Paraísos de Dinero y Fe: cómo el crimen organizado utiliza las iglesias para negocios turbios

Por Rebekah Ward, Beatriz Muylaert, Matthew Albasi y Giannina Segnini. Con la colaboración de Asier Andrés, Mariel Fitz Patrick, Rute Pina, Raúl Olmos, Flávio Ferreira, Romina Mella, Mercedes Agüero R, María Teresa Ronderos, Nathan Jaccard, Andrés Bermúdez Liévano, Lucas Silva y Emiliana García

“Ya estoy cansada de droga, de terapia y todo lo que me han hecho”, dijo una mujer morena apoyándose en dos muletas. El pastor Jorge estaba acurrucado en el borde del escenario, mientras le sostenía el micrófono. Y luego, se lo acercó a él mismo: “Pero hoy vino Cristo con su mano poderosa, solamente con respirar soltó las muletas, ¡Déle gloria a Dios! Coge tus muletas, coge tu lecho y anda”, tronó el pastor en el auditorio.

El video que documentó el culto de sanación fue subido a YouTube en 2012 y muestra luego a otro feligrés quien, señalando su brazo izquierdo, toma el micrófono y dice. “Tenía un dolor intenso así, aquí, cuando el pastor comenzó a orar, pues yo sentí un calor tremendo y comencé a sacudir”, y movía su brazo.

El ‘Pastor Jorge’ que tanta devoción despertaba en la gente es Jorge Mercedes Cedeño, quien tenía su propia ministerio al este de la República Dominicana: “El Rugido del León”. Ésta también tenía presencia en Colombia y el dominicano visitó ese país en varias ocasiones como predicador invitado, según relatos noticiosos de la época. Quien lo recibía era un colega colombiano, Orlando Arce Ortiz, quien decía ser obispo anglicano. Ambos pertenecían además a la ONG Organización de Paz Colombiana.

Los dos fueron capturados por la policía colombiana en mayo de 2015, como sospechosos de lavado de dinero a través de las iglesias y de la ONG. La Fiscalía General de la Nación de Colombia acusó luego al ‘Pastor Jorge’ de “haber utilizado su papel de líder religioso para adquirir bienes en el extranjero a cambio de grandes sumas de dinero que fueron enviadas a su país como supuestas ofrendas de los feligreses”. A Arce Ortiz, los fiscales lo acusaron de administrar la logística, el papeleo y las conexiones políticas en las operaciones de lavado.

Ambos se declararon culpables de manejar las finanzas y comprar propiedades para lo que entonces se conocía como Los Urabeños, un grupo liderado por Dairo Antonio Úsuga David u “Otoniel”. Hoy llamado Clan del Golfo por el gobierno colombiano, se trata de uno de los grupos criminales más peligrosos del país, responsable de cientos de secuestros y asesinatos de civiles inocentes, y con una tropa de unos 1600 hombres, según información de la policía.

Crearon una religión y engañaron a los feligreses que honestamente creían en sus pastores. Normas laxas o inexistentes que protegen a las religiones le permitieron a esta red internacional salirse con la suya por varios años.

El Rugido del León es solo uno de numerosos casos en las Américas que reflejan la forma en la que iglesias de barrio y algunas grandes congregaciones religiosas se han servido de refugios seguros para ocultar dineros de origen ilícito y amasar fortunas, usando como frente las donaciones de sus seguidores. Son paraísos de dinero y fe.

En una investigación transfronteriza de un año, Columbia Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), OCCRP y nueve medios de comunicación de la región encontraron otros casos –algunos comprobados y otros en investigación – que sugieren que habría conexiones entre iglesias o líderes religiosos con actividades financieras ilícitas.

La alianza periodística elaboró una base de datos con casos judiciales e investigaciones de las autoridades recientes que relacionaban blanqueo de dinero y delitos adyacentes – como el tráfico de drogas – con grupos religiosos de cualquier denominación en las Américas. Esta documentación resultó de búsquedas sistemáticas en fuentes especializadas online, fuentes públicas y entrevistas de los socios con autoridades judiciales en nueve países. Ese fue el punto de partida de esta historia.

