ese trabajo con este intento de reforma que nació fallido.

-¿Cómo se sale de este embrollo? ¿Qué es lo que tendría que hacer el Gobierno para romper con esta dinámica tan complicada en la que se metió?

-Por un lado, detener los ataques directos a la justicia, al procurador interino, y tratar de construir un diálogo para la designación del procurador efectivo. Por otro lado, frenar el ataque que está previsto con esta audiencia pública del 4 de setiembre, cuando se intenta correr a estos diez jueces. Es lo básico. Y, después, a partir de la comisión o de otra, recrear un esquema de diálogo. Yo creo que todavía el presidente Fernández y su ministra Losardo están en condiciones de hacerlo. Creo que sería muy bueno para el país. Hasta la Vicepresidenta dijo que esta no era una reforma judicial, así que me parece que hay un espacio para rediscutir cuál es la reforma que realmente se necesita, tomar las cosas valiosas que hicimos, como nosotros tomamos cosas que había hecho el gobierno anterior al nuestro en materia de trata de personas y violencia de género. Se puede avanzar en esta línea, es lo que está proponiendo Horacio Rodríguez Larreta, la propia Elisa Carrió. El Presidente está a tiempo de dar ese golpe de timón. Si no, vamos a seguir en este camino donde la reforma va a ir contra una pared, sin sentido, lo que va a profundizar más los conflictos, los ataques a la prensa independiente y a la Justicia como órganos de control social de un gobierno, lo que no es bueno para la democracia.

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