El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy el presupuesto para el Poder Judicial en 2021 sin incluir la partida para los cargos previstos originalmente en el proyecto de la reforma judicial que había enviado Alberto Fernández y que tratará hoy en el Senado. Se descuenta que, con la mayoría del oficialismo en la Cámara alta, el texto será aprobado, pero todo indica que la discusión en Diputados será más compleja. El anteproyecto tuvo el voto de nueve de los doce consejeros presentes en forma virtual. Se opusieron el abogado radical Juan Pablo Mas Vélez, su colega Marina Sánchez Herrero –también cercana a la UCR–, y la senadora de este partido Silvia Giacoppo. Estuvo ausente a la hora de la votación la diputada Graciela Camaño.
La estimación que el Consejo le enviará a la Corte Suprema para que el máximo tribunal lo eleve al Poder Ejecutivo es de $70.829 millones. El 95% está destinado al pago de sueldos de jueces y empleados de la Justicia nacional y federal. Ese monto implica unos $6.000 millones más que los $64.853 millones previstos hasta el cierre de este año.
En el anteproyecto que había comenzado a discutirse en la Comisión de Administración del Consejo hace dos semanas, estaban contemplados $850 millones para los sueldos de los 137 nuevos cargos de jueces federales contemplados en el texto enviado originalmente por el Ejecutivo al Congreso, tal como adelantó Infobae en su momento. Pero en el debate en la Comisión de Administración que preside Mas Vélez, finalmente, se acordó dejar afuera esa partida ya que el proyecto aún no fue aprobado en el Congreso y no está claro si sufrirá modificaciones. De hecho, en el dictamen aprobado la semana pasada en el Senado se incorporaron –a pedido de los gobernadores y como parte de la negociación para sumar votos en Diputados– 33 cargos adicionales de magistrados para cámaras y tribunales orales en las provincias, y redujo la cantidad de jueces federales de primera instancia, de 94 a 63.
La inclusión en el anteproyecto presentado por el administrador general Claudio Cholakian había sido observada por Mas Vélez, el diputado y consejero del PRO Pablo Tonelli, e incluso por el presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, había señalado que “no había sido un tema conversado previamente”. La postura fue luego compartida por el resto de los consejeros. “Si después el proyecto de la reforma judicial se aprueba, se verá de incluir a una partida aparte”, señaló Lugones en el debate en Comisión.
La exclusión de los nuevos juzgados del proyecto de reforma implicó que el total de recursos se redujera en igual proporción, según le explicó Mas Vélez a Infobae.
Este abogado y vicerrector de la UBA propuso que el anteproyecto del presupuesto 2021 fuera enviado de vuelta a la Comisión de Administración para seguir “su revisión integral” y discusión. “El atraso que tenemos en materia de inversiones y mantenimiento es alto. Estamos en una relación 98 a 2 en gastos de personal”, sostuvo durante el plenario para justificar su pedido. “No toma debidamente nota de la emergencia judicial que dictamos el año pasado, ni contempla un plan tecnológico y edilicio que se adapte a esta nueva realidad” que atraviesa en Poder Judicial en el marco de la pandemia, agregó. “Solo para la vía de la aplicación intensiva de tecnología, estamos en la vía de acercarnos a la calidad de servicio de Justicia que deberíamos tener”, concluyó. Su moción fue apoyada por la senadora Giacoppo y la abogada Sánchez Herrero. No así por el otro integrante del bloque “opositor”, Tonelli.
Para el resto de las necesidades de funcionamiento de la Justicia nacional y federal del todo el país, el anteproyecto estima para 2021 unos $3.800 millones. Este monto está destinado a cubrir desde la compra de papel, equipos informáticos ($277 millones), servicio y soporte informático ($137 millones), programas de computación ($130 millones), hasta el alquiler de edificios ($303 millones) y mantenimiento edilicio ($96 millones). También la reparación de ascensores ($157 millones), el personal de limpieza y adicionales de policías ($521 millones ambos rubros), por mencionar algunos de los ítems. Para construcciones y remodelaciones están previstos $242 millones. Para el cálculo se consideró una variación de precios (IPC) de 30% y aumento en los servicios básicos del 20%.
El Consejo de la Magistratura es el responsable de administrar los recursos y pagar los sueldos de la Justicia nacional y federal del todo el país, excepto los de la Corte Suprema, que maneja sus propios fondos. Para eso, debe confeccionar una previsión de sus necesidades cada año, antes del 15 de agosto, y elevarlas a la Corte para que ésta le sume su propio presupuesto, y le haga llegar el monto total estimado al Poder Ejecutivo, que es el que debe girarle los recursos. Sin embargo, Cholakian ya acordó con la Jefatura de Gabinete de la Nación una prórroga de 15 días para la elevación del proyecto aprobado por el plenario del Consejo, plazo que vence en tres días.
Usualmente, el Ejecutivo no envía toda la partida solicitada ya que fija un “techo” presupuestario en función del 3,5% que le corresponde al Poder Judicial de la recaudación. De ese porcentaje, el 2,93% es para el Consejo y el 0,57% para la Corte. El Consejo debe luego “negociar” con el Ejecutivo para achicar la diferencia entre lo presupuestado y lo que el Ejecutivo le gira, y ver cómo administra el dinero que le llega. Para el 2021, el “techo” previsto es de $67.800 millones, por lo que la diferencia estimada con lo presupuestado es más de $3.000 millones. Ahí es donde el Consejo debe decidir cómo administra los fondos y ese “faltante” y qué necesidades prioriza.
El gasto estimado de la reforma judicial
Con las últimas modificaciones introducidas por el oficialismo al proyecto que hoy debatirá el Senado, y que se opone el principal bloque opositor de Juntos por Cambio, se crean casi 600 cargos nuevos en el interior del país, teniendo en cuenta magistrados, funcionarios y empleados.
Según un trabajo que realizaron equipos técnicos de esa alianza, las modificaciones en la estructura judicial de las provincias duplicaría el gasto total de la reforma, que ahora treparía a unos $6.000 millones anuales, tomando en cuenta los sueldos y la inversión proyectada en infraestructura. En el anteproyecto del presupuesto para 2021 discutido en el Consejo solo se consideraban los sueldos de los magistrados y camaristas federales que van desde $350.000 a $600.000.
Ampliación presupuestaria para 2020
Durante el plenario de hoy, Cholakian informó que la Jefatura de Gabinete amplió el crédito presupuestario en $15.200 millones destinados al pago de salarios. La suma ya estaba prevista para cubrir la necesidad presupuestaria hasta diciembre. Sin esa partida, los fondos solo alcanzaban a cubrir los salarios hasta este mes. “Llegamos hasta fin de año sin problema”, dijo el administrador general. “Buena noticia. No tenemos que seguir pasando la gorra en otro lado”, celebró Lugones.
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