El fenómeno delictivo que refleja la base de datos no es en absoluto representativo de todas las iglesias y organizaciones religiosas del continente americano. Muchos líderes religiosos prestan un servicio valioso a sus comunidades. Sin embargo, el análisis de casos confirmó que varias congregaciones están abusando de la confianza de sus fieles, utilizando sus centros de culto para cometer o esconder crímenes.

“A lo largo de los años, ha habido instituciones religiosas que ha sido usadas para lavar dinero”, dijo Mark Califano, un ex viceprocurador de Justicia de Estados Unidos y hoy jefe legal de la firma Nardello & Co. “Y lo que ha permitido que esto suceda es el lugar especial y protegido del que gozan en la mayoría de las sociedades”.

Otro experto en el tema, Warren Cole Smith, CEO de Ministry Watch, una organización evangélica independiente y sin fines de lucro, coincide y explica que las iglesias, al igual que otras industrias cuyos ingresos son en dinero en efectivo, tienen ciertas vulnerabilidades.

“Muchas de estas organizaciones también recaudan dinero internacionalmente. Y la recolección de dinero en efectivo, especialmente en otros países, lo hace aún más complicado”, anotó Cole Smith.

Existen leyes y prácticas que buscan darle una protección especial a la libertad religiosa para evitar posibles injerencias indebidas del Estado en sus asuntos. Por ello mismo, limitan la capacidad que cualquier Estado tiene de investigar a las iglesias cuando sospecha de malos manejos. Esto puede resultar particularmente favorable para quienes abusan de esas normas laxas para cometer crímenes financieros.

La vigilancia de los gobiernos nacionales a las organizaciones religiosas de países como Guatemala, Estados Unidos, Perú y Brasil es mínima, según encontró esta investigación que revisó la legislación de estos y otros países americanos. En ellos, las iglesias gozan de exenciones en impuestos y no están obligadas a rendirle cuentas al Estado. Como los estados no se inmiscuyen en sus asuntos, las entidades religiosas tienen mayor libertad para manejar sus finanzas que otras instituciones sin ánimo de lucro.

“A través de diferentes mecanismos, inadvertidamente hemos convertido a estas entidades en una suerte de intocables en Estados Unidos”, dijo a este equipo periodístico Marci A. Hamilton, una profesora de estudios religiosos de la Universidad de Pennsylvania y crítica de la libertad religiosa extrema.

“La razón por la cual los grupos religiosos se prestan tanto para el blanqueo de dinero, invirtiendo los beneficios, es que en sus declaraciones de impuestos no tienen que especificar de dónde sacaron el dinero ni qué hicieron con él”, dijo Hamilton. “Sus espacios públicos cierta característica de caja negra”.

Emilio Guerberoff, fiscal del Fuero Penal Económico Federal de Argentina le dijo a Infobae, socio de esta colaboración investigativa: “Puede haber un choque de intereses entre la libertad de culto religioso y la prevención del lavado de dinero, puesto que, al recibir donaciones anónimas a través de los diezmos, cuyo origen puede no estar justificado, las iglesias pueden convertirse en una perfecta máquina de lavado, sin que el dinero parezca tener un origen delictivo, ya que supuestamente proviene de seguidores”.

Fraude enérgico en Utah

En los pocos casos en los que destacados líderes eclesiásticos han sido condenados por blanqueo de dinero, los jefes de sus organizaciones religiosas – y, de hecho, las propias iglesias— rara vez son puestos bajo el mismo nivel de escrutinio.

En Utah, altos líderes de una rama mormona fundamentalista han salido con sentencias reducidas de una batalla judicial por uno de los fraudes más cuantiosos contra el erario público de la historia de Utah. El reciente caso, ante una Corte Federal Penal de Salt Lake City, demostró que lavaron dinero a través de las cuentas de la iglesia como parte de un esquema fraudulento de más de 500 millones de dólares, según reporteó Columbia Journalism Investigations, socio de la investigación periodística Paraísos de Dinero y Fe.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) incentiva la producción de combustibles renovables ofreciendo incentivos impositivos a quienes los produzcan localmente. El esquema de Utah consistía en simular la producción de combustible renovable, aunque los Kingston realmente estaban comprando y vendiendo el mismo combustible renovable a través de un círculo nacional e internacional de empresas. Una vez que lo pasaban, la compañía de Kingston, Washakie Renewable Energy, presentaba declaraciones de impuestos falsas que lo calificaban para recibir pagos en forma de cheques del Tesoro de los Estados Unidos por su trabajo de transformación del combustible.

