Al ritmo de la pandemia de COVID-19 y desde el inicio de la cuarentena, la pobreza en la Argentina se extendió a niveles que preocupan seriamente al Gobierno: un incremento de más de 3,5 millones de personas que empezaron a recibir ayuda alimentaria hasta llegar a 11 millones, el mapa de más de 11.335 niños menores de 6 años que están malnutridos y al menos 133 municipios en donde los problemas de alimentación son hoy algo cotidiano.
Es probable que el INDEC no pueda ofrecer en lo inmediato un porcentaje certero del incremento de la pobreza en la pandemia porque la cuarentena frenó toda la labor de los técnicos en la recolección de datos. Pero los números de aumento en ayuda alimentaria, la aparición de nuevos pobres y el volumen in crescendo de chicos menores de 6 años con bajo peso cristaliza una situación social cada vez más complicada según los datos oficiales que maneja la Casa Rosada.
En esta radiografía de la pobreza se pueden ver datos concretos que abonan este panorama desolador en términos de pérdida de ingresos, nuevos pobres y chicos con hambre en la Argentina.
Según un relevamiento que hizo el Ministerio de Desarrollo Social y al que accedió Infobae, el aumento de 8 a 11,2 millones de personas que en enero y febrero recibían la Tarjeta Alimentar y que ahora se potenció se concentra en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, sustancialmente. Según el Ministerio de Desarrollo Social esta entrega de tarjetas ya estaba prevista desde enero y sólo se completó en marzo.
El conurbano bonaerense es donde hay mayor concentración de planes alimentarios. Según el informe elaborado desde el ministerio que conduce Daniel Arroyo, la provincia de Buenos Aires completó en julio la entrega de $2.831.150 millones para este programa alimentario.
En Entre Ríos se completó la entrega de $226.076 millones para este plan y en Santa Fe se entregaron $551.234 millones en julio pasado.
El Ministerio de Desarrollo Social aclaró que el incremento en la entrega de esos fondos ya estaba prevista desde enero y que se hizo en forma escalonada.
A la vez, los voceros de Arroyo dijeron a Infobae que el aumento de 8 a 11 millones de personas que pasaron a recibir ayuda se debió al aumento de gente en comedores escolares y en merenderos pero no en la entrega de la tarjeta Alimentar.
El resto de las provincias mantuvieron desde que empezó la pandemia hasta ahora los niveles de recepción de la tarjeta Alimentar que se vio desde enero aunque la ayuda social se canalizó por otras vías: el incremento de comedores, merenderos o programas IFE y Asignación Universal por Hijo.
“Sostener esta situación implicó un esfuerzo del Estado pero también fue importante el rol de la red social. Y un rol importante del sector privado. Con todo el sistema de asistencia del Estado, más las redes sociales y el sector privado llegamos a 11,2 millones de personas”, dijo el ministro Arroyo a Infobae.
En lo que va de la pandemia, el Gobierno inyectó $68.747 millones para diferentes programas sociales. Esto incluye $2.277 millones en compras centralizadas de alimentos, $4.092 millones de fondos para provincias y municipios, $52.413 millones para la Tarjeta Alimentar, $3.345 millones para comedores y merenderos, $7.301 millones para comedores escolares y $319 millones en otros rubros de ayuda alimentaria.
La presencia de gente en los comedores creció en los últimos meses hasta dar de atención a 230.000 personas, los merenderos reciben hoy a unas 202.000 beneficiarios y los fondos descentralizados COVID alcanzaron a 232.000 personas. Los comedores escolares llegan ahora a 19.432 escuelas mientras que para los módulos COVID para los municipios se invirtieron $600 millones.
“Argentina demostró estar a la altura para sostener la situación. El Estado, la red social y el sector privado lo lograron. La reconstrucción tiene varias partes: mejorar la cobertura y la comensalidad en el hogar, producir alimentos y mejorar la calidad nutricional”, dijo Arroyo sobre el despliegue de todos estos programas de asistencia que crecieron exponencialmente en los últimos 160 días de cuarentena.
Mapa de malnutrición
En paralelo a todo esto, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que conduce Victoria Tolosa Paz elaboró junto con diferentes ministerios un “Mapa de Indicadores Múltiples Georeferenciados” en el marco del Plan Argentina contra el Hambre.
Ese mapa al que tuvo acceso Infobae describe que al día de hoy hay 11.335 niños menores de 6 años que tienen bajo peso o están malnutridos, aunque también hay allí chicos con problemas graves de hambre.
“Estos chicos quedaron totalmente excluidos del sistema y debemos garantizar su atención de manera inmediata”, explicó Tolosa Paz.
Ese trabajo articulado dio como resultado un mapa que tiene representado el registro de datos del programa SUMAR, donde se identifica la “prevalencia de baja talla/peso”, obtenidas desde centros de salud (CAPS y Hospitales Públicos) a nivel nacional y datos del registro de Renabap.
En total se identificaron 232 ubicaciones (centros de salud), que están distribuidas en 21 provincias y representan 133 departamentos o municipiosn distribuidos en todo el país.
De este análisis, que constituye un primer recorte para el abordaje territorial con una mirada integral, se identificaron 11.335 niños y niñas concentrados en estos puntos con problemas de baja talla/peso.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la “baja talla” de un niño determina el retraso del crecimiento, o talla baja para la edad y se refleja en una estatura inferior a la esperable de acuerdo a su edad. “Se define cuando la talla se aleja en más de 2 desviaciones estándar de la mediana de los patrones de crecimiento infantil”, sostiene el organismo internacional.
