Los diputados cordobeses que responden a Juan Schiaretti no respaldarán la reforma judicial

Los cuatro diputados cordobeses que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y que forman parte del bloque Córdoba Federal, no acompañarán el proyecto de reforma judicial que impulsa el gobierno nacional y que hace poco más de dos semanas comenzó a ser tratado en las comisiones del Senado. Se suman así al rechazo de los legisladores que responden a Roberto Lavagna, quienes este martes anunciaron que no van a respaldar el proyecto.

Los legisladores Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Pablo Cassinerio y Claudia Márquez no van a votar a favor. Entienden que no existe un consenso político para avanzar. Los cuatro son parte del interbloque Federal que conduce Eduardo “Bali” Bucca, quien pidió que la medida tenga un acuerdo amplio, lo que parece no suceder hasta el momento.

Ayer el bloque de Consenso Federal, que integran por Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, anticipó que no votará la propuesta del oficialismo para reformar la Justicia. “Sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe. Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la votará”, explicaron.

En un comunicado recordaron que esta postura la había adelantado hace pocos días la diputada Camaño, al sostener que “la reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna” y que una decisión institucional de semejante envergadura “requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla”.

“La prioridad debe estar puesta en asuntos como el impulso a las Pymes de todo el país, para que sostengan el empleo y recuperen su capacidad productiva”, consideró la bancada lavagnista. “Se sale creando trabajo; no se sale con ideas como la de superponer una renta básica universal a la iniciativa para invertir, crear trabajo y producir”, apuntó el bloque parlamentario.

El interbloque Federal está compuesto por 11 legisladores. Están los tres lavagnistas, los cuatro cordobeses, “Bali” Bucca, el legislador salteño Andrés Zottos, y los socialistas Luis Contigiani y Enrique Estevez. Los últimos dos, ambos socialistas, tampoco acompañarían la reforma. Dos votos menos en la cuenta que hace la Casa Rosada.

“Merece un debate más profundo, pero sobre todo un acuerdo amplio que hoy no está a la vista. Es un tema que requiere consenso político y social. Para llegar a eso hay que dedicarle tiempo, apertura a distintas voces, un objetivo más integral. Son cosas que hoy no hay”, advirtieron desde el entorno del interbloque Federal. Esa idea es la que atraviesa a la mayoría de los legisladores que lo componen.

El proyecto de ley no tendrá mayores problemas para pasar por el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría, pero a priori no correrá la misma suerte en la Cámara de Diputados, donde Juntos por el Cambio ya adelantó que lo va a rechazar, y los bloques más pequeños empezaron a dar muestras de que tampoco apoyarán el proyecto.

Del interbloque que conduce el mendocino José Luis Ramón la mayoría acompañaría. Sin embargo hay dos que el oficialismo no puede contar. Una es la tucumana Beatriz Ávila que ya adelantó que no lo acompañará por considerarlo “inoportuno”. Entiende que el foco de la agenda está puesto en otros temas. “Hay que resolver los temas que preocupan a la sociedad, como la salud, la economía o la inseguridad”, advirtió. El otro que no pueden contar es el santacruceño Antonio José Carambia, que está en duda y aún no confirmó si va a acompañar la iniciativa o no.

La Izquierda tampoco acompañará el proyecto. Romina Del Plá y Nicolás Del Caño se manifestaron en contra del proyecto. “No apoyamos la reforma judicial ni la votaremos. Impulsamos la elegibilidad por voto popular de los jueces. Estamos contra la impunidad de las dos orillas de la grieta”, explicó Del Plá. En tanto, Del Caño se manifestó en la misma línea: “Este proyecto no cambia nada sustancial. Solo agrega más juzgados a un sistema judicial antipopular que se mantiene intacto, preservando a la casta judicial”.

La masiva marcha del último lunes fue una nueva expresión popular opositora que marcó un descontento sobre una decisión política del Gobierno. Lo mismo había sucedido tiempo atrás cuando el presiente Alberto Fernández intentó avanzar en la intervención y expropiación de la empresa Vicentin. Miles de personas salieron a la calle, en el medio de la pandemia y de la cuarentena, y pusieron el grito en el cielo advirtiendo que el gobierno nacional avanzaba contra la propiedad privada.

En ese momento Roberto Lavagna, Juan Schiaretti y los legisladores que responden a ellos también marcaron su postura contraria a la expropiación. El proyecto ni siquiera llegó al Congreso. Con el paso de las semanas se fue diluyendo, hasta quedar archivado. La manifestación pública en diferentes puntos del país jugó un rol determinante en la decisión del Gobierno de no avanzar. No había consenso político ni en la sociedad. Fue el primer traspié político de la gestión.

En esta oportunidad la situación tiene algunos puntos en común. El proyecto de ley es resistido por la oposición, generó muchas dudas en el peronismo disidente y empujó a muchos ciudadanos argentinos a manifestarse en las calles el último lunes con el fin de marcar su disconformidad.

Lo que resta a partir de ahora es el poroteo y la negociación política más fina que tendrán que llevar adelante las espadas legislativas del Frente de Todos en los próximos días. Cuentas y gestión en los pasillos del Congreso. En poco tiempo sabrán si los números dan o no.

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