La Orden, también conocida como la Cooperativa del Condado de Davis, fue fundada en 1935 y ahora está dirigida por Paul Kingston. Su iglesia, la Iglesia de Cristo de los Últimos Días – que no debe confundirse con la rama principal de la iglesia mormona, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días – es una comunidad religiosa muy unida. Se calcula que tienen entre 2.000 y 6.000 miembros que viven en la región de Salt Lake City. Es conocida por ser una de las pocas ramas mormonas que todavía practican la poligamia.

En 2019, dos hermanos Jacob e Isiah Kingston, en cargos altos dentro de La Orden se declararon culpables de defraudar al gobierno federal de Estados Unidos por 511 millones de dólares por haber reclamado falsamente créditos de energía renovable y fueron condenados en abril de 2020.

El Estado incautó los bienes a los miembros de esa orden que resultaron implicados, pero disfrutan de una sentencia menos larga, a cambio de haberle entregado al Estado evidencias en contra de su cómplice, quien no pertenece a la iglesia. Se trata de Lev Dermen, un armenio-americano veterano del crimen organizado, quien ha tenido lazos con altos funcionarios de los gobiernos de Turquía y de Belice y con funcionarios corruptos en Estados Unidos.

Las ganancias de este fraude se lavaron a través de la iglesia y otras entidades de Jacob, y pasaba por cuentas en todo el mundo vinculadas a las numerosas conexiones de Dermen en países como Turquía, Estados Unidos, México y Belice.

A medida que su caso se desarrollaba en la Corte Federal, los antiguos miembros del grupo aportaron información sobre otros fraudes. La secta religiosa fue acusada de robar fondos de programas federales como la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por su sigla en inglés) y el Programa de Alimentos para el Cuidado de Adultos (CACFA, por su sigla en inglés).

En el pasado, los miembros han sido condenados por fraude a la asistencia social y también por incesto.

Ex feligreses consultados por CJI, un socio de esta investigación periodística, han asociado estos delitos con la doctrina de La Orden conocida como “desangrar a la bestia”, por la cual se les alienta a desfalcar agentes externos al grupo, incluso el gobierno de los Estados Unidos. Kent Johnson, portavoz de la Cooperativa del Condado de Davis (la iglesia) negó tajantemente que sigan esta doctrina.

“La Cooperativa tiene una larga historia de lo contrario(...) los miembros de la iglesia muchas veces se ven bajo un escrutinio, sujetos a auditorias e investigaciones, nueve veces mayor que el promedio de la población”, dijo Johnson, citando un estudio de la iglesia.

Los dos hermanos Kingston condenados en este caso más reciente aceptaron un cargo que describe una conspiración de lavado de dinero que utilizó a esta iglesia y a otras entidades relacionadas con la Orden. Durante el juicio no se demostró que la Cooperativa (iglesia)—como organización — hubiese aprobado el uso de sus cuentas para cometer el fraude.

Cuando CJI le preguntó a la iglesia sobre su papel en el fraude, el portavoz Johnson, dijo: “Que yo sepa, cualquier dinero pagado a las empresas propiedad de miembros de DCCS [la Cooperativa o iglesia] fue por servicios legítimos prestados o para reembolsar dinero prestado al Sr. (Jacob) Kingston o a entidades relacionadas con WRE “.

Si bien los documentos judiciales ya revelan el origen ilícito de algunos fondos de la Orden, los fiscales planean investigar más a fondo. La oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Salt Lake City cree que sus próximos pasos de la investigación “involucrarán el rastreo y seguimiento de los ingresos hacia y a través de estas cuentas bancarias de entidades relacionadas con la Orden”, según dijo su portavoz Melodie Rydalch.

Por el momento, siguen gozando de las protecciones constitucionales de ese país en su calidad de grupo religioso registrado con estatus oficial de iglesia.

Dos miembros de alto rango de La Orden usaron cuentas bancarias de la iglesia para lavar el dinero del fraude con energía renovable y están cumpliendo condena. Ni el líder máximo de la iglesia Paul Kingston, ni la Cooperativa Davis (la iglesia) han sido implicados legalmente. La iglesia sigue apareciendo en la lista de iglesias exentas de impuestos del Servicio de Impuestos de Estados Unidos (IRS es su sigla en inglés). Este equipo periodístico quiso ampliar la información con el IRS, pero éste respondió que la ley federal impide a la institución comentar públicamente sobre contribuyentes.

