Se dilata el tratamiento de la Reforma Judicial en el Senado: expertos expusieron en un plenario de comisiones

Finalmente el oficialismo no pudo cerrar la ronda de expositores sobre la reforma judicial, que ya pasaron la treintena, y convocó a una nueva reunión de comisiones para el próximo martes con más disertantes lo que dilatará el avance del proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández mientras intentan acordar algunos cambios a la iniciativa en un difícil intento por lograr consenso en el Senado y con los gobernadores. El plan original era llegar antes de fin de mes con la media sanción que tendría muchas dificultades de traspasar el límite de Diputados.

En el plenario de hoy la iniciativa volvió a cosechar más críticas que voces a favor, incluso entre los expertos que propuso el bloque del Frente de Todos. En la cuarta jornada, con dieciséis expositores, hubo cruces con el sindicalista Julio Piumato y con el constitucionalista Daniel Sabsay, ambos muy críticos, aunque el abogado admitió que no hay en el texto de la Ley ningún artículo que garantice impunidad a ex funcionarios o a la ex Presidenta. Sin embargo, insistió en mirar en forma integral el proyecto, junto con la convocatoria a un Consejo Asesor sobre el funcionamiento de la Corte.

El plenario inició puntual pero hubo algunos accidentes. El primero fue el corte de luz que sufrió la presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun. Para salir del paso tomó la posta desde Córdoba la vicepresidenta Laura Rodríguez Machado (PRO) que tenía problemas de conexión a internet y se logueó desde su celular. La radical Silvia Giacoppo, desde Jujuy, pidió autorización para no usar la cámara ya que también tenía problemas con internet e hizo preguntas por audio.

A pesar de los traspiés, la audiencia siguió según los tiempos establecidos para cumplir con la lista de disertantes propuestos por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Como Sacnun seguía sin luz, durante un par de exposiciones asumió la coordinación el kirchnerista Oscar Parrilli, presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, hasta que la santafesina pudo reconectarse por celular.

Nuevamente hubo muchos cuestionamientos como los del sindicalista Julio Piumato que reclamó no haber sido consultado por el Presidente el camarista y ex procurador Carlos Balbin, y defensas como las de la fiscal Mariela Labozetta; de la fundadora de la agrupación Justicia Legítima, la actual funcionaria María Laura Garrigós de Rébori y de dos representantes del gremio SITRAJU que confrontan con el sindicato del secretario de Derechos Humanos de la CGT.

La apertura de la cuarta jornada estuvo a cargo de la ex jueza Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal y fundadora de la agrupación que coincide con el kirchnerismo en sus planteos sobre la Justicia. Avaló el proyecto del presidente Alberto Fernández porque, dijo, “no podemos seguir teniendo este sistema que se corresponde con sistemas autoritarios”.

La ex jueza fue la más contundente defensora del proyecto en esta jornada y elogió la creación de 23 nuevos juzgados y la división de las dos secretarías entre los juzgados presentes y los futuros porque los jueces tendrán, argumentó, “mayor contacto directo con el trabajo que están realizando. Esto va a acelerar los tiempos judiciales que son distintos de los tiempos políticos. Los tiempos judiciales son previsibles, están regulados por el código procesal, esta previsibilidad es la que le da credibilidad al poder judicial”.

No pareció inocente la mención de Garrigós de Rébori a uno de los jueces que investigó en varias causas a Cristina Kirchner, el fallecido Claudio Bonadio: “Cuando el exceso de trabajo, tal el caso de los juzgados federales de Comodoro Py, que según contaba el doctor Bonadio, tenía él personalmente 1.800 expedientes en trámite, impide que el juez tenga capacidad física de enfrentar ese trabajo. Entonces el juez debe seleccionar. Y en esa selección, en ese reparto que no se corresponde con el flujo de entrada y salida de expedientes, hay un arbitrariedad que depende de la elección que el juez sea capaz de hacer a veces es intencionada y a veces sin intención, hay asuntos que se dejan de trabajar en perjuicio de otros”, advirtió. Entonces, continuó, “el sistema judicial perdió el tiempo judicial y pasó a usar los tiempos políticos, podemos recuperar la credibilidad si recuperamos los tiempos judiciales”.

Garrigós de Rébori incluso aseguró que no sería muy alto el costo del nuevo sistema y defendió uno de los aspectos más cuestionados y neurálgico en el texto como es la designación de subrogantes “porque una nueva ley se impone sobre la anterior”.

