La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lamentó este viernes la aprobación de una cláusula que el kirchnerismo incluyó en el dictamen del proyecto de reforma judicial y exhortó a los senadores a “reflexionar” sobre la gravedad institucional de aprobar “una medida destinada al silenciamiento de la libertad de expresión”.
Esta mañana, el oficialismo incluyó en el dictamen una propuesta del senador Oscar Parrilli que consiste en agregar la palabra “mediático” al artículo 72 inciso del proyecto de ley.
“Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar y desprestigiar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa. Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos”, justificó el senador a principio de mes en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para mostrarse como una víctima de persecución judicial.
Con el agregado, el artículo insta a jueces a “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
El comunicado de ADEPA -difundido en su sitio web y redes sociales- advierte que esta situación es “incompatible con los compromisos asumidos por la Argentina en el plano internacional de defender la libertad de expresión y de prensa”. Y adelanta que la Asociación también transmitirá su preocupación a los diputados “sin distinción de banderías” políticas.
Según señala ADEPA, la “enmienda Parrilli” apunta a favorecer la autocensura, inhibir el escrutinio periodístico y debilitar un debate público vigoroso sobre cuestiones de interés institucional, como son la administración de Justicia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado.
“La repudiable incorporación de la insólita figura de «presiones mediáticas» en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodísticas sobre casos de interés público que se debatan en el ámbito judicial, casos que muchas veces el periodismo ha contribuido a revelar, ya que es una de sus funciones en la democracia. Más aún, la incorporación sorpresiva de esta cláusula parece responder a un objetivo de represalia ante el trabajo de la prensa en casos de corrupción en los últimos años”, plantea el comunicado.
La modificación jurídica -según detalló Infobae- fue ejecutada por orden directa de Cristina Kirchner a espaldas del presidente Alberto Fernández y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, quienes se enteraron horas después de la decisión.
Tal como señalan las leyes sobre libertad de expresión, cualquier responsabilidad de la prensa por su actuación siempre será ulterior y sometida a las reglas del debido proceso.
“Por eso, la incorporación de esta figura ambigua y superflua, que sólo se verificaría con una denuncia ex ante, subjetiva, sin pruebas, genérica, innecesaria e intimidatoria, altera gravemente la garantía de la libertad de expresión en nuestro país”, señalan desde ADEPA.
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