Así las cosas, la Iglesia de Cristo de los Últimos Días puede seguir certificándole a sus donantes que está exenta de impuestos ante el IRS, y que por lo tanto puede recibir donaciones sin reportarle al gobierno.

La santa defensa

Las pruebas contra los dos pastores de República Dominicana y Colombia que se declararon culpables de lavado de dinero a través de sus iglesias, en el caso mencionado arriba, fueron recabadas meticulosamente por fiscales colombianos contra el crimen organizado desde marzo de 2013.

Según los documentos presentados en la audiencia de sentencia del juez, la dupla utilizó la figura de las donaciones de los feligreses en múltiples ocasiones para explicar por qué Jorge Mercedes Cedeño llevaba grandes cantidades de dinero en efectivo. En una ocasión, la policía de El Poblado, un barrio rico de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, detuvo al “Pastor Jorge” de República Dominicana, cuando descubrió que llevaba 300 millones de pesos colombianos en efectivo (alrededor de 110,000 dólares de la época). Pero fue liberado después de que Arce Ortiz llamara a sus contactos en la policía y respaldara la historia de su compañero pastor de que el dinero provenía de donaciones.

Cuando llegó el momento de la sentencia, los abogados defensores de ambos hombres sacaron a relucir sus credenciales religiosas, pidiendo clemencia. El abogado de Arce Ortiz pidió que su "calidad de Obispo de la Iglesia Anglicana" fuera tomada en cuenta a su favor. Pero Arce Ortiz nunca fue un obispo de la corriente principal de la iglesia anglicana - un hecho que ni la corte ni la prensa tuvieron en cuenta en ese momento.

El colombiano Arce Ortiz, alias “El Obispo”, se presentaba como un líder activo en la iglesia de Víctor Manuel Cruz Blanco. Esta iglesia es la Provincia Iglesia Anglicana del Caribe y La Nueva Granada, un retoño de la iglesia anglicana cuya historia se remonta a una pequeña parroquia en Indiana. La iglesia informó públicamente que excomulgaron a Arce Ortiz por herejía y falso arrepentimiento en febrero de 2012, un año antes de que las autoridades colombianas empezaran a investigarlo.

La otra credencial que presentó como prueba de sus afiliaciones religiosas en la corte - una “tarjeta” emitida por la Iglesia Anglicana Misionera Mundial - alude a una iglesia que parece haber sido creada por el propio Arce Ortiz.

Por su parte, los abogados de alias “Pastor Jorge”, argumentaron que el juez debía ser indulgente con el acusado ya que él no era “un hombre con tendencia a cometer delitos”, basándose en el hecho certificado de que es “un misionero evangelista en su propio país”.

Los investigadores tuvieron amplias pruebas de que ambos hombres utilizaban sus funciones de pastores ante las congregaciones, evangelizando y dirigiendo misiones humanitarias. Aún así, funcionarios públicos dominicanos se esforzaron por mostrar que Jorge Mercedes Cedeño no estuvo nunca relacionado con el establecimiento religioso reconocido.

"Pudo haber tenido algo muy particular, individual, alguna imitación, pero no es parte de ninguna de las iglesias organizadas", dijo Francisco Domínguez Brito, entonces Procurador General de la República Dominicana, en una conferencia de prensa en 2015, justo después de que el pastor fuera condenado en Colombia.

Según las normas jurídicas y sociales de la mayoría de los países de América, incluida la República Dominicana, no se exige a los dirigentes religiosos ninguna afiliación o certificación formal para verificar su pertenencia a una iglesia, más allá de que siga las normas internas.

Narcos, políticos y pastores

Esta investigación encontró además que en la costa de San Marcos, en Guatemala, donde el narcotráfico es poderoso y constituye una de las principales actividades económicas, ha habido una estrecha relación entre este fenómeno y algunos pastores evangélicos.

Hay narcotraficantes evangélicos que financian iglesias, que son incluso pastores de estas iglesias o que reclutan a pastores para utilizarlos en sus estructuras.

