Hoy se pone en marcha formalmente la comisión Beraldi, el grupo de asesores que reunió Alberto Fernández para analizar cambios en la Corte Suprema

La comisión de juristas convocados por el presidente Alberto Fernández comenzará hoy formalmente a trabajar para elevar en 90 días una serie de propuestas al Ejecutivo con sugerencias concretas de reformas para la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, y evaluaciones sobre cómo implementar el juicio por jurados en el país y traspasar a la órbita de la Capital Federal el fuero penal no federal que aún dependen de la Nación.

La inclusión de Carlos Beraldi en el consejo de expertos sigue siendo otro elemento que tiene a la oposición con la guardia alta porque desde allí entienden que es inadmisible su participación, dada su condición de abogado defensor de Cristina Kirchner en las causas de corrupción.

Los once juristas, junto con el coordinador Fabián Musso, ya comenzaron a tener reuniones preliminares en donde definieron cómo trabajar y este sábado ya empezaron a tratar el primero de los puntos bajo observación: el Ministerio Público. Tal como reveló el sábado Infobae, la comisión ya escuchó el sábado al penalista León Arslanian, uno de las figuras de la comisión, hacer “un diagnóstico” sobre cómo funciona el Ministerio Público y la posibilidad de limitar los tiempos de mandato del Procurador y la forma de elección.

Hoy, el Procuraciór General es elegido con dos tercios de los votos del Senado. El Gobierno propone para ese puesto al juez Daniel Rafecas pero no consigue, hasta ahora, sumar esa cantidad de adhesiones. La posibilidad que se barajó fue analizar la idea de que ese cargo sea elegido por mayoría simple (la mitad de los votos, más uno). Pero la propuesta no conforma a todos los integrantes. “¿Por qué el Procurador sería elegido de una manera diferente a la que se elige el resto de los jueces?”, plantean algunos.

Otro de los puntos que el Ejecutivo pidió analizar no solo es la elección sino la duración del mandato del jefe de los fiscales. Hoy, una persona que es elegida para ese cargo goza de estabilidad en ese puesto “mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años de edad”, con la posibilidad de que se prolongue su permanencia en el puesto, por cinco años, con acuerdo del Senado (como un nuevo nombramiento). Solo puede terminar su cargo si renuncia o si es removido por un juicio político.

Desde hace una semanas, el kirchnerismo reclama el juicio político para el actual responsable, Eduardo Casal, a quien acusan de haber presionado a fiscales que llevaban adelante investigaciones contra Mauricio Macri, como la fiscal Gabriela Boquín que sigue la causa del Correo Argentino; y de haber “protegido”, dicen, al fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa D’Alessio en Dolores.

La comisión también debe evaluar la posibilidad de incorporar a su estructura la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, dos organismos que dependen del Ejecutivo y actúan como querellas autónomas en diferentes causas penales. La vicepresidente Cristina Kirchner tiene a esos dos organismos como querellantes en la causa de los cuadernos, por ejemplo.

Si un fiscal no acusa o no apela, pero la querella sí, los jueces están obligados a analizar el planteo acusatorio, en la misma linea que la voz oficial. Según expuso el propio Félix Crous, titular de la OA, cuando se retiró de la querella de las causas Los Sauces-Hotesur, en donde está acusada CFK y sus hijos, la multiplicación de acusadores atenta contra el “principio de igualdad de armas” de un imputado.

Otro de los puntos en cuestión es el tema de la paridad de género. Y en la órbita de la Defensoría General estudiar la integración al servicio de defensa oficial a los Colegios Públicos de Abogados de las respectivas jurisdicciones.

Pero ese análisis que deben llevar adelante los juristas no es solo sobre el Ministerio Publico. También tiene en carpeta debatir sobre el traspaso a la justicia porteña y el juicio por jurados, consagrado en la Constitución desde 1853 y que ya funciona en algunos puntos del país pero no a nivel nacional. Después vendrá el Consejo de la Magistratura. Y luego la Corte Suprema, a donde estarán puestas todas las miradas.

