Espionaje ilegal: llamaron a indagatoria al ex secretario de Macri y a los ex titulares de la AFI

El juez federal Juan Pablo Augé llamó este jueves a indagatoria al ex secretario privado de Maurico Macri, Darío Nieto, y a los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a una veintena de espías y la ex funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo. Se trata de la causa por el espionaje ilegal a políticos, periodistas, gremialistas y jueces, entre otros, durante la gestión de Cambiemos. En esa lista de víctimas figuran Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Nicolas Massot, Emilio Monzó, Martín Irurzun o Hugo Moyano, pero también la hermana y el ex cuñado del ex presidente Mauricio Macri.

Para la fiscalía, los imputados conformaron “una asociación ilícita que funcionó y se desarrolló dentro de varios organismos del Estado Nacional y que tuvo múltiples finalidades ilícitas, principalmente la de desplegar operativos de espionaje ilegal”. Para el Ministerio Publico, la maniobra desplegada “no podría haberse llevado a cabo sin un acuerdo de voluntades que garantizara silenciar todos los controles que podrían activarse en el largo proceso entre la orden impartida, la obtención del producido de los espionajes ilegales y la posterior entrega a los requirentes”.

El juez Auge hizo lugar al pedido elevado esta semana por la fiscalía, a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. “Considero que existen motivos bastantes para sospechar que Gustavo Héctor Arribas, Silvia Majdalani y Darío Nieto han participado en la comisión de los hechos calificados prima facie como infracción a los artículos 210, 248, 249 del código sustantivo y 43 bis dela ley 25.520, razón por los que habré de convocarlos a prestar declaraciones indagatorias”, aseguró el magistrado en el escrito al que accedió Infobae.

Sin embargo, el juez no puso fecha a esas indagatorias porque resolvió que se lleven adelante por videoconferencia, siguiendo los lineamenitos de Casación al comienzo de la pandemia para priorizar el trabajo remoto. No es un dato menor que tras la última indagatoria que se tomó en el juzgado por la causa conexa del Instituto Patria terminaron contagiados de coronavirus el acusado, el defensor, el juez y la fiscal, quien incluso llegó a estar internada por los síntomas que presentó.

En ese marco, el juez cursó oficio al presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, para que asigne “una plataforma que permita realizar las mismas en forma remota, con la capacidad suficiente para la participación de los convocados , como así que pueda ser video filmada/grabada” para agregarla a la causa. Serán entonces 24 indagatorias que se concretarán en forma remota, sin desfile por los tribunales de Lomas de Zamora.

Puntualmente, se reclamó llamar a indagatoria a Arribas y Majdalani -ya procesados en la causa del Instituto Patria- y a Darío Nieto; y que se amplíe la indagatoria de de Susana Martinengo y al resto de los espías que a los que el ex juez del caso Federico Villena había ordenado detener y ya fueron liberados.

Se trata de Facundo Melo, Leandro Cesar Araque, Jorge Horacio Sáez, Emiliano Federico Matta, Alan Flavio Ruíz (ya procesado), Susana Mabel Martinengo, Diego Luis Dalmau Pereyra, Gustavo Marcelo Cicarelli, Jonathan Ezequiel Nievas, Andrés Patricio Rodríguez, Javier Esteban Bustos, Daiana Romina Baldasarre, Jorge Ochoa, Mariano Ignacio Flores, Martín Terra, Dominique Lasaigues, María Belén Sáez, María Mercedes Funes Silva, Juan Carlos Rodríguez, Denise Aya Tenorio y María Andrés Fermani. Para el único que se pidió falta de mérito fue para Guillermo Leandro Matta, hermano de un sospechoso que estaba imputado en la causa.

Nieto será la primera vez que enfrente una indagatoria. “Sigo como siempre a disposición de la justicia para demostrar que las acusaciones contra mi persona son absolutamente falsas e inventadas”, escribió en Twitter en las últimas horas. En el dictamen acusatorio se aseguró que borró conversaciones de su teléfono antes de que fuera allanado por el ex juez de la causa. También se sostiene que recibía informes que elaboraban los espías vía Susana Martinengo, encargada de Documentación en la Casa Rosada.