Juan Alberto Ortiz López, conocido por su alias “Chamalé” dominó el tráfico de drogas en la costa del Pacífico de Guatemala por dos décadas. Menos conocido era su papel de mecenas religioso. Los pastores, a quienes les llevaba dinero o materiales de construcción para erigir nuevos templos, le pusieron el apodo de “Hermano Juan”.

Fue especialmente generoso con las Iglesias Torre Fuerte, la red de iglesias del pastor Noé Mazariegos que se extendía desde San Marcos hasta el estado mexicano de Chiapas. A Mazariegos se le concía como alias “El Apóstol”, y según la fiscalía guatemalteca hizo parte de la organización de Chamalé y fue acusado de ordenar el asesinato de su cuñado y de otras persona que lo acompañaba. Chamalé y su estructura mafiosa exportó al menos 144 000 toneladas de cocaína, según estableció la justicia estadounidense que lo condenó en 2014.

El pastor Mazariegos “se convirtió en su mano derecha, su consejero para asuntos religiosos y de negocios”, explicó a Nómada, socio guatemalteco de esta colaboración, un periodista y activista de la región, quien no da su nombre por motivos de seguridad. Esta cercanía con la religión ayudó a Chamalé a construir una ruta hacia el poder. Según la reportería de Nómada, el traficante de drogas a menudo participaba en eventos cristianos durante los cuales se reunía con alcaldes, políticos y funcionarios de la región. Un asesor de una campaña presidencial en las elecciones del 2007, quien pidió que no se le identificara, dijo incluso que su candidato había asistido a un acto religioso en Tapachula (México) por invitación de Chamalé.

Chamalé aprovechó sus conexiones con las iglesias en el tribunal estadounidense donde fue juzgado. Hombres religiosos lo defendieron, alegando que había ayudado a sus iglesias, y pidieron su liberación. El pastor Raúl Timoteo Méndez López testificó que había recibido una ayuda significativa del narcotraficante para apoyar a su congregación.

"Creo y estoy convencido de que es un ministro de Dios, que es un hombre que Dios levantó para servir a su pueblo", dijo Méndez López en una audiencia en julio de 2015.

Incluso para la audiencia de sentencia, cuando ya se sabía que se había declarado culpable, llegaron una pila de cartas y testimonios dando fe de la religiosidad del traficante de drogas y de su papel crucial en la religión local.

Aunque Chamalé nunca dirigió realmente una iglesia desde el púlpito, uno de sus principales sucesores, Érick Súñiga, alias “El Pocho”, fue a la vez pastor, político y narcotraficante.

Súñiga era ya un narcotraficante en ascenso, cuando se hizo evangélico de la iglesia Bethania y con su apoyo salió elegido alcalde de Ayutla, municipio de San Marcos, en 2008.

Ya siendo alcalde, en 2012, creó su propia iglesia llamada Ministerios Restauración y Paz, donde predicaba. Seis años después, luego de una profecía de un predicador extranjero que lo visitó y le dijo que debería dejar de predicar en la iglesia local, para perseguir sus objetivos políticos bendecidos por Dios, Súñiga dejó de predicar regularmente en su iglesia. No obstante, según fuentes consultadas en terreno por Nómada, socio de esta investigación, ésta siguió siendo el centro de su doctrina y le ayudó a consolidar el poder en la región.

Súñiga se entregó a las autoridades de Estados Unidos y fue acusado ante una Corte Federal en Texas de llevar cocaína a ese país desde 2008.

“Alcalde guatemalteco corrupto acusado en el Distrito Este de Texas”, se lee en el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos del 19 de diciembre de 2019. “El Tesoro sanciona a un alcalde guatemalteco”, escribió la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. La Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, incluso viajó a Plano (Texas) en enero y describió ante la prensa cómo las investigaciones habían demostrado que el hombre utilizaba a su personal en la Alcaldía para atender su red de tráfico de drogas. Sin embargo, ni durante el proceso judicial, ni en la acusación, se mencionó que Súñiga fuera pastor, dirigente de una iglesia o fundador de una religión.

Érick Súñiga murió en abril de 2020 cuando estaba en custodia de las autoridades estadounidenses. Aunque no se informó oficialmente de la causa de su muerte, el narcotraficante y pastor padecía cáncer de páncreas. Al momento de su muerte, la Iglesia Restauración y Paz en Ayutla todavía celebraba servicios y predicaban allí varios de sus pastores.

