La comisión de juristas convocada por el presidente Alberto Fernández para elevar propuestas de reformas para la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, invitó al procurador interino Eduardo Casal para que exponga en la reunión del martes próximo, pudo saber Infobae. El funcionario viene sorteando una embestida política en el Congreso: el oficialismo pretende que se aparte porque no cuenta con los dos tercios para votar su juicio político.
El Ministerio Público es el primer tema de la agenda de la comisión y comenzó a ser debatido el sábado pasado. En ese encuentro, tal como contó este medio, el abogado León Arslanian hizo “un diagnóstico” sobre cómo funciona el Ministerio Público y la posibilidad de limitar los tiempos de mandato del procurador y la forma de elección.
La posibilidad que se barajó fue que ese cargo sea elegido por mayoría simple. Esa idea deja en una posición incómoda al actual candidato del Gobierno para la Procuración, el juez Daniel Rafecas.
Otro de los puntos que el Ejecutivo pidió analizar en la comisión es la duración del mandato del jefe de los fiscales. La ley actual dice que el procurador goza de estabilidad en ese puesto “mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años de edad”, con la posibilidad de que se prolongue su permanencia en el puesto, por cinco años, con acuerdo del Senado (como un nuevo nombramiento).
La comisión “Beraldi” también debe evaluar la posibilidad de incorporar en su estructura la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), dos organismos que dependen del Ejecutivo y actúan como querellas autónomas en diferentes causas de corrupción.
Pese a la embestida política en su contra, allegados al procurador interino confirmaron a Infobae que participará de la reunión del próximo martes.
Casal hasta ahora no fue invitado al Congreso para exponer sobre la reforma judicial. En la intimidad, el procurador interino opina que el proyecto va en contra del sistema acusatorio.
En reuniones reservadas, Casal planteó que la reforma no le otorga herramientas al Ministerio Público Fiscal para investigar con autonomía. En ese sentido, lamentó que no esté prevista la creación de un cuerpo de investigaciones especializado (policía judicial), para que los fiscales no sigan dependiendo de las fuerzas de seguridad nacionales.
En cambio, el plenario de comisiones del Senado, que ayer le dio dictamen a la reforma, sí convocó a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, que ahora también fue invitada por la comisión de juristas para tratar posibles reformas al Ministerio Público.
La embestida contra Casal arrancó en la Bicameral de Ministerio Público, donde ya desfilaron ONG y fiscales descontentos con su gestión. El oficialismo también pretende activar la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, aunque todavía no se analizaron las presentaciones contra el procurador.
Casal está convencido de que las denuncias no tienen sustento. “Estoy plenamente convencido de la seriedad con la que he cumplido mi función. El trabajo que se ha llevado durante este tiempo no merece los cuestionamientos que tan livianamente se realizan. No se dan cuenta del daño institucional que provocan”, le dijo a Infobae hace dos semanas.
El oficialismo tendría los votos suficientes en la Bicameral para impulsar el juicio político, pero en el recinto se topará con el mismo límite que le impide nombrar a Rafecas: no tiene los dos tercios. Por eso, el procurador está convencido de que se puso en marcha un operativo de desgaste para que se jubile.
Ante ese escenario, el kirchnerismo duro analiza la posibilidad iniciarle un jury como si fuera un fiscal más. “No fue elegido por los dos tercios”, argumentan en las filas del oficialismo. Ese plan implicaría iniciar un sumario dentro de la Procuración, citar al Consejo Evaluador y pasar por todas las instancias. “Es un disparate, Casal está cumpliendo con las funciones de procurador y le corresponden las garantías del cargo”, aseguran en las oficinas de la Procuración.