La oposición cree que esto es una jugada para ampliar la Corte Suprema y así favorecer a la vicepresidente Cristina Kirchner. Ven en esta comisión, junto a la reforma judicial, la embestida contra Casal y la revisión de los trasladados de un grupo de jueces, un “operativo pinzas” en el que se esconde la búsqueda de impunidad para la ex jefa de Estada con sus problemas judiciales y las ganas de revancha sobre las decisiones que ya se tomaron en los últimos años y que resultaron afines al macrismo.

Distintas voces oficiales -la última fue este fin de semana en un reportaje la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra-, se encargaron de aclarar que no estaban buscando ampliar el máximo tribunal.

Por lo pronto, el decreto firmado por Alberto Fernández fija una serie de puntos de estudio sobre la Corte Suprema se les pidió “un análisis de su funcionamiento que incluya: a) el establecimiento para la selección de integrantes, de criterios de diversidad de género y representación federal; b) Evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida al Alto Tribunal por la Constitución Nacional, ya sea en materia originaria o bien por apelación ordinaria y extraordinaria; c) Análisis y eventual reformulación del sistema de desestimación in limine -certiorari-; d) Análisis de normas en materia de audiencias orales para el tratamiento de los casos trascendentes y e) Trámite de recursos y fijación de plazos procesales máximos para su resolución, particularmente en materia penal”.

Y sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación, dice el decreto, se deberá realizar una análisis que evalúe “a) La conveniencia, o no, de modificar la estructura y composición del cuerpo y armonizar su funcionamiento con el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; b) Evaluación acerca de los cargos de consejeros, y analizar si los mismos deben ser de dedicación exclusiva; c) Análisis sobre la forma de dotar de una mayor agilidad, publicidad y transparencia a los concursos de selección y a los procesos de enjuiciamiento de magistrados, con posibilidad de brindar una mayor participación a las universidades públicas y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto estatutario se vincule directamente con el servicio de administración de justicia; d) Incorporación de perspectiva de género en la composición del Consejo y en los actos que hacen a su funcionamiento; y e) Análisis de la inclusión de un criterio federal para la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación”.

La comisión ya pidió que Presidencia gire invitaciones a la Corte Suprema, el Ministerio Publico y el Consejo para escucharlos en el marco de lo que resuelvan. También se invitará a más de 20 instituciones y organismos colegiados. “Que nadie se ofenda” es la consigna en medio del malestar que provocó la decisión del Gobierno de poner en marcha esta comisión junto a la reforma judicial que se debate en el Congreso.

El Consejo fue presentado el 29 de julio en un acto presidido en el Salón Blanco de Casa Rosada. Allí no estuvieron cuatro de los cinco ministros de la Corte Suprema: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Solo asistió Elena Highton de Nolasco. Tampoco fue invitado el Procurador Eduardo Casal, según confirmaron a Infobae las fuentes consultadas.

El “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación” está integrado por los abogados Carlos Alberto Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, y por los jueces de distintas cortes del país Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierrra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza). El onceavo integrante es Enrique Bacigalupo, un académico exiliado que fue juez durante 40 años en España.

Están previstas 24 reuniones ordinarias, los martes y sábados de 11 a 13, por zoom, además de otras tres reuniones extraordinarias para escuchar a los invitados.

Sus propuestas que se adoptarán por “mayoría de la totalidad de sus miembros”. El que opine diferente podrá hacer su dictamen en disidencia y dejar planteada sus recomendaciones. El Ejecutivo les pidió tener en cuenta la cantidad de recursos y las partidas presupuestarias, además de los proyectos presentados en la última década sobre la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y los juicios por jurados. El Ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Losardo, estaba encargado de recolectar “los datos duros” que evaluará el grupo. La ministra se encargó de aclarar al defender esta iniciativa que el Presidente después evaluará qué hará con las propuestas que le eleve esta comisión.