Arribas y Majdalani están procesados en la causa del Instituto Patria en donde se investigaron vigilancias que se le habían hecho a Cristina Kirchner en el invierno de 2018. Sus defensas apelaron esa decisión. Los acusados aseguraron que esas diligencias se tomaron en el marco de una causa que buscaba prevenir actos terroristas de cara a la cumbre del G-20, expediente que llevaba Villena. Fue precisamente ese antecedente lo que determinó que Villena fuera apartado de la investigación y pasara a su colega Augé, quien delegó la investigación en la fiscalía.

El caso tiene tres aristas: el Instituto Patria, el que se hizo en la cárcel sobre presos k (que motivó allanamientos la semana pasada no solo en el penal de Ezeiza sino en diversas dependencias y en la casa del ex director del SPF Emiliano Blanco, quien en las últimas horas presentó un descargo y rechazó cualquier sospecha al explicar el funcionamiento del IRIC, el área donde iban los detenidos en causas de corrupción) y el que tuvo como víctimas a un dirigentes políticos, gremiales y sociales, junto a jueces y periodistas.

“La Agencia Federal de Inteligencia se constituyó, paradójicamente, en una amenaza a resortes vitales del sistema democrático y republicano, propios de una Estado Constitucional de Derecho; al practicarse desde allí espionaje a políticos, sindicalistas/gremialistas, periodistas y funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial de la Nación, tareas enmarcadas en una práctica habitual, prolongada y generalizada”, afirmó la fiscalía en su acusación.

A criterio de los investigadores, los imputados “conformaron una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado Central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia”. Y, “con distintos roles, quienes componían la organización, se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales”.

A lo largo de casi 200 paginas, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide describieron “un entramado delictivo complejo tuvo como víctimas” a medio centenar de personas, entre las cuales estaba la hermana de Mauricio Macri, Florencia Macri, y su ex pareja, Salvatore Pica. De esas 200 paginas, en 150 describen las pruebas sobre el espionaje a las víctimas, con fotos, mensajes de chats y carpetas, algunas de las cuales ya habían trascendido y otras que hasta ahora no se habían filtrado.

En el dictamen acusatorio, la fiscalía afirmó que “se utilizó la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia para practicar espionaje político de un gran y variado número de personas, algunos de ellos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política; pero claramente esta actividad sistemática de espionaje de contenido político se realizó torciendo la razón de ser de dicha Agencia Federal”.

“El Director Gustavo Arribas y la Subdirectora Silvia Majdalani fueron los responsables institucionales a cargo de ejecutar el plan de inteligencia Nacional que llevaría delante la agencia. La propia Ley es la que pone en cabeza de los nombrados el mandato de planificar y ejecutar las actividades de obtención y análisis de la información para la producción de la Inteligencia Nacional y de la Contrainteligencia. También deben dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, así como también las relaciones con los organismos de inteligencia de otros Estados”, afirmó

Sin embargo, se aseguró, “se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes. Tal es el caso de Susana Martinengo, quien no sólo se reunía con Leandro Araque y el “Turco” Sáez en la casa de Gobierno; sino que tenía contacto asiduo con ellos e intercambiaba información que luego utilizaban para sus aspiraciones políticas y a su vez transmitida a un superior, en este caso, al Secretario del Presidente de la Nación, Darío Nieto”.

“La actividad ilícita que se les endilga a los imputados fue enteramente dirigida a controlar a los políticos y figuras centrales del escenario de poder en nuestro país -se sostuvo-. Nótese que las tareas consistían en acumular informes de inteligencia, en querer saberlo todo y en saber lo que sea, incluso lo más fútil y lo más insignificante, en querer saber por saber. Se observa también el gusto de estos servicios de inteligencia por las informaciones privadas, los rumores e intrigas infundadas”.

Para el Ministerio Público, “este conjunto de policías devenidos a espías, sumado a otros que, sin formación ni experiencia alguna fueron incorporados a las filas de la Afi y puestos a disposición de la Estructura ilegal que aquí estamos investigado, se convirtieron en auxiliares políticos del gobierno, en contra de lo que dispone la Ley Nacional de Inteligencia”.