Con este mapa de nutrición de la Argentina el Gobierno buscará ahora desde la Mesa contra el Hambre planificar políticas sociales específicas y su impacto en el territorio, ya que incorpora datos como vulnerabilidad educativa (registro por provincias de servicios educativo, analfabetismo, repitencia y deserción escolar), servicios Alimentarios escolares, registro de comedores PNUD, índice de carencias múltiples (accesos a servicios y condiciones de vivienda) y registros de Huertas Escolares y Comunitarias, con la idea de analizar desde que lugar se puede mejorar los alimentos en los comedores comunitarios.
Los 133 municipios donde están concentrados estos 11.335 chicos con problemas de alimentación y baja talla se ubican en mayoría de las provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.
Aunque prevalece un mayor número de municipios del conurbano bonaerense, el gran Córdoba, Santa Fe capital y varias comunas de Santiago del Estero.
Reclamo de los intendentes
En líneas generales, los intendentes sufren de manera directa el impacto de aumento de la pobreza. La ayuda nacional resulta insuficiente y deben contar con el respaldo de los gobernadores o el sector privado, la ONG y los movimientos sociales para poder atender tanto volumen de nuevos pobres.
La mayor parte de las transferencias para ayuda social está concentrada en el conurbano bonaerense. Según un informe de Desarrollo Social, el 46,8% de las transferencias monetarias de impacto territorial para sustentar a los sectores vulnerables va a parar al AMBA, el 19% a la zona centro del país, un 11% al NOA, el 9,4% al NEA, un 7,1% a Cuyo y el 5,7% a las provincias de la Patagonia.
Desde que comenzó la cuarentena el 19 de marzo pasado, el Ministerio de Desarrollo Social empezó a girar a los municipios un fondo de $10 millones para la compra de comida que luego se duplicó a $20 millones para cada distrito. Pero para muchos intendentes no resulta suficiente esa ayuda si se tiene en cuenta que cada bolsón de comida tiene un valor de unos $1.000 pesos y hay comunas donde se gastan hasta $80 millones por mes en compra de alimentos para los sectores vulnerables que aumentan diariamente.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, explicó a Infobae que la ayuda de esos módulos de alimentos sumada a los programas de asistencia de la Nación como el IFE o la AUH aliviaron un poco la situación social. Pero el jefe comunal no dudó en sostener: “Nunca hay nada que alcance”. Y graficó que antes de la pandemia había en sus distrito unas 55.000 personas que llegaban a los comedores a pedir alimentos y hoy son más de 110.000.
El intendente peronista de Ituzangó, Alberto Descalzo, expresó que actualmente la situación en los barrios está contenida por los aportes alimentarios que le gira la Nación o la gobernación bonaerense. Aunque destacó que la solución de atención a la pobreza debería pasar por unificar todos los programas en un ingreso único universal.
Desde la oposición del PRO, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, dijo a Infobae que “hasta ahora el gobierno nacional ha cumplido bien, en tiempo y en forma, con la entrega de dos fondos rotatorios uno de 10 y otro de 20 millones que estamos ejecutando para reforzar con alimentos secos los comedores sociales del municipio”. Pero está claro que en Lanús se incrementó la ayuda alimentario y con ello los niveles de pobreza como en gran parte del conurbano bonaerense.
Este aumento de la pobreza en la pandemia ocurre en todos los distritos bonaerenses sin diferenciación política alguna. Por ejemplo, en el municipio de Vicente López, Jorge Macri de Juntos por el Cambio, antes de la pandemia se asistía a 4.500 familias en su comuna y hoy la ayuda alimentaria llega a casi 19.000 familias, es decir, casi tres veces más. “Estamos asistiendo al 35% de la gente de Vicente López con alimentos o con elementos de limpieza”, dijo Jorge Macri. El intendente de Vicente López destacó que hay una buena coordinación con la Nación en la tarea contra el COVID-19 pero también recaló en que “hay mucho por hacer en materia económica y de seguridad”.
Fernando Gray lidera la comuna bonaerense de Esteban Echeverría donde los bolsones de alimentos se llevan más de $70 millones al mes. “Estamos trabajando en una línea de ayuda social directa del Ministerio de Desarrollo Nacional y los municipios, básicamente del conurbano. El Estado en sus tres niveles está presente pero la demanda social crece. Y estamos trabajando junto a la sociedad civil y las organizaciones para mitigar este momento”, expresó Gray a Infobae al hacer un análisis del aumento de pobreza.
En una línea similar se mostró el intendente peronista de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quien remarcó: “estamos articulando muy fuerte con el Ministerio de Desarrollo Social para materializar la ayuda alimentaria. En Almirante Brown entregamos mensualmente 87.000 cupos del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en las escuelas, recibimos fondos para la Asistencia Alimentaria Directa y desde enero contamos con la Tarjeta Alimentar que le permite a casi 25 mil familias acceder a los alimentos. En paralelo, ya estamos trabajando para potenciar la producción de alimentos y mejorar en forma considerable la calidad nutricional”.
En otros casos, los intendentes bonaerenses del PJ o de la oposición prefieren no hablar públicamente. Aunque en sus encuentros virtuales y en las reuniones últimas que mantuvieron con el gobernador, Axel Kicillof, dejaron traslucir el nivel elevado de preocupación que hay por el aumento de pobres desde la pandemia hasta hoy.
Es el mismo tono de alerta y preocupación que se percibe en la Casa Rosada aunque allí prefieren mantener la cautela y mantenerse activos. Tanto en el Ministerio de Desarrollo Social, como en el Consejo de Políticas Sociales o en la Jefatura de Gabinete se percibe un nivel de preocupación ante tanto incremento de pobreza.
Desde el presidente Alberto Fernández para abajo, en la Casa Rosada saben que la reactivación económica será el mayor reto que tendrá el Gobierno para salir de la crisis de la pandemia y empezar a reducir los niveles elevados de pobreza que la pandemia del COVID-19 elevó duramente y golpea a miles de argentinos.
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