El procurador interino Eduardo Casal se presentará mañana ante la comisión de juristas convocados por Alberto Fernández para exponer sobre el funcionamiento del Ministerio Público, la forma de elección a ese cargo y, sobre todo, la posibilidad de ponerle límites a su duración. Casal llega a esta audiencia en medio de la embestida que lo tiene como protagonista en el Congreso en donde el kirchnerismo busca su remoción.
Mientras tanto, ya comenzaron a aparecer públicamente las primeras disidencias en denominada “comisión Beraldi”, rotulada así por la presencia entre sus integrantes del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. A muchos de sus integrantes no les gusta ese título, porque defienden la autonomía de sus posturas.
Un ejemplo apareció este fin de semana cuando el abogado Andrés Gil Domínguez planteó públicamente sus diferencias a las posturas del kirchnerismo en otras decisiones que no tienen que ver con la propia comisión. El constitucionalista ya criticó la llamada “cláusula Parilli” en el dictamen de reforma judicial que plantea que los jueces deberán comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos. Se lo dijo en la cara al propio Oscar Parrilli cuando lo invitaron a dar su opinión en la comisión de Asuntos Constitucionales y escuchó hablar de “presión mediática”.
Pero, además, Gil Dominguez apuntó contra la jugada oficialista de cuestionar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Cámara Federal porteña. Sobre ellos apuntó directamente la jefa de Estado. Pertenecían a un tribunal oral y en la gestión de Mauricio Macri fueron trasladados a integrar la Sala I de la Cámara Federal. Desde allí les tocó revisar los procesamientos dictados por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos. Algunos los confirmaron, otros los revocaron.
El oficialismo en el Consejo de la Magistratura promovió la revisión de diez traslados. La mirada está puesta en la de esos dos jueces por el lugar de poder que dejarían vacante si los corren. El viernes, una jueza rechazó el amparo que solicitaron esos jueces contra la decisión del Consejo. Hay tiempo aún de apelaciones.
El Senado, sin consentir la orden judicial que frenaba ese análisis previo a su resolución, ya se prepara para escucharlos en una audiencia el 4 de septiembre en donde si no tienen acuerdo deberán volver a sus cargos de origen. El oficialismo tiene mayoría simple para imponerse en su decisión.
“El traslado oportunamente otorgado a los jueces Bruglia y Bertuzzi se encuadra en el supuesto ‘juez federal a fuero federal’ con cargo de idéntica jerarquía e igual o similar competencia. El cargo de juez oral está equiparado jerárquicamente al de juez de Cámara de Apelaciones y tiene similar competencia”, aseguró el abogado. Por lo tanto, sostiene, está dentro de los parámetros establecido por la Corte Suprema para avalar un traspaso.
blockquote class="twitter-tweet">El traslado oportunamente otorgado a los jueces Bruglia y Bertuzzi se encuadra en el supuesto "juez federal a fuero federal" con cargo de idéntica jerarquía e igual o similar competencia.
— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) August 20, 2020
La mirada de este abogado es técnica, pero no escapa a las interpretaciones y movidas en materia judicial del Gobierno, que ya tiene sus propias internas. Por eso en sectores de la política ya comenzaron a especular quién dentro de la comisión jugará para Alberto Fernández y quién para Cristina Kirchner.
En el seno del debate de la propia comisión, todo parece llevarse con diplomacia. Según pudo saber Infobae, aparecieron algunas diferencias pero “la sangre no llegó al río”. Los primeros cruces estuvieron enfocados a qué puede trascender y qué no sobre las reuniones que se desarrollan. El propio Beraldi sería uno de los promueve la reserva de lo que se discute.
Mañana, la comisión de juristas tendrá su tercera reunión formal -había tenido dos previas- y allí se escuchará a Casal, a cargo interinamente de la Procuración tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Fue invitado a la comisión, en medio de la presión del kirchnerismo en el Congreso para llevarlo a juicio político, acusado de haber perseguido y/o protegido a fiscales durante la gestión de Mauricio Macri.
Tras hacer saber a sus allegado que no piensa renunciar, Casal aceptó dar su mirada ante el comité de juristas. La reunión será a las 11, a “zoom” cerrado.
También estará la titular de la Defensoría General, Stella Maris Martínez quien cuando le tocó opinar en el Senado sobre el proyecto de reforma judicial planteó sus cuestionamientos con la iniciativa, porque no apunta a la implementación del sistema acusatorio.
El tema del Ministerio Público había comenzado a analizarse el sábado 15 de agosto, en una audiencia preliminar, cuando el penalista León Arslanian hizo un diagnóstico sobre el funcionamiento del Ministerio Publico Fiscal, de cara a los interrogantes que planteó el Ejecutivo: ¿debe limitarse el período de mandato del Procurador General y otros funcionarios? ¿Puede el jefe de los fiscales comenzar a ser elegido por simple mayoría en el Senado, en vez de con el voto de las dos terceras partes de los presentes, como rige hasta ahora?
El candidato a procurador del Ejecutivo Daniel Rafecas ya hizo pública este jueves en su cuenta de instagram lo que venía sosteniendo en privado: no quieren que se modifique la mayoría cualificada que rige actualmente. Actualmente, el oficialismo no consigue esos dos tercios de los votos para lograr la aprobación de su pliego en el Senado.
Aunque todavía no ha llegado el momento de escribir dictámenes, en el propio seno de la comisión de juristas tampoco se ve con buenos ojos la posibilidad de cambiar la forma de designación. Queda abierta, sin embargo, el análisis sobre la duración de los mandatos.”Al día de hoy hay un intercambio de ideas, pero nadie dio una opinión tajante sobre el tema. Tampoco tendría sentido. Faltan todavía los expositores”, remarcó una de las fuentes consultadas por Infobae.
Otro de los puntos a analizar por la comisión es si la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción -dos organismos que hoy dependen del Ejecutivo- deben incorporarse al Ministerio Público, como colaboradores de la labor judicial y no como querellantes autónomos que hoy litigan independiente en causas penales, cumpliendo el rol de un segundo acusador privado.
Pero el tema del Ministerio Público, como se sabe, es sólo uno de los tópicos sobre los cuales les pidió Alberto Fernández analizar. Después vendrá la posibilidad de implementar el juicio por jurados y las recomendaciones para llevar adelante el traspaso de la justicia nacional al ámbito porteño. Superado esto, vendrán dos temas calientes: el Consejo de la Magistratura y, sobre todo, la Corte Suprema de Justicia. Es allí, sobre lo que puedan proponer respecto del máximo tribunal en donde están puestas todas las miradas. Los consejeros insisten en repetir que no se les pidió opinar sobre el número de integrantes de la Corte Suprema.
El grupo quiere escuchar al presidente del Consejo, Alberto Lugones, y a los jueces de la Corte Suprema, aunque esa invitación correrá por cuenta del jefe de Estado. Habrá además invitaciones para una veintena de instituciones académicas y representativas de la Justicia. Julio Piumato, el titular del gremio de los judiciales, también estará en la lista de los convocados
Lo que es seguro es que la opinión de los once no será unánime: habrá un dictamen de mayoría (simple, con la mitad más uno) y después cada uno puede plasmar su opinión en disidencia en un escrito propio. Lo que Alberto Fernández les pidió fueron propuestas concretas. Tienen 90 días para elaborarlas. Una vez que las tenga, el jefe de Estado decidirá qué hace con esas sugerencias.
El “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación”, coordinado por el abogado Fabián Musso, está integrado por los abogados Carlos Alberto Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y por los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza). El onceavo integrante es Enrique Bacigalupo, un académico exiliado que fue juez durante 40 años en España.
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