Los pastores y el narcotráfico en Guatemala no estaban enredados sólo en el Pacífico guatemalteco. Jorge René García Noguera, conocido como JR, emergió en el departamento de Zacapa, a unos 150 kilómetros de la capital, como narcotraficante de nueva generación, discreto y con un emporio empresarial exportador de frutas y productor de leche. JR estudió para pastor, publicó tres libros sobre el cristianismo y llegó a fundar su propia productora multimedia de contenidos cristianos, EnÉl.

En 2017, en presentación pública junto a varios de los principales pastores guatemaltecos, convirtió a EnÉl en ministerio. Con este ministerio, cultivó relaciones con otras iglesias guatemaltecas, como Lluvias de Gracia e iglesias en el exterior, entre ellas una fundada por familiares suyos en Perú.

Pero no duró mucho. A fines de ese mismo año, una corte de la Florida lo pidió en extradición acusado de ser intermediario entre narcos colombianos y mexicanos en la cadena de tráfico de cocaína al norte. JR se escondió por un tiempo y EnÉl dejó de figurar públicamente hasta desaparecer. Un año después se entregó voluntariamente en Estados Unidos y hoy paga una condena de 20 años, que puede ser reducida, por colaboración con la justicia.

En su proceso, parientes cristianos y pastores pidieron clemencia a la corte y juraron que era un hombre bueno que había hallado a Dios desde 2013. No obstante, al aceptar sus cargos, JR reconoció que había traficado cocaína hasta 2017.

Respondiendo a la posibilidad de que los narcotraficantes guatemaltecos estén usando sus iglesias directamente para lavar dinero, el ex ministro de Gobernación Francisco Rivas aseguró que "es probable que esté sucediendo, por la forma en que se manejan estas iglesias y por alguna información que hemos recibido... pero no lo hemos investigado como un fenómeno criminal".

Llama la atención que en ese país sólo un líder religioso ha sido condenado por lavar dinero a través de una iglesia. Saturnino Molina, un fraile franciscano de El Salvador, que fue atrapado en Guatemala tratando de viajar a Israel con dólares, euros y quetzales en efectivo que sumaban más de 16 mil dólares. A pesar de ser condenado por lavado de dinero, el fraile siempre sostuvo que el dinero no declarado era el producto de la venta de rosarios y de las donaciones de sus feligreses.

Las reglas

En muchos lugares, empezar una iglesia es tan fácil como decir que existe. Para evitar interferir en las libertades religiosas, los gobiernos son a menudo ambiguos al definir lo que realmente significa constituir una iglesia. En algunos países, como Estados Unidos, el término legal "iglesia" se refiere a las congregaciones de todos los credos.

Algunos países como Costa Rica, Argentina, México y Colombia exigen que las iglesias se registren. Otros, como Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Guatemala no lo exigen. Y algunos, como Brasil, piden requisitos en función del tamaño de la iglesia. En muchos países latinoamericanos, la iglesia Católica, dada su larga historia en esta región, está regulada por códigos especiales.

No obstante, en varios países las iglesias deben registrar su existencia ante las autoridades para poder actuar como una entidad legalmente constituida, si sus líderes así lo deciden. Así, en Colombia, deben registrarse en la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior; en Estados Unidos, en el Servicio de Impuestos Internos (IRS); en Perú, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El registro suele ser un proceso continuo y, al inscribirse, las iglesias obtienen un número de identificación único y reciben un certificado de exención de impuestos.

En Argentina, las iglesias inscritas oficialmente en el Registro Nacional de Cultos están exentas del pago de impuestos. En julio de 2019, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) simplificó el proceso para obtener el certificado de exención del impuesto a las ganancias y dispuso que ya no debían presentar balances anuales ni declaraciones juradas ante ese organismo fiscal, como se exigía anteriormente.

En Estados Unidos, las iglesias están automáticamente exentas de impuestos, aun cuando no se registren ante la autoridad federal de impuestos. Pero la certificación les permite confirmar su exención a los donantes. En general, incluso cuando están registradas, el propósito religioso se considera un derecho fundamental y las iglesias tienen exigencias de divulgación financiera diferentes, por lo general menores, que otras organizaciones sin fines de lucro.

