En silencio, y con la orden directa de Cristina Fernández de Kirchner, el senador peronista Oscar Parrilli incluyó en el dictamen oficial de la Reforma Judicial una palabra que implica el infinito condicionamiento directo a todos los medios de comunicación de la Argentina. La modificación jurídica fue ejecutada a espaldas de Alberto Fernández y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, que se enteraron horas después de la decisión política asumida por CFK y Parrilli.
La Reforma Judicial es un proyecto de Alberto Fernández que redactó junto a Losardo, Vilma Ibarra –secretaria de Legal y Técnica– y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. La decisión del kirchnerismo de avanzar contra los medios sin consulta previa y como un hecho consumado multiplicó anoche las tensiones políticas que ya existen entre Olivos y la Cámara alta.
La Enmienda Parrilli contra la libertad de prensa tiene una palabra clave: “mediáticos”. Y significa que todos los jueces federales del país que consideren que un cronista, movilero, periodista, productor, editor o medio en sí mismo –por poner seis ejemplos de una lista inabarcable– intentó presionarlo, deberá informar al Consejo de la Magistratura, que abrirá una investigación contra el denunciado.
La inclusión del senador peronista en la Reforma Judicial, avalada por Cristina Fernández de Kirchner, fija textual en el artículo 72 inciso e): “Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán (...) comunicar en forma inmediata al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
La Enmienda Parrilli funciona como una figura penal en blanco que pone a merced de la interpretación de los jueces la libertad de prensa protegida en la Constitución Nacional. El inciso e) del artículo 72 no establece condiciones objetivas o subjetivas del presunto implicado, no determina en qué circunstancias se consideraría “cualquier intento de influencia” en las decisiones del magistrado y tampoco articula un mecanismo de defensa del periodista que aprovechó su poder mediático.
Alberto Fernández y Marcela Losardo estuvieron ayer en la quinta de Olivos. Amigos personales y socios en un estudio de abogados, el Presidente y la ministra de Justicia trabajan de memoria y saben qué acecha en la interna política del Gobierno peronista. La Reforma Judicial es una creación intelectual del jefe de Estado, que fue esmerilada y finalmente consensuada con Cristina Fernández de Kirchner.
En la soledad de Olivos, Losardo informaba al Presidente qué estaba sucediendo en el Senado con la Reforma Judicial. Su dictamen oficial se demoraba por ciertas inclusiones jurídicas y la ministra recibía la información por la senadora María de los Ángeles Sacnun, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que incluía las modificaciones y solicitaba a sus colegas peronistas la firma electrónica para cerrar esta etapa del tramite parlamentario.
Losardo estuvo junto a Alberto Fernández casi tres horas. A su celular, vía WhatsApp, llegaba la información de la Reforma Judicial enviada por la senadora Sacnun. En ese constante intercambio, la ministra se enteró de casi todas las enmiendas que se redactaron en la Cámara alta. El Presidente, a su lado, proponía ajustes técnicos y Losardo reenviaba a Sacnun –de estrecha confianza de CFK– esas consideraciones para que se agregaran al dictamen oficial.
Alberto Fernández y su ministra Losardo no fueron informados de la Enmienda Parrilli a la Reforma Judicial.
En toda la tarde, durante las horas que estuvieron chateando para ajustar la Reforma Judicial, Sacnun jamás reveló al jefe de Estado y a Losardo que CFK había ordenado a Parrilli que incluyera a los medios en el inciso (e) del artículo 72 de la iniciativa oficial.
Losardo se enteró de la jugada del kirchnerismo por una llamada telefónica, cuando ya se había ido de la quinta presidencial. Y Alberto Fernández conoció la ofensiva de CFK y Parrilli por Losardo, que indignada se comunicó a Olivos.
Durante el debate de la Reforma Judicial en la Cámara alta, Parrilli había planteado ante la ministra de Justicia su interés político de condicionar a los medios. Y Losardo evitó el contrapunto asumiendo que la vicepresidente no avanzaría sobre un proyecto que fue redactado –literalmente– por Alberto Fernández.
En Olivos y la cartera de Justicia juran que la Enmienda Parrilli no llegará al recinto de sesiones. Y que la Reforma Judicial “volverá a su espíritu inicial”, cuando su redacción solo estaba en manos de Alberto Fernández.