En un debate que se anticipa tenso, el Frente de Todos hará valer su mayoría en el Senado para darle media sanción a la reforma judicial

Sin vallas y con una protesta en la calle, así será en el Congreso el debate por la reforma judicial que impulsó el presidente Alberto Fernández, apuró Cristina Kirchner en el Senado y resiste la oposición de Juntos por el Cambio, además de otras fuerzas políticas que anticiparon su voto en contra cuando la media sanción pase a la Cámara de Diputados.

El proyecto, prometido en campaña y presentado el pasado 29 de julio, fue tratado en cinco reuniones de comisión por las que desfilaron, a una velocidad de 20 minutos cada uno, los 45 expositores entre los que se destacaron constitucionalistas, jueces, representantes de distintas asociaciones, fiscales y abogados. Esta tarde a las 14, a menos de un mes del lanzamiento del proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal” en la Casa Rosada, se iniciará un debate que se prevé tenso y conflictivo.

En las cinco reuniones de comisión hubo duros cuestionamientos no solo de parte de los disertantes propuestos por la oposición sino también de los que llevó el oficialismo. Se dijo desde que el objetivo político del Gobierno es licuar el poder de los doce jueces federales de Comodoro Py a que la reforma carecía de la profundidad necesaria para garantizar la independencia del Poder Judicial.

Una vez más la sesión será virtual, por lo que el debate no debería extenderse por más de ocho horas aunque, según lo previsto, habrá muchos oradores de cada una de las bancadas que se distribuirán el tiempo disponible.

La oposición avisó que no dará quórum pero el Frente de Todos tiene quórum y mayoría propios, por lo que puede dar inicio a la sesión sin dificultad y lograr también la media sanción. Además, el protocolo de funcionamiento remoto está vigente, razones por las que Juntos por el Cambio aceptó participar de los debates aunque no presentó propuestas ni cambios al proyecto oficial.

En la previa hubo desde un intento del Presidente por abrir una vía de diálogo con la oposición a través de una charla telefónica con Horacio Rodríguez Larreta y una conversación personal con el senador porteño Martín Lousteau, hasta una declaración de la vicepresidenta Cristina Kirchner que dijo que no se trata de una reforma sino de un ordenamiento del sistema federal. Buscó a la vez minimizar el conflicto y reivindicó el diálogo parlamentario. Lo hizo justo después de que Rodríguez Larreta criticara la premura que se imprimió al debate parlamentario que hace llegar al recinto un proyecto de esta envergadura tras menos de tres semanas en comisión a pesar de las múltiples objeciones.

En rechazo a la iniciativa, Juntos por el Cambio convocó el 17 de agosto a una movilización. Celebró desde Europa el ex presidente Mauricio Macri mientras que Rodríguez Larreta tomaba distancia. Ayer comenzó una vigilia en los alrededores del Congreso pero la policía de la Ciudad evitó la instalación de una carpa mientras daba marcha atrás con el operativo de seguridad tras un llamado de la vicepresidenta a Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño. Un rato después de esa comunicación el vallado fue retirado.

En ese marco, Juntos por el Cambio aseguró que esa fuerza política no convoca al abrazo simbólico al Palacio Legislativo mientras en las redes se replicaba el hashtag #27ATodosAlCongreso y #27ATodosALaCalle.

El proyecto obtuvo dictamen favorable hace siete días en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales. Después de la incorporación de algunos cambios solo estamparon su firma en forma digital los senadores del Frente de Todos.

Entre los puntos principales figura la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico Nacional, que se denominará fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cambio se modificó la propuesta oficial y no se unificarán los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo. Para ello habrá un tribunal específico.

La oposición resiste, como también lo hacen representantes de la Justicia, la duplicación de juzgados y la creación de otros nuevos. A los 23 juzgados del nuevo fuero penal se le sumarán otros 23 más cinco tribunales orales. Entonces quedarían 46 juzgados y 17 tribunales.

En la primera reunión de comisión la ministra de Justicia Marcela Losardo aseguró que cada juez continuará con las causas que tiene en trámite y defendió las subrogancias previstas por un año para los nuevos juzgados hasta que se complete el proceso de designación de los nuevos magistrados. Es un punto neurálgico en las diferencias entre oficialismo y oposición. De hecho en Diputados esta semana el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio Mario Negri consideró este aspecto como un “hackeo” a la Justicia. Su fuerza política plantea que es un punto clave con el que el Frente de Todos buscaría la “impunidad” de ex funcionarios, empresarios y de la propia vicepresidenta. En respuesta, Cristina Kirchner acusó una vez más a Macri de impulsar el lawfare para inculparla y también a ex funcionarios y empresarios cercanos al kirchnerismo.

En el orden del día de la sesión de hoy figuran otros tres proyectos: la autorización de la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales para participar del ejercicio del programa de ejercitaciones combinadas y dos dictámenes vinculados también a la Justicia. Uno impulsa la anulación de la designación de Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal en representación del Senado mientras que el otro impulsa la anulación de la designación del vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa, Juan Simoni. Ambos fueron nombrados por la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y el kirchnerismo los reemplazará. En lugar de Laporta será designado César Grau, quien podría actuar en procesos contra fiscales e incluso contra el propio procurador interino Eduardo Casal, contra quien el oficialismo analiza iniciar juicio político y presiona para provocar su renuncia.

A favor de la reforma judicial y tras la declaración de la vicepresidenta, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, explicó que “más que una reforma, esto es un fortalecimiento de la justicia federal” y calificó como “muy bueno” el proyecto. En línea con CFK señaló que “esto más que reforma es un fortalecimiento de la justicia federal de todo el país, porque en definitiva se logra una mayor inversión en el servicio, eso quiere decir crear más juzgados, crear más cámaras de apelaciones, crear más tribunales orales y marchar hacia el sistema acusatorio, que es un sistema mucho más transparente, todo lo contrario al sistema inquisitivo”.

Mayans, que habló con FM La Patriada desde Formosa, apuntó que durante el gobierno de Mauricio Macri “había una bolilla preferida” en los sorteos en referencia al juez Claudio Bonadio que tuvo varias causas contra Cristina Kirchner.

Por su parte Laura Rodríguez Machado, quien será miembro informante de Juntos por el Cambio, advirtió que luego de los cambios incorporados por el Frente de Todos el oficialismo tardó 72 horas en mostrar el texto. “Crean más de 900 cargos en la Justicia Federal Nacional”, advirtió y también cuestionó la constitucionalidad y la oportunidad del tratamiento y la enmienda incorporada por el neuquino Oscar Parrilli. “Es tremenda, no me gustaría estar en los zapatos de los periodistas que hacen investigación porque en el artículo 72 del nuevo despacho se establece que jueces y juezas de todos los fueros de jurisdicción federal con asiento en las provincias deben comunicar en forma inmediata cualquier intento de influencias o decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”, alertó. Y también subrayó que el artículo siguiente, el 73, establece que no hacer la denuncia “es una falta grave en el ejercicio de las funciones del juez. Es decir que los van a estar controlando que denuncien a cualquier periodista de investigación o cualquiera que emita una opinión que pueda ser algo tan vago como es un intento de influenciar”.

Para Rodríguez Machado y la oposición el costo de la reforma será de $6.000 millones mientras que para el oficialismo no superaría los $ 1.939 millones. Losardo incluso aseguró que los cambios serían graduales, por lo que el costo se distribuiría a lo largo del tiempo.

Más allá del intenso debate que se dará esta tarde en el Senado, el oficialismo no tendrá dificultades en avanzar. Sin embargo, en Diputados se anticipa un extenso debate, con largas sesiones en comisión. Juntos por el Cambio, Consenso Federal y los diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti, entre otros, anticiparon su rechazo, lo que dificultaría –o directamente impediría– que el oficialismo logre quórum y los votos necesarios para convertir la reforma en ley. En ese contexto, el Frente de Todos buscará ganar tiempo en la Cámara baja para intentar negociaciones que destraben lo que por ahora parece un fracaso.