Más recientemente, algunos países, como Argentina, Uruguay y Guatemala, han establecido normas para que las iglesias prevengan o detecten el blanqueo de dinero como parte de las leyes anti-lavado de cada país. Estos controles pueden incluir que las iglesias identifiquen a sus donantes por encima de determinado monto, que conozcan el origen de los fondos donados y que denuncien transacciones sospechosas ante un organismo gubernamental.

A pesar de dichos controles, la supervisión de estos países para saber si se están cumpliendo estas exigencias ha sido en la práctica, relativo. En Argentina, las entidades religiosas no fueron históricamente consideradas un sector de “alto riesgo” en la prevención del blanqueo de dinero por la Unidad de Información Financiera (UIF). Esto implicaba que entraban en la ronda de controles de rutina, junto a otros sectores, a no ser que hubiera Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de las entidades bancarias. De 2010 a 2020, hubo solo una sanción administrativa del organismo gubernamental anti-lavado contra una institución religiosa.

En febrero de 2019, después de un sumario abierto cinco años antes, la Iglesia Universal del Reino de Dios y tres de los integrantes de su órgano de administración recibieron una multa de 240.000 pesos argentinos (unos 6.200 dólares al cambio de ese momento), tanto la institución como cada uno de ellos, por no cumplir con las normas de prevención de lavado de dinero. Sin embargo, esta política de prevención se revisó después de que el presidente argentino Alberto Fernández asumiera el cargo en diciembre de 2019. La UIF le imprimió un cambio a su dirección con el nuevo jefe, Carlos Cruz.

"Las iglesias están sujetas a un control proactivo y entre los nuevos lineamientos de política criminal del organismo, vamos a vigilar de cerca sus movimientos de dinero, ya que algunas congregaciones confesionales han sido utilizadas para lavar dinero", dijo el director de la UIF consultado para esta investigación. "Es un tema no sólo de la UIF de Argentina, sino también de otros países que proceden con atención".

En Guatemala, es la Intendencia de Verificación Especial (IVE) quien vigila a las entidades sin ánimo de lucro, entre ellas las iglesias, que reciben o envían fondos del exterior. Sin embargo, hasta finales de 2019, solo se reportaban ante la IVE 156 entidades de este tipo, cuando solo contando las iglesias legalmente registradas hay unas 3,200. Entre 2014 y 2019, la IVE recibió nueve reportes de transacciones sospechosas de todas las organizaciones sin ánimo de lucro que supervisa, ninguna de las cuales prosperó en una denuncia por lavado de dinero ante la fiscalía, según datos proporcionados por la IVE.

Algunas iglesias operan de manera informal, por lo que se desconoce la cantidad exacta de entidades religiosas en todo el continente americano. Por lo general, los países no llevan directorios oficiales de entidades religiosas, lo que hace aún más difícil obtener un cálculo continental. Sin embargo, el número de iglesias registradas ante las agencias de recaudación de impuestos está aumentando en algunos países.

En Estados Unidos, había 1.327.714 organizaciones religiosas, de beneficencia y similares registradas en el Servicio de Impuestos Internos (IRS), según el dato más reciente disponible que es de 2018. En el 2001, había solo 865.000 registradas. No hay información más detallada y el IRS respondió una solicitud de información de Columbia Journalism Investigations, indicando que no tiene disponible datos de entidades registradas con estatus de iglesia.

En Brasil, el número de iglesias se ha duplicado en 15 años, llegando a 25.022 registradas en 2018, según información obtenida por la Agência Pública, socio de esta colaboración. En Argentina, según la respuesta que obtuvo Méxica un pedido de información pública, hay 6.330 entidades religiosas inscritas en el Registro Nacional de Cultos, de las cuales un tercio de ellas – 2.096 – lo hicieron en los últimos 10 años. El número de inscripciones se duplicó en el 2019, respecto del 2010.

