Por qué la reforma laboral es mala palabra en un país con empleos en baja y un trabajo en negro que bate récords

Hay reformas laborales buenas y reformas laborales malas. Sólo así se explica que las leyes laborales del gobierno de un peronista como Carlos Menem fueran respaldadas por dirigentes políticos y sindicalistas que luego rechazaron los intentos de otras administraciones de aplicar normas similares. Entonces, ¿por qué en la Argentina es mala palabra querer cambiar una legislación de hace 40 años? ¿Por qué no discutirlo al menos si, pese a que han fracasado las reformas “neoliberales” de las normativa laboral, el trabajo no registrado en la Argentina supera el 40%?

Es obvio que hay cambios legislativos que tienden a desproteger al trabajador, pero existen leyes ultraprotectoras que también lo terminan desfavoreciendo porque desalientan el sostenimiento o la generación de empleo. El tema es digno de un amplio debate, pero lamentablemente, aun con la destrucción de los puestos de trabajo y de los altos niveles de informalidad que tenemos hoy, cualquier propuesta de tocar el sistema laboral es una herejía que se paga con las peores estigmatizaciones para quienes se animan a meterse con este tema tabú.

Le acaba de pasar a Roberto Lavagna, un economista de prestigio al que consulta Alberto Fernández y al que todavía se le reconoce su tarea como ministro durante las presidencias de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, pero que cuando presentó esta semana un plan de reactivación con ideas distintas en materia laboral recibió críticas lapidarias por parte de la CGT, por ejemplo, que rechazó su “intento de volver al pasado individualista y liberal del sálvese quien pueda”.

¿Cuál fue su imperdonable pecado? Haber insinuado la necesidad de algún cambio en la sacrosanta legislación laboral en medio de una de las peores crisis socioeconómicas de la historia reciente de la Argentina, pero no para los actuales trabajadores sino para tratar de darles una oportunidad a los que están hoy en la calle o en la informalidad.

En un documento llamado “Pilares de un programa de crecimiento con inclusión”, Lavagna propuso este martes un plan de reactivación y desarrollo con especial énfasis en el mundo del trabajo. Allí, señaló, deben “convivir dos sistemas: el actual y uno nuevo que contemple los cambios ocurridos en el presente siglo”. Hizo hincapié en que el sistema actual, “que emplea en blanco y con normas propias de la economía del bienestar de la segunda post guerra mundial al 49,5% de los asalariados privados” debe ser “respetado integralmente por el principio de los derechos adquiridos”.

Pero planteó que lo más importante es que “se permita que el otro 50%, el de los trabajadores que actualmente están desempleados, subempleados, pseudo empleados -parte importante de monotributistas- pueda trabajar dignamente”, para lo cual propuso “un sistema nuevo, en blanco y con normas precisas, que responda a los cambios educativos, tecnológicos y productivos del siglo actual”. Concretamente, la creación de un fondo de desempleo similar al que tiene la industria de la construcción como una forma de incentivar las nuevas fuentes de trabajo.

Lavagna, por otra parte, era hasta ahora el candidato que tenía en mente Alberto Fernández para presidir el futuro Consejo Económico y Social que proyecta el Gobierno para instaurar el diálogo social con los empresarios y los sindicalistas. Nadie sabe aún si su acto de coraje y de honestidad intelectual no habrá sepultado ese nombramiento.

Pero, ¿por qué no se puede aceptar una propuesta laboral de este tipo para debatirla, aunque sea? Seguramente la CGT sobreactuó su cuestionamiento a Lavagna para evitar que la sigan corriendo por izquierda desde el kirchnerismo duro o sectores sindicales cercanos a Cristina Kirchner, como sucedió con el acuerdo que firmó con la UIA para suspender trabajadores sin tareas o con un mero documento rubricado con la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Sin embargo, el acuerdo que fija un piso de negociación con los sindicatos para aquellas empresas en crisis que deben suspender trabajadores sigue siendo una herramienta válida y pragmática que, al menos, permite que se les pague una asignación económica equivalente al 75% del sueldo neto. O, mirado al revés, sólo un descuento salarial del 25%.

¿No es mejor tener un acuerdo marco que establece esas condiciones mínimas que apostar a que las empresas estén obligadas a pagar el 100% de los sueldos aunque no trabajen y no puedan pagar los salarios? Porque, además, el paraguas del acuerdo UIA-CGT se complementó con el programa ATP por el cual el Estado paga una parte de los sueldos.

Para el fundamentalismo que piensa que los empresarios son salvajes y voraces por definición, la actitud de la CGT fue una traición a los trabajadores. En realidad, les garantizó la mayor parte del sueldo a muchos empleados sin tareas.

Con la reforma laboral sucede algo similar. Esos mismos sectores fanatizados parten de la base de que todo cambio de las leyes que rigen el trabajo en la Argentina es, por definición, perjudicial para los trabajadores y beneficioso para los empleadores que, según el estereotipo que cultivan, son todos malos. Una verdad revelada que no admite disidencias.

