El rompecabezas de la Cámara Federal: el plan político de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

La última vez que la Cámara Federal de Comodoro Py estuvo completa, con sus seis integrantes, fue en 2006. Desde entonces sufrió renuncias, destituciones, salidas con denuncias de persecución, traslados desde otros tribunales. Y hoy vive un estado de efervescencia por la situación de dos jueces que parecen a punto de ser eyectados, otro que podría regresar y un concurso para cubrir vacantes por el que pulsean el oficialismo y la oposición. Un tribunal clave, atravesado por el kirchnerismo y el macrismo, que se convirtió en un rompecabezas. El Gobierno consiguió la llave para elegir ahora las piezas de ese entramado.

“Desde la Cámara se manejan los fierros”, describe un juez federal que conoce el funcionamiento del tribunal. Los fierros son los fallos. En la Cámara Federal se define qué funcionario nacional o qué empresario va a juicio, quién queda desvinculado de un expediente, quién sigue preso o sale en libertad. Un tribunal bisagra para el poder político y económico a la hora de activar o desactivar causas.

Por estas horas, el futuro de la Cámara Federal pende de un hilo. O de varios, mejor dicho. En medio de un contexto de reforma judicial, en donde el presidente Alberto Fernández promueve fusiones y ampliaciones, el tribunal que define el rumbo de las investigaciones de corrupción está a punto de quedar más flaco que nunca. No es la primera vez que faltan protagonistas en este sexteto.

Pero la jugada oficial para sacar de la cancha a dos de los actuales integrantes (Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) y repatriar a otro (Eduardo Farah) se mezcla con la denuncia que hizo el Frente de Todos contra el juez Martín Irurzun en el Consejo de la Magistratura y la posibilidad de elegir a los futuros integrantes del cuerpo. La semana pasada, empezaron a citar a audiencias para los que quedaron mejores rankeados en los exámenes. Un escenario que ningún político hubiera despreciado.

Un lugar de cambio permanente

En 2006, la Cámara Federal tenía a sus seis integrantes. Horacio Vigliani, Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler convivían en la Sala I, mientras que la Sala II era comandada por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi –un trío que venía, sin modificaciones, desde los años 90-.

Pero en 2007 empezaron los movimientos: en simultáneo y por diversas razones, renunciaron Cavallo, Vigliani y Luraschi. Fue entonces cuando llegó desde Mar del Plata Farah, como subrogante hasta que en 2008 fue designado como titular de la Sala II. Ese año también fue elegido, concurso mediante, Jorge Ballestero. Pero Farah se convirtió en un juez clave porque votaba en las dos salas. Así, con cinco jueces de seis, estuvo la Cámara Federal durante una década.

Por aquellos años, la política o el periodismo llamó a la Sala I como la sala K y a la Sala II como la sala anti-k (algo que ya se había vivido, en términos similares, en tiempos del menemismo).

En esos años, la Sala I confirmó el procesamiento del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales, anuló el caso Skanska -el primero de corrupción del kirchnerismo-, declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán, apartó al fallecido juez Claudio Bonadio del caso Hotesur contra Cristina Kirchner. La Sala II avaló la investigación por enriquecimiento ilícito de la ex ministra de Economía Felisa Micelli, orientó la causa por la mafia de los medicamentos y confirmó procesamientos en la causa por la tragedia de Once.

En términos de balance, fue una década en la que el kirchnerismo recibió buenas noticias desde Comodoro Py. Las cosas comenzaron a torcerse levemente entre 2012 y 2013. Primero con la investigación sobre el entonces vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone. Después con la denuncia que firmó Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el encubrimiento a Irán. La tranquilidad de CFK en las causas penales que protagonizó iba a terminarse al abandonar la Casa Rosada en diciembre de 2015.

En 2016, ya con Macri como presidente y sobreseído en la causa de las escuchas, el rompecabezas de la Cámara Federal volvió a desarmarse. Cattani pidió licencia por enfermedad y en 2017 renunció para jubilarse. La Sala II entonces quedó al mando de Irurzun y Farah.

