El proyecto al que el oficialismo intentará darle media sanción esta semana en el Senado incluye varias sorpresas, además de la cláusula “Parrilli”. Con las últimas modificaciones, se crean casi 600 cargos nuevos en el interior del país, teniendo en cuenta magistrados, funcionarios y empleados. Según un trabajo que realizaron equipos técnicos de Juntos por el Cambio, al que tuvo acceso Infobae, las modificaciones en la estructura judicial de las provincias duplicaría el gasto total de la reforma, que ahora trepa a unos $6000 millones anuales, tomando en cuenta los sueldos y la inversión proyectada en infraestructura.
El proyecto que obtuvo dictamen esta semana en un plenario de comisiones de la Cámara alta crea 9 Salas de tres jueces cada una, lo que implica un total de 27 jueces de Cámara, uno de los sueldos más altos en la estructura judicial, y unos 90 cargos de funcionarios y empleados.
Las nuevas salas funcionarían en Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Rosario, Santa Fe, Formosa, San Luis y Mar del Plata.
La creación de esas salas, salvo en el caso de Mar del Plata, trae aparejada la creación de una estructura reflejo en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. La iniciativa prevé 8 fiscales de cámara (son 56 funcionarios y empleados) y 8 defensores de cámara (con otros 56 funcionarios y empleados). En total, la inclusión de estas 9 salas en el interior implica 41 nuevos cargos de magistrados de cámara y unos 202 nuevos funcionarios y empleados.
El proyecto que votó el Frente de Todos, sin el acompañamiento de la oposición, también crea dos Tribunales Orales Federales en Resistencia (Chaco) y en Ituzaingó. Esto implica seis nuevos cargos de magistrados de cámara y 36 funcionarios y empleados. A eso hay que sumarle nuevamente la estructura de fiscalías y defensorías.
En cambio, en los tribunales de primera instancia se reducen los cargos. La iniciativa original que había enviado el Ejecutivo contemplaba 94 jueces federales, 85 fiscales y 23 defensores. Ahora, se redujo a 63 jueces (58 penales, 5 no penales), 78 fiscales (69 penales, 9 no penales) y 43 defensores.
Pese a esa reducción de cargos, el proyecto incorpora 19 nuevas secretarías en los juzgados federales del interior. Hay secretarías en lugares como Chilecito (La Rioja), Río Turbio (Córdoba) o Perito Moreno (Santa Cruz).
El artículo 53 del dictamen establece que las nuevas secretarías deberán contar “con el personal necesario para su correcto funcionamiento”. Aunque ese número no está previsto en el proyecto, se calculan unos 266 cargos nuevos, teniendo en cuenta una 14 personas por Secretaría. Ese dato surge del proyecto de presupuesto del Consejo de la Magistratura para 2021.
Con todos estos cambios, la nueva estructura de las provincias totaliza 233 cargos de magistrados y unos 554 de funcionarios y empleados, pero a eso hay que restarle unos 200 cargos de magistrados que ya estaban contemplados en el proyecto original.
Fuentes de la oposición revelaron a este medio que la proliferación de cargos en el interior del país responde a un acuerdo de fondo entre el Gobierno y los gobernadores peronistas.
“La iniciativa reformista de creación de juzgados federales y luego de sustitución de estos por Salas/Cámaras de Apelaciones del interior no fue acompañada de estadísticas, análisis de costos, trabajos de campo, ni de un mapa del delito nacional que, al menos a priori, parecen ser un insumo indispensable a la hora de programar los trascendentales cambios que se impulsan”, opinó el juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky ante una consulta de este medio.
En la Ciudad de Buenos Aires, el dictamen mantiene un total de 77 cargos nuevos de magistrados (jueces, fiscales y defensores). Teniendo en cuenta un promedio de sueldos de $450.000, en bruto, porque en el listado hay 15 camaristas y 5 fiscales de tribunales orales, que tienen salarios muy superiores a jueces y fiscales de primera instancia, solo esas designaciones implican una inversión anual de $415 millones, tal como había revelado Infobae.
El proyecto original contemplaba un gasto total en sueldos de más $1700 millones. A eso habría que sumarle, según los cálculos de los equipos técnicos de Juntos por el Cambio, más de $1200 millones de inversión edilicia. Esa cifra no incluye los gastos operativos necesarios para que funcione cualquier oficina judicial: vehículos, internet, luz, gas, agua, sillas, escritorios, lámparas, armarios, y hasta nuevos sistemas informáticos.
El Gobierno minimizó la inversión que demanda la reforma y hasta ahora no expuso las cifras concretas. Recién esta semana, en base a un informe de la ministra Marcela Losardo, la senadora María de los Ángeles Sacnun dijo en el plenario de comisiones que el costo de la reforma es de “unos $1.900 millones”. La cifra precisa es $1939 millones, dijeron en fuentes oficiales, aunque todavía se desconoce el desagregado.
Todo cambió con el dictamen que votó el kirchnerismo este miércoles sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio. Con los nuevos cargos, el costo total se habría duplicado.
Los técnicos que analizan cada detalle de la reforma estiman que la masa salarial total creció a unos $ 2400 millones. A eso hay que sumarle otros $2400 millones en infraestructura edilicia y unos 1150 millones en infraestructura tecnológica. Según esos datos, el costo de la reforma ahora treparía a la cifra de $6000 millones, casi el doble del proyecto original.
A pesar de la marcha del lunes pasado, el Gobierno aceleró esta semana el debate parlamentario. En la reunión del martes escuchó a 16 expositores, con intervenciones de apenas diez minutos cuando no había preguntas. Y al día siguiente aprobó el dictamen de mayoría.
El texto finalmente incluyó una mención, innecesaria, a los medios de comunicación, tal como había pedido del senador Oscar Parrilli, que siempre ejecuta las órdenes de Cristina Kirchner.
Ahora, el artículo 72 prevé que “los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán (...) comunicar en forma inmediata al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
¿Cuales serían esas influencias? ¿Qué podría hacer el Consejo de la Magistratura? Un cheque en blanco que pone la libertad de prensa a merced de los jueces. “Es una distracción para avanzar con la reforma”, interpretan desde la oposición.
El Gobierno dejó trascender que esa modificación fue ejecutada a espaldas de Alberto Fernández y su ministra de Justicia. Si es así, no debería aparecer en el texto final.
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