Con $74.000 millones en fondos sociales, el Gobierno relanzará hoy el Consejo contra el Hambre

El Ministerio de Desarrollo Social ya ejecutó todo su presupuesto asignado más un 39% extra producto de reasignaciones de partidas. Hoy sumarán a empresarios, gremios y movimientos sociales para diagramar una política de ayuda alimentaria nacional

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A child receives a ration
A child receives a ration of stew in a plastic container at a soup kitchen, during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Villa Azul, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina July 29, 2020. Picture taken July 29, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Después de 150 días de cuarentena y con un fuerte incremento de la pobreza, el Gobierno convocará hoy al Consejo Federal Contra el Hambre que tendrá un presupuesto estimado de $74.000 millones de aquí a fin de año para poder sustentar un ambicioso programa de distribución de alimentos en los sectores vulnerables.

El presidente Alberto Fernández no reúne al Consejo Contra el Hambre desde el 20 de diciembre pasado y la parálisis económica desatada en todo el país por la pandemia profundizó la situación de desnutrición y la caída de ingresos, por lo que el Gobierno se dispone a dar un fuerte gesto en la atención a millones de chicos carenciados.

“En lo que va de la pandemia hemos invertido $70.000 millones en ayuda social y pasamos de atender a 8 millones de personas a 11 millones en situación de vulnerabilidad. Pero vamos a seguir apostando a dar respuesta a estos sectores que lo necesitan”, explicó a Infobae el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que por videoconferencia citará a una reunión del Consejo Contra el Hambre de la que también participarán la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y un amplio abanico político que va desde empresarios, referentes de movimientos sociales, sindicalistas y personalidades de la farándula como Marcelo Tinelli.

Arroyo explicó que hasta ahora el Consejo Federal Contra el Hambre no se había podido reunir porque el Gobierno tuvo que atender situaciones de emergencia en la pandemia. Ahora, la idea que tendrá este Consejo será la de avanzar en cuatro ejes concretos de trabajo:

1-Informe de actualidad. Se hará un informe en el que el Gobierno reportará que al 31 de julio invirtió $70.000 millones en asistencia alimentaria para los sectores vulnerables y lleva ejecutado el 139% del presupuesto social asignado para este año (todo el presupuesto más un 39% extra de reasignación de partidas). De esos $70.000 se destinó cerca de $52.000 millones para la Tarjeta Alimentaria. Aquí se dará a conocer el mapa de la nueva pobreza. Es decir, en qué lugares del país aumentaron la ayuda alimentaria y las situaciones de vulnerabilidad desde que empezó la pandemia en marzo pasado.

2- Calidad nutricional. El Consejo contra el Hambre buscará desplegar en adelante un programa de mejora en la calidad nutricional al momento de la entrega de alimentos que hasta ahora no se pudo hacer. Esto se hará con equipos de nutricionistas y trabajadores sociales. El Gobierno decidió imponer una reasignación de partidas del presupuesto social para este ambicioso programa alimentario y de esta manera de aquí a fin de año contará con $74.000 millones. Esto contemplará una inyección de fondos en la Tarjeta Alimentar, los comedores escolares, los merenderos y otros subsidios sociales. Pero se está pensando dentro de este esquema ampliar la Tarjeta Alimentaria a personas con discapacidades. Esto formará parte también del debate que se viene en el Consejo contra el Hambre.

Según datos oficiales, en los primeros seis meses de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación –a través de la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria que integra la Secretaría de Inclusión Social- multiplicó por cuatro la asistencia alimentaria de todo el año pasado para ayudar a los sectores sociales con mayores necesidades. Pasó de $15.000 millones en todo 2019 a más de $50.000 millones en el primer semestre.