Farah, entonces, renunció a la subrogancia que ejercía en la Sala I. Ahí apareció interinamente Leopoldo Bruglia desde el Tribunal Oral Federal 4 para sumarse a la Sala I. Pero esa sala estaba a punto de vivir un huracán.

Jaqueado por una investigación penal por enriquecimiento ilícito, Freiler fue apartado de su cargo en agosto de 2017 cuando una jugada del macrismo le permitió conseguir una esporádica mayoría y quedó destituido en noviembre. Y en marzo de 2018 la causa “Oil Combustibles” implosionó la Cámara Federal, cuando los jueces Ballestero y Farah decidieron excarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y convertir en una “evasión impositiva” lo que el juez Julián Ercolini había entendido era una defraudación al Estado.

Aquel fallo enojó al Gobierno. “Me indignó el fallo”, dijo Macri. Ballestero y Farah fueron denunciados por el oficialismo y por la Corte Suprema. Ballestero renunció y Farah pidió irse a otro tribunal, primero a uno Penal Económico y luego a otro Federal de San Martín. Hace unas semanas, al justificar su traslado ante el Senado, Farah dijo que fue víctima de un “ataque virulento e injusto”.

En ese contexto, Bruglia quedó formalmente trasladado a la Sala I de la Cámara Federal, en reemplazo de Freiler. En junio de 2018, Mariano Llorens fue designado como titular en la Sala I después de un concurso público que duró 10 años y que el macrismo reactivó. Bertuzzi, también juez del Tribunal Oral Federal 4 y amigo de Bruglia, pidió ser trasladado a la Cámara Federal de Comodoro Py mientras sustanciaba el juicio oral contra Amado Boudou, quien terminó preso el día del veredicto. Para esa altura el kirchnerismo ya estaba enfurecido por los traslados y vieron en esa jugada un premio por la detención de Boudou.

Viejos y nuevos tiempos

Durante los cuatro años de la presidencia de Macri, Comodoro Py le dio al kirchnerismo todas las malas noticias judiciales que no tuvo en los 12 años de su mandato. Cristina Kirchner fue procesada -con la intervención de la Cámara- y enviada a juicio oral en ocho causas: la obra pública, Hotesur, Los Sauces, dólar futuro, la firma del memorándum con Irán y los cuadernos de la corrupción –las anotaciones de Oscar Centeno, las coimas en el sistema ferroviario y la cartelización de la obra pública-. Llegó a tener trece procesamientos y siete prisiones preventivas –todas ellas firmadas por el juez Claudio Bonadio y algunas revocadas por los jueces Bruglia y Bertuzzi, a quienes hoy el oficialismo cuestiona-.

Por esos años, además, llegaron a estar presas 74 personas, entre ex funcionarios y empresarios. Detenciones que comenzaron a desactivarse después de las PASO de agosto de 2019 y también desde que un conveniente acuerdo en el Senado decidió poner sorpresivamente en vigencia nuevas pautas obligatorias para buscar alternativas a la prisión preventiva, fijados en el Código Procesal Penal que todavía no comenzó a regir en su totalidad.

Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia y con Cristina Kirchner como vice, la Cámara se encuentra con cuatro de los seis jueces, pero son piezas que están a punto de moverse.

El oficialismo impulsó en el Consejo de la Magistratura la revisión de 10 traslados de jueces que se hicieron mayormente durante el gobierno de Macri por considerar que incumplieron una serie de normativas. Entre ellos, los de Bruglia, Bertuzzi y Farah. Los casos están en el Senado para darle su aval o no en una lista de otros ocho jueces que también esperan su suerte. La audiencia es este viernes, 4 de septiembre.