Uno de los que se animó a hablar del tema dentro del peronismo fue el diputado Facundo Moyano cuando, en una entrevista con Infobae, dijo lo siguiente: “La palabra reforma no es mala en sí misma, pero no quiero una reforma que venga a quitar derechos, a flexibilizar en el mal sentido. ¿Hay que modificar el sistema laboral? Claramente hay que modificarlo. Porque la realidad está marcando que hay aspectos que hay que modificar. Si no, no tendríamos un 40% de trabajo no registrado que no depende de que la Argentina crezca o no: tuvimos diez años de crecimiento económico continuado, a tasa chinas, pero, sin embargo, el trabajo no registrado nunca bajó del 30%”.

¿Algún dirigente político o sindical lo habrá llamado a Moyano para escuchar de su boca por qué cree que hace falta debatir el sistema laboral, impositivo y previsional si los malos resultados están a la vista? Para colmo, el legislador del Frente de Todos también mencionó en la entrevista que se podía discutir “una propuesta de un régimen de indemnizaciones parecido al de la construcción, donde no hay litigiosidad”. Lo mismo que ahora planteó Lavagna.

Ante una nueva consulta de Infobae, el ex sindicalista de los peajes consideró que la propuesta de Lavagna, “más allá de que no incluye precisiones acerca de cómo sería el sistema, plantea un problema y dos cosas en las que coincidiría, que es el sistema mixto y algo parecido a un fondo de desempleo”, aunque planteó que en el caso de los despidos “tiene que haber un peso para el empleador porque si no tendría implicancias negativas para el trabajador en el contexto de una Argentina con una caída del Producto Bruto Interno y de falta de generación de empleo”.

Aunque destacó que en estos temas “hay que tener en cuenta la idiosincrasia, la cultura, la historia y la cuestión práctica del sindicalismo”, Moyano aseguró que “la Ley de Contrato de Trabajo es la ley del trabajo en blanco, pero después, cuando hay vaivenes económicos, algunos trabajadores no cobran la indemnización por despido, como es el caso de la industria textil, donde no la cobró el 70% de los que quedaron sin trabajo”.

El diputado, de todas formas, sostuvo que “es bueno que otra voz se sume para opinar sobre la cuestión del cese laboral porque tenemos más de un 40% de trabajadores que está fuera de cualquier sistema legal de trabajo”.

En cambio, para el abogado laboralista Héctor Recalde, director de YPF cercano a Cristina Kirchner, “Lavagna propone violar la Constitución Nacional a partir del reemplazo de la indemnización por despido a través de un fondo de desempleo” y advirtió a BAE Negocios que “el artículo 14 bis establece la protección contra el despido arbitrario y la ley por ello fija la indemnización”.

“Alberto Fernández y Cristina Kirchner creen que sólo la politica economica va a generar empleo”, dijo el ex diputado, para quien “una solución (para distribuir el empleo actual entre más trabajadores) es la reducción de la jornada, ya que se puede trabajar menos para distribuir el empleo existente”.

Una propuesta similar para reducir la jornada laboral impulsa la CTA de los Trabajadores, que encabeza el diputado del Frente de Todos Hugo Yasky, que también propone una ley de trabajadores de servicio de reparto a través de plataformas, una ley de constitución de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene y una ley de participación de los trabajadores en las utilidades del sector empresario, entre otras. ¿Esta es la reforma laboral “buena”? ¿No merecerían estas ideas la oportunidad de un debate democrático y profundo, de la misma forma que las propuestas de Lavagna?

En medio de un gigantesco silencio de la dirigencia, la propuesta de Lavagna fue respaldada por Armando Caro Figueroa, ex ministro de Trabajo de Carlos Menem y uno de los principales expertos en temas laborales del país: afirmó que esa “minirreforma podría producir algún efecto positivo en términos de empleo cuando se inicie el ciclo de recuperación o crecimiento económico porque mejoraría la relación empleo-producto”.

Destacó que “el eje central (de Lavagna) es similar al utilizado en el primer tramo de los años 90” porque “propone segmentar los contratos de trabajo, abriendo una suerte de segundo estamento para las nuevas contrataciones, cuya principal característica es un modelo de despido que sigue el camino del régimen vigente para la industria de la construcción” y dijo que “tiene analogías también con la llamada mochila austríaca”, que es un fondo de ahorro pagado por el empleador que el empleado puede utilizar si es despedido, sistema aplicado en ese país europeo desde 2002.

Caro Figueroa sostuvo que “la idea de dividir o segmentar contratos de trabajo contó en los años 90 con el consenso de los sindicatos moderados de la Argentina y también de la Unión Europea”, que, según recordó, fueron partidarios de “un principio que era: no toquemos las reglas que protegen a nuestros empleados afiliados y abramos normas flexibles para quienes están fuera del círculo de tutela”.

De todas formas, señaló que “un cambio de estas características está lejos de la reforma estructural que ponga en sintonía las relaciones laborales y sindicales con nuestra Constitución y con los principios de equidad y eficacia”.

Claro que a Lavagna podría perjudicarlo que una de las pocas voces en su favor sea la del ex ministro que quiso llevar adelante la flexibilización laboral. O quizá no: las leyes flexibilizadoras de Menem fueron apoyadas en su momento por gran parte de la dirigencia política y sindical del peronismo. Fue la reforma laboral buena que luego pasó a ser mala.

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