También habló Carlos Balbín, ex procurador del Tesoro que dictaminó en contra de la doble pensión de Cristina Kirchner y en contra del entonces presidente Mauricio Macri en la causa del Correo Argentino. Velozmente menciono los “déficit” del proyecto de ley. En línea con otros expositores puso en duda que la reforma logre el “fortalecimiento de la independencia y parcialidad” de la Justicia. Y advirtió que “el régimen de subrogancia debiera estar limitado solo a los casos donde se generen vacantes, los nuevos cargos deben cubrirse a través de concursos”.

El magistrado, convocado por Juntos por el Cambio y una figura del agrado de Elisa Carrió y la Coalición Cívica, afirmó que “las presiones se van a seguir centrando sobre el órgano personal aún cuando ampliemos a 46 jueces, la presión se va a ejercer sobre uno de los 46″ por lo que apuntó que la reforma “no evita presiones” y además “no necesariamente se resuelve el problema de ineficacia”. Pidió “una reforma más profunda” porque “no es suficiente con multiplicar los cargos”.

Al escucharlo, Luis Naidenoff, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, subrayó la coincidencia con la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, organización que preside Horacio Verbitsky y muy cercana al kirchnerismo.

Por el retardo en dar la palabra y la rotación de expositores, más tarde le pudo contestar Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque del Frente de Todos. “No sea exegeta de los expositores”, pidió sobre sus breves comentarios para subrayar algunos dichos de los disertantes.

Los dos expositores de SITRAJU leyeron sus discursos. Juan Manuel Rotta, secretario general en Capital, y María del Tránsito Urueña, relatora de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y secretaria General del gremio nacional. “Nos hemos expresado a favor de esta reforma porque entendemos que es necesario que el Poder Judicial sea independiente, de cara al pueblo y no utilizado para perseguir y violar garantías constitucionales”, advirtió ella mientras que Rotta argumentó a favor de la reforma “porque resulta fundamental terminar con la concentración de poder puertas adentro del poder judicial que devuelva la legitimidad que nunca debió haber perdido”.

Entre otros participantes, también pasó Alejandro Segura, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo (tribunal no habilitado) y juez subrogante en la Cármara de Bahía Blanca, jugado Federal de Zapala y de primera instancia de Trabajo N 41. “El proyecto crea nuevos juzgados penales y desdobla los que tenían multifueros. Si se aprueba la reforma la justicia federal de San Justo va a seguir manteniendo los dos juzgados penales y la de San Martín va a tener 15, lo que es una manifiesta incoherencia”, dijo. Al terminar su exposición, alzó la voz y mencionó al ex intendente y ex vicegobernador : “Juré ante la tumba de Alberto Balestrini que La Matanza iba a tener su Justicia Federal. ¡Viva la Patria!”.

También pasó por el plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales el actual presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones. Fue uno de los que apoyó la reforma y hasta calculó el costo de la misma muy por debajo de las cifras dadas por la oposición: habló de no más de $ 850 millones. Como la mayoría de los expositores de estos días, pidió el rápido avance del sistema acusatorio. “Me gustaría que la implementación del Código Procesal Penal Federal fuera lo más rápido posible, dos años me parece mucho para la justicia federal de la Capital Federal”, resaltó.

En uno de los momentos más incómodos, Sabsay se cruzó con el senador oficialista Oscar Parrilli. Rechazó su propuesta de incluir una cláusula para que los jueces puedan denunciar presiones de los medios de comunicación y se concentró en cuestionar el Consejo de Asesores. “Es monocolor, no tiene especialistas en cuestiones de carácter judicial o que se hayan desempeñado en algunos de los temas que les toque decidir y por otro lado, encuentro conflicto de interés en el caso de Beraldi y Arslanián”, manifestó sobre los dos abogados.

El último orador fue Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Si bien apoyó la reforma, pidió que sea más profunda y reclamó avanzar contra quienes desde los Tribunales buscan mantener el status quo porque, según su perspectiva, la iniciativa no cambia el fondo de los problemas de la Justicia ni a los jueces. “El primer desafío es la necesidad de romper las relaciones promiscuas entre jueces, poderes políticos, empresarios y servicios de inteligencia. Los Bonadios y Oyarbides llegaron ahí por los pésimos sistema de designación y de remoción de jueces” consideró.

“El segundo problema -continuó- es el sistema de privilegios de los miembros del poder judicial. Eso es un drama no solo desde una perspectiva igualitaria, sino por la enorme lejanía que esos privilegios generan entre jueces y juezas y la ciudadanía en general”, añadió antes de insistir en la necesidad de que el proyecto salga por consenso y que se debata con mayor profundidad como se hizo con la Ley de Medios y la Interrupción Voluntaria del Embarazo (aunque en el primer caso terminó judicializada y en el segundo, rechazada). Y recordó a los senadores que desde hace 11 años no hay Defensor Público por falta de acuerdo.