Bruglia y Bertuzzi esperan un salvavidas de la propia Justicia. Tras un rechazo en primera instancia, esta semana fueron a la Cámara en lo Contencioso Administrativo para reclamar un amparo y una precautelar. En ese fuero, guardan pocas esperanzas. No es casual, dicen en los pasillos de Comodoro, que justo cuando la jueza María Biotti tenía que resolver su planteo, el oficialismo haya decidido en el Senado desactivar la fusión de los fueros contencioso y civil y comercial federal. Tampoco que tengan vacantes ocho cargos que podrían llegar a ocuparse en breve.

Fue quizás por eso que Bruglia y Bertuzzi decidieron apostar una arriesgada carta en la Corte Suprema de Justicia. Pidieron un “per saltum” reclamándole al máximo tribunal que adviertan que el Consejo de la Magistratura y el Senado estaban desoyendo los criterios propios fijados en materia de traslados.

En la política y en la Justicia descuentan que el Senado les bajará el pulgar a estos dos jueces que revisaron la causa de los cuadernos. Así, Bruglia y Bertuzzi se irían de la Cámara Federal. Pero el que podría regresar es Farah. Por estos días en Comodoro Py recuerdan que el despacho que ocupó Farah está cerrado y casi como él lo dejó cuando se fue ya que nadie lo ocupó. Otros no están seguros de que el regreso de ese magistrado esté cerrado. Habrá que ver.

Mientras tanto, sobre Irurzun -el juez más antiguo de Comodoro Py desde su nombramiento en 1987 primero como magistrado de primera instancia y en la Cámara desde el 94-, ya comenzaron a llegar también las balas oficiales. No sólo porque antes de llegar al gobierno Alberto Fernández lo había incluido entre la nómina de jueces que iban a tener que “dar explicaciones”. También porque la semana pasada diputados del Frente de Todos pidieron su remoción al denunciarlo por el mal desempeño por su actuación en la causa que investiga la llamada mesa judicial del macrismo.

El nuevo escenario

Así está el rompecabezas hoy: con Irurzun y Llorens como titulares, con Bruglia y Bertuzzi más cerca de irse y Farah de volver. Esa situación impacta en otro tema que involucra a la Cámara. Es el concurso que está abierto en el Consejo de la Magistratura para ocupar dos vacantes de la Sala II. Con estos cambios, ¿cuántas vacantes hay que llenar? ¿Dos, tres, cuatro?

El concurso está en su etapa final. Los escritos se rindieron en agosto de 2018. Por eso entonces se especulaba que ganarían nombres que hoy ya no están en carrera. Los resultados de los exámenes se conocieron en junio pasado. Allí quedaron mejor posicionados el juez penal económico Diego Amarante, el abogado Roberto Boico –que es defensor de CFK en la causa Memorándum y fue conjuez de Casación en 2015- y el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla –que tiene en sus manos a la causa D’Alessio-. En cuarto lugar, quedó el juez Pablo Yadarola –que intervino en la causa por las valijas de Guido Antonini Wilson- y en el quinto Ivana Quinteros –secretaria de la Sala I de la Cámara Federal y respaldada por el ex juez Ballestero-.

Sin embargo, ese orden de mérito puede cambiar después de las entrevistas personales de los candidatos. Los 18 primeros postulantes ya fueron convocados la semana pasada para hacerse el examen psicotécnico que fija la ley y a la entrevista personal con los consejeros, cuya fecha se conocerá en los próximos días.

Cuando esos pasos se cumplan, el Consejo podrá aprobar la terna. Pero ahí se presenta un problema. Para hacerlo se requiere nueve votos sobre los 13 miembros que tiene el organismo. El oficialismo cuenta con seis y podría sumar el de la diputada Graciela Camaño, aliada para algunos temas clave. Uno de ellos fue para aprobar la revisión de los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Farah.

El oficialismo va a necesitar sí o sí el apoyo de parte de la oposición, tarea que no será fácil por tratarse de un tribunal clave que tendrá para resolver expedientes de funcionarios macristas o las causas que se abran sobre esta gestión. “Por eso no es lo mismo un concurso con dos vacantes que con tres. Tenés un lugar más para negociar”, le dijo a Infobae un integrante del Consejo que apoyó las salidas de Bruglia y Bertuzzi.

-¿Y qué se negocia? – preguntó este medio.

-”Integrar la terna con candidatos razonables, que todos saben que cualquiera sea el gobierno no van a hacer locuras. De todas formas hay un orden de mérito que hay que respetar. También hay muchos pliegos pendientes para mandar al Senado que a la oposición o al sector de los jueces del Consejo le pueden interesar que salgan”, fue la respuesta.

La jugada no es nueva pero siempre irrita tanto en la oposición como dentro de los propios tribunales. “Acá no puede cerrarse en elegir entre Drácula, Frankestein o el Hombre Lobo. Hay que elegir a los mejores”, afirmó una fuente judicial ante Infobae. Pero la estrategia de azuzar la imposición de nombres afines al oficialismo puede abrir la puerta a negociaciones. Sobre todo cuando en el Consejo no solo está el debate de este concurso sino que hay pendientes más de un centenar de concursos.

“Boico queda bien posicionado en muchos concursos por lo que se ganó el derecho de estar en la terna. Y Ramos Padilla fue militante de Franja Morada y abogado de Elisa Carrió, ¿tan mal le cae a toda la oposición o los representantes del radicalismo podrían acompañar? Y este concurso se hizo en su mayor tramo durante el gobierno de Macri”, defendió un hombre del gobierno.

Pero la oposición tiene la llave para dar o no los votos. Hasta ahora no objetó el orden de mérito que tienen los postulantes en el que se analizaron sus antecedentes y el examen que dieron.

-¿Hay posibilidad de no dar los votos para aprobar un concurso que no tiene críticas?, le preguntó este medio a una fuente de la oposición.

-En política siempre hay margen. La entrevista personal con los candidatos te da la posibilidad de plantear objeciones y pedir que se cambiar el orden de alguno. Y además hasta que no estén seguros los nueve votos nadie lleva un tema para perder.

Lo primero que debe ocurrir es que Bruglia y Bertuzzi dejen los cargos y Farah regrese a la Cámara. Allí se abrirá una nueva vacante que podrá ser incorporada al concurso público que tramita el Consejo. La ley de funcionamiento del organismo dice que para incorporar una vacante a un concurso abierto hay plazo hasta que el Consejo envíe la terna de candidatos al Poder Ejecutivo. Después vendrá la pelea política.

¿A quién le interesa más el perfil de los nuevos jueces que puede arribar a la Cámara? La pregunta apareció en los últimos días porque se ha planteado que el oficialismo busca evitar seguir recibiendo fallos en contra. Sin embargo, las causas contra el kirchnerismo son pocas. Solo queda un tramo de la causa de ruta del dinero en donde Cristina Kirchner tiene una falta de mérito confirmada, mientras que el resto de las causas ya llegó a juicio oral. Quedan dos expedientes de Odebrecht y hay denuncias todavía activas, pero ninguna tiene la fuerza que tenían inicialmente.

En cambio, por el tribunal deben pasar todavía los expedientes que tienen a los ex funcionarios macristas como protagonistas, entre ellos el propio Macri. Expedientes como el caso del Correo Argentino, el rol de la mesa judicial, el cierre de la causa de Paseo del Bajo, el capítulo Vicentin, los procesamientos por la causa “Autopistas” y las investigaciones que impulsó la Agencia Federal de Inteligencia contra la gestión anterior son seguidas con atención por el kirchnerismo. Pero la primera que destapó la puja fue la acusación por asociación ilícita contra Macri por parte de Fabián de Sousa y en la que la jueza María Servini había ordenado entrecruzamientos de llamados durante enero de 2016 y agosto de 2019.

Muchas piezas sueltas que pujan por acomodarse en el rompecabezas que hace 14 años es la Cámara Federal de Comodoro Py y que después de una década puede quedar completa. Todo dependerá de los acuerdos a los que el oficialismo y la oposición puedan llegar. Un juego de pinzas en donde cualquier decisión sobre la justicia hay que leerla en clave política.

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