Es necesario anotar que el número de iglesias está distorsionado por el abuso de los registros: organizaciones sin fines de lucro, empresas y otras entidades se registran falsamente como iglesias. Por ejemplo, en 2012, la policía brasileña detuvo a un grupo delictivo que utilizó una cuenta de una iglesia para mover 400 millones de reales (aproximadamente 100 millones de dólares) de dinero sucio procedente de delitos contra el sistema financiero. Según el comunicado de prensa de la policía federal, la iglesia, Igreja Ação & Distribuição (Iglesia Acción y Distribución), sólo existía como entidad de fachada legal. Nunca tuvo edificio – la dirección indicada albergaba un gimnasio— ni seguidores. El comunicado de prensa afirma que “la entidad religiosa fue creada para gozar de inmunidad fiscal, lo que reduciría la probabilidad de supervisión, en opinión de los miembros del grupo”.

Incluso entre las iglesias que parecen tener seguidores y una doctrina, los tipos de operaciones etiquetadas como "religiosas" no están tan bien definidas. Esta permisividad en la categoría ha permitido algunos argumentos excéntricos en los tribunales estadounidenses. Una mujer sostuvo ante el tribunal que su red de prostitución debía ser protegida de la intervención legal ya que estaba fundada en una creencia religiosa.

En 2016, un tribunal estadounidense encontró a la líder del Templo de la Diosa Fénix (Phoenix Goddess Temple), Tracy Elise, culpable de prostitución y lavado de dinero. Pero mientras las autoridades afirmaban que su casa de prostitución usaba la religión como fachada, Elise insistió en que su condena interfería con su derecho fundamental a la libertad religiosa, ya que “fue finalmente condenada por delitos derivados de prácticas religiosas que ella había declarado”.

Su Templo de la Diosa en Phoenix ya no existe, pero la lucha de Elise continúa. Fue liberada por tiempo cumplido y continúa apelando la condena. Ese es uno de los pocos casos recientes en los que Estados Unidos ha investigado una iglesia.

Según Rob Boston, asesor principal de Americanos Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado, es más probable que las agencias gubernamentales investiguen iglesias no convencionales. "Alguien que se inventa una iglesia falsa para cubrir sus actividades ilegales es diferente de las iglesias legítimas que están cometiendo una irregularidad", dijo. "A esos primeros les cuesta más pasar desapercibidos".

Incluso los casos menos frecuentes en que respetados pastores de organizaciones religiosas muy conocidas han sido objeto de investigaciones judiciales, pero su duración y complejidad han revelado la cantidad de salvaguardas con que las normas actuales protegen la autonomía y las libertades de las iglesias.

Los gobiernos saben que hay organizaciones religiosas e iglesias que abusan de la protección legal que se les da y cometen graves delitos. Los más de 60 casos judiciales e investigaciones oficiales que esta colaboración encontró en una búsqueda limitada de registros públicos, revelan que esto, en efecto, está sucediendo. ¿Qué tan extendidos están estos abusos? No lo sabemos y, de acuerdo con más de diez fuentes diferentes consultadas para esta historia, la información y los datos sobre irregularidades financieras cometidas por instituciones religiosas es muy escasa, y muchos delitos pueden pasar desapercibidos.

Hasta ahora, la mayoría de los gobiernos ha elegido no aprobar leyes más duras para escrutar mejor a las organizaciones religiosas, probablemente porque no quieren poner en riesgo protecciones duramente ganadas para que las organizaciones religiosas florezcan libremente. Están aún menos dispuestos a correr ese riesgo ahora que existen organizaciones religiosas arraigadas al poder político en las Américas.

La paradoja es que, al proteger los derechos de las iglesias y de sus líderes hasta el punto de permitir que el abuso quede impune, muchos creyentes verdaderos quedan desprotegidos de estafadores que usan su fe para socavar los mismos principios que dicen creer.

Una escena resume esta contradicción: el asombro y las lágrimas de los seguidores dominicanos de la iglesia Rugido del León, cuando se enteraron de que sus pastores, en quienes tanto confiaban, eran en realidad testaferros de una organización del más temible crimen organizado.

Paraísos de dinero y fe fue realizada en conjunto por Columbia Journalism Investigation (CJI), Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Nómada (Guatemala), Canal 13 Noticias (Costa Rica), IDL-Reporteros (Perú), Infobae (Argentina), Agencia Publica (Brasil), Folha Sao Pablo (Brasil), La Diaria (Uruguay), El Tiempo (Colombia) y OCCRP (Europa), con el apoyo de la Seattle International Foundation.

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