Rechazaron un pedido de la oposición para frenar concursos de jueces clave para la reforma judicial

La disputa entre el oficialismo y la oposición por la reforma a la justicia federal que planteó el gobierno de Alberto Fernández -y que se debate en el Congreso- ya tiene un capítulo judicial. Un diputado del PRO objetó dos concursos que está realizando el Consejo de la Magistratura de la Nación para cubrir vacantes en el fuero Penal Penal Económico, el que se unificará con los tribunales de Comodoro Py como parte de la reforma judicial. Un primer pedido para suspender esos concursos fue rechazado.

El juez en lo contencioso administrativo federal Santiago Carrillo no hizo lugar al pedido de medida precautelar que presentó el diputado del PRO e integrante del Consejo Pablo Tonelli para suspender el trámite de dos concursos en los que objeta que quedó afuera del sorteo para analizar parte del trámite.

Se trata de los concursos público 418 y 430 que tramita el Consejo, el órgano encargado de la selección y la acusación de jueces nacionales y federales. El primer concurso es para cubrir tres cargos de jueces en la Cámara en lo Penal Económico y el segundo para el juzgado de primera instancia número 10 del fuero.

Esos tribunales tienen con la reforma más valor para el poder. Si bien Penal Económico tiene causas de transcendencia institucional, la reforma judicial los unifica con los de Comodoro Py para transformarse en un fuero penal federal único que tenga las causas de corrupción que involucran al poder económico y político. En total serán, según la iniciativa, 46 juzgados de primera instancia y tres salas para la Cámara. De ahí que los concursos de Penal Económico tengan relevancia.

Los dos concursos públicos están avanzados. Ya hay un primer orden de mérito de los candidatos y esta semana se aprobaron los informes sobre las impugnaciones que se presentaron. Pero Tonelli inició un amparo en la Justicia para cuestionar una parte de los trámites.

El análisis de las impugnaciones las hacen subcomisiones integradas por consejeros. Tonelli conforma la subcomisión D con el juez Alberto Lugones. Pero Lugones está excusado para intervenir en los dos concursos del fuero Penal Económico. Por eso, esa subcomisión fue apartada del sorteo. Tonelli cuestionó la decisión pero el plenario del Consejo rechazó el planteo.

“Lo que se hizo es la práctica habitual cuando se presenta esa circunstancia”, le dijo a Infobae una fuente del Consejo.

Pero Tonelli no tuvo la misma mirada y se presentó en la Justicia. Sostuvo que con la exclusión de su subcomisión del sorteo se lo privó de ejercer su mandato como consejero. “Debo subrayar y recordar que antes de que se produjeran los sorteos, manifesté que no correspondía mi exclusión y que, por el contrario, la subcomisión que integro debía integrar el sorteo junto con las demás y, en caso de salir desinsaculada, sortearse un consejero para que reemplace ad hoc al Dr. Lugones. Tal petición fue desestimada por la comisión, que procedió a practicar el sorteo excluyéndome y a designar a las subcomisiones intervinientes de modo arbitrario y manifiestamente contrario a lo previsto en los reglamentos aplicables, la ley y la Constitución Nacional”, señaló.

En su amparo, Tonelli le pidió a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución del Consejo, que se haga un nuevo sorteo con su nombre y que se dicte “una medida precautelar urgente” para que se suspenda el trámite de los dos concursos hasta que se resuelva si estuvo bien o mal excluido del sorteo.

El pedido de medida cautelar fue rechazado. “No se advierte la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables que impongan el dictado de la medida interina”, resolvió el juez Carrillo en su fallo al que accedió este medio. Para continuar con la causa, el magistrado le pidió al Consejo que presente un informe para contestar la demanda que le inició Tonelli. Para hacerlo le dio un plazo de tres días hábiles.

Una vez que el Consejo responda, el juez Carrillo quedará en condiciones de resolver el pedido de cautelar, el segundo que pidió Tonelli en su amparo para suspender los concursos.

Carrillo integra el fuero contencioso administrativo federal que la semana pasada fue noticia. Por un lado, el proyecto de reforma judicial lo incluía. Fijaba su unificación con el fuero civil y comercial federal porque entienden en casos similares. Pero el Senado quitó esa parte de la iniciativa. Si la reforma es aprobada por el Congreso y se presenta alguna causa judicial para objetarla, el fuero que deberá intervenir es el contencioso administrativo federal.

Por otra parte, ayer la jueza María Biotti rechazó el amparo que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Cámara Federal de Comodoro Py que revisa las causas por corrupción, presentaron para que se frene el trámite de la revisión de sus traslados que actualmente se encuentra en el Senado.

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