3-Producción de alimentos. El tercer eje de debate en el Consejo contra el Hambre será un programa de producción de alimentos con la ayuda de empresarios, gremios y movimientos sociales. En la Casa Rosada están convencidos de que se deberá potenciar un esquema de proyectos con cooperativas y pequeños productores para abastecer al Estado en la distribución de alimentos a los sectores vulnerables. Esto se sustentará por medio de créditos blandos no bancarios a tasas no mayores al 2% anual y un fondo inicial de $20.000 para la compra de maquinarias e insumos de los emprendedores.

4-Mapa de desnutrición. Desde el área del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que lidera Tolosa Paz ya se armó un mapa de “georeferenciación” de más de 90.000 chicos de talla baja por desnutrición que serán asistidos con un plan del INTA que acercará a productores locales con sus familias. La idea es fortalecer este trabajo con el aporte de los equipos de nutricionistas que buscan mejorar la calidad nutricional de los alimentos por repartir.

La tarea de recolección de datos y detección de estos 90.000 nuevos casos de desnutrición infantil se hizo en 8.500 centros de salud de toda la Argentina y fue llevada adelante por un trabajo en conjunto de la ANSES; Ginés González García, desde el Ministerio de Salud; autoridades del Conicet; el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales que encabeza Victoria Tolosa Paz.

En el Consejo contra el Hambre se analizará el martes este tema también en el encuentro virtual donde habrá personalidades tan variadas como Tinelli; la chef, Narda Lepes; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el escritor Martín Caparrós; el obispo de Cáritas, Carlos Tissera; Hilda “Chiche” Duhalde; Estela de Carlotto; Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA; Sonia Alesso (Ctera); Carlos Vila Moret (Sociedad Rural) y los gremialistas Roberto Baradel, Hugo Yasky o Héctor Daer, entre otros.

Radiografía actual

El Gobierno cree que el Consejo contra el Hambre podrá trabajar sobre la base que se hizo hasta ahora en política alimentaria. Esto es: la Tarjeta Alimentar, que alcanzó una cobertura de 1,5 millones de hogares; los comedores escolares, que pasaron de recibir $2.700 millones en el 2019 a $6.000 millones en lo que va del año; y los comedores comunitarios, que tuvieron transferencias para su funcionamiento a junio de este año superiores en un 20% a las realizadas durante todo el ejercicio 2019 (pasó de $1.500 millones a $1.900 millones).

Algo similar ocurrió con los merenderos que proliferaron durante la cuarentena. En el primer semestre de 2020 se transfirieron fondos equivalentes a los pagos efectuados durante todo el 2019 (pasó de $922 millones a $947 millones de pesos) para los merenderos. Y los módulos de asistencia alimentaria directa durante este semestre llegaron a cubrir unos $3.500 millones en el primer semestre de 2020.

En el marco del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre” se creó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM) con el objeto de dotar de la máxima transparencia a la asignación de recursos públicos y este es otro de los ejes de debate que habrá en la reunión del martes. Es que algunos actores sociales que intervendrán en este Consejo cuestionaron el esquema de compras directas de alimentos o irregularidades que se vieron en este tema.

Según explicó el ministro Arroyo en la Comisión de Salud de Diputados, la pandemia obligó a concentrar el 90% de la asistencia en alimentos y el 10% en planes laborales. “En noviembre nos gustaría que sea 50% y 50%; y que el año que viene el eje sea el trabajo”, reconoció.

Datos de pobreza

En el Gobierno aún no hay datos concretos del aumento de pobreza en la pandemia, aunque admiten que creció exponencialmente por la parálisis de la economía.

Una muestra clara de esto es el incremento de la Tarjeta Alimentar de 8 millones de personas a 11 millones. Este incremento se vio reflejado en el conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Salta, Jujuy, Corrientes, Tucumán, Entre Ríos y Santiago del Estero, entre otros lugares.

Por su parte, Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la UCA, explicó a Infobae que “el impacto de la cuarentena fue mayor en el conurbano donde se vio paralizada la actividad de cuentapropistas, asalariados y esa caída del ingreso fue muy importante”.

Además, el director del Observatorio de la Deuda Social está convencido de que la ayuda social que se dio con programas de ingreso como el IFE no fue suficiente. “Estos programas tuvieron un efecto poco importante en relación al fuerte impacto económico de la cuarentena. Significó un tercio o un cuarto de sus ingresos con lo cual no lograron complementar lo que no recibieron por la parálisis”.

El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre la situación de pobreza en la pandemia revela que el 38,8% de los hogares del AMBA declararon que los ingresos familiares durante la cuarentena se redujeron hasta un 50%, mientras que para un 18,8% la reducción habría sido mayor al 50%.

A la vez, en concordancia con el desplome de los ingresos del hogar, entre julio-octubre 2019 y mayo 2020 se observa que la capacidad de consumo de los hogares –medido en valores de Canasta Básica Alimentaria- se deterioró de manera significativa, siendo esto más marcado en el conurbano bonaerense.

El informe de la UCA reveló también que al menos durante los meses de abril y mayo, más del 50% de los hogares del AMBA recibieron un programa de asistencia social, 48% una transferencia de ingresos y 16,8% una vianda o asistencia alimentaria directa. Y la disminución de la actividad económica generó un marcado descenso en la actividad laboral y, por ende, en los ingresos de los hogares.

(Maximiliano Luna)
(Maximiliano Luna)

En este contexto, si bien el 50,2% de los hogares del AMBA logró recibir ayudas monetarias del Estado, esto no impidió una caída significativa de los ingresos corrientes de los hogares.

Entre los más perjudicados cabe destacar tanto a los hogares de trabajadores formales de pequeñas y medianas empresas como de trabajadores informales pobres (asalariados o autónomos), pero también a las clases medias bajas de trabajadores autónomos cuasi-informales.

Los menos perjudicados fueron los integrantes de las clases medias profesionales, técnicos y empleados calificados de sectores que continuaron en actividad, a través incluso del teletrabajo, pero también una pequeña porción de hogares de desocupados o subempleados pobres, trabajadores marginales, beneficiarios de ayudas sociales que lograron compensaciones que mejoraron sus ingresos corrientes.

En este marco, el 38,2% de los hogares declararon que los recursos monetarios corrientes recibidos por el hogar durante la cuarentena no les alcanzaron para cubrir sus gastos básicos (corresponde a una medida subjetiva de pobreza). Este porcentaje asciende a 45,5% en el conurbano bonaerense. También esta proporción asciende a alrededor del 50% en los hogares de estrato trabajador marginal, sin afiliación a la seguridad social y entre aquellos que son perceptores de ayudas sociales. Llega al 58,7% entre los que eran pobres en 2019.

Según los datos de la UCA, la mayor pérdida de empleo se observa en los empleados de casas particulares y en los que realizaban trabajos temporarios, 28,3% y 20,9% respectivamente. Está suspendido o debió dejar de trabajar el 44,4% de los socios, patrones o empleadores y cerca del 30% de los empleados del sector público o privado y de los trabajadores por cuenta propia no profesionales. Continúan trabajando la misma o más horas el 45,8% de los ocupados en el sector público y el 40,7% de los del sector privado.

En tanto, el último informe de Unicef Argentina reveló que la pobreza infantil llegará al 62,9% en este segundo semestre de 2020 y la pobreza infantil extrema alcanzaría a 2,4 millones de niñas, niños y adolescentes hacia fin de año.

“El contexto de infantilización de la pobreza que precedía a la pandemia por el COVID-19 recrudece velozmente, generando una situación que limita el acceso a los derechos de las infancias y ensancha las brechas de desigualdad”, dice el informe.

Ante este escenario, Unicef destacó: “Las políticas de transferencias de recursos, aun con la adición del IFE, son insuficientes para garantizar el acceso a la alimentación y a los bienes básicos que requieren un niño o una niña para desarrollar su vida: el monto mensual que perciben las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hija/o (AUH) permite afrontar solo el 45% de la canasta básica alimentaria o el equivalente 18% de la canasta básica total”.

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