Reforma judicial: tras lograr media sanción, el kirchnerismo se enfrenta ahora a una negociación ajustada en Diputados

La reforma judicial es la nueva batalla política que está dando el kirchnerismo. Con diferencias internas, con estrategias distintas en las dos cámaras del Congreso, pero con la convicción clara de avanzar con el proyecto de ley que el presidente Alberto Fernández le envió al Poder Legislativo hace un mes. Una batalla política que le valió un nuevo enfrentamiento con el partido más grande de la oposición en el medio de la gestión de la pandemia, justo cuando el pico de contagios de coronavirus finalmente llegó.

El proyecto recibió en las últimas horas media sanción en la Cámara de Senadores. El Frente de Todos, que tiene mayoría en el recinto, la aprobó sin contratiempos y luego de varias horas en las que la tensión fue en aumento. Cristina Kirchner hizo valer su poder y alineó a todos los legisladores peronistas para acompañar la iniciativa. Justo dos días después de asegurar que el proyecto que se trataría no sería la “verdadera reforma judicial que necesita el país”.

El próximo paso será debatirla en Diputados. Y ahí entrará en juego la muñeca del presidente de la Cámara, Sergio Massa, y del presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Un tándem que tiene un sistema aceitado de gestión luego de pocos meses de trabajar en conjunto. Una dupla que por lo bajo, sin hacer demasiado ruido, negocia acuerdos con el peronismo disidente cuando las negociaciones se tensan por falta de consenso.

La reforma judicial será un nuevo desafío para ambos. Juntos por el Cambio no va a acompañar el proyecto tal cual está y como se aprobó anoche. Tampoco lo hará el interbloque Federal, que conduce Eduardo “Bali” Bucca y que cuenta con el padrinazgo de Roberto Lavagna y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. En el interbloque que lidera el mendocino José Luis Ramón hay dos legisladores que tienen decidido no acompañar. En la Izquierda, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño adelantaron que tampoco respaldarán el proyecto. Con ese cuadro de situación los números se complicaron.

Massa busca dilatar el proyecto y estirar las negociaciones mientras el documento se discute en las comisiones de la Cámara baja. “Va a llevar mucho tiempo. No es un problema de correr o no correr, es un problema de cómo trabaja cada Cámara con realidades distintas”, justificó en público, marcando que los tiempos de gestión y negociación serán otros en la cámara que preside. En gran medida se debe a que los números son más ajustados y el oficialismo tiene que negociar hasta el quórum. El líder del Frente Renovador tiene un espíritu más negociador que el de Cristina Kirchner.

En el quórum reside el primer escollo que deben saltar en el Frente de Todos. Son 119 legisladores. Pero uno de ellos, José Ignacio De Mendiguren, está de licencia porque es parte del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En caso de ser necesario le pedirían que vuelva. Sería una jugada desprolija. Pero una última opción a tener en cuenta si deciden avanzar con el tratamiento de la ley y los votos no están.

Sin De Mendiguren, el oficialismo tiene 118 bancas. Necesitan 11 más para poder habilitar la sesión. En general, lo suelen hacer con el acompañamiento del interbloque Unidad Federal, en el que hay 8 legisladores, los dos de la Izquierda, el interbloque donde conviven cordobeses, socialistas, lavagnistas y peronistas disidentes, que en total suman 11 bancas, y algunos monobloque. Pero en esta oportunidad la situación será diferente.

La negociación para lograr habilitar la futura sesión que trate el proyecto de reforma judicial será extremadamente ajustada. Al día de hoy los 11 legisladores del interbloque Federal no bajarán al recinto. Tampoco lo hará Romina Del Plá, mientras que Del Caño, quien ya adelantó su rechazo, aún evalúa si prestar o no su banca para el quórum. En el interbloque Unidad Federal hay dos legisladores que no acompañarán la reforma y tampoco se sentarán. Son Antonio Carambia y Beatríz Ávila. Entonces, de ese espacio, el oficialismo puede contar solo con 6 legisladores.

Los 118 del Frente de Todos más los 6 del interbloque de Unidad Federal son 124. Los cinco restantes aún no están seguros. Intentarán convencer a Del Caño y llegar a 125. Después buscar a cuatro legisladores que están sueltos y podrían concretar el quórum. Allí surgen los nombres de la neuquina Alma Sapag y del rionegrino Luis Di Giacomo. Si ambos acompañaran llegarían a 127. Los números son finos. Muy finos.

Si pudieran asegurarse el quórum, el paso siguiente será buscar el acuerdo de un sector de la oposición para aprobar la ley, donde necesitarían la mitad más uno, ya que Juntos por el Cambio, una vez habilitada la sesión, bajaría al recinto para discutirla. Es en ese punto donde el oficialismo sabe que la cuenta no le da. No están los votos suficientes para lograr la aprobación. La única forma de hacerlo es negociar modificaciones, discutir punto por punto el proyecto y buscar consenso. Al menos con los interbloques que suelen arbitrar las discusiones en la Cámara baja, que son los de Bucca y Ramón.

Esa negociación implicaría estirar la discusión hacia adelante y tratar de limar asperezas. La situación parece por demás compleja. Una voz del lavagnismo expone esa dificultad en dos oraciones: “Lo que mejor puede hacer el Gobierno es dar vuelta la página. Hay que cambiar las condiciones contextuales. Cosas que no tienen que ver con los artículos del proyecto”.

¿Cuál es el factor contextual? Las formas. Entienden que la reforma judicial no es un trámite que se saca rápido. No les gustó la avanzada del Frente de Todos para discutirlo y aprobarlo en pocos meses. Además, advierten que el proyecto ya salió del Senado sin consenso, luego de que se tratara con un dictamen que no fue aprobado por la oposición. La importancia de la ley merece un consenso amplio, de todas las fuerzas. Esa es la idea que tienen y que los llevó a marcar su disidencia con la posibilidad de discutir el proyecto. Esa idea identifica a todo el interbloque Federal.

Los más negociadores dentro de ese espacio legislativo consideran que el mejor camino que puede seguir el Gobierno es estirar la negociación, debatirla en profundidad y tratar la reforma sobre fin de año, después de recorrer un camino que le permita lograr algunas modificaciones en el texto. Barajar y dar de nuevo. Luego, discutir punto por punto con más tiempo.

En Juntos por el Cambio la posición es muy rígida. Ninguno de los 116 legisladores va a dar quórum ni acompañar el proyecto. Consideran que el oficialismo debe retirarlo y volver a empezar una negociación de consenso real. Para ellos no es una opción la modificación de artículos en la Cámara baja porque en esta oportunidad Diputados es una cámara revisora, lo que implica que el proyecto, al volver al Senado, corre el riesgo de ser aprobado tal cual estaba al principio y sin que el oficialismo convalide los cambios.

El discurso que bajan en el oficialismo dentro de Diputados es que no quieren apurar el tratamiento del proyecto. Que debe debatirse con tranquilidad en las comisiones y que se debe trabajar en los acuerdos parlamentarios. Una señal de que piensan llevar adelante la rosca legislativa de una forma diferente a la que tiene el Senado, donde no hay negociación y el vínculo entre las partes es friccionado. Advierten que los números no están.

El escenario a futuro está cargado de incertidumbre. ¿Será tratado el proyecto en Diputados? ¿El oficialismo apretará el acelerador e intentará aprobarlo con pequeños consensos que le permitan lograr la mayoría en el momento de la votación? ¿La negociación parlamentaria se estirará en el tiempo para poder gestionar acuerdos? ¿El presidente Alberto Fernández entrará en acción para gestionar él mismo los acuerdos que hagan falta?

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