Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta negocian en silencio un acuerdo para compensar el traspaso de la Justicia con la coparticipación

Horacio Rodríguez Larreta está en una posición incómoda con la reforma judicial. Aunque rechaza el núcleo del proyecto, “licuar el poder de los jueces de Comodoro Py” mediante subrogantes, adhiere a la idea de traspasar la justicia penal a la Ciudad, un viejo reclamo de los porteños desde la reforma constitucional de 1994. A su modo, el jefe de Gobierno reclamó mayor debate en el Congreso pero mantiene abierta una negociación por los fondos necesarios para el traspaso, si alguna vez se concreta. Aunque el Poder Ejecutivo debería traspasar la justicia penal con los “recursos”, en la Ciudad saben que eso no ocurrirá. Hasta ahora se negocia una suerte de “compensación”. “La plata no va a estar, la propuesta es que paguemos el traspaso y suspender el descuento de la coparticipación”, confirmó a Infobae una alta fuente de la Ciudad.

La posible baja del porcentaje de coparticipación federal que recibe la Ciudad había sido planteada por Alberto Fernández apenas asumió. “Hay que poner en orden las cuentas del Estado nacional, que han quedado bastante desordenadas”, justificó el Presidente en enero pasado. El conflicto se diluyó por la pandemia, pero sigue latente.

En marzo, el gobierno nacional tenía decidido reducir la coparticipación en 1 punto porcentual, unos $35.000 millones. Actualmente, la Ciudad percibe el 3,5% de la coparticipación federal. El plan era bajarlo al 1,4% y sumarle los salarios de los policías transferidos.

La aparición de la reforma judicial modificó, en parte, ese escenario. El proyecto que tiene dictamen del Senado promete traspasar la Justicia penal a la Ciudad “con todos los recursos”. El artículo 34 del dictamen de mayoría es claro: “La transferencia de competencias objeto del presente Título será acompañada de los correspondientes recursos (artículo 75, inciso 2, de la CN). A tal efecto, autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las partidas presupuestarias que correspondan”.

El Presidente y el jefe de Gobierno hablaron sobre ese tema hace algunas semanas. La propuesta que escuchó Larreta implica una suerte de “compensación” entre los recursos necesarios para pagar la Justicia y la baja prevista de la coparticipación.

“Si nos dan los recursos, pero después nos descuentan de la coparticipación es como pagar una deuda con plata ajena”, advierte un alto funcionario de la Ciudad que integra la mesa chica en materia judicial. Otro funcionario porteño confirmó las negociaciones: “Si la propuesta es razonable, la vamos a aceptar. Hoy estamos hablando de medio punto, si es más que eso nos vamos a sentar a discutir”.

Larreta venía esquivando cualquier definición tajante sobre la reforma judicial hasta este lunes. En un hilo de Twitter, pidió “consensos” y cuestionó el tratamiento veloz en el Senado. “La discusión sobre un tema tan trascendental para nuestro país como es reformar un Poder del Estado nos exige un amplio consenso y un profundo proceso de diálogo que incluya a todos los partidos políticos”, dijo en esos mensajes.

La interpretación sobre ese hilo fue cambiando con el paso de las horas. Según reveló ayer Infobae, Larreta y Fernández habían hablado por la mañana sobre la reforma. El jefe de Gobierno le advirtió que pediría una discusión más profunda, pero dejó en claro una vez más que le interesa el traspaso de la Justicia.

A la misma hora que Larreta se expresaba en Twitter, el Presidente insistía en un acto en Pilar sobre el contenido de una charla con Mauricio Macri, crispando los ánimos de la oposición. “Algunos me recomendaban que la economía no se frene y que deje frenada la sociedad, que se caigan los que se tengan que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar y que se mueran los que se tengan que morir. Yo preferí preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, antes que ganar un peso más en la economía”, sostuvo Fernández en alusión al ex presidente.

Desde que se anunció la reforma, un puñado de funcionarios porteños viene trabajando para tratar de dimensionar el gasto que implicaría el traspaso de los delitos penales que siguen en manos de la justicia nacional: homicidios, robos, hurtos, entre otros.

En esos encuentros participan el vicejefe de Gobierno Diego Santilli, el secretario de Seguridad Marcelo D’ Alessandro, el fiscal general Juan Bautista Mahiques, y el presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Maques, entre otros. Por ahora solo analizan números y diferentes escenarios.

Las críticas que expuso ayer Larreta son moneda corriente en esas reuniones. “La reforma nació mal parida, el objetivo real es licuar el poder de Comodoro Py. Para el traspaso de las competencias está en la Constitución, no se necesita una reforma”, afirmó uno de los participantes.

En la actualidad, el proyecto traspasaría de manera inmediata unos 23 jueces penales que ya manifestaron su voluntad al momento de ser nombrados. También se sumaría un número indefinido de fiscales. El primer conflicto es por los sueldos. “Habría que equiparar a toda la justicia de la Ciudad porque los sueldos son más bajos”, explicó un funcionario.

Detrás del tema salarial asoman otros problemas. “Hay que estudiar qué vamos a hacer con el Servicio Penitenciario (la Ciudad debería crear uno o firmar convenios con el SPF), si es necesario ampliar las cámaras, varias cuestiones sobre la infraestructura de la Justicia porteña como el alquiler de edificios, entre otras cosas”, admitió un funcionario.

Falta mucho. El proyecto prevé un plazo de tres años para completar todo el traspaso. “No podemos avanzar hasta que no tengamos una reunión con Nación”, dijo un funcionario de la Ciudad que espera hace varios días un llamado